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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03106-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03106-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Pedro Ferney Ardila Pérez, por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03106-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

21 de mayo de 2026

Demandante: Pedro Ferney Ardila Pérez
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03106-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03106-00
Demandante: PEDRO FERNEY ARDILA PÉREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 de Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Pedro Ferney Ardila Pérez, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión
de las sentencias del 27 de octubre y 26 de noviembre de 2025, dictadas por las
autoridades judiciales demandadas en el medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el

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Demandante: Pedro Ferney Ardila Pérez
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03106-00

radicado 73001-33-33-003-2025-00220-00/01, promovido contra el municipio de
Planadas (Tolima)1.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la
administración de justicia.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de noviembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima y, por conexidad, la sentencia del 27 de octubre
de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué, dentro del
medio de control de cumplimiento radicado 73001-33-33-003-2025-00220-00.

3. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que en el término de diez (10)
días profiera una nueva sentencia, analizando el cumplimiento de los artículos 16,
122, 219 y 629 del Acuerdo 013 de 2021 bajo la óptica de la[s] pretensiones de la
demanda, de la renuencia institucional y el precedente de la Sentencia SU-386 de
2023.

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo promovió el medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos contra el municipio
de Planadas para que se acataran los artículos 162, 1223, 2194 y 6295 del Acuerdo

1
Las pretensiones de dicha demanda se dirigieron al alcalde municipal y al secretario de Hacienda
de dicho ente territorial. También, en este proceso se vinculó a la Corporación Autónoma Regional
del Tolima (Cortolima) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Planadas.
2
ARTÍCULO 16. SUJETO ACTIVO. Es el Municipio de Planadas - Tolima, como acreedor de los
tributos que se regulan en este Estatuto.
3
ARTÍCULO 112. CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SE EFECTÚA LA RETENCIÓN. Los
agentes de retención mencionados en el artículo anterior efectuarán la retención cuando
intervengan en actos u operaciones que generen ingresos en actividades gravadas para el
beneficiario del pago o abono en cuenta.
Las retenciones se aplicarán al momento del pago o abono en cuenta por parte del agente de
retención, lo que ocurra primero, siempre y cuando en la operación económica se cause el
impuesto de industria y comercio en la jurisdicción del Municipio de Planadas - Tolima.
4
ARTÍCULO 219. SUJETO PASIVO. El Municipio de Planadas - Tolima, es el sujeto activo de la
Sobretasa Ambiental con destino a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA)
que se cause en su Jurisdicción y en el radican las potestades tributarias de administración,
control, fiscalización, liquidación, discusión, devolución y cobro.
5
ARTÍCULO 629. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de
cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de:
La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por la administración territorial, para las
declaraciones presentadas oportunamente.
La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.
La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.
La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del secretario de Hacienda
o tesorero o de quien estos deleguen, y será decretada de oficio o a petición de parte.

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municipal 013 de 2021 (Estatuto Tributario), normas que imponen al ente territorial
la competencia para gestionar y decidir sobre la prescripción de tributos.

Expuso que en dicha demanda alegó que la administración municipal se negaba
sistemáticamente a ejercer dicha competencia, bajo la supuesta falta de titularidad
frente a las sobretasas ambiental y bomberil, con desconocimiento de su propio
estatuto.

Refirió que el 27 de octubre de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué declaró improcedente el medio de control en mención,
al considerar que el asunto era de carácter «subjetivo», por lo siguiente:

i) Mencionó que la competencia para declarar la prescripción de las obligaciones
por sobretasa ambiental y bomberil recaía en la entidad territorial que las recauda,
al margen de que los recursos tengan destinación específica y los beneficiaros
finales sean distintos a la propia entidad territorial.

ii) Indicó que cada administrado debía agotar el procedimiento administrativo en
relación con la solicitud de prescripción de la obligación fiscal, el cual una vez
agotado, daría lugar a iniciar la actuación jurisdiccional correspondiente para
cuestionar la decisión de aquel procedimiento.

iii) Señaló que no se probó la existencia de un perjuicio grave e inminente, para
habilitar la procedencia excepcional del medio de control, lo que tornaba
improcedente esta vía judicial.

iv) Precisó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho era el medio
judicial para demandar las obligaciones por concepto de sobretasa ambiental y
sobretasa bomberil cuya prescripción se pretendía.

v) Exhortó al municipio de Planadas para que, en cumplimiento de sus funciones
legales y administrativas, asumiera de manera clara, diligente y responsable la
competencia que le corresponde en relación con el trámite y decisión de las
solicitudes de prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales por
concepto de sobretasa ambiental y sobretasa bomberil, conforme a lo dispuesto
en el Acuerdo municipal 013 de 2021, en concordancia con la Ley 99 de 1993 y la
Ley 1575 de 2012.

Agregó que presentó impugnación contra el fallo anterior, la cual decidió el
Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de noviembre de 2025, mediante
sentencia con la que confirmó la decisión de primera instancia, al estimar que el
medio de control de cumplimiento no procedía para declarar derechos subjetivos
referidos al cobro coactivo de obligaciones fiscales.

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Mencionó que en dicha providencia además se indicó que las disposiciones
alegadas como incumplidas no contenían de manera inequívoca un mandato para
el municipio de Planadas y que tampoco se advertía el perjuicio irremediable que
permitiera superar la improcedencia ante la falta del requisito de la subsidiariedad.

1.4. Sustento de la petición

La parte accionante manifestó que cumple los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela puesto que el asunto cuestionado no es un
debate meramente legal, sino constitucional; además se agotó la impugnación
contra la sentencia de primera instancia, también acreditó la inmediatez porque se
promovió en un término razonable, se identificaron los hechos, los derechos
vulnerados y no se trata de tutela contra una decisión de la misma naturaleza.

Refirió que la decisión judicial acusada incurrió en los siguientes defectos:

1.4.1. Desconocimiento del precedente:

Indicó que con la decisión cuestionada se desatendió el contenido de la sentencia
SU-386 de 2023 de la Corte Constitucional, puesto que guarda una identidad
fáctica y jurídica estricta con los supuestos de hecho que motivaron dicha
unificación y que, a su juicio, fueron ignorados en el presente caso.

Particularmente, sostuvo que se configuraron los siguientes elementos:

i) Identidad en la renuencia administrativa (la evasiva institucional):

Precisó que en el mencionado pronunciamiento cuyo origen se remonta a acción
de cumplimiento promovida por Acolfutpro6 contra el Ministerio de Deporte, la
entidad demandada se negaba a ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y
control bajo el pretexto de que la norma no establecía un plazo específico o un
procedimiento detallado, convirtiendo la «vaguedad normativa» en una excusa
para la inacción.

Agregó que, en el presente asunto, el municipio de Planadas se negó a ejercer su
competencia de gestión tributaria (conceder o negar prescripciones) bajo el
pretexto de no ser el sujeto activo de la sobretasa, a pesar de que el artículo 122
del Acuerdo 013 de 2021 le asignó expresamente la función de procedimiento y
decisión.

6
La parte accionante del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o
de actos administrativos estuvo conformada por los señores Carlos Francisco González Puche,
como director ejecutivo, y Luis Alberto García Suárez, en calidad de secretario General, de la
Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales -ACOLFUTPRO- presentaron solicitud de
cumplimiento contra el Ministerio del Deporte, con el propósito de que se ordene al Ministerio del
Deporte.

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Destacó que, en ambos escenarios, la administración utilizó una interpretación
restrictiva de su propia competencia para evadir un deber legal claro, con lo cual
dejó al administrado en un limbo jurídico.

ii) Identidad en el error judicial (la barrera de acceso):

Sostuvo que existe identidad en el «error judicial», el cual es una barrera de
acceso, puesto que en el caso que originó la SU-386 de 2023, la Sección Quinta
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de cumplimiento bajo el
argumento de que, ante la duda o la falta de reglamentación, el ciudadano debía
acudir a otros medios de defensa judicial, lo que hace nugatoria la acción del
artículo 87 constitucional.

Añadió que exactamente el mismo error cometió el tribunal demandado en la
sentencia cuestionada, ya que este declaró la improcedencia bajo el argumento
de que «existen otros mecanismos como la nulidad y restablecimiento del
derecho» o que «se debaten derechos subjetivos», el tribunal revivió la tesis
restrictiva que la Corte Constitucional expresamente proscribió en la providencia
de unificación en mención.

iii) La ratio decidendi vinculante fue ignorada por el tribunal. La Corte
Constitucional en la SU-386 de 2023 estableció una regla de cierre que fue
inaplicada en el proceso objeto de demanda:

Refirió que el núcleo de esa sentencia de unificación es precisamente proscribir el
rigorismo formal excesivo al evaluar la renuencia y sancionar la inactividad de la
administración cuando se niega a ejercer una competencia legal argumentando
vacíos o interpretaciones restrictivas.

Explicó que este escenario refleja exactamente esa misma problemática en su
medio de control. Esto, pues la Secretaría de Hacienda se negó materialmente a
aplicar los artículos 16, 122, 219 y 629 del Acuerdo 013 de 2021, bajo una lectura
fragmentada de su rol como «recaudador» frente a recursos de terceros
(Cortolima). Adujo que la negativa expresa en el oficio SH-532 es la «prueba
reina» de esa renuencia, tal como ocurrió en los supuestos de la sentencia de
unificación.

Por lo anterior, aclaró que su pretensión no consistía en el reconocimiento masivo
de prescripciones, sino que el municipio asuma su competencia funcional para
tramitar dichas solicitudes, bajo la ratio decidendi de la sentencia SU-386 de 2023
de la Corte Constitucional.

Advirtió que, el tribunal demandado incurrió en una tergiversación de la
pretensión, toda vez que la redujo a un litigio por derechos económicos e ignoró

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que el núcleo de la demanda es la renuencia institucional para actuar conforme a
la ley y los actos administrativos emitidos por el Concejo de Planadas.

1.4.2. Defecto sustantivo:

Sostuvo que el tribunal demandado les restó eficacia jurídica a los artículos 16,
122, 219 y 629 del Acuerdo municipal 013 de 2021 (Estatuto Tributario de
Planadas). Esto, pues con la decisión acusada se validó la tesis de la «duda
interpretativa» sobre la titularidad del tributo para declarar la improcedencia de la
acción, lo cual desconoce que, en el ordenamiento jurídico colombiano, los actos
administrativos gozan de fuerza ejecutoria y presunción de legalidad mientras no
sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En relación con dicho defecto material, expuso que este se estructura bajo tres
premisas fundamentales, a saber:

i) La inmutabilidad del acto administrativo ante el juez de cumplimiento. Señaló
que el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 es perentorio cuando establece que
«[s]alvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo».

Indicó que el mencionado acuerdo contempló de manera textual, expresa y clara
que el municipio de Planadas es el sujeto activo de las sobretasas y el
competente para administrar el procedimiento tributario. Agregó que no existe en
el expediente prueba alguna de que dicha norma haya sido suspendida
provisionalmente o anulada.

Consideró que, por lo anterior, la autoridad judicial acusada no podía cuestionar la
«claridad» de la titularidad del tributo basándose en alegatos de la entidad
renuente, pues al hacerlo, el tribunal transformó indebidamente la acción de
cumplimiento en un juicio de validez, con lo que usurpó competencias propias del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pero con el «efecto
perverso» de inaplicar la norma sin declararla nula.

Mencionó que el fallo cuestionado incurrió en una interpretación irrazonable
puesto que le dio valor jurídico a la «duda» de la administración sobre el texto de
la ley. Adujo que la postura del municipio de Planadas («no sé si soy el
competente») es una «vía de hecho por omisión», lo cual avaló el tribunal
demandado para negar lo pretendido en el medio de control objeto de esta acción
de tutela.

Expuso que el tribunal demandado violó el debido proceso al desconocer la
presunción de legalidad del Acuerdo 013 de 2021. Esto, pues si la norma está

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vigente y dice que el municipio es el competente, la autoridad judicial tenía el
deber constitucional de ordenar su acatamiento.

Añadió que, abstenerse de hacerlo bajo el pretexto de una «discusión jurídica»
sobre el sujeto activo implica vaciar de contenido la fuerza ejecutoria del acto
administrativo y deja al ciudadano en un estado de indefensión ante una norma
que existe, es válida, pero que el juez se niega a hacer cumplir.

Agregó que también se configuró un defecto material por desconocimiento directo
del aludido acuerdo porque esta norma contiene un mandato expreso, claro y
exigible; por lo que estimó que se configura el mencionado yerro porque el
tribunal decidió no aplicarlo y, por el contrario, le otorgó un valor jurídico a una
excusa administrativa que contradice frontalmente el texto vigente del estatuto
tributario local.

1.4.3. Defecto procedimental por «incongruencia»:

Refirió que la autoridad judicial acusada efectuó una lectura contraevidente y
tergiversó el objeto del litigio pues en la sentencia afirmó que su pretensión
perseguía el «reconocimiento de derechos subjetivos» y/o prestaciones
económicas directa, la declaración de prescripciones particulares.

Manifestó que una lectura literal y desprevenida del escrito de demanda y del
recurso de impugnación se demostraba que su finalidad nunca fue que el juez de
cumplimiento declarara prescripciones individuales, sino que ordenara a la
administración asumir la competencia que el Acuerdo 013 de 2021 le asigna.

Resaltó que el tribunal acusado cambió el problema jurídico pues en lugar de
resolver sobre la renuencia funcional (abstención de ejercer competencia), decidió
sobre una supuesta reclamación económica que no existía; de modo que, de
valorar correctamente la demanda se habría concluido que lo solicitado era la
activación del aparato administrativo «orden de hacer/tramitar», lo cual era
plenamente procedente a través del medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos.

Concluyó que el tribunal cuestionado falló sobre una «demanda imaginaria», en
tanto que denegó el amparo basándose en que lo pretendido eran «derechos
subjetivos», cuando la demanda realmente buscaba la eficacia de una norma de
competencia y procedimiento. Por tanto, señaló que este error de percepción vicia
de nulidad la sentencia por falta de congruencia fáctica.

1.5. Trámite

Mediante auto del 27 de abril de 2026, se admitió la demanda de tutela y, en

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consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Tolima y del juez Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué.

A su vez, se dispuso la vinculación del alcalde municipal de Planadas (Tolima) y
al secretario de Hacienda de dicho ente territorial, así como del director de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y del comandante del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Planadas o de quienes los representen.

1.6. Contestaciones e intervenciones

1.6.1. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué

Este despacho judicial hizo referencia al trámite impartido en el proceso objeto de
demanda, a partir del cual señaló que la sentencia emitida en el medio de control
objeto de demanda no se adoptó de manera arbitraria ni caprichosa, sino que fue
producto de un estudio juicioso de las pruebas, así como de las normas aplicables
y los referentes jurisprudenciales citados en la misma providencia.

Resaltó que la decisión cuestionada se emitió con total apego al ordenamiento
legal y con el debido respeto del derecho fundamental al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, sin que de lo actuado pueda colegirse
vulneración alguna respecto de dichas garantías.

1.6.2. Cortolima

Esta entidad se opuso a las pretensiones de la demanda constitucional, al
considerar que la acción de tutela carece del requisito de relevancia constitucional
puesto que debate planteado por el accionante se circunscribe a la aplicación de
la normatividad local contenida en el Estatuto Tributario, lo cual fue objeto de
pronunciamiento en las providencias demandadas.

Recordó que en las decisiones judiciales acusadas se indicó que, para obtener la
prescripción de los tributos de la tasa ambiental y bomberil, el accionante contaba
con una acción idónea, eficaz y principal como es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Señaló que en las sentencias acusadas no se configuró el desconocimiento del
precedente invocado por la parte actora pues no existe correspondencia fáctica ni
jurídica entre los asuntos analizados, lo que impide predicar la aplicabilidad de la
sentencia SU-386 de 2023 de la Corte Constitucional.

Refirió que, las providencias judiciales cuestionadas en ningún momento
desconocieron la presunción de legalidad del Acuerdo 013 de 2021; pues, por el

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contrario, su análisis se circunscribió exclusivamente a verificar la procedencia de
la acción de cumplimiento incoada, a partir de lo cual se concluyó su
improcedencia ante la existencia de otro mecanismo judicial de defensa.

Advirtió que el accionante persiste en acudir a mecanismos de índole
constitucional, pese a que la discusión planteada es de naturaleza eminentemente
subjetiva y debe ser tramitada a través de las vías ordinarias previstas por el
ordenamiento jurídico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, según
lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20198.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante con la sentencia del 26 de noviembre de 2025, dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima en el medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el radicado
73001-33-33-003-2025-00220-00/01, el cual promovió contra el municipio de
Planadas (Tolima).

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera

7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8
Modificado por el Acuerdo 434 del 2024 de la Sala Plena de la Corporación.

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excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

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Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «… el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró ue la tutela implica un juicio de alidez no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Asimismo, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta
para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

… (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el caso que ocupa a la sala, la parte actora cuestionó la sentencia del 26 de
noviembre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima en el medio
de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos identificado con el radicado 73001-33-33-003-2025-00220-00/01,
el cual promovió contra del municipio de Planadas (Tolima).

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Demandante: Pedro Ferney Ardila Pérez
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03106-00

Para tal efecto, el accionante invocó la configuración de los siguientes defectos
específicos:

i) Desconocimiento del precedente porque el tribunal demandado desatendió lo
dispuesto en la sentencia SU-386 de 2023 de la Corte Constitucional, pese a que
existe una «identidad fáctica y jurídica estricta», ya que al igual que en ese
precedente, el municipio de Planadas utiliza una «evasiva institucional» y una
interpretación restrictiva de sus competencias para no tramitar las solicitudes de
prescripción tributaria. Por lo que, para el demandante, la autoridad judicial
acusada le impuso una barrera de acceso a la administración de justicia al
remitirlo a otros medios de defensa, con lo que revivió una tesis restrictiva que ya
había sido proscrita por el alto tribunal constitucional.

ii) Defecto sustantivo porque el tribunal le restó eficacia jurídica al Acuerdo
municipal 013 de 2021 (Estatuto Tributario de Planadas) y con ello validó una
«duda interpretativa» de la alcaldía sobre su propia competencia, con lo que se
desconoció que dicho acto administrativo goza de presunción de legalidad y es de
obligatorio cumplimiento mientras no sea anulado.

iii) Defecto procedimental por «incongruencia» porque el tribunal tergiversó el
objeto del litigio toda vez que la autoridad judicial cuestionada falló una «demanda
imaginaria» al concluir que lo pretendido era el reconocimiento de «derechos
subjetivos» (prescripciones individuales), cuando su verdadera pretensión era que
ordenara a la administración asumir su competencia funcional para tramitar dichas
solicitudes.

Así las cosas, se recuerda que el requisito de la relevancia constitucional exige
que la controversia no se limite a una discusión estrictamente legal o de contenido
económico. En este caso, el asunto debatido en el medio de control de
cumplimiento se centró en la aplicación del Estatuto Tributario del municipio de
Planadas, lo cual es un asunto de legalidad y no una cuestión de naturaleza
constitucional.

En el caso concreto lo que se observa es que el accionante pretende que el
tribunal acusado corrija la interpretación de las normas de competencia tributaria,
lo cual, tal y como se estableció en la providencia demandada, corresponde a la
jurisdicción contenciosa administrativa y no del juez constitucional.

Esto, debido a que la autoridad judicial cuestionada estableció que el «móvil
subjetivo» de la demanda de cumplimiento constituía una situación jurídica de
carácter particular cuyo debate debía efectuarse era en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho por tratarse del cobro coactivo de
obligaciones fiscales. Específicamente, en la sentencia demandada se indicó:

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Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro
Rad: 11001-03-15-000-2026-03106-00

Pese a que en el asunto bajo estudio el demandante señaló como disposiciones
incumplidas de carácter general, las contenidas en el estatuto de rentas municipal
de Planadas relacionadas con el cobro coactivo a cargo del municipio de las
obligaciones fiscales, lo cierto es que -como se anotó- el debate involucra el
reconocimiento de un derecho subjetivo que comprende un modo de extinción de
las obligaciones -como lo es la prescripción-, y a su turno una discusión respecto de
la existencia, validez, recaudo o extinción de una obligación fiscal.

...

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión considera que, en efecto, las
disposiciones que el demandante señala como incumplidas reglamentan el proceso
de cobro coactivo de las obligaciones fiscales en el Municipio de Planadas; en este
contexto, lo que pretende es el cumplimiento general de un acto administrativo, esto
es, de disposiciones que integran el procedimiento de cobro coactivo que debe
adelantarse para la gestión y recaudo de los impuestos municipales, pero que no
son expresas y tan solo identifican los destinatarios, el término para el ejercicio
oportuno de la acción de cobro, y el procedimiento aplicable, al punto que de su
lectura pueden derivarse distintas interpretaciones, por corresponder a definiciones
o procedimientos, pero no a mandatos inobjetables cuya inobservancia impliquen
incumplimiento por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal.

…

Por consiguiente, como realmente se observa un móvil subjetivo en el ejercicio del
presente medio de control según lo explicado, porque lo pretendido por el
demandante se constituye en una situación jurídica de carácter particular, el
ordenamiento jurídico prevé los medios de impugnación correspondiente en sede
administrativa, y en sede jurisdiccional como el medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho… lo que torna improcedente el presente medio de
control.

Por lo expuesto, se precisa que a pesar de que el demandante refirió en el escrito
de tutela que no se trata de un asunto particular ni subjetivo –como lo estableció el
tribunal acusado-, lo cierto es que la providencia cuestionada resolvió el asunto
relativo al cumplimiento general del acto administrativo y en consecuencia de las
disposiciones que integraban el procedimiento de cobro coactivo para la gestión y
recaudo de impuestos municipales, que no contenía un «mandato incontrovertible,
incuestionable, imperativo e inobjetable», lo cual implica el reproche de un asunto
de naturaleza legal.

De modo que, a través de esta acción de tutela, lo que busca el actor es
controvertir el análisis de la autoridad judicial acusada respecto de la procedencia
del medio de control de cumplimiento, así como lo relativo a la naturaleza subjetiva
de las pretensiones y la existencia de otro mecanismo de defensa judicial idóneo,
los cuales corresponden a aspectos propios de la autonomía del juez de

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conocimiento que resolvió el asunto al confirmar la decisión de primera instancia
que declaró la improcedencia de dicha demanda.

Adicionalmente, debe indicarse que si bien el actor hizo mención al presunto
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-386 de 2023, dicho
cargo corresponde a una reiteración del argumento expuesto en el medio de
control objeto de esta acción de tutela y que fue decidido por la autoridad judicial
demandada, la cual consideró que no existía correspondencia fáctica ni jurídica
estricta entre ambos asuntos, de la siguiente manera:

Por otra parte, frente al presunto desconocimiento por parte del juez de la primera
instancia de la ratio decidendi contenida en la sentencia SU-386 de 2023 de la Corte
Constitucional, la Sala indica que las menciones que realiza el impugnante a aquella
sentencia en su escrito de impugnación, además de imprecisas -pues los
fundamentos jurídicos y su enumeración allí señalados no coinciden con los que
indica la Corte Constitucional en su sentencia-, no corresponden tampoco a las
consideraciones jurídicas que dicha Corte efectuó en su sentencia.

…

El impugnante, solo alude de forma genérica al objeto del medio de control de
cumplimiento y su ámbito de ejecución para considerar que los postulados
axiológicos allí descritos frente a la eficiencia de la administración, son suficientes
para entender en el caso concreto que debe ordenarse el cumplimiento; pero no
alude a ninguna regla específica establecida en la sentencia de unificación -que
señala como obviada por la primera instancia-, como aplicable en el presente
asunto.

Con todo, la sentencia SU-386 de 2023 de la Corte Constitucional se refiere a lo
decidido en la sentencia C-1194 de 2001 proferida por la misma Corporación, la cual
ya fue estudiada en párrafos anteriores respecto del problema de la inactividad de la
administración y las modalidades de la inacción, así como el deber que se busca
exigir con el ejercicio de este medio de control que no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible como de simple ejecución, sino una acción de
mayor alcance, con las implicaciones que tuvo en el presente caso una vez
analizado el caso concreto.

De conformidad con lo anterior, no se desconoció por el juez de la primera instancia
la ratio decidendi contenida en la sentencia SU-386 de 2023 de la Corte
Constitucional.

En tal sentido, es necesario destacar que la acción de tutela contra providencias
judiciales no debe considerarse como una tercera instancia para traer a colación el
análisis de la sentencia acusada, sino que es un medio residual a través del cual
se revalúan las decisiones que recaen en la arbitrariedad, al sopesar los principios
rectores de la autoridad judicial.

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Por consiguiente, esta sala de decisión declarará improcedente la solicitud de
amparo de la referencia por no cumplir el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte accionante no desarrolló planteamientos que permitan
considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento de orden
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Pedro Ferney Ardila Pérez, por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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