Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03110-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03110-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03110-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03110-00
Accionante: CEMENTOS ARGOS S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Declara improcedente por falta de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la tutela porque el asunto carece de relevancia
constitucional. La parte accionante pretende reabrir el debate en torno a la
procedencia de la suspensión del proceso por prejudicialidad y respecto de la
legalidad del acto administrativo demandado.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 22 de abril de 2026, la compañía Cementos Argos S.A. presentó acción de
tutela para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, vulnerados por la sentencia del 12 de marzo
de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-001-2025-00002-
01.
Hechos relevantes
3. La compañía accionante tiene domicilio en Barranquilla y desarrolla actividades
comerciales gravadas con impuesto de industria y comercio1. En consecuencia,
presenta declaraciones anuales del referido tributo al Distrito. En 2019 la
declaración registró saldo a favor.
4. El Distrito tramitó procedimientos administrativos independientes de fiscalización
y determinación oficial del ICA para las vigencias 2019 y 2020, que terminaron con
la expedición de la Resolución GGI-DT-RS-91-2024 del 4 de junio de 2024 y la
Liquidación Oficial de Revisión GGI-FI-LR-00507-24 del 21 de octubre de 2024,
respectivamente.
1 En adelante, ICA.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03110-00
Accionante: Cementos Argos S.A.
5. La compañía accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Liquidación Oficial de Revisión GGI-FI-LR-00507-24 del 21 de
octubre de 2024 que resolvió el procedimiento de fiscalización sobre el ICA 2020,
negó el traslado del saldo a favor de 2019 e impuso sanción por inexactitud
asociada.
6. El Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, en sentencia del 12 de
diciembre de 2025, negó las pretensiones. Inconforme, la demandante apeló y
solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad; sin embargo, en providencia
del 12 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia de
segunda instancia que confirmó la decisión de primera.
7. La solicitud de suspensión por prejudicialidad se sustentó en que existe otro
proceso2 en el que se discute la legalidad del acto que definió el procedimiento de
fiscalización del ICA 2019 y se negó la existencia de saldo a favor para ese año
gravable. Para la sociedad actora, el resultado de dicho proceso tenía incidencia en
el del ICA 2020 en el que se debatía el traslado del saldo a favor de 2019 a 2020 y
la sanción por inexactitud derivada de su deducción.
Pretensiones
8. La accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos la
sentencia del 12 de marzo de 2026 y ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico
que profiera una decisión de reemplazo y que decrete la suspensión del proceso
por prejudicialidad.
Fundamentos de la demanda de tutela
9. El Tribunal accionado incurrió en defecto procedimental absoluto, por dictar
sentencia sin decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad. Aunque la
accionante puso de presente la relación de conexidad que existe entre los asuntos
de manera oportuna, la referida autoridad judicial negó la solicitud con argumentos
equivocados.
10. Es cierto que los actos demandados son autónomos, pero esa característica no
elimina la relación sustancial que existe entre las controversias judiciales. Las
declaraciones del ICA están vinculadas en la medida en que «permiten (…) arrastrar
un saldo a favor de un año a otro». La decisión que se adopte respecto de la
legalidad del acto de fiscalización correspondiente al 2019 incide en el control del
acto de fiscalización de la vigencia 2020.
11. La irregularidad procesal es determinante porque la decisión cuestionada impide
que, ante una eventual decisión que otorgue validez al saldo a favor, el traslado de
ese efecto a la vigencia 2020 sea eficaz.
12. La decisión que se cuestiona adolece de defecto fáctico. Se adoptó bajo el
argumento de que, al momento de determinar el ICA 2020, no había saldo a favor
de la vigencia anterior, sin considerar que existe una controversia judicial en la que
se discute esa circunstancia. Por tanto, la sentencia ejecutoriada que resuelva ese
2 Con radicado 08001-23-33-000-2024-00329-00.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03110-00
Accionante: Cementos Argos S.A.
litigio es la única prueba idónea que permite sostener la legalidad del rechazo del
saldo para el 2020.
13. La sentencia también desconoce la jurisprudencia de la Sección Cuarta de
esta Corporación sobre la procedencia de la suspensión del proceso por
prejudicialidad en asuntos similares.
Trámite en primera instancia
14. Mediante auto del 23 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y vinculó a los
terceros con interés.
15. Ordenó al Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla que remitiera el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
08001-33-33-001-2025-00002-00/01.
Intervenciones
16. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla solicitó declarar
improcedente la solicitud de amparo, porque carece de relevancia constitucional.
De forma subsidiaria, negar el amparo, pues no se configuran los defectos
invocados en la demanda.
17. Los efectos a los que la accionante atribuye la vulneración de sus derechos son
propios de la cosa juzgada, la ejecutoriedad de los actos administrativos no se
suspende por la existencia de un litigio sobre su legalidad. En todo caso, si la
decisión sobre el ICA 2019 es favorable a los intereses de la compañía actora, esta
cuenta con mecanismos para que la decisión sea eficaz.
18. El Tribunal Administrativo del Atlántico pidió que se declare improcedente la
solicitud de amparo, pues la actora pretende usarla como una tercera instancia del
proceso ordinario. La providencia contiene los argumentos por los que no decretó
la suspensión del proceso por prejudicialidad.
19. El Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla aportó copia digitalizada
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de esta controversia.
20. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación,
conforme a los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991,
concordantes con el Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento
interno de esta corporación.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03110-00
Accionante: Cementos Argos S.A.
Problema jurídico
22. La Sala determinará si el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los
derechos fundamentales de la sociedad actora, al dictar sentencia sin decretar la
suspensión del proceso por prejudicialidad.
23. Para resolver el problema jurídico, se verificará si se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De
superarse, se determinará si la autoridad judicial demandada incurrió en los
defectos alegados.
Análisis de la Sala
Inmediatez
24. Este requisito se cumple, porque el Tribunal accionado profirió la sentencia que
se cuestiona el 12 de marzo de 2026, mientras que la parte actora presentó la
solicitud de amparo el 22 de abril de 2026. Este término es razonable.
Subsidiariedad
25. El artículo 86.3 de la Constitución, en armonía con el numeral 1 del artículo 6
del Decreto Ley 2591 de 19913, establece que la acción de tutela tiene un carácter
subsidiario, por lo que resulta improcedente ante la existencia de otros mecanismos
de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario
evitar la concreción de un perjuicio irremediable4.
26. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues no
existen medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para
proponer la controversia que aquí se plantea.
Relevancia constitucional
27. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales5.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
28. La solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, porque la accionante
reitera la postura que mantuvo a lo largo del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. La demandante invoca varios defectos, pero su inconformidad radica
en que el Tribunal accionado no decretó la suspensión provisional del proceso.
3 «La acción de tutela no procederá (…) [c]uando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
4 Al respecto, ver la sentencia T-108 de 2024.
5 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03110-00
Accionante: Cementos Argos S.A.
29. Para la accionante, existe conexidad entre los procesos de nulidad de los actos
de fiscalización del ICA para las vigencias 2019 y 2020, pues en este último se
debatía el traslado del saldo a favor cuya existencia aún no ha sido definida. Sin
embargo, la actora incluyó esos argumentos en el recurso de apelación y el Tribunal
accionado los resolvió de forma razonable.
30. En la sentencia que se cuestiona, el Tribunal demandado negó la suspensión
del proceso, porque la Liquidación Oficial de Revisión del ICA 2020 es un acto
autónomo con objeto y efectos propios. Pese a que aquel se expidió con base en la
inexistencia de saldo a favor para el año gravable 2019, los actos que definieron
esa circunstancia permanecen vigentes y ejecutoriados.
31. El Tribunal concluyó que el acto demandado es legal. El rechazo del traslado
del saldo a favor fue adecuado, pues responde a la coherencia que debe existir
entre períodos gravables y se fundamentó en actos que producen efectos jurídicos.
Además, la sanción por inexactitud no solo se impuso por el traslado indebido, sino
porque el Distrito encontró diferencias en retenciones practicadas y no declaradas.
32. La compañía accionante propone nuevamente el debate en torno a la relación
de conexidad entre los procesos y a la nulidad del acto demandado mediante
argumentos idénticos a los que incluyó en la apelación. Esto demuestra su intención
de convertir la acción de tutela en una tercera instancia del proceso.
33. La decisión tampoco desconoce el precedente de la Sección Cuarta de esta
Corporación, pues las providencias que la accionante invocó como desconocidas
no son fáctica ni jurídicamente análogas al caso que se analiza.
34. En las providencias que la actora trajo a colación se analizó la procedencia de
la suspensión del proceso por prejudicialidad en dos supuestos distintos. Por un
lado, cuando se encuentra pendiente de resolver la legalidad del acto de
determinación del tributo que dio origen a un acto sancionatorio y, por otro, en los
eventos en que se debate la legalidad de un acto de carácter particular que se
profirió con base en acto general.
35. La discusión que aquí se propone no se enmarca en ninguno de esos supuestos,
pues en el acto de fiscalización del ICA 2019 el Distrito no determinó el tributo que
produjo la sanción impuesta en el acto de fiscalización del ICA 2020.
36. En esos términos, la Sala advierte que la decisión es razonable, no es
caprichosa ni carece de motivación. El Tribunal la adoptó con sustento en las
pruebas incorporadas al expediente y analizó todos los reproches que la
demandante presentó. En consecuencia, la acción de tutela es improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la
compañía Cementos Argos S.A.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03110-00
Accionante: Cementos Argos S.A.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
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