Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03115-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03115-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03115-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
4 de agosto de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03115-01
Demandante: Promotora de Comercio Inmobiliario SA
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Cuarta - Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
Confirma
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 4 de
junio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo por no
superar el requisito de relevancia constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 22 de abril de 2026, la Sociedad Promotora de Comercio Inmobiliaria
SA, por intermedio de su representante legal, presentó una acción de tutela
contra la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como el principio
de confianza legítima, con ocasión de la Sentencia de 10 de diciembre de
2025, proferida por la autoridad judicial accionada, en el marco del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-37-044-
00267-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “1. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por la sociedad Promotora de Comercio Inmobiliario S.A.
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03115-01
Demandante: Promotora de Comercio Inmobiliario SA
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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“1. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, tutela judicial efectiva,
debido proceso y garantía de la confianza legítima en el sistema de justicia de la
sociedad PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. – PROCOMERCIO S.A.
2. Que, como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados,
se declare la NULIDAD de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Contencioso Administrativo, mediante la cual se confirmó el fallo de primera instancia
emitido por el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá el 20 de marzo de 2024, y se condenó en costas (agencias en derecho) en
segunda instancia a la demandante en un (1) SMLMV.
3. Que, una vez decretada la nulidad se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección “A”, proferir nueva sentencia dentro del
expediente No. 11001-33-37-044-2021-00267-02, teniendo en cuenta la inexactitud del
fallo proferido el 12 de diciembre de 2025 y en veras de garantizar la literalidad e
interpretación del artículo 72 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo- Ley 1437 de 2011, en el cual se establece que una
notificación defectuosa carece de valor legal y que dicho acto no produce efectos.
4. Subsidiariamente, en caso de no decretar íntegramente la NULIDAD del fallo
proferido por el ad quem, solicito se sirva REVOCAR LA CONDENA EN COSTAS, de
conformidad con los fundamentos que se presentarán a lo largo del documento.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:
4. 1) El 3 de febrero de 2010, el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) impuso a la Sociedad
Promotora de Comercio Inmobiliario SA una multa por la suma de
$217.956.000, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones
adquiridas en virtud del Contrato No. 2009-0116.
5. 2) Mediante Auto de 15 de agosto de 2014, el ICETEX en ejercicio de
su poder coactivo, libró mandamiento de pago contra la Sociedad
Promotora de Comercio Inmobiliario SA por el monto total de la multa
impuesta, más los intereses causados.
6. 3) El 18 de noviembre de 2020, la sociedad Promotora de Comercio
Inmobiliario SA, por conducto de su representante legal y en ejercicio de su
derecho fundamental de petición, solicitó al ICETEX la entrega del
expediente administrativo del procedimiento coactivo No. 2200C2014-019.
7. 4) Mediante Oficio de 17 de diciembre de 20203, el ICETEX dio
respuesta al derecho de petición y adjunto el expediente del proceso
coactivo.
8. 5) El 29 de enero de 2021, la Sociedad Promotora de Comercio
Inmobiliario SA presentó excepciones contra el Auto de 15 de agosto de
2014, mediante el cual se libró mandamiento de pago en su contra.
3 Con Radicado No. 2020220003065561.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03115-01
Demandante: Promotora de Comercio Inmobiliario SA
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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9. 6) Mediante Resolución No. 275 de 25 de marzo de 2021, el ICETEX
declaró notificada por conducta concluyente a la Sociedad Promotora de
Comercio Inmobiliario SA del Auto de 15 de agosto de 2014 que libró
mandamiento de pago en su contra, desde el 17 de diciembre de 2020
cuando le allegaron el expediente del proceso coactivo4; rechazó por
extemporáneas las excepciones propuestas por la sociedad y ordenó seguir
adelante con la ejecución, liquidación de crédito, avalúo y remate de los
bienes. Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición y, mediante la
Resolución No. 506 de 3 de junio de 2021, el ICETEX confirmó integralmente
su decisión.
10. 7) El 12 de octubre de 2021, la sociedad Promotora de Comercio
Inmobiliario SA presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, contra el ICETEX y solicitó que se
declarara la nulidad de las Resoluciones No. 275 de 23 de marzo de 2021 y
506 de 3 de junio de 2021. A título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se declarara notificada del proceso coactivo No. 2200C2014-019,
desde el 29 de enero de 2021, fecha en la que propuso excepciones contra
el auto que libró mandamiento de pago.
11. 8) Mediante Sentencia de 20 de marzo de 2024, el Juzgado 44
Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda. Señaló que
la notificación por conducta concluyente operaba cuando el administrado
tenía conocimiento efectivo del acto y, comoquiera que, mediante el Oficio
de 17 de diciembre de 2020, el ICETEX remitió a la Sociedad Promotora de
Comercio Inmobiliario SA copia del expediente del procedimiento coactivo
No. 2200C2014-019, desde esa fecha tuvo conocimiento del Auto de 15 de
agosto de 2014, mediante el cual se libró mandamiento de pago en su
contra. En consecuencia, concluyó que no se logró desvirtuar la presunción
de legalidad de los actos demandados.
12. 9) Contra la decisión anterior, la Sociedad Promotora de Comercio
Inmobiliario SA interpuso recurso de apelación. Afirmó que la Resolución No.
275 de 25 de marzo de 2021 no fue notificada en debida forma, toda vez
que el informe de entrega de la empresa de mensajería de 21 de noviembre
de 2014 carecía de sello y firma de recibido. Asimismo, indicó que la simple
remisión del expediente del proceso coactivo no podía tenerla como
notificada por conducta concluyente.
13. 10) En Sentencia de 10 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A confirmó la decisión de
primera instancia y condenó en costas a la demandante. Señaló que, en el
caso concreto, se dio la notificación por conducta concluyente desde el 17
4 Mediante Oficio con Radicado No. 2020220003065561. En respuesta al derecho de petición radicado por la
sociedad de Comercio Inmobiliario SA nate la entidad el 18 de noviembre de 2020.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03115-01
Demandante: Promotora de Comercio Inmobiliario SA
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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de diciembre de 2020, fecha en la que el ICETEX allegó copia del
expediente del proceso coactivo a la sociedad demandante en
cumplimiento al derecho de petición que había surtido. En consecuencia,
desde ese momento tuvo conocimiento y oportunidad para proponer las
excepciones que estimara pertinentes.
14. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
decisión de autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo
y un desconocimiento del precedente.
15. En relación con el primer cargo, afirmó que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca interpretó de manera indebida el artículo 72 del CPACA5.
Explicó que, aunque en la sentencia de segunda instancia, el propio tribunal
reconoció que la notificación del mandamiento de pago presentó
irregularidades, concluyó que estas quedaron saneadas con la entrega del
expediente de cobro coactivo el 17 de diciembre de 2020. A su juicio, la
respuesta al derecho de petición presentado ante el ICETEX no podía
equipararse a una manifestación expresa de conocimiento de los actos
administrativos. Sostuvo que la primera actuación que evidenció dicho
conocimiento ocurrió únicamente cuando presentó las excepciones al
mandamiento de pago el 29 de enero de 2021.
16. Finalmente, sostuvo que el tribunal desconoció el precedente del
Consejo de Estado6 en materia de condena en costas, según el cual esta
solo procedía cuando existiera prueba de los gastos en que incurrieron las
partes para ejercer su defensa, de conformidad con el numeral 8 del artículo
365 del CGP7.
1.2. Sentencia de primera instancia8 e impugnación
17. Mediante Sentencia de 4 de junio de 2026, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente la presente solicitud de amparo
por no haber superado el requisito de relevancia constitucional.
5 “Artículo 72. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente. Sin el lleno de
los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos
que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.”
6 La parte actora señaló las siguientes providencias proferidas por el Consejo de Estado: Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia de 24 de octubre de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-03081-01; Sección
Segunda, Subsección A, Sentencia de 7 de noviembre de 2019 de 2019, radicado No. 15001-23-33-000-2014-00175-
01; Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 15 de agosto de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01707-
01; Sección Segunda, Sentencia de 20 de septiembre de 2018, radicado No. 68001-23-33-000-2014-00988-01;
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 7 de abril de 2016, radicado No. 13001-23-33-000-2013-00022-01.
7 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”
8 Mediante Auto de 8 de mayo de 2026, el juez de primera instancia resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2)
tener como accionado a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y,
(3) vincular al juzgado 44 Administrativo de Bogotá y al Instituto de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (ICETEX), como terceros con interés en el asunto.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03115-01
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Decisión: Confirma improcedencia
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18. Como argumento de su decisión, consideró que la accionante
pretendía reabrir un debate de mera legalidad que ya había sido resuelto
por el juez natural de la causa. En efecto, sostuvo que los reparos planteados
en sede de tutela eran los mismos que se habían discutido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, la legalidad de la
notificación por conducta concluyente del auto que libró mandamiento de
pago. En esa medida, concluyó que la acción de tutela pretendía
convertirse en una instancia adicional parar insistir en argumentos que ya
habían sido analizados y desestimados dentro del proceso ordinario.
19. Finalmente, señaló que el reproche dirigido contra la condena en
costas era una controversia de naturaleza eminentemente patrimonial y
legal, ajena a la protección de derechos fundamentales. En consecuencia,
afirmó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para controvertir
esa clase de decisiones.
20. Contra la decisión anterior, la parte actora presentó impugnación y
sostuvo que la controversia sí tenía relevancia constitucional, pues su
propósito no consistió en reabrir el debate legal del proceso ordinario, sino
en obtener la protección de los derechos fundamentales que consideró
vulnerados con ocasión de la providencia judicial accionada. En esa
medida, reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de tutela respecto
de la indebida interpretación que, a su juicio, realizó el juez natural de la
causa sobre la notificación por conducta concluyente prevista en el artículo
72 del CPACA.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión
2.1. Fijación de la controversia
21. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que
la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer,
una vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de la parte
actora a la igualdad, debido proceso y tutela judicial efectiva, con ocasión
de la Sentencia de 10 de diciembre de 2025, mediante la cual confirmó la
decisión que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-37-044-2021-00267-02, al concluir
que el mandamiento de pago se notificó por conducta concluyente con la
entrega del expediente de cobro coactivo el 17 de diciembre de 2020.
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Asimismo, deberá determinar si la condena en costas impuesta por el
Tribunal en esa misma providencia trasgredió los derechos fundamentales
invocados. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o
revocará la decisión de tutela de primer grado.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
22. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
23. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.
24. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202310,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.
25. En sentido similar, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto11; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una
instancia adicional al proceso ordinario12 y (3) que se trate de una
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
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controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple
legalidad13.
26. Bajo este entendido, la Sala considera que, aunque la actora hizo
referencia a que existía una vulneración de sus derechos constitucionales,
ello, por sí solo, no justifica ni explica por qué esta controversia tiene una
marcada trascendencia constitucional que amerite la intervención del juez
de tutela. Es más, se considera que pretendió revivir un debate propio del
juez natural sobre una situación definida y consolidada. Así, buscó que, a
través de la acción de tutela, se estudiaran nuevamente argumentos
similares a los planteados en la demanda, esto es, reabrir el debate jurídico
relativo a la notificación por conducta concluyente del auto que libró
mandamiento de pago, a partir del 17 de diciembre de 2020, cuando se
entregó el expediente de cobro coactivo en respuesta a un derecho de
petición que radicó la demandante.
27. La Sala advirtió que la parte actora reiteró argumentos similares a los
que había expuesto en el proceso ordinario, en particular, en la demanda14
y el recurso de apelación15. En efecto, sostuvo que la autoridad judicial
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
14 “(…)TRECE: El día 29 de enero de 2021 la PROMOTORA DE COMERCIO INMO- BILIARIO S.A. – PROCOMERCIO S.A.S.
de manera expresa a través del suscrito apoderado judicial manifestó conocer todas las providencias que hacen
parte del proceso de jurisdicción coactiva a través de correo electrónico en el cual presentó OPOSICIÓN AL
MANDAMIENTO DE PAGO del día 15 de Agosto de 2014 emitido por el Dr. CAMPO ELIAS VACA PERILLA actuando
COMO JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ES-
TUDIOS EN EL EXTERIOR – MARIANO OSPINA PÉREZ – ICETEX, en esta luego de hacer un recuento del proceso de
cobro coactivo se propusieron argumentadas tres excepciones (…)
DIECISIETE: La única manifestación expresa de conocimiento de las providencias del proceso de cobro coactivo
que aquí se ventila realizada por la PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. – PROCOMERCIO S.A.S. es la
que el suscrito realizó el día 29 de enero de 2021, antes de ello no hay prueba sumaria que de fe de manifestación
de conocimiento ni de manera escrita o verbal en audiencia.
DIECIOCHO: La carencia absoluta del trámite procesal de notificación del proceso no se puede suplir con una
sentencia contraria al derecho y a las pruebas que obran en el proceso.
(…)
Las características especiales de la notificación por conducta concluyente no es una conclusión producto de una
presunción por parte de quien ostenta la calidad de garante y juzgador, es el resultado de la manifestación
expresa de aquel a quien se debe notificar, es taxativa, es por ello que el Icetex adoptó en el artículo 28 numeral
d) del manual de cobro coactivo el desarrollo que el legislador decretó en el articulo 301 del Código General del
Proceso que reglamentó este tipo de notificación (…)
Luego predica que fruto de la respuesta realizada el día 17 de diciembre de 2020 al derecho de petición 18
noviembre 2020 presentado por la PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S.A. – PROCOMERCIO S.A.S., la cual
se impulsó a través de acción de tutela, se entiende notificada por conducta concluyente, es decir tergiversa la
contestación del derecho de petición con una notificación por conducta concluyente a pesar de que no obran
en las diligencias prueba alguna donde la entidad que represento con firma de sus representantes legales revele
que conocía la providencia mandamiento de pago; el momento procesal en que PROMOTORA DE COMERCIO
INMOBILIARIO - PROCOMERCIO S.A.S. se notifica a través de conducta concluyente es y sólo es cuando a través
de este apoderado judicial en escrito radicado el 29 de enero de 2021 radica su oposición al mandamiento de
pago, pues allí es cuando revela de manera expresa que conoce el mandamiento de pago y no otro como la
entidad demandada interpreta. Así le da un alcance diferente a la norma que reglamenta la notificación por
conducta concluyente que es el articulo 301 del Código General del Proceso.” Transcripción demanda proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2021-00267-00/01/02.
15 “Un punto importante que debe considerarse, es que la entidad demandada argumentó que PROCOMERCIO
S.A. quedó debidamente notificada por conducta concluyente a partir de la remisión que hizo del expediente el
17 de diciembre de 2020, situación que no conlleva tácitamente a la notificación alegada, como
quiera que no existe acta que indique lo mencionado, así como tampoco se profirió auto alguno que tuviera a la
ejecutada como notificada por conducta concluyente para iniciar desde ese momento el conteo de los términos.
Al respecto, se evidencia que en el literal d) del artículo 28 del Manual de Cobro Coactivo del Icetex, dicha
entidad adoptó la notificación por conducta concluyente bajo dos modalidades (…)
Visto lo anterior, puede observarse que previo al escrito radicado por el apoderado anterior de mí ahora
representada el 29 de enero de 2021 no se realizó ninguna manifestación por parte de PROCOMERCIO S.A por
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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accionada interpretó erróneamente el artículo 72 del CPACA y que la
notificación por conducta concluyente solo se podía contabilizar desde el
29 de enero de 2021, fecha en la que propuso excepciones contra el
mandamiento de pago. Debe precisarse que tales argumentos fueron
abordados y resueltos por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en los siguientes términos (se trascribe):
“Como se observa, la ley especial del procedimiento administrativo dispone que
para que se entienda surtida la notificación por conducta concluyente es necesario
que el interesado revele su conocimiento, o consienta la decisión, o interponga
recursos.
Por su parte, el estatuto procedimental general establece como requisito para la
notificación por conducta concluyente que el interesado manifieste que conoce la
providencia, o la mencione en un escrito firmado, o exprese verbalmente su
conocimiento durante audiencia o diligencia con registro de ello y se entenderá que
la notificación se realiza el día de la manifestación, de igual forma en el momento en
que se constituya un abogado se entienden notificadas todas las providencias y se
tendrá como fecha el del reconocimiento de la personería para actuar.
(…)
En esas condiciones la notificación por conducta concluyente es una figura que
constituye una forma subsidiaria de notificación, que permite subsanar
irregularidades en la comunicación del acto cuando el interesado realiza actos que
evidencian su conocimiento, como presentar recursos, solicitudes o aceptar la
decisión, de igual forma en los casos en que medie una solicitud de copias del acto
o del expediente, se entiende surtida su notificación en esta modalidad en el
momento en que el interesado recibió copia del acto a petición propia, por tanto es
a partir de este momento en que se empieza a contabilizar el término para la
interposición de recursos y el cumplimiento de los efectos legales que traiga consigo
el acto administrativo.
Lo anterior, permite a la Sala establecer, conforme los hechos demostrados, que la
sociedad demandante tuvo conocimiento del mandamiento de pago con ocasión
a la respuesta suministrada por la administración al derecho de petición presentado
por ella, relacionado con la copia del expediente de cobro coactivo del que
devienen los actos demandados en el presente asunto, y en ese orden, tal y como lo
estableció el A quo, la notificación se surtió con la entrega efectiva del expediente
el 17 de diciembre de 2020, y conforme lo establecido en el artículo 830 del Estatuto
Tributario la accionante contaba hasta el 12 de 2021 (sic) para presentar la
excepciones
contra el mandamiento y al haberlo hecho hasta el 29 del mismo mes y año,
resultaban extemporáneas, tal y como lo determinó la administración en los actos
demandados.
(…)
Ahora, se encuentra que la parte recurrente con el fin de sustentar su recurso trae a
colación una sentencia del Consejo de Estado, una vez examinado su contenido, se
advierte que la misma no resulta aplicable al presente asunto, ya que en ese caso
en primera medida se está determinando que la citación a la notificación y el envío
del acto por si solas no constituyen prueba de la notificación al no encontrarse
probada su entrega efectiva, situación que no guarda relación con los cargos de
medio de la cual se manifestara expresamente que se conocía el contenido de la Resolución No. 0275 del 23 de
marzo de 2021.
En ese sentido, puede observarse que sólo se declaró la notificación por conducta concluyente, por medio de la
Resolución No. 0506 del 3 de junio de 2021 (…)
En ese orden de ideas, queda claro que antes de la mencionada Resolución no obra en el plenario documento
alguno que evidencie que efectivamente se tuvo por notificada a mi representada por conducta concluyente y
en el que además se le informara los mecanismos con los que contaba para ejercer su defensa y el tiempo con el
que contaba para aquello.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03115-01
Demandante: Promotora de Comercio Inmobiliario SA
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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violación elevados; y en segunda medida, si bien se habla de la no aplicación de la
notificación por conducta concluyente, al entenderse que la sola solicitud de
información no constituye conocimiento del acto, en el presente asunto no se
determina la notificación por conducta concluyente a partir de la solicitud del
expediente, sino de la entrega efectiva del mismo”.
28. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
confirmar la decisión que negó las pretensiones de la demanda.
29. Asimismo, si bien la parte actora estimó que se desconoció el
precedente judicial del Consejo de Estado16 sobre la condena en costas, se
advierte que ello reviste un debate de carácter eminentemente patrimonial
y económico que ya fue tratado por el juez natural de la causa, y, como en
casos anteriores17, ello deviene en la improcedencia de la acción.
30. En consecuencia, se advierte que la inconformidad de la accionante
se origina en la interpretación normativa y jurisprudencial efectuada por el
juez natural, circunstancia que, por sí sola, no reviste relevancia
constitucional ni habilita la intervención del juez de tutela. Máxime, cuando
se observa que la autoridad judicial expuso las razones jurídicas que
sustentaron su decisión.
31. Aunado a lo anterior, se precisa que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía acción de tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un
mecanismo constitucional de amparo de derechos fundamentales de
carácter excepcional18.
16 La parte actora señaló las siguientes providencias proferidas por el Consejo de Estado: Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia de 24 de octubre de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-03081-01; Sección
Segunda, Subsección A, Sentencia de 7 de noviembre de 2019 de 2019, radicado No. 15001-23-33-000-2014-00175-
01; Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 15 de agosto de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01707-
01; Sección Segunda, Sentencia de 20 de septiembre de 2018, radicado No. 68001-23-33-000-2014-00988-01;
Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 7 de abril de 2016, radicado No. 13001-23-33-000-2013-00022-01.
17 Al respecto, es preciso hacer alusión, entre otras, a las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sección Tercera.
Subsección B, Sentencia de 6 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00529-00; Sentencias de 12 de julio de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-00992-01 y 11001-03-15-000-2019-02824-00; Sentencia de 7 de noviembre de 2019,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04459-00, Sentencia de 16 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-00;
Sentencia de 5 de febrero de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2019-04762-00; Sentencia de 6 de marzo de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-00294-00, Sentencia 18 de marzo de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00781-00, Sentencia de
5 de junio de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-01992-00, Sentencia de 27 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-15-
000-2021-01641-01, Sentencia de 1 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-02188-00, Sentencia de 2 de mayo
de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-06509-00.
18 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03115-01
Demandante: Promotora de Comercio Inmobiliario SA
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta- Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2.3. Conclusión
32. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y confirmará la decisión de primera instancia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de junio de 2026, por medio de
la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo promovida por la Sociedad Promotora de Comercio
Inmobiliario SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello19.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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