Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03119-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03119-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03119-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
11 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-00
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 11 de junio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03119-00
Demandante: CARLOS ALBERTO AGUDELO CASTRILLÓN Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela en contra providencia que denegó las pretensiones en acción
de grupo. Improcedencia de la acción de tutela. Falta de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Alberto Agudelo Castrillón y
otros contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 22 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Carlos
Alberto Agudelo Castrillón, María Lucelly Álvarez de Zapata, Rómulo Arbeláez Muñoz,
Gilberto Ignacio Cartagena Yepes, Genaro de Jesús Duque Rincón, John Jairo Gaviria
Castro, Guillermo León Gómez Gómez, José Aníbal Higuita Fernández, Carlos Alberto
Jiménez Chancí, Iván Darío López Alzate, Alfredo Sánchez Orozco, Juan Esteban
Restrepo Estrada y Juan Guillermo Sánchez Sánchez pidieron la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso efectivo a la administración de
justicia, igualdad, libertad sindical y asociación sindical.
A juicio de los tutelantes, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
16 de febrero de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que confirmó el fallo y denegó las pretensiones en la acción de grupo
05001333302720190018101.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Respetuosamente solicito se amparen los derechos fundamentales de los suscritos accionantes al
debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad, libertad sindical,
asociación sindical y prevalencia del derecho sustancial, vulnerados con ocasión de la sentencia
del 16 de febrero de 2026, proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
dentro del proceso radicado 05001-23-33-000-2019-02012-03 (71.794), cuya notificación por
estado-sentencia electrónico se surtió el 23 de febrero de 2026.
Como consecuencia del amparo, solicito dejar sin efectos la providencia cuestionada y ordenar la
emisión de una nueva decisión que resuelva de fondo y con perspectiva constitucional el verdadero
problema jurídico sometido a conocimiento, esto es, si existe un daño antijurídico homogéneo
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derivado de una misma reestructuración administrativa y de un mismo conflicto colectivo que afectó
a un colectivo de trabajadores oficiales sindicalizados, con instrumentos convencionales y
garantías sindicales invocadas (pliego de peticiones, fuero circunstancial, negociación colectiva y
cláusula convencional de reubicación), y que fue neutralizado por un cierre formalista del debate
(cosa juzgada/no tercera instancia/ausencia de examen material).
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Los accionantes fueron trabajadores oficiales del departamento de Antioquia y
miembros del sindicato “Sintradepartamento”, calidad en virtud de la cual acordaron
convencionalmente que, en caso de una reestructuración, debían ser reubicados en la
entidad; sin embargo, mediante Decreto 2104 de 2004, se suprimieron los cargos que
ostentaban y el 5 de diciembre de 2005 fueron despedidos.
Los demandantes fueron indemnizados por el despido injustificado; sin embargo, no se
les reconoció la indemnización compensatoria que había sido concedida en casos
similares de imposibilidad de reintegro, como equivalente pecuniario de compensación
por la pérdida del empleo.
En consecuencia, interpusieron demandas ante la jurisdicción laboral ordinaria, donde
los procesos culminaron con fallos desfavorables, pues no accedieron a sus
pretensiones de indemnización compensatoria por la imposibilidad de ser reubicados.
Asimismo, los accionantes formularon el recurso extraordinario de casación; sin
embargo, en providencia de 21 de marzo de 2018, la Corte Suprema de Justicia, Sala
Laboral, desestimó los cargos de la casación bajo el argumento central de que el interés
general prevalecía sobre los derechos particulares.
Los accionantes instauraron acción de grupo con el fin de obtener la declaratoria de
error jurisdiccional contenido en las sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria,
especialidad laboral, en las que se resolvieron las demandas instauradas por la
supresión de cargos en la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, debido a
una reestructuración de la administración departamental.
A título de indemnización solicitaron “el reconocimiento y pago de perjuicios
patrimoniales de daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro” –sin especificar
conceptos–, así como perjuicios extrapatrimoniales consistentes en: “la alteración
fundamental de las condiciones de existencia; por daños a la vida de relación; por daños
morales; y daños a los derechos constitucionales fundamentales; cada uno de los
derechos extrapatrimoniales serán indemnizados en salarios mínimos legales
mensuales vigentes (SMLMV) al momento de imponerse, según el prudente arbitrio del
fallador”.
El conocimiento de la acción de grupo correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el radicado 05001-23-33-000-2019-02012-00 y culminó
con sentencia de 13 de agosto de 2024, mediante la cual se denegaron las pretensiones
de la demanda por cuanto no se configuró el error judicial alegado en la medida que las
autoridades judiciales expusieron de forma clara los motivos por los cuales no
prosperaban los cargos, a la vez que se citó jurisprudencia relacionada con el asunto y
se expuso de forma clara que los demandantes no gozaban de fuero circunstancial en
la medida en que, para la fecha del despido (5 de diciembre de 2005), ya no existía un
conflicto colectivo, precisamente por el actuar atribuible al sindicato y que, en esa
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medida, en aplicación del principio general del derecho consistente en que nadie puede
sacar provecho de su propia culpa, no había lugar a acceder a las pretensiones
planteadas en la demanda del proceso ordinario.
Expuso que los demandantes pretendían reabrir un debate procesal con fundamento en
las mismas apreciaciones que ya fueron resueltas por los organismos judiciales
correspondientes, situación que no es posible, pues, como lo indicó el Consejo de
Estado en la providencia transcrita en los acápites anteriores, el proceso judicial que se
tramita ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no tiene la vocación de
constituirse en una instancia adicional ni mucho menos como un mecanismo de eventual
revisión.
Inconformes con la decisión, los accionantes interpusieron el recurso de apelación, en
el que alegaron que (i) el Tribunal desvió el estudio del problema jurídico que
correspondía y lo condujo de nuevo al despido de los actores y su derecho al reintegro
sin reparar, (ii) lo pretendido se sustentaba en el deber de reconocer una indemnización
plena e integral, distinta de la propia de un despido laboral, dirigida a resarcir la
vulneración de derechos fundamentales y sindicales ocasionada por las decisiones
proferidas por la justicia ordinaria laboral y (iii) que el departamento de Antioquia -a
través del proceso de reestructuración- creó sus propias reglas para justificar
actuaciones contrarias a la Constitución, las cuales fueron avaladas por la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia bajo la tesis de la prevalencia del interés general sobre
los derechos individuales y colectivos, desconociendo el carácter pluralista de la
Constitución de 1991.
El recurso fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en
sentencia de 16 de febrero de 2026, en la que se confirmó la providencia apelada por
considerar que para que se configure el daño por error judicial, se requiere demostrar
que la Corte Suprema de Justicia incurrió en un yerro por desbordar el ámbito funcional
del recurso extraordinario, pues es esa Corporación, obrando como juez de casación,
la llamada a interpretar la ley y a garantizar su correcta aplicación, así como la
protección de la legalidad, sin embargo, los accionantes no estructuraron una carga
argumentativa idónea que permita atribuir un error jurisdiccional a la sentencia de
casación, en tanto se limitaron a reproducir los mismos yerros de derecho alegados
frente a las decisiones de instancia.
Resaltó que los cargos formulados se limitaban a cuestionamientos sustanciales y
declarativos relativos a la presunta vulneración de principios constitucionales del
trabajo, al alcance del fuero circunstancial, a la aplicación de disposiciones
convencionales, a la exigencia de autorización administrativa para la suspensión o
terminación de los contratos y a la ponderación de principios constitucionales, todos
ellos asuntos propios del debate ordinario ya resuelto por los jueces de instancia y
examinados por la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia fue objeto de aclaración de voto por parte del Magistrado Alberto Montaña
Plata, quien precisó que la sentencia omitió el análisis del daño como primer elemento
de la responsabilidad del Estado, esto por cuanto no se explicó ni se demostró que el
daño alegado se hubiera acreditado, por lo que, en su opinión, en los juicios de
responsabilidad, el estudio del primer elemento (el daño) es inexcusable y constituye el
punto de partida para el sucesivo análisis.
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4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora adujo que la acción cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, señaló que la providencia dictada por el Consejo de
Estado – Sección Tercera- Subsección A incurrió en:
Violación directa de la Constitución, como quiera que la providencia cuestionada
desconoció directamente los artículos 29, 39, 53, 228 y 229 superiores, pues, aunque
reitera —en abstracto— que el juez de la responsabilidad no está llamado a reproducir
el debate ordinario ni a habilitar una nueva instancia, en el caso concreto ese criterio
fue utilizado como pauta de cierre que impidió un pronunciamiento material sobre el
núcleo constitucional del daño alegado, afectando el debido proceso decisorio y la tutela
judicial efectiva.
Defecto sustantivo, pues, aunque el Consejo de Estado enunció correctamente que el
juez de responsabilidad debe limitarse a verificar yerros “a la luz de la motivación” del
fallo cuestionado para no transgredir [el principio de la] cosa juzgada, y que el error
jurisdiccional no es una vía alternativa para una instancia adicional, aplica esa regla de
manera desproporcionada y vaciadora del propio régimen de responsabilidad por la
administración de justicia, al punto de tornar inoperante su finalidad resarcitoria en el
caso concreto.
Defecto procedimental dado que, aun cuando formalmente se tramitó y decidió la
apelación, materialmente se desvió el objeto decisorio propio de un juicio de
responsabilidad por error jurisdiccional, al omitir el examen del daño como primer
elemento y punto de partida de la responsabilidad.
5. Trámite
Por auto del 29 de abril de 2026, se admitió la acción, y se dispuso la notificación, en
calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de Estado – Sección Tercera-
Subsección A. Como terceros, se ordenó la notificación de los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia, el ministro del Trabajo, el director ejecutivo de
Administración Judicial, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el
gobernador de Antioquia.
La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el
auto admisorio, mediante correos electrónicos y aviso a la comunidad del 5 de mayo de
2026.
6. Intervenciones
El Consejo de Estado – Sección Tercera- Subsección A, a través del magistrado
ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción,
pues era usada con el propósito de reabrir, a manera de instancia adicional, el debate
fáctico, probatorio y jurídico que ya fue definido por el Consejo de Estado al confirmar
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, con la cual, en lo sustancial, coincidió en su análisis y conclusiones.
Resaltó que el fallo cuestionado se fundamentó en la valoración integral del acervo
probatorio y en la aplicación de los criterios jurisprudenciales pertinentes, como se
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advierte de la lectura de la providencia, sin que resulte atendible el reproche formulado
por la parte actora en sede constitucional frente a las consideraciones de esta judicatura.
Manifestó que el hecho de que la tutelante no comparta la conclusión de la Sala no
conlleva la vulneración de derechos fundamentales ni amerita la concesión de la tutela,
porque el juez constitucional no es una tercera instancia del proceso ordinario, de ahí
que no le corresponda definir “cuál de las inferencias valorativas de los elementos
fácticos es la más acertada o la más correcta”.
Precisó que la decisión judicial contiene una justificación coherente, razonable,
jurídicamente atendible, de conformidad con los hechos y pruebas, de modo que no
resulta de una argumentación arbitraria ni caprichosa, sino que es el resultado de las
conclusiones probatorias a las que arribó la Sala, luego de valorar en conjunto el
material probatorio que reposaba en el expediente de cara a las imputaciones por error
judicial formuladas en la demanda de grupo.
La abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva
en la medida en que la demanda está encaminada a revocar la providencia proferida
por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en el marco de un proceso
de reparación de perjuicios causados a un grupo, y el interés recae en revocar una
providencia judicial proferida en el marco de su facultad jurisdiccional, lo que implica
que la entidad vinculada no es la llamada a responder por la decisión adoptada por esa
Corporación, la cual se encuentra amparada bajo los principios de autonomía e
independencia judicial.
La Directora Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Medellín,
solicitó que se denegaran las pretensiones de la presente acción, toda vez que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, profirió decisión de fondo conforme
a los parámetros legales y constitucionales aplicables, mediante sentencia del 16 de
febrero de 2026, en la cual se garantizaron plenamente los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, en particular el debido proceso, el acceso efectivo a la
administración de justicia, la igualdad, la libertad sindical, la asociación sindical y la
prevalencia del derecho sustancial.
Resaltó que la presente actuación desconoce abiertamente los efectos de la cosa
juzgada y la seguridad jurídica, al reiterar los mismos supuestos fácticos y argumentos
jurídicos que han sido previamente analizados y resueltos por la jurisdicción
competente.
La directora territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo también alegó la falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no está inmersa en la violación de ningún
derecho fundamental del accionante, de manera que no tiene ningún grado de
vinculación, ni responsabilidad en este asunto.
El apoderado de la Gobernación de Antioquia alegó la improcedencia de la acción de
tutela en la medida en que los accionantes pretenden reabrir un debate jurídico
ampliamente agotado en la jurisdicción ordinaria laboral y posteriormente en la
jurisdicción contencioso-administrativa, desconociendo los principios de cosa juzgada,
seguridad jurídica y autonomía judicial.
Esgrimió que la decisión cuestionada aplicó correctamente los criterios fijados tanto por
la jurisprudencia constitucional como por la propia jurisprudencia contencioso-
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administrativa, según los cuales el juez de responsabilidad no puede erigirse en una
instancia adicional, ni reproducir el debate propio del juez natural, ni reabrir
controversias ya definidas con autoridad de cosa juzgada.
Alegó que la Sala accionada explicó de manera suficiente que el control propio del juicio
de error jurisdiccional se circunscribe a la verificación estricta de la existencia de un
yerro judicial manifiesto, ostensible y grave, con capacidad de romper el estándar de
razonabilidad de la decisión judicial cuestionada, lo cual no se evidenció en el caso
concreto.
Agregó que la providencia justificó de forma expresa por qué las inconformidades
planteadas por los demandantes correspondían, en realidad, a discrepancias con el
sentido de las decisiones judiciales previas, y no a defectos constitucionales autónomos
susceptibles de generar responsabilidad estatal, delimitación metodológica que no solo
es legítima, sino necesaria para garantizar los principios de seguridad jurídica,
independencia judicial y respeto por la cosa juzgada, evitando que la acción de
responsabilidad se convierta en un mecanismo informal de reapertura indefinida de
litigios.
El Tribunal Administrativo de Antioquiaremitió el expediente de la acción de grupo
05001-23-33-000-2019-02012-00. Nada dijo sobre las pretensiones de la acción de
tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Análisis preliminar sobre la legitimación en la causa
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, la demandante discute laprovidencia de 16 de febrero de 2026,
dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que confirmó el fallo
que negó las pretensiones en la acción de grupo 05001333302720190018101.
En la contestación de la tutela, la Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración
Judicial de Medellín y el Ministerio del Trabajo adujeron que carecían de legitimación en
la causa por pasiva, ya que no tuvieron injerencia en la expedición de la providencia
cuestionada.
Sobre el particular se advierte que las referidas entidades solo se vincularon al trámite
como terceros con interés y no como demandadas, de suerte que no se considera
procedente su solicitud, la cual será negada.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por Carlos
Alberto Agudelo Castrillón y otros. Contra la providencia del 16 de febrero de 2026,
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dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que confirmó el fallo
que negó las pretensiones de la demanda en la acción de grupo 05001-23-33-000-2019-
02012-03.
La Sala anticipa que la tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional,
por cuanto la demanda de tutela reitera argumentos que fueron expuestos y decididos
en el proceso de acción de grupo. En consecuencia, se declarará improcedente la
acción de tutela promovida por los accionantes.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del
caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos2 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que, por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
Si bien la parte actora adujo que la providencia del 16 de febrero de 2026, dictada por
el Consejo de Estado – Sección Tercera- Subsección A, incurrió en violación directa de
la constitución, defecto sustantivo y procedimental, al confirmar el fallo que denegó las
pretensiones en el proceso de acción de grupo instaurada para discutir un presunto error
judicial, lo cierto es que sustenta la demanda de tutela en argumentos expuestos y
decididos en la jurisdicción ordinaria, toda vez que insiste en discutir que a través de la
acción de grupo no se estaba reabriendo el debate sostenido ante la jurisdicción
ordinaria. Veamos.
En el recurso de apelación formulado por la parte actora contra el fallo del 13 de agosto
de 2024, dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, señaló lo siguiente:
2. El análisis que realizó el Tribunal en primera instancia no fue acorde a los hechos y pruebas del
proceso, pues al final, desvió el estudio del planteamiento del problema jurídico que correspondía,
dirigiéndolo de nuevo al despido de los actores.
3. Consideró el error jurisdiccional alegado como una tercera instancia judicial, sin reparar en que
lo cuestionado no es el despido ni el derecho al reintegro, sino la motivación concluyente de esa
decisión final de la justicia ordinaria laboral, a todas luces contraria al ordenamiento jurídico por
transgredir normas de alcurnia constitucional, considerando prevalente el interés general sobre el
particular, existiendo de por medio derechos fundamentales objeto de especial protección por parte
del Estado.
4. Como se dijo, el asunto sometido a conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa
no fue entendido en su núcleo esencial, pues se afirma que las fallas invocadas fueron introducidas
como una tercera instancia judicial, cuando no es posible transgredir la cosa juzgada de las
decisiones adoptadas por los operadores judiciales. La falla en el presente asunto se establece por
haberse proferido una decisión judicial que, de forma visible, va en contravía del ordenamiento
jurídico, es decir, carece de un fundamento objetivo que lleva consigo la vulneración de derechos
e intereses subjetivos de los accionantes.
(…)
10. Cabe precisar que los derechos fundamentales a los que se alude, como el trabajo, la
estabilidad, la dignidad, la solidaridad, y la garantía del fuero circunstancial cristalizados en el CST,
son derechos fundamentales IRRENUNCIABLES, y en el caso de mis mandantes estaban
amparados por una orden de reintegro que no se dio, por lo que se dan los presupuestos del art.
90 de la CP al configurarse un abismal, grotesco, trascendental e inconstitucional error de la justicia
que arribó a conclusiones inadmisibles para no declararlo.
11. Se itera que todas las violaciones a las que se aludió a lo largo del proceso, se fundaron en
normas construidas por el propio empleador (Departamento de Antioquia) para justificar sus
acciones, omisiones y atropellos contrarios a la Constitución, argumentando la presunta necesidad
de reorganización del Estado regional, teoría tristemente avalada por la justicia laboral bajo la tesis
de la prevalencia del interés general sobre el interés particular de los derechos individuales y
colectivos de los actores, lo que constituye una idea fascista y antidemocrática que indudablemente
causa daños devastadores a los derechos humanos laborales de mis representados, por lo cual
surge la obligación a cargo de los demandados de indemnizarlos de manera PLENA E INTEGRAL
conforme lo pretendido en la demanda.
En el mismo sentido, la demanda de tutela indica lo siguiente:
La providencia accionada incurre en defecto procedimental en tanto, aun cuando formalmente
tramita y decide la apelación, materialmente desvía el objeto decisorio propio de un juicio de
responsabilidad por error jurisdiccional, al omitir el examen del daño como primer elemento y
punto de partida de la responsabilidad. En la doctrina constitucional, el defecto procedimental
se configura cuando la autoridad judicial se aparta del cauce debido o incurre en irregularidades
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decisivas que afectan el debido proceso; dentro de esas hipótesis, la Corte ha reconocido como
constitucionalmente relevante que la decisión sustituya el objeto real sometido a consideración
o que la motivación no corresponda al deber de resolver de fondo lo que el proceso exige
decidir.
En el caso concreto, el desvío se acredita por la propia evidencia interna del proceso, pues la
aclaración de voto afirma que la sentencia “omitió el análisis del daño” y que ese estudio es
“inexcusable” en juicios de responsabilidad. Si el daño es el primer elemento del juicio, su
omisión implica que la decisión se adoptó sin agotar el cauce decisorio mínimo exigible,
afectando el debido proceso no por una formalidad, sino por una irregularidad sustancial en la
estructura de decisión.
Este defecto procedimental se agrava porque la Sala reconoce expresamente los límites del
juez de responsabilidad (no reproducción del juicio del juez natural, no instancia adicional) y,
sin embargo, la omisión del daño no es una consecuencia necesaria de esos límites: es un
salto metodológico que impide que el proceso cumpla su función. De ahí que el reproche
constitucional no consista en exigir al juez de tutela que revalore pruebas del proceso laboral,
sino en que ordene un nuevo pronunciamiento que, respetando los límites de cosa juzgada y
sin convertirse en instancia, realice el examen inexcusable del daño y decida de forma material
los cargos constitucionales estructurales ya identificados en el expediente.
En síntesis, los defectos alegados no se orientan a reabrir el litigio laboral ni a convertir esta
acción constitucional en una tercera o cuarta instancia. La propia providencia accionada
recuerda que el error jurisdiccional no es vía alternativa para una instancia adicional. El
reproche es otro y es estrictamente constitucional: que en un juicio de responsabilidad por la
administración de justicia la sentencia prescindió del análisis del daño —punto de partida
inexcusable— y sustituyó el examen material del agravio homogéneo de un colectivo
sindicalizado por un cierre formalista, con incidencia determinante en la decisión, tal como fue
advertido en la aclaración de voto.
Sin embargo, esos argumentos ya fueron resueltos en la providencia cuestionada, así:
Desde la primera instancia, el juzgado concluyó que la convención colectiva no otorgaba un
derecho concreto al reintegro y que la supresión de cargos obedeció a una reestructuración
administrativa legítima del departamento de Antioquia, reiterando la jurisprudencia que reconoce la
prevalencia del interés general en los procesos de reorganización institucional. Al resolver la
apelación, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión al advertir que la supresión no fue
arbitraria ni orientada a limitar la libertad sindical, sino a modernizar el servicio público, resaltando
además que el Decreto Ordenanzal 2104 de 2004 dispuso la indemnización correspondiente, lo
que evidenciaba la regularidad del proceso administrativo.
Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desestimó los cargos formulados en
sede de casación, no por inhibición –como se afirmó en la apelación–, sino porque los recurrentes
pretendieron reabrir un debate jurídico previamente zanjado por el Tribunal, alegando errores de
hecho en un asunto estrictamente jurídico, cuestionando pruebas que no sustentaron la decisión y
controvirtiendo la interpretación de un decreto ya aceptada por su propia jurisprudencia, propósito
que resultaba a todas luces incompatible con la naturaleza extraordinaria, limitada y técnica de ese
medio de impugnación.
De otro lado, como quedó acreditado, en el recurso extraordinario de casación el tercer cargo se
enfocó en cuestionar la legitimidad de esa reestructuración administrativa, pues, según aseguraron
los recurrentes, de haber interpretado correctamente la normativa, la autoridad judicial habría
concluido que el empleador excedió sus competencias y que la reforma debía declararse ilegítima.
En el sub-lite, de la misma manera, la parte actora indicó que el operador judicial, al decidir la
demanda laboral, legitimó un procedimiento sustentado en normas de inferior jerarquía, que
desconoció la Constitución al omitir la debida ponderación ante la colisión de principios y privilegiar
indebidamente intereses de la administración bajo la invocación abstracta del interés general.
Sobre este mismo tópico, el Juzgado Octavo de Descongestión del Circuito de Medellín ya había
sostenido que la supresión se fundamentó en actos administrativos amparados por la presunción
de legalidad, cuya validez solo podía discutirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por
lo cual no podía revisar ni desvirtuar esas decisiones orientadas al interés general. Al resolver la
apelación, el Tribunal Superior de Medellín afirmó que el despido tuvo justa causa al originarse en
una reestructuración legítima, sin indicios de arbitrariedad, retaliación sindical o propósitos
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Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
caprichosos, y reiteró que los actos administrativos que la sustentaban gozaban de presunción de
legalidad.
(…)
De conformidad con los elementos de convicción previamente referenciados, está probado que, en
ambas instancias del proceso ordinario, se resolvieron los mismos cuestionamientos de que trata
la demanda que da origen al presente proceso, que después se llevaron casación y que, ahora, so
pretexto de darles el ropaje de un error jurisdiccional, se pretende un nuevo estudio a manera de
una cuarta definición jurisdiccional.
Reitera la Sala que la Corte al resolver los cargos ya referenciados, realizó un análisis completo y
razonado, a partir del cual concluyó que no existía conflicto colectivo de trabajo para el momento
de la terminación de los contratos de trabajo de los actores y, por ende, no existía a su favor la
garantía del fuero circunstancial; además, descartó que la decisión del Ministerio fuera la que
hubiera impedido la continuidad del conflicto, de manera que no encontró probada ninguna
vulneración a los derechos fundamentales y sindicales de los accionantes.
Con los elementos hasta aquí expuestos, no tiene duda esta Sala que los cargos formulados en
este proceso evidencian el desacuerdo de los accionantes con la apreciación probatoria y la
hermenéutica normativa efectuadas por la jurisdicción ordinaria laboral, reproches que ya fueron
planteados mediante el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del 21 de octubre
de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Medellín. De manera que esta Subsección no solo
considera inmutable y definitivo lo resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia en la sentencia del 21 de marzo de 2018, sino que, además, concluye que sus
consideraciones no son portadoras de errores como lo asevera el grupo demandante; por el
contrario, constituyen plena prueba del acierto de la decisión del Tribunal en cuanto resolvió con
suficiencia y razonabilidad los mismos cargos que se plantean en este proceso en su contra.
Como se ve, la parte actora formuló en la acción de tutela inconformidades que
coinciden con las que expuso en la acción de grupo. En efecto, la parte actora reabre
los temas relativos al error judicial como vía para obtener un fallo favorable a sus
pretensiones. Por consiguiente, resulta evidente que la tutela busca revivir la discusión
propuesta en el proceso de acción de grupo. En últimas, el demandante pretende
imponer su criterio en cuanto a la configuración de un error judicial en el caso analizado.
Siendo así, como se expuso, aunque el demandante alega que la providencia objeto de
tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en violación directa de la constitución,
defecto sustantivo y procedimental, lo cierto es que, en últimas, lo que pretende es que
se reabra el debate respecto del error judicial alegado.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales,
que no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica
diversa o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades
jurisdiccionales de instancia.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que quien dictó la sentencia cuestionada fue el
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, evento en el que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017.
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos
de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con
la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
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que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos, los principios de
autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de
sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión.
Lo anterior es suficiente para declarar improcedente la acción de tutela, por no estar
cumplido el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
1. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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