Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03119-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03119-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03119-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03119-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Accionante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección A
Referencia: Acción de tutela
Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Tutela contra
providencia judicial. Requisitos de procedencia. Relevancia constitucional – Improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 11 de junio de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la
cual se declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Los señores Carlos Alberto Agudelo Castrillón, María Lucelly Álvarez de Zapata, Rómulo
Arbeláez Muñoz, Gilberto Ignacio Cartagena Yepes, Genaro de Jesús Duque Rincón,
John Jairo Gaviria Castro, Guillermo León Gómez Gómez, José Aníbal Higuita
Fernández, Carlos Alberto Jiménez Chancí, Iván Darío López Alzate, Alfredo Sánchez
Orozco, Juan Esteban Restrepo Estrada y Juan Guillermo Sánchez Sánchez
promovieron acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia, a la
igualdad, a la libertad sindical y a la asociación sindical, que estiman vulnerados por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia
proferida el 16 de febrero de 2026, mediante la cual se confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo identificado con el radicado núm. 05001-23-
33-000-2019-02012-03.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. Los accionantes fueron trabajadores del departamento de Antioquia y miembros del
sindicato “Sintradepartamento”, con el cual se había acordado convencionalmente que,
en caso de una reestructuración administrativa, serían reubicados dentro de la entidad.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
No obstante, alegan que, mediante el Decreto 2104 de 2004, se suprimieron los cargos
que desempeñaban y que, posteriormente, el 5 de diciembre de 2005, fueron
desvinculados sin justa causa, razón por la cual se les reconoció la correspondiente
indemnización.
Sin embargo, sostienen que dicha indemnización no incluyó una compensación
económica por la imposibilidad de su reintegro, como equivalente pecuniario de la pérdida
del empleo, pese a que este concepto había sido reconocido en casos similares.
2.2. En razón de lo anterior, promovieron demandas ante la jurisdicción ordinaria laboral,
en las cuales se profirieron decisiones desfavorables a sus intereses, pues no se accedió
a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de una indemnización
compensatoria por la imposibilidad de ser reubicados.
En consecuencia, interpusieron recurso extraordinario de casación, que fue decidido el 21
de marzo de 2018 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
autoridad que desestimó los cargos formulados con fundamento en la prevalencia del
interés general sobre los derechos particulares.
2.3. Posteriormente, los accionantes promovieron acción de grupo con el propósito de
obtener la declaratoria de responsabilidad por el error jurisdiccional que, a su juicio, se
configuró en las sentencias que resolvieron las demandas laborales instauradas con
ocasión de la supresión de los cargos de la Secretaría de Infraestructura Física de
Antioquia.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia bajo el
radicado núm. 05001-23-33-000-2019-02012-00, autoridad que, mediante sentencia del
13 de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que los accionantes pretendían reabrir un debate ya concluido, en la medida
en que los jueces ordinarios resolvieron de manera suficiente las demandas laborales y
realizaron la ponderación constitucional correspondiente de la cual concluyeron que en
los procesos de restructuración administrativa el reintegro no siempre es jurídicamente
viable y que los intereses individuales deben ceder al interés general.
Adicionalmente, indicó que la acción de grupo no podía utilizarse como una instancia
adicional ni como un mecanismo de revisión de decisiones judiciales amparadas por la
institución de la cosa juzgada. Lo anterior, porque las pruebas aportadas y los
argumentos expuestos no acreditaban la existencia de un daño antijurídico ni de un error
jurisdiccional que sustentara la prosperidad de las pretensiones.
2.5. Inconforme con dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación en el
que alegaron que el Tribunal desvió el estudio del problema jurídico, pues, a su juicio, la
controversia se centraba en la falta de motivación de las decisiones adoptadas por la
jurisdicción ordinaria laboral y en su contradicción con el ordenamiento jurídico.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
2.6. Mediante sentencia del 16 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia. Consideró que los
argumentos formulados en las dos instancias del proceso laboral y, posteriormente, en
sede de casación coincidían con aquellos planteados en el proceso de reparación de
perjuicios causados a un grupo, de modo que únicamente había variado su denominación
jurídica, mediante la invocación del concepto de error jurisdiccional, con el propósito de
obtener un nuevo pronunciamiento sobre una controversia ya decidida. Adicionalmente,
encontró que los demandantes no cumplieron con la carga argumentativa necesaria para
atribuir un error jurisdiccional a la sentencia de casación.
2.7. El magistrado Alberto Montaña Plata1 aclaró su voto. Manifestó estar de acuerdo con
la decisión de negar las pretensiones de la demanda, por no encontrarse acreditado el
error jurisdiccional. Sin embargo, consideró que la sentencia omitió analizar la existencia
del daño, aspecto que, a su juicio, constituía el punto de partida del estudio de
responsabilidad.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la libertad sindical. En consecuencia, pidió
dejar sin efectos la sentencia del 16 de febrero de 2026, mediante la cual la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones formuladas en ejercicio del medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.
Asimismo, solicitó que se ordene proferir una nueva decisión y que, en ella, se delimite
expresamente que el juicio de responsabilidad no suple la competencia del juez natural.
3.2. La parte solicitante alegó la configuración de un defecto por violación directa de la
Constitución, al considerar que la providencia cuestionada desconoció los artículos 29,
39, 53, 228 y 229 de la Constitución Política, por cuanto omitió el análisis del daño, pese a
que este constituye el primer elemento del juicio de responsabilidad.
Agregó que la autoridad judicial accionada redujo los argumentos constitucionales y
convencionales planteados a un intento de activar una cuarta instancia, sin efectuar un
pronunciamiento de fondo sobre la controversia propuesta.
3.3. También alegó la configuración de un defecto sustantivo, relacionado con la
interpretación del régimen de responsabilidad por error jurisdiccional. Al respecto,
sostuvo que el Consejo de Estado aplicó de manera irrazonable y desproporcionada el
principio según el cual este mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional,
pues, a su juicio, dicha interpretación condujo a excluir injustificadamente el análisis del
daño y, con ello, a desnaturalizar la finalidad resarcitoria del régimen de responsabilidad.
1
Conjuez
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
3.4. Por último, invocó la configuración de un defecto procedimental, al considerar que la
providencia cuestionada se apartó del objeto propio del juicio de responsabilidad al omitir
el estudio del daño, circunstancia que, en su criterio, afectó la estructura misma del
proceso y vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 29 de abril de 2026 2, el doctor Wilson Ramos Girón, consejero de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la
autoridad judicial accionada. Adicionalmente, notificó en calidad de terceros con interés a
los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, al ministro del Trabajo, al
director ejecutivo de Administración Judicial, al presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y al gobernador de Antioquia.
Surtidas las notificaciones correspondientes, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura3 solicitó ordenar su desvinculación, disponer la vinculación de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Antioquia y negar las pretensiones de la acción al no existir
vulneración de los derechos fundamentales alegados por los accionantes.
4.2. La Directora Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Medellín 4
solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela, en razón a que la autoridad judicial
accionada profirió decisión de fondo de acuerdo con los parámetros legales y
constitucionales aplicables y se garantizaron los derechos fundamentales de los
accionantes. Además, alegó que la presente acción desconoce abiertamente los efectos
de la cosa juzgada y la seguridad jurídica al reiterar los supuestos fácticos y jurídicos
previamente analizados y resueltos por la jurisdicción competente.
Respecto a lo anterior, hizo énfasis en que esta es la octava oportunidad en que se
someten a consideración judicial los mismos argumentos, tanto así que se podría alegar
un escenario “cercano a la temeridad procesal, en detrimento de los principios de
economía procesal y lealtad procesal”.
4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia5 remitió el link del expediente digital de la
acción de grupo; sin embargo, guardó silencio respecto de los hechos y pretensiones de
la acción de tutela.
4.4. La Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado 6, a través del
magistrado ponente José Roberto Sáchica Méndez, alegó el incumplimiento del requisito
2
Índice 00004 del expediente digital de primera instancia, certificado 9D6CCF6BA2AA929A C32A47DF8730F681
D5333C2EADA51C2D B1E3AA40D70D1390.
3
Índice 00010 del expediente digital de primera instancia, certificado FEB021966E45DAE2 CB4D31634138F381
2EFA6483848C51BC 661A0D55587882F7.
4
Índice 00011 del expediente digital de primera instancia, certificado 637A4FCA41571A02 55D44DF4E7C391E2
8AB9B2D5D0419BAF C148F9245A7D3CB3 .
5
Índice 00012 y 00019 del expediente digital de primera instancia.
6
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 540FB9C5E6190065 009A0BD1E7D6C798
ACBC621E67BE2E51 D0336FE1AC265B16.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
de relevancia constitucional en razón de que la acción de tutela pretende reabrir un
debate ya definido por el Consejo de Estado al confirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
Adicionalmente alegó que el fallo cuestionado se fundamentó en la valoración integral del
acervo probatorio y en la aplicación de los criterios jurisprudenciales pertinentes, por lo
que el simple desacuerdo de la parte accionante con las conclusiones del fallo
cuestionado no conlleva la vulneración de los derechos fundamentales.
También precisó que la decisión cuestionada contiene una justificación coherente,
razonable y jurídicamente atendible, de modo que no hubo argumentación arbitraria ni
caprichosa alguna, sino que es el resultado de las conclusiones probatorias a las que
arribó la Sala luego de valorar en conjunto el material probatorio.
Por último, precisó que la parte accionante pretende reabrir el debate objeto de definición
en las instancias del proceso ordinario laboral, revisado en sede de casación y
posteriormente examinado en el marco de la acción de grupo promovida por error judicial,
a través de la reiteración de inconformidades que ya fueron resueltas por las autoridades
judiciales competentes, por lo que se desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela.
4.5. El Ministerio de Trabajo7 alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva al no
haber vulnerado los derechos fundamentales alegados por los accionantes.
4.6. La Gobernación de Antioquia8 solicitó declarar la improcedencia de la acción y, en
subsidio, que se niegue el amparo solicitado en la medida en que la providencia judicial
cuestionada no incurre en defecto constitucional alguno.
Respecto de la improcedencia alegó que los accionantes pretenden reabrir un debate
jurídico ampliamente agotado en a la jurisdicción ordinaria laboral y contencioso
administrativa, por lo que no debe permitirse el uso indebido de la acción constitucional
para valorar nuevamente argumentos ya estudiados y resueltos.
Adicionalmente alegó que la sentencia cuestionada se encuentra debidamente motivada
al realizar un examen explícito y razonado del régimen aplicable al error jurisdiccional,
estableciendo su naturaleza excepcional, su finalidad resarcitoria y los límites
constitucionales y jurisprudenciales.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de junio de 20269,
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. Consideró que la parte actora sustentó la acción de tutela en argumentos
7
Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 75A4109C1D02AE14 D136F77D459207AA
C5215E00F49EB1E3 94DA802BE7BBEA4B.
8
Índice 00018 del expediente digital de primera instancia, certificado 145BB06C48C7945E 9554B09BEEC9D01C
8E5F32EDCA2AF862 F37B1B71DE4E23ED.
9
Índice 00022 del expediente digital de primera instancia, certificado E51199AC8ADB3689 45E5CF1090F5387A
E8739F75587BF4F5 E9E592858B434EA7.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
expuestos y decididos en la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa, al indicar
que a través de la acción de grupo no se estaba reabriendo el debate ya concluido.
En ese sentido, advirtió que los cuestionamientos planteados por la parte accionante en la
acción de tutela coincidían sustancialmente con aquellos formulados en el proceso de
acción de grupo. En efecto, identificó que mediante la tutela se pretende reabrir la
discusión relacionada con la presunta configuración de un error judicial, con el propósito
de obtener una decisión favorable a sus intereses. Por lo que concluyó que la
inconformidad planteada se dirige a controvertir nuevamente las consideraciones que
sustentaron la decisión adoptada dentro del proceso ordinario e imponer una
interpretación distinta sobre la existencia del referido error.
Adicionalmente, indicó que, aunque la parte actora alegó que la providencia cuestionada
vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en los defectos de violación directa de la
Constitución, sustantivo y procedimental, lo cierto es que sus argumentos se encaminan a
obtener un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ya resuelta.
Al respecto, recordó que la acción de tutela constituye un mecanismo excepcional de
protección de los derechos fundamentales y, por tanto, no puede utilizarse como una
instancia adicional destinada a obtener una nueva valoración jurídica de un asunto ya
decidido por los jueces competentes, ni para sustituir su criterio por otro que resulte más
favorable a los intereses del accionante.
Por último, indicó que en los casos en que la providencia cuestionada proviene del órgano
de cierre de la jurisdicción, como sucede en el presente caso con la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales deben examinarse con especial rigurosidad, conforme lo ha
señalado la Corte Constitucional en la Sentencia T-398 de 2017.
6. Impugnación
La parte accionante presentó escrito de impugnación10 al considerar que la Sección
Cuarta declaró improcedente la tutela al abordarse de forma errónea el debate planteado
en la acción.
En primer lugar, precisó que los reproches formulados contra la sentencia cuestionada no
estaban dirigidos a reabrir el debate propio de la acción de grupo, sino a demostrar que
esta fue resuelta sin abordar el daño como elemento inicial e indispensable de la
responsabilidad estatal, omisión que, además, fue advertida expresamente en la
aclaración de voto del magistrado Alberto Montaña Plata.
Adicionalmente, sostuvo que dicha controversia no podía ser planteada con anterioridad
a la expedición de la sentencia cuestionada, pues la omisión alegada solo fue puesta de
manifiesto en la aclaración de voto. En consecuencia, resultaría temporal y lógicamente
imposible exigir que este reparo hubiera sido formulado en el recurso de apelación.
10
Índice 00028 del expediente digital de primera instancia, certificado 31B0DD1DE9AC471D 9C98BFF64402B750
BCF9C1301EF59C16 AE9CD4AD50BC6BFC.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
Señaló, asimismo, que la acción de tutela reviste relevancia constitucional, en tanto
plantea un problema de naturaleza constitucional consistente en determinar si una
sentencia que resuelve una acción de carácter indemnizatorio puede prescindir del
análisis del daño y considerar ajeno al juicio el material probatorio dirigido a acreditarlo.
Por ello, consideró que el juez de primera instancia erró al descartar la relevancia
constitucional del asunto, al equiparar el reproche formulado en sede de tutela con la
controversia de naturaleza laboral que fue objeto de debate en el proceso ordinario.
De igual manera, argumentó que, si bien la sentencia cuestionada hizo referencia a la
aclaración de voto, no explicó las razones por las cuales la consideración expuesta por el
magistrado disidente carecería de relevancia frente al debido proceso decisorio y al
acceso efectivo a la administración de justicia.
En esa línea, reconoció que la existencia de una aclaración de voto, por sí sola, no
determina la procedencia ni el amparo automático de sus derechos. Sin embargo,
sostuvo que su contenido sí impide descartar de plano la relevancia constitucional del
asunto, en la medida en que pone de manifiesto la existencia de una controversia jurídica
real y diferenciada respecto de la estructura argumentativa y decisoria de la providencia
cuestionada.
Finalmente, recalcó que el estándar reforzado de procedencia de la tutela contra
providencias proferidas por las altas cortes no supone que estas se encuentren al margen
del control constitucional. Dicho estándar comporta una mayor carga de argumentación
para quien promueve el amparo, pero no autoriza a excluir, de manera automática, la
posibilidad de examinar una eventual vulneración de derechos fundamentales.
El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de auto del
1° de julio de 202611, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque Carlos
Alberto Agudelo Castrillón, María Lucelly Álvarez de Zapata, Rómulo Arbeláez Muñoz,
Gilberto Ignacio Cartagena Yepes, Genaro de Jesús Duque Rincón, John Jairo Gaviria
Castro, Guillermo León Gómez Gómez, José Aníbal Higuita Fernández, Carlos Alberto
Jiménez Chancí, Iván Darío López Alzate, Alfredo Sánchez Orozco, Juan Esteban
11
Índice 00030 del expediente digital de primera instancia, certificado A78075E173292CE8 F455EE4399FD0275
CD7D0BDB995F117B D44C6977E125AD6D.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
Restrepo Estrada y Juan Guillermo Sánchez Sánchez son los titulares de las garantías
constitucionales que afirman fueron vulneradas, en su condición de accionantes dentro
del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo identificado con
radicado núm. 05001-23-33-000-2019-02012-03.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la sentencia
del 16 de febrero de 2026, que puso fin al proceso de reparación de perjuicios causados
a un grupo y que, según la parte accionante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
11 de junio de 2026, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos que
reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 12 indicó que estas proceden si se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general que habilitan la
interposición de la tutela13, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia
misma del amparo, una vez interpuesto14.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
14
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía e
independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”16.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que en las acciones de tutela interpuestas en contra de las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
15
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, cumplir el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional implica que el asunto afecte directa y significativamente los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución. Esto permite determinar la procedencia y
el alcance de la intervención del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La
afectación directa o repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el
impacto en el interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las
partes y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la
claridad y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 17.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional. En consecuencia, confirmará la decisión de primera instancia, por las
razones que se exponen a continuación.
5.1. La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad sindical. En consecuencia,
pretendió que se dejara sin efectos la sentencia del 16 de febrero de 2026, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se confirmó la
decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones del medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo. Asimismo, solicitó que se
ordenara emitir una nueva decisión en la que se precise expresamente que el juicio de
responsabilidad no constituye una instancia adicional ni sustituye la competencia del juez
natural.
Para sustentar sus pretensiones, alegó que la providencia cuestionada incurrió en un
defecto por violación directa de la Constitución, por cuanto desconoció los artículos 29,
39, 53, 228 y 229 superiores, al omitir el análisis del daño como primer elemento del juicio
de responsabilidad y reducir los argumentos constitucionales y convencionales
planteados a un intento de reabrir, a manera de una cuarta instancia, un debate ya
concluido.
De igual manera, atribuyó a la sentencia la configuración de un defecto sustantivo, pues,
a su juicio, el Consejo de Estado aplicó de manera irrazonable y desproporcionada la
regla según la cual el juicio de responsabilidad por error jurisdiccional no constituye una
17
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
instancia adicional. Sostuvo que dicha interpretación condujo a excluir injustificadamente
el análisis del daño y, con ello, a desnaturalizar la finalidad resarcitoria del régimen de
responsabilidad.
Por último, alegó la configuración de un defecto procedimental, al considerar que la
omisión del estudio del daño desvió el objeto propio del juicio de responsabilidad y afectó
la estructura decisoria del proceso, con incidencia en el derecho fundamental al debido
proceso.
5.2. A partir de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y del material
probatorio obrante en el expediente, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada
fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:
"58. Desde la primera instancia, el juzgado concluyó que la convención colectiva no
otorgaba un derecho concreto al reintegro y que la supresión de cargos obedeció a una
reestructuración administrativa legítima del departamento de Antioquia, reiterando la
jurisprudencia que reconoce la prevalencia del interés general en los procesos de
reorganización institucional. Al resolver la apelación, el Tribunal Superior de Medellín
confirmó la decisión al advertir que la supresión no fue arbitraria ni orientada a limitar la
libertad sindical, sino a modernizar el servicio público, resaltando además que el
Decreto Ordenanzal 2104 de 2004 dispuso la indemnización correspondiente, lo que
evidenciaba la regularidad del proceso administrativo.
59. Por su parte, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desestimó los cargos
formulados en sede de casación, no por inhibición –como se afirmó en la apelación–,
sino porque los recurrentes pretendieron reabrir un debate jurídico previamente zanjado
por el Tribunal, alegando errores de hecho en un asunto estrictamente jurídico,
cuestionando pruebas que no sustentaron la decisión y controvirtiendo la interpretación
de un decreto ya aceptada por su propia jurisprudencia, propósito que resultaba a todas
luces incompatible con la naturaleza extraordinaria, limitada y técnica de ese medio de
impugnación.
60.De otro lado, como quedó acreditado, en el recurso extraordinario de casación el
tercer cargo se enfocó en cuestionar la legitimidad de esa reestructuración
administrativa, pues, según aseguraron los recurrentes, de haber interpretado
correctamente la normativa, la autoridad judicial habría concluido que el empleador
excedió sus competencias y que la reforma debía declararse ilegítima. En el sub-lite, de
la misma manera, la parte actora indicó que el operador judicial al decidir la demanda
laboral legitimó un procedimiento sustentado en normas de inferior jerarquía, que
desconoció la Constitución al omitir la debida ponderación ante la colisión de principios y
privilegiar indebidamente intereses de la administración bajo la invocación abstracta del
interés general.
61. Sobre este mismo tópico, el Juzgado Octavo de Descongestión del Circuito de
Medellín ya había sostenido que la supresión se fundamentó en actos administrativos
amparados por la presunción de legalidad, cuya validez solo podía discutirse ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, por lo cual no podía revisar ni desvirtuar esas
decisiones orientadas al interés general. Al resolver la apelación, el Tribunal Superior
de Medellín afirmó que el despido tuvo justa causa al originarse en una reestructuración
legítima, sin indicios de arbitrariedad, retaliación sindical o propósitos caprichosos, y
reiteró que los actos administrativos que la sustentaban gozaban de presunción de
legalidad.
(…)
64. De conformidad con los elementos de convicción previamente referenciados, está
probado que, en ambas instancias del proceso ordinario, se resolvieron los mismos
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
cuestionamientos de que trata la demanda que da origen al presente proceso, que
después se llevaron casación y que, ahora, so pretexto de darles el ropaje de un error
jurisdiccional, se pretende un nuevo estudio a manera de una cuarta definición
jurisdiccional.
65. Reitera la Sala que la Corte al resolver los cargos ya referenciados, realizó un
análisis completo y razonado, a partir del cual concluyó que no existía conflicto colectivo
de trabajo para el momento de la terminación de los contratos de trabajo de los actores
y, por ende, no existía a su favor la garantía del fuero circunstancial; además, descartó
que la decisión del Ministerio fuera la que hubiera impedido la continuidad del conflicto,
de manera que no encontró probada ninguna vulneración a los derechos fundamentales
y sindicales de los accionantes. Al respecto, señaló (se transcribe de manera literal):
(…)
66. Con los elementos hasta aquí expuestos, no tiene duda esta Sala que los cargos
formulados en este proceso evidencian el desacuerdo de los accionantes con la
apreciación probatoria y la hermenéutica normativa efectuadas por la jurisdicción
ordinaria laboral, reproches que ya fueron planteados mediante el recurso extraordinario
de casación contra la sentencia del 21 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal
Superior de Medellín. De manera que esta Subsección no solo considera inmutable y
definitivo lo resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
la sentencia del 21 de marzo de 2018, sino que, además, concluye que sus
consideraciones no son portadoras de errores como lo asevera el grupo demandante;
por el contrario, constituyen plena prueba del acierto de la decisión del Tribunal en
cuanto resolvió con suficiencia y razonabilidad los mismos cargos que se plantean en
este proceso en su contra.
(…)
73. En el presente asunto, además de que los actores han traído un ataque de instancia
contra unas decisiones judiciales, no estructuraron una carga argumentativa idónea que
permita atribuir un error jurisdiccional a la sentencia de casación, en tanto se limitaron a
reproducir los mismos yerros de derecho alegados frente a las decisiones de instancia.
74. Como se advierte, los cargos formulados se limitan a cuestionamientos sustanciales
y declarativos relativos a la presunta vulneración de principios constitucionales del
trabajo, al alcance del fuero circunstancial, a la aplicación de disposiciones
convencionales, a la exigencia de autorización administrativa para la suspensión o
terminación de los contratos y a la ponderación de principios constitucionales, todos
ellos asuntos propios del debate ordinario ya resuelto por los jueces de instancia y
examinados por la Corte Suprema de Justicia en los estrictos términos del referido
recurso extraordinario.
75. Ninguno de tales reproches se dirige a demostrar, con sujeción a una causal
específica de las previstas para ese mecanismo de impugnación, que el órgano de
cierre hubiese incurrido en un yerro ostensible al efectuar el juicio de legalidad de la
sentencia acusada, razón por la cual no se satisface la carga argumentativa cualificada
exigida para estructurar un error jurisdiccional frente a una providencia dictada en sede
de casación.
(…)
79. Por consiguiente, se confirmará la decisión apelada que negó las pretensiones de la
demanda, puesto que del análisis aquí efectuado se desprende que el a quo acertó al
concluir que los accionantes, bajo la apariencia de un error jurisdiccional, pretenden en
realidad utilizar dicho título de imputación como un mecanismo de revisión de decisiones
declarativas judiciales amparadas por la cosa juzgada, al lado de lo cual, esta Sala
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
concluye que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige dicho título
de imputación frente a una providencia dictada en sede de casación.”
Del análisis de la providencia cuestionada se advierte que el Consejo de Estado concluyó
que los cuestionamientos formulados por los demandantes ya habían sido examinados y
resueltos por la jurisdicción ordinaria laboral, tanto en las instancias como en sede de
casación. En particular, se había determinado que la convención colectiva no otorgaba un
derecho concreto al reintegro, que la terminación de los contratos obedeció a una
reestructuración administrativa legítima y que no se acreditó arbitrariedad, retaliación
sindical, fuero circunstancial ni vulneración de los derechos sindicales invocados.
En ese sentido, consideró que, bajo la apariencia de un error jurisdiccional, los actores
pretendían reabrir la discusión sobre la valoración probatoria y la interpretación normativa
efectuadas por los jueces laborales y obtener una nueva revisión de decisiones
amparadas por la cosa juzgada. Además, advirtió que no cumplieron la carga
argumentativa cualificada para demostrar un yerro ostensible atribuible a la sentencia de
casación, pues se limitaron a reproducir cuestionamientos ya planteados y resueltos en el
proceso ordinario. En consecuencia, señaló que los reproches planteados evidenciaban,
en realidad, el desacuerdo de los accionantes con la valoración probatoria y la
interpretación normativa efectuadas por la jurisdicción ordinaria, aspectos que también
fueron controvertidos mediante el recurso extraordinario de casación.
5.3. En ese contexto, la Sala observa que el debate propuesto por la parte actora fue
objeto de examen por los jueces naturales, sin que se advierta, prima facie, una actuación
arbitraria o carente de sustento probatorio o normativo.
En efecto, los argumentos formulados en la presente acción de tutela coinciden, en lo
sustancial, con aquellos planteados por la parte actora en el proceso ordinario laboral, en
sede de casación y, posteriormente, en el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, promovido con fundamento en un presunto error jurisdiccional. En
esos escenarios, la controversia giró, esencialmente, en torno a la conclusión según la
cual la convención colectiva no otorgaba un derecho concreto al reintegro y, por
consiguiente, a la negativa de reconocer una indemnización derivada de la imposibilidad
de efectuarlo.
Por tanto, aunque en sede de tutela tales inconformidades fueron reformuladas bajo la
denominación de defectos por violación directa de la Constitución, sustantivo y
procedimental, lo cierto es que reproducen, en esencia, los mismos reparos que fueron
planteados y resueltos por las jurisdicciones ordinaria laboral y de lo contencioso
administrativo.
5.4. Respecto de los argumentos presentados por la parte accionante en la impugnación,
la Sala precisa que la existencia de una aclaración de voto no dota, por sí sola, de
relevancia constitucional a la acción de tutela ni evidencia que la providencia cuestionada
haya vulnerado derechos fundamentales.
En efecto, la aclaración de voto constituye una manifestación individual que no desvirtúa
ni resta fuerza vinculante a la decisión adoptada por la mayoría. Por tanto, el hecho de
que uno de los integrantes de la corporación haya expresado consideraciones distintas no
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
habilita al juez de tutela para controvertir la interpretación acogida en la providencia
cuestionada, pues ello supondría interferir en el ámbito de autonomía e independencia del
juez natural. En consecuencia, corresponde al juez constitucional respetar las
interpretaciones adoptadas dentro del marco de las competencias de la autoridad judicial,
salvo que se advierta una afectación evidente de derechos fundamentales, circunstancia
que no se acredita en el presente asunto.
5.5. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que no basta la
simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia, ii) su
carácter desproporcionado, y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración18.
5.6. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación normativa sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con
el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, sin que haya demostrado la
violación del derecho fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada por la
parte accionante está encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del
proceso de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo, toda vez que reitera
argumentos de índole legal y probatorio expuestos en el recurso de apelación interpuesto
en el marco de dicho proceso, sin esbozar las razones concretas por las cuales los
derechos fundamentales invocados fueron vulnerados con la providencia atacada, lo que
escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta
en el principio de autonomía judicial.
5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto a una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada19, lo que se opone a que use indebidamente como
18
Sentencia SU215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
SU-215 de 2022.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03119-01
Demandante: Carlos Alberto Agudelo Castrillón y otros
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 20.
En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela por
falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en ese orden,
confirmará la decisión impugnada, conforme a los argumentos expuestos ut supra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de junio de 2026 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta
por Carlos Alberto Agudelo Castrillón, María Lucelly Álvarez de Zapata, Rómulo Arbeláez
Muñoz, Gilberto Ignacio Cartagena Yepes, Genaro de Jesús Duque Rincón, John Jairo
Gaviria Castro, Guillermo León Gómez Gómez, José Aníbal Higuita Fernández, Carlos
Alberto Jiménez Chancí, Iván Darío López Alzate, Alfredo Sánchez Orozco, Juan Esteban
Restrepo Estrada y Juan Guillermo Sánchez Sánchez contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
AOB
20
Ibid.
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.