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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03128-01

Fecha
8 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03128-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03128-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

8 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, ocho (8) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Demandante: ANGELA KARINA MOLINA SÁNCHEZ
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia que negó el reconocimiento de una
relación laboral encubierta por considerar que el tribunal valoró indebidamente las pruebas sobre
la subordinación y desconoció el precedente aplicable; la Sala confirmará la improcedencia del
amparo por falta de relevancia constitucional, porque los reparos reproducen los argumentos
planteados en el proceso ordinarios y frente a ellos el juez natural ya se pronunció y, en relación
con el presunto desconocimiento del precedente porque no se satisfizo la carga argumentativa
necesaria para estudiar dicho defecto.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la demandante en contra de sentencia del
16 de junio de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DESVINCULAR al Ministerio de Minas y Energías del presente
trámite, conforme lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por el Juzgado 49
Administrativo del Circuito de Bogotá y la Agencia Nacional de Minería.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia (…).
(Negrillas y mayúsculas fijas del original - SAMAI, índice 17).

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

Mediante escrito presentado el 24 de abril de 20261, la señora Angela Karina promovió
un proceso de acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que le sean amparados sus derechos
fundamentales del debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la
sentencia del 27 de octubre de 2025 proferida dentro del proceso con radicación no.
11001- 33-42-049-2022-00386-00/01/02.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 8 de marzo de 2005, inició la prestación de sus servicios en el entonces Instituto
Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS– mediante un contrato de práctica y
luego se vinculó a través de sucesivos contratos de prestación de servicios hasta el año
2011; posteriormente, con ocasión de la transformación de esa entidad ordenada por el
Decreto 4131 de 2011 continuó la prestación de sus servicios en el Servicio Geológico
Colombiano y, luego, en la Agencia Nacional de Minería hasta el año 2018.

2) Durante ese período desempeñó de manera personal y continua actividades de
naturaleza jurídica relacionadas con la función misional de las entidades, para lo cual
utilizó los elementos de trabajo suministrados por estas y efectuó desplazamientos a
territorios mineros; asimismo, cumplía horarios e instrucciones y desarrollaba labores
semejantes a las asignadas al personal de planta, circunstancias por las cuales consideró
que los contratos de prestación de servicios encubrieron una verdadera relación laboral.

3) El 16 de diciembre de 2020, presentó reclamación administrativa ante las entidades
con las cuales estuvo vinculada para obtener el reconocimiento de la relación laboral y
de las acreencias derivadas de esta, solicitudes que fueron negadas mediante los Oficios
nos. 20215100275061 del 22 de enero de 2021 de la Agencia Nacional de Minería, 2-
2020-024164 del 31 de diciembre de 2020 del Ministerio de Minas y Energía y
20211100000351 del 13 de enero de 2021 del Servicio Geológico Colombiano.

4) El 16 de febrero de 2022, promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Minas y
Energía, la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano, con el

1 SAMAI, índice 03.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

propósito de obtener el reconocimiento de la relación laboral que, a su juicio, permaneció
encubierta bajo los referidos contratos de prestación de servicios.

5) Mediante providencia del 24 de octubre de 2024, el Juzgado 49 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá declaró probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Nación – Ministerio de Minas y Energía, acogió varias
de las excepciones formuladas por las demás demandadas2 y negó las pretensiones de
la demanda.

6) Interpuso recurso de apelación, en el cual cuestionó, entre otros aspectos, la
valoración del elemento de subordinación, la continuidad de las funciones desarrolladas
durante más de diez años, los desplazamientos para efectuar labores de campo y la
apreciación de las pruebas documentales; además, alegó la existencia de indicios de
laboralidad y de una decisión adoptada en un caso que estimó similar en la que se
reconoció una relación de trabajo.

7) Mediante sentencia del 27 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia,
porque encontró acreditadas la prestación personal del servicio y la remuneración, pero
consideró que no se demostró de manera suficiente el elemento de subordinación o
dependencia necesario para declarar la existencia de la relación laboral.

8) Para adoptar esa decisión, estimó que el material probatorio no permitía establecer la
imposición de un horario o jornada laboral fija ni la existencia de órdenes permanentes
impartidas por superiores jerárquicos; las instrucciones, memorandos y exigencias de
reporte correspondían a mecanismos propios de la coordinación y supervisión
contractual, y no al ejercicio de un poder subordinante.

2 “Segundo. Declarar probadas las excepciones de imposibilidad de configurarse la relación laboral
inexistencia de los elementos configurativos de la relación laboral por autonomía de la profesional para
ejecutar sus labores; autonomía de la voluntad cumplimiento de los requisitos exigidos para proceder a la
contratación de prestación de servicios formuladas por el Servicio Geológico Colombiano; así como las de
procedencia de los contratos de prestación de servicios; inexistencia de la relación laboral; improcedencia
del reintegro; improcedencia del reconocimiento y pago de prestaciones sociales; inexistencia de prestación
de servicios profesionales continuada y cobro de lo no debido”.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

Fundamento de la vulneración

La parte actora alegó que la sentencia del 27 de octubre de 2025 incurrió en un defecto
fáctico pues, se desconoció el alcance de las pruebas documentales y testimoniales que
demostraban que desarrolló sus actividades en condiciones propias de una relación
laboral, entre ellas, el cumplimiento de horarios y turnos de almuerzo, la prestación
personal y permanente del servicio durante aproximadamente 13 años, el desarrollo de
las labores en las instalaciones de las entidades, la utilización de los elementos
suministrados por estas, los desplazamientos a territorios mineros, la asignación de carga
de trabajo y el sometimiento a instrucciones y controles.

El tribunal examinó de manera aislada las pruebas y omitió valorarlas conjuntamente
como indicios de laboralidad, en los términos de la Recomendación 198 de 2006 de la
Organización Internacional del Trabajo; además, cuestionó la apreciación de las
declaraciones rendidas en el proceso porque, en su criterio, corroboraban el
cumplimiento de horarios, la asignación de puestos y elementos de trabajo, la impartición
de instrucciones y la necesidad de informar o solicitar autorización para ausentarse.

En segundo término, invocó un defecto sustantivo debido a que, a su juicio, la autoridad
judicial desconoció la realidad material en la que se ejecutaron los contratos y privilegió
su denominación formal como contratos de prestación de servicios, pese a que los
elementos probatorios demostraban las condiciones propias de una relación laboral
subordinada.

También alegó la violación directa de la Constitución, porque el tribunal desconoció los
principios de primacía de la realidad sobre las formalidades, favorabilidad e in dubio pro
operario, así como las disposiciones internacionales invocadas en la demanda, al
resolver la controversia desde la perspectiva propia de una relación contractual y no a
partir de las garantías constitucionales que rigen las relaciones de trabajo.

Finalmente, atribuyó a la sentencia un desconocimiento del precedente, para lo cual
invocó las sentencias T-253 de 2015, SU-448 de 2016, T-366 de 2023, T-809 y T-159 de
2000, T-041 de 2025, T-730 de 2014, SU-428 de 2024 y T-164 de 2025 de la Corte
Constitucional, así como la sentencia de unificación SUJ- 025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

Aunado a ello, hizo referencia a seis providencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que resolvieron controversias similares relacionadas3.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“PRIMERO: Amparar de manera inmediata los derechos fundamentales al
derecho al trabajo, la seguridad social, a la igualdad, al debido proceso, y
demás, consagrados en los artículos 1, 13, 25, 29, 48, 53, 93 y 228
constitucionales, a favor de la señora Ángela Karina Molina Sánchez y demás
derivados del preámbulo y de la Constitución, que fueron vulnerados por la
acción o la omisión de la Subsección “A”, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por presentarse causales genéricas y
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

SEGUNDO: Tutelar los derechos fundamentales transgredidos a la señora
Ángela Karina Molina Sánchez a la luz de los principios como favorabilidad,
primacía de la realidad sobre las formalidades, pro homine, confianza legitima
y demás que se encuentren vulnerados.

TERCERO: Tutelar los derechos fundamentales vulnerados a la señora Ángela
Karina Molina Sánchez por violación a las causales genéricas y específicas,
tales como: defecto sustantivo, defecto fáctico y violación directa de la
constitución.

CUARTO: Aplicar los convenios y tratados internacionales en materia de
derechos laborales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en
especial la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo,
que versa sobre la protección efectiva a los trabajadores en el marco de una
relación de trabajo, así como todos los instrumentos jurídicos internacionales
que contemplan el derecho del trabajo como un derecho humano, tales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos
Cívicos y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y
Culturales.

QUINTO: Se Revoqué integralmente la sentencia dictada por la Sección
Segunda- Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sentencia de Segunda Instancia Expediente 11001-33-42-2022-00386-00.
Sentencia No. 200, adiada el 27 de octubre de 2025.

3 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, sentencia con radicado No.

11001-33-35-010-2023-00044-01 del 11 de diciembre de 2025, M.P. Alba Lucía Becerra Avella; Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, sentencia con radicado No. 11001-33-
35-025-2020-00279-01, M.P. Andrés José Quintero Gnecco; Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, sentencia con radicado No. 11001-33-35-009-2023-00386-01 del 13 de
febrero de 2026, M.P. Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, sentencia con radicado No. 11001-33-42-050-2023-00058-01 del 25 de
septiembre de 2024, M.P. Carlos Alberto Orlando Jaiquel; Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia con radicado No. 11001-33-35-029-2020-00234-01 del 28 de
agosto de 2024, M.P. Luis Gilberto Ortegón Ortegón.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

SEXTO: Dejar sin efectos la providencia descrita en el numeral primero, de
conformidad con los fundamentos fácticos, razones jurídicas e interpretación
amplia que se exponen en la presente acción constitucional.

SÉPTIMO: Ordenar la realización de una sentencia que salvaguarde derechos
fundamentales de la accionante”.( SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 27 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados
integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; asimismo,
vinculó como terceros con interés al Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional
de Minería y el Servicio Geológico Colombiano, por haber intervenido en el proceso
ordinario que dio origen a la controversia (SAMAI, índice 05).

Sentencia de primera instancia

A través de fallo del 16 de junio de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, porque los reparos formulados frente a los defectos fáctico, sustantivo y
por violación directa de la Constitución estaban dirigidos a controvertir la valoración
probatoria efectuada por el juez natural y a obtener un nuevo pronunciamiento sobre una
controversia ya resuelta en el proceso ordinario.

Los cuestionamientos relacionados con la acreditación de la subordinación ya habían
sido planteados en el recurso de apelación y fueron examinados por el tribunal, autoridad
que valoró los contratos de prestación de servicios, memorandos, registros, documentos
relativos a horarios y desplazamientos, así como las declaraciones recaudadas, para
concluir que esos elementos no demostraban la existencia de un horario impuesto,
órdenes permanentes o el ejercicio de un poder subordinante.

Además, la autoridad judicial accionada sí examinó los indicios invocados por la
demandante, entre ellos, la duración de la vinculación, el desarrollo de actividades
misionales, la prestación del servicio en las instalaciones de las entidades, los horarios
de atención y almuerzo, así como las instrucciones y lineamientos impartidos; sin

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Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

embargo, concluyó que tales circunstancias correspondían a la ejecución y supervisión
de los contratos y no acreditaban, por sí mismas, una relación de subordinación.

Frente al desconocimiento del precedente señaló que la accionante se limitó a relacionar
varias sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sin explicar la
semejanza fáctica y jurídica con su asunto, la regla de decisión aplicable ni las razones
por las cuales el tribunal estaba obligado a observarla; respecto de las providencias del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tampoco se acreditó la existencia de un
precedente horizontal vinculante ni su apartamiento injustificado.

Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que el a quo efectuó
una lectura restrictiva de la acción de tutela debido a que concluyó que los reparos
formulados pretendían reabrir el debate probatorio surtido ante el juez natural, pues, en
su criterio, el cuestionamiento constitucional se dirigió a demostrar que la providencia
controvertida incurrió en defectos que trascendieron una simple discrepancia con la
valoración de las pruebas.

En particular, reiteró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no valoró
integralmente el material probatorio que, a su juicio, demostraba la subordinación durante
la ejecución de los contratos de prestación de servicios, entre otros elementos, la sujeción
a horarios, la permanencia en las instalaciones de las entidades, las instrucciones
impartidas, los controles sobre el desarrollo de las actividades, la continuidad de la
vinculación y las declaraciones rendidas dentro del proceso; por ello, insistió en que el
análisis debía efectuarse a partir del conjunto de indicios y no mediante la apreciación
aislada de cada elemento.

Asimismo, cuestionó la conclusión del fallo impugnado respecto del desconocimiento del
precedente, pues señaló que en la solicitud de amparo sí identificó decisiones de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
estimó aplicables al asunto, por lo cual insistió en ello.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 27 de octubre de 2025.

En primera instancia se declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, tras estimar que los reparos pretendían reabrir el debate probatorio
resuelto por el juez natural y, en la impugnación, la parte actora alegó que los defectos
alegados sí planteaban una controversia constitucional derivada de la indebida valoración
de las pruebas y del desconocimiento del precedente.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
encuentra la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.

4 Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03128-01
Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales 6”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho

5 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,

sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.7”.

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras

7 Idem.

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Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
por los jueces naturales en su ejercicio y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto

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Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios8”.

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.

2.1. Verificación del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

1) La parte actora le atribuyó a la providencia cuestionada los defectos fáctico y sustantivo
y la violación directa de la Constitución.

2) Sin embargo, la Sala advierte que tales cuestionamientos coinciden con lo planteado
en el recurso de apelación, pues en esa oportunidad reprochó la valoración de las
pruebas documentales y testimoniales y sostuvo que estas demostraban la prestación
personal del servicio bajo subordinación, la ausencia de autonomía, el cumplimiento de
horarios e instrucciones, el desarrollo de labores propias de las entidades y la ejecución
permanente de actividades relacionadas con su objeto misional.

3) Por tanto, no se trata de aspectos que quedaron al margen del debate ordinario ni de
circunstancias que el tribunal haya dejado de examinar, pues en la providencia
cuestionada esa autoridad reconoció expresamente que la demandante desarrolló
actividades de naturaleza misional, pero precisó que ese elemento no resultaba suficiente

8 Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel

Cabo.

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Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

para declarar la existencia de una relación laboral, dado que también debía acreditarse
la subordinación o dependencia, para lo cual analizó, entre otros aspectos, lo siguiente:

“No cabe duda de que durante el periodo analizado la demandante desarrolló
actividades de naturaleza misional, conforme se desprende de los contratos
celebrados, los certificados expedidos por las entidades y los testimonios
recaudados. Sin embargo, ello no resulta suficiente por sí solo para declarar la
existencia de una relación laboral, siendo necesario determinar si, además del
carácter misional de las funciones desempeñadas, se configuraron otros
elementos fácticos que permitan acreditar la subordinación o dependencia, tales
como la existencia de un lugar de trabajo determinado, el cumplimiento de un
horario fijo, o la presencia de órdenes directas, supervisión constante o control
efectivo sobre las actividades ejecutadas”.

4) En relación con el horario, el tribunal tuvo en cuenta que la demandante manifestó que
debía acudir presencialmente a las instalaciones para atender usuarios y consultar los
expedientes físicos, no obstante, concluyó que las pruebas no demostraban que esa
presencia obedeciera a una jornada impuesta entre las 8:00 am y las 4:00 pm; también
valoró las declaraciones de Carlos Ferrer y Claudia Oviedo y destacó que el primero no
tenía conocimiento de la imposición de un horario y la segunda desconocía la existencia
de llamados de atención por inasistencia o incumplimiento de jornada.

5) La autoridad judicial también se pronunció sobre los mecanismos de ingreso y los
carnés institucionales y estimó que no demostraban un control de asistencia, porque
correspondían a medidas de seguridad y, además, en la identificación de la demandante
constaba su condición de contratista; por consiguiente, la conclusión acerca de la
inexistencia de un horario subordinado no provino de la ausencia de valoración de esos
elementos, sino del alcance probatorio que el juez natural les atribuyó:

“Respecto del cumplimiento de un horario de trabajo, no se acreditó su
imposición. Si bien la demandante sostuvo que debía cumplir una jornada
presencial por atender el Área de Atención al Usuario y por el manejo de
expedientes físicos, las pruebas no demuestran que su presencia en las
instalaciones fuera obligatoria ni que estuviera sometida a un horario
determinado entre 8:00 a.m. y 4:00 p.m. Los testimonios así lo corroboran: el
señor Carlos Ferrer manifestó que no le constaba la existencia de un horario
impuesto, y la señora Claudia Oviedo indicó no conocer si existían llamados de
atención por inasistencia o incumplimiento de jornada.

Aun cuando se mencionó la existencia de minutas de ingreso o carnés
institucionales, no obran en el expediente elementos que permitan concluir que
tales mecanismos se utilizaran con fines de control de asistencia o supervisión
horaria. Por el contrario, los declarantes coincidieron en señalar que dichos
instrumentos obedecían a protocolos de seguridad y que en los carnés se
identificaba expresamente a la actora como contratista”.

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Acción de tutela

6) Igual ocurre con las órdenes, instrucciones, memorandos, repartos e informes que la
parte actora invoca nuevamente en sede de tutela, toda vez que el tribunal examinó esas
circunstancias y concluyó que correspondían a la coordinación técnica y administrativa
necesaria para la ejecución y supervisión de los contratos, sin que acreditaran el ejercicio
de un poder jerárquico o disciplinario; en ese sentido, la sentencia distinguió entre la
supervisión de los productos y obligaciones pactados y la subordinación propia de una
relación laboral, así:

“Del análisis integral del material probatorio obrante en el expediente, se tiene
acreditado que las labores contratadas por la señora Ángela Karina Molina
Sánchez fueron desarrolladas en el Instituto Colombiano de Geología y Minería
–INGEOMINAS, el Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de
Minería. No obstante, ni la documentación contractual aportada al proceso, ni
la declaración rendida por la propia demandante, ni los testimonios de Rosa
Aneix Esteban, Carlos Alberto Ferrer y Claudia Consuelo Oviedo, permiten
establecer de manera clara, coherente y suficiente las condiciones fácticas en
las que se desarrollaron los servicios, en particular en lo referente a la existencia
de un horario de trabajo impuesto, una jornada laboral fija y continua, o la
presencia de órdenes directas o instrucciones permanentes impartidas por
superiores jerárquicos.

En ese sentido, no se demostró que durante la ejecución contractual se
hubieran configurado circunstancias que permitieran desvirtuar la forma jurídica
adoptada —esto es, contratos de prestación de servicios— y, en su lugar,
evidenciar una subordinación propia de una relación laboral. Lo que se observa
es una coordinación operativa y funcional, propia de la dinámica de los contratos
de prestación de servicios profesionales, pero carente de los elementos
estructurales de dependencia jerárquica, control disciplinario o sujeción
permanente al poder directivo de la administración”.

7) En ese contexto, el hecho de que la demandante atribuya a los mismos elementos un
alcance diferente no plantea una controversia de relevancia constitucional, pues el reparo
no parte de una prueba omitida o de una circunstancia ignorada por el juez natural, sino
de la inconformidad con la conclusión según la cual los elementos acreditados
demostraban coordinación contractual y no subordinación laboral.

8) Esa misma conclusión resulta aplicable a los memorandos, instrucciones, actas de
reparto, turnos de almuerzo y declaraciones testimoniales que la demandante invoca
nuevamente en sede de tutela, pues tales elementos fueron examinados por el tribunal y
confrontados con las demás pruebas recaudadas para establecer si acreditaban un poder
subordinante; por tanto, el desacuerdo radica en el alcance que el juez natural les atribuyó
y no en la ausencia de valoración.

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Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

10) De ahí que tampoco resulte suficiente afirmar que tales circunstancias debieron
apreciarse como un “haz de indicios”, pues la providencia cuestionada efectuó una
valoración conjunta del material probatorio y, a partir de esta, concluyó que no se
acreditaron un horario impuesto, una jornada fija y continua ni órdenes o instrucciones
permanentes provenientes de superiores jerárquicos; en consecuencia, el reparo
pretende controvertir la conclusión probatoria alcanzada por el Tribunal y obtener del juez
constitucional una valoración diferente.

9) En esas condiciones, aunque la demandante formuló sus reparos bajo la
denominación de defecto fáctico, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución,
todos tienen como fundamento común su inconformidad con el alcance que el tribunal
atribuyó al material probatorio y pretenden que el juez constitucional tenga por
demostrada la subordinación que el juez natural descartó; por tanto, la controversia
propuesta no trasciende el ámbito propio del proceso ordinario.

10) En cuanto al desconocimiento del precedente, la parte actora cuestionó en la
impugnación la conclusión del a quo según la cual no satisfizo la carga argumentativa
exigida para estructurar dicho defecto, pues sostuvo que en la solicitud de amparo
identificó decisiones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que reconocen la primacía de la realidad sobre las
formalidades y establecen criterios para determinar la existencia de una relación laboral
encubierta.

11) No obstante, la sola referencia a esas providencias y a los principios que desarrollan
no demuestra que la sentencia cuestionada se hubiera apartado de una regla
jurisprudencial aplicable al asunto, pues correspondía a la demandante identificar la regla
de decisión que estimaba desconocida, establecer su aplicabilidad a las circunstancias
concretas del proceso y explicar por qué las razones expuestas por el Tribunal resultaban
incompatibles con aquella.

12) Esa carga no se satisface con afirmar que otros asuntos relacionados con contratos
de prestación de servicios concluyeron con el reconocimiento de una relación laboral,
dado que la determinación del contrato realidad depende de las circunstancias
acreditadas en cada proceso y, en particular, de la demostración del elemento de
subordinación; precisamente, en el asunto de la referencia el tribunal no desconoció la
posibilidad de acreditar ese elemento mediante indicios, sino que examinó las

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circunstancias invocadas por la demandante y concluyó que estas no demostraban el
ejercicio de un poder subordinante.

13) Por esa razón, tampoco se advierte que la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 9 de septiembre de 2021 o las providencias constitucionales invocadas
impusieran al tribunal una conclusión diferente respecto del material probatorio
recaudado, pues el desacuerdo de la parte actora se refiere a que los indicios acreditados
debieron conducir al reconocimiento de la subordinación; cuestión que corresponde a la
valoración efectuada por el juez natural y no demuestra, por sí misma, el desconocimiento
de una regla jurisprudencial vinculante.

14) Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pues los reparos
formulados frente a la valoración del material probatorio reproducen una controversia que
fue planteada y resuelta por el juez natural, sin que la acción de tutela permita advertir un
cuestionamiento constitucional que justifique un nuevo examen de esos elementos; a su
vez, el cargo por desconocimiento del precedente no satisfizo la carga argumentativa
necesaria para estructurar el defecto alegado.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Actor (a): Angela Karina Molina Sánchez
Acción de tutela

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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