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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03129-00

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03129-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente de la acción de tutela contra Tribunal Administrativo de Sucre, por falta de legitimidad por activa respecto de la accionante, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03129-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03129-00

Accionante: KARLA TATIANA SOTO CANTILLO

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-Legitimación en la causa por activa. MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada y el
desconocimiento negligente de términos. MORA JUDICIAL-Por la congestión estructural de los despachos judiciales
no toda dilación configura mora. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Cesa el trámite de la tutela. CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO-Hecho superado cuando la autoridad satisface lo solicitado sin que medie la orden del juez.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Karla Tatiana Soto Cantillo contra el
Tribunal Administrativo de Sucre.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 22 de abril de 2026, Karla Tatiana Soto Cantillo, en nombre propio, formuló acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo, que considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre, al haber incurrido en una presunta
mora judicial, pues no ha dado trámite a una demanda instaurada desde el 12 de abril de
2024 en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho1, promovido en su calidad
de apoderada judicial de Ecopetrol S.A.

En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente:

1 Proceso identificado con el radicado: 70001-23-33-000-2024-00068-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03129-00
Accionante: Karla Tatiana Soto Cantillo
Acción de tutela–Primera instancia

1. AMPARAR los derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso
a la administración de justicia y trabajo de la suscrita, en su calidad de apoderada
judicial dentro del proceso radicado No. 70001233300020240006800:
2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que, dentro de un término
perentorio fijado por el juez de tutela, preferiblemente no superior a cuarenta y
ocho (48) horas, profiera decisión de fondo sobre la admisión de la demanda
presentada el 12 de abril de 2024.
3. ORDENAR al mismo despacho judicial que, en lo sucesivo, adelante el trámite
del proceso con sujeción a los principios de celeridad, eficacia y respeto por los
términos procesales, evitando nuevas dilaciones injustificadas.
4. ADOPTAR cualquier otra medida que el despacho estime necesaria para
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados.2

2. Hechos relevantes

La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue radicada el 12 de abril de 2024 3.
El 17 de julio siguiente 4, la accionante presentó solicitud de admisión de la demanda y el
5 de septiembre impulso procesal5. Posteriormente, el 11 de agosto y el 11 de diciembre
de 2025, así como el 3 de febrero de 20266, la accionante reiteró dicha solicitud, sin que,
a la fecha, la autoridad accionada se haya pronunciado al respecto.

3. Fundamentos de la acción

La accionante sostiene que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales
de petición, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al trabajo, por
cuanto no ha proferido auto que admita la demanda instaurada desde hace más de dos
años, lo que afecta el acceso a la administración de justicia e impacta directament e su
ejercicio profesional como abogada.

Afirmó que la decisión de admisión de la demanda, por constituir una etapa inicial del
proceso, no reviste complejidad que justifique la demora. Asimismo, reiteró que las
actuaciones desplegadas como parte procesal evidencian su conducta diligente para

2 Cfr. SAMAI, índice 2.
3 Cfr. SAMAI, índice 1. Proceso identificado con el radicado: 70001-23-33-000-2024-00068-00.
4 Cfr. SAMAI, índice 4. Proceso identificado con el radicado: 70001-23-33-000-2024-00068-00.
5 Cfr. SAMAI, índice 5. Proceso identificado con el radicado: 70001-23-33-000-2024-00068-00.
6 Cfr. SAMAI, índice 7, 9 y 10. Proceso identificado con el radicado: 70001-23-33-000-2024-00068-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03129-00
Accionante: Karla Tatiana Soto Cantillo
Acción de tutela–Primera instancia

obtener un pronunciamiento. Consideró que tales impulsos procesales no han sido
resueltos por el Tribunal dentro de un término razonable, lo que también implica una
vulneración al debido proceso. Igualmente, afirmó que, aun en el evento de existir
congestión judicial, dicha circunstancia no justifica la inactividad en actuaciones básicas
del despacho. Alegó que el Tribunal omitió el cumplimiento de sus deberes funcionales.
Adujo que, como consecuencia de esa inactividad, la falta de avance del proceso genera
la imposibilidad de presentar actuaciones, lo que le impide ejercer una defensa técnica y
limita el desarrollo de su actividad profesional.

4. Trámite procesal

El 27 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela 7 y se ordenó su notificación a la
accionante, a la autoridad accionada y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Igualmente, se ordenó tener como prueba el documento aportado con la solicitud
de tutela y se requirió a la accionante para que aportara poder otorgado por Ecopetrol
S.A.

En su escrito de contestación 8, el Tribunal Administrativo de Sucre informó que el 8 de
mayo de 2026 profirió auto admisorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por Ecopetrol S.A. contra el municipio de Santiago de Tolú. El
Tribunal señaló que el despacho ponente fue creado el 19 de diciembre de 2023 y que la
redistribución de procesos se realizó desde el 16 de mayo de 2024 hasta el 18 de junio
de 2024. Indicó que la apertura del reparto de procesos inició el 30 de julio siguiente. El
Tribunal manifestó que ha dado prioridad al alto volumen de asuntos laborales y
constitucionales, mientras que los demás asuntos han surtido trámite en estricto orden.
Apuntó que, durante los años 2024 y 2025, los índices de evacuación efectiva y de
evaluación porcentual del despacho demuestran que hubo eficiencia. En consecuencia,
el Tribunal solicitó declarar improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto,
debido a la configuración de un hecho superado.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

7 SAMAI, índice 4.
8 SAMAI, índice 9.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03129-00
Accionante: Karla Tatiana Soto Cantillo
Acción de tutela–Primera instancia

En memorial del 7 de mayo de 2026 9, la accionante aclaró que la acción de tutela la
presentó en nombre propio y aportó el poder conferido por Ecopetrol S.A. para acreditar
el vínculo procesal existente con el asunto objeto de la mora judicial.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la autoridad incurrió en una mora judicial que haga
procedente la tutela.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena de la Corporación.

Legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo
constitucional de defensa judicial al que puede acudir toda persona que considere
vulnerados sus derechos fundamentales. En este sentido, quien procure la protección
inmediata de tales derechos frente a una acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular, puede solicitar el amparo constitucional correspondiente.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del precepto
constitucional citado, dispone que cualquier persona vulnerada en sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción de tutela en todo momento y lugar, para lo que
podrá actuar en nombre propio o por intermedio de un representante. Asimismo, prevé la

9 SAMAI, índice 11.

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Accionante: Karla Tatiana Soto Cantillo
Acción de tutela–Primera instancia

figura de la agencia oficiosa cuando el titular del derecho no se encuentre en condiciones
de promover el amparo, situación que deberá manifestar expresamente el agente en la
solicitud.

Es deber del juez constitucional verificar el cumplimiento del requisito de legitimación en
la causa por activa. En línea con lo anterior, debe asegurar que el derecho fundamental
que se alega vulnerado sea propio del accionante y no bajo la titularidad de otra persona.
Resulta menester acreditar la existencia de un interés directo, por parte del accionante,
respecto de las pretensiones que plantea en sede de tutela 10.

Caso concreto

La Sala advierte que Karla Tatiana Soto Cantillo no acreditó el cumplimiento del requisito
de legitimación en la causa por activa para actuar en nombre propio en el trámite de tutela
por la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Si bien la solicitud fue interpuesta en nombre propio, la
protección de los derechos indicados le resultan ajenos. Aunque afirma que actúa como
apoderada judicial en el trámite del proceso ordinario que cuestiona, no es posible
predicar su interés directo o concreto, pues no es quien funge como demandante al
interior de este. No es dable que, quien actúa como apoderado judicial al interior de un
proceso ordinario, alegue como propios dichos derechos, que en realidad son ajenos. El
interesado directo, respecto de las pretensiones que se alegan, sería el demandante del
proceso cuestionado. Por tanto, la accionante carece de interés para actuar en nombre
propio y la solicitud no satisface el requisito de legitimación en la causa por activa
respecto a la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia. Así las cosas, se declarará improcedente la tutela en ese
respecto.

Al margen de lo expuesto, al revisar la supuesta mora judicial esgrimida por Karla Tatiana
Soto Cantillo, la contestación del Tribunal Administrativo de Sucre y el expediente de Rad.
nº. 70001-23-33-000-2024-00068-00, en la plataforma de SAMAI, es posible evidenciar
que se efectuó lo pretendido por la accionante.

10 Corte Constitucional, sentencia T-1191 del 25 de noviembre de 2004.

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Accionante: Karla Tatiana Soto Cantillo
Acción de tutela–Primera instancia

En efecto, en el índice 14 del aplicativo SAMAI correspondiente al radicado indicado, se
evidencia que el Tribunal Administrativo de Sucre profirió auto mediante el cual admitió
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Ecopetrol S.A., por
intermedio de Karla Tatiana Soto Cantillo, en su calidad de apoderada judicial, contra el
municipio de Santiago de Tolú. La actuación se notificó por estado y por correo
electrónico el 8 de mayo de 2026.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente de la acción de tutela contra Tribunal
Administrativo de Sucre, por falta de legitimidad por activa respecto de la accionante,
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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