Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03130-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03130-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03130-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
16 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03130-00
Demandante: Ligia Patricia Barajas Busto,
en representación de Carmen Yaneth Barajas Busto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., 16 de julio de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03130-00
Demandante: LIGIA PATRICIA BARAJAS BUSTO, EN REPRESENTACIÓN DE
CARMEN YANETH BARAJAS BUSTO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA
Temas: Mora judicial en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ligia Patricia Barajas Busto, en
representación de Carmen Yaneth Barajas Busto, contra el Tribunal Administrativo de
Arauca.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 23 de abril de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la señora Ligia Patricia Barajas Busto, en representación de Carmen Yaneth Barajas
Busto, pidió la protección de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la tardanza del
Tribunal Administrativo de Arauca en decidir sobre la admisión de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 81001-23-39-000-2025-00006-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Con fundamento en los hechos y en las pruebas aportadas, solicito muy respetuosamente proteger los
derechos fundamentales de petición, de acceso a la justicia y al debido proceso y como consecuencia
disponer y ordenar a la accionada lo siguiente:
1. Dar respuesta de fondo a la petición sobre el estado de admisión de la demanda solicitud
presentada el día 10 de marzo de 2026. Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que se
encuentra al despacho desde el día 24 de enero de 2025.
2. Requerir a la Magistrada accionada para que proceda de inmediato con el estudio de admisibilidad
de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
3. Conminar a la Magistrada para que le dé cumplimiento al debido proceso, sin dilaciones
injustificadas, máxime cuando se trata de una persona en estado de discapacidad la cual goza de una
especial protección del estado.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
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Demandante: Ligia Patricia Barajas Busto,
en representación de Carmen Yaneth Barajas Busto
Manifestó la parte actora que el 21 de enero de 2025 promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el departamento de Arauca, para que reconociera
una sustitución pensional en favor de la señora Carmen Yaneth Barajas Busto.
Que la demanda fue asignada al despacho de la magistrada Yenitza Mariana López
Blanco del Tribunal Administrativo de Arauca y que se le asignó el radicado 81001-23-
39-000-2025-00006-00.
Que el 10 de marzo de 2026 presentaron memorial de impulso procesal, pero que a la
fecha de presentación de la acción de tutela no se había decidido sobre la admisión de
la mencionada demanda.
4. Fundamentos de la acción de tutela
En cuanto al fondo del asunto, la parte actora alegó que la autoridad judicial demandada
incurrió en mora judicial injustificada, debido a que no había decidido sobre la admisión
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 81001-23-39-000-
2025-00006-00, que fue promovida por una persona en condición de discapacidad, con
síndrome de Down y de 55 años.
La señora Ligia Patricia Barajas Busto indicó que es hermana de la señora Carmen
Yaneth Barajas Busto, quien padece de síndrome de Down. Que, a través de la sentencia
del 21 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San
Gil, en el proceso con radicado 68679-31-84-001-2010-00044-00, se declaró la
interdicción definitiva de la señora Carmen Janeth por discapacidad mental absoluta y se
le designó como curadora definitiva.
5. Trámite procesal
El 29 de abril de 2026, el despacho sustanciador inadmitió la demanda de tutela, para
que la apoderada de la parte actora aportara el correspondiente poder especial que la
facultaba para presentar la acción de tutela.
Subsanada la acción de tutela, por auto del 21 de mayo de 2026, el despacho
sustanciador admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de
demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca 1.
En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 26 de mayo de
2026.
6. Intervenciones
La magistrada Yenitza Mariana López Blanco del Tribunal Administrativo de Arauca
pidió que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela o que, en su defecto, se
declarara la carencia actual de objeto por hecho superado.
Manifestó que en la actualidad el proceso ordinario se encuentra en el trámite de
notificación del auto admisorio, por lo que, en lo sucesivo, continuaría con el
correspondiente procedimiento.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Ligia Patricia Barajas Busto, en representación de Carmen Yaneth Barajas Busto, para
1 No se dispuso la vinculación de terceros con interés porque no se había trabado la litis en el proceso ordinario.
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Demandante: Ligia Patricia Barajas Busto,
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proteger sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de
Arauca por la tardanza en decidir sobre la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 81001-23-39-000-2025-00006-00.
La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, por
cuanto el 26 de mayo de 2026 la autoridad judicial demandada dictó auto admisorio de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 81001-23-39-000-2025-
00006-00. Decisión notificada a la parte demandante por estado del 29 de mayo de 2026.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la carencia
de objeto en materia de tutela y, (ii) analizará el caso concreto.
2. Sobre la carencia de objeto en materia de tutela
El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: <<Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de
costas, si fueren procedentes>>.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que
la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración
o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual
de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 2. En lo que
aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que
generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
3. Análisis del caso concreto
En el sub-lite, la Sala advierte que la parte actora alega que el Tribunal Administrativo de
Arauca incurre en mora judicial injustificada, pues no había decidido sobre la admisión
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 81001-23-39-000-
2025-00006-00.
No obstante, la Sala verificó el expediente digital del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 81001-23-39-000-2025-00006-00 que reposa
en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI y encontró que el pasado 26 de mayo de
2026, el Tribunal Administrativo de Arauca dictó auto admisorio de la demanda.
Providencia que fue notificada a la parte demandante por estado del 29 de mayo de 2026.
Así las cosas, la Sala observa que las pretensiones formuladas por la parte actora
encaminadas a que se decidiera sobre la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 81001-23-39-000-2025-00006-00 ya fueron
resueltas en el trámite de la presente acción de tutela.
De este modo, la orden del juez constitucional relativa a lo solicitado en la demanda de
tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido se resolvió antes de emitirse la
decisión de primera instancia.
No obstante lo anterior, en atención a lo previsto en el artículo 24 del Decreto 2591 de
1991, la Sala estima pertinente prevenir al Tribunal Administrativo de Arauca para que,
en lo sucesivo, imprima el trámite célere y diligente que exige la condición de sujeto de
2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03130-00
Demandante: Ligia Patricia Barajas Busto,
en representación de Carmen Yaneth Barajas Busto
especial protección constitucional de la señora Carmen Yaneth Barajas Busto, quien, en
razón de su situación de discapacidad, demanda una atención judicial oportuna y
ajustada a los principios de celeridad y eficacia que rigen la función jurisdiccional3
En consecuencia, las anteriores razones son suficientes para declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la presente acción de
tutela, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Prevenir al Tribunal Administrativo de Arauca para que, en lo sucesivo, imprima el
trámite célere y diligente al expediente por las razones expuestas en esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4
3
Ver la sentencia T-662 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que la Corte Constitucional reiteró que
las personas en situación de discapacidad gozan de una protección constitucional reforzada, en virtud del artículo 13
de la Constitución Política, condición que impone especiales exigencias de celeridad y diligencia en la garantía de su
acceso a la administración de justicia.
4 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03130-00
Demandante: Ligia Patricia Barajas Busto,
en representación de Carmen Yaneth Barajas Busto
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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