Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03134-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03134-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03134-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03134-00
Accionantes: RAQUEL ELISA MARROQUÍN DONATO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Declara la improcedencia por no superar los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 27 de abril de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 24 de abril del 2026, los señores Raquel Elisa Marroquín Donato, María
Raquel Milán Marroquín; Henry David Millán Marroquín (en nombre propio y en
representación legal de su hija menor Elisa Mariana Millán Cantíbar), Mario
Alberto Millán Marroquín (en nombre propio y en representación legal de su hija
menor Dara Millán Martínez), Aleida Marroquín Donato y Edwin Eduardo Millán
Rojas (en nombre propio y en representación legal de sus hijos menores Ana
María Millán Sáenz, Lyam Eduardo Millán Ramírez y Juan Felipe Millán Ramírez),
actuando mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como autoridad accionada al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. A su vez, se vinculó al Juzgado 37
Administrativo de Bogotá, a la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, a la Nación – Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional,
al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a la señora Sara Camila Correa Millán y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso.
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Accionantes: Raquel Elisa Marroquín Donato y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B3. Con
la solicitud de amparo pretenden que se les protejan sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al debido
proceso, a la igualdad y «a la prevalencia del derecho sustancial».
2. Las anteriores garantías las consideraron vulneradas con ocasión de la
sentencia del 27 de septiembre del 2024, dictada por la autoridad accionada.
Mediante esa decisión revocó la providencia del 12 de enero del 2024 proferida
por el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá que negó las pretensiones y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa
identificada con el radicado núm. 11001-33-36-037-2018-00076-00/01/02. Esto,
porque, a su juicio, dicha providencia: i) excluyó a los menores de edad y a la
señora Aleyda Marroquín Donato, sin aparente justificación, pese a ser
demandantes en el proceso ordinario, y ii) no reconoció perjuicios materiales.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Solicito al honorable CONSEJO DE ESTADO, se sirva conceder la tutela a los
accionantes, a fin de garantizarles sus derechos fundamentales violados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante sentencia dictada en el proceso con el radicado No.
11001333603720180007600 y, como consecuencia:
Que se ordene directamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, que dicte una nueva providencia constitucional,
legal y congruente con los hechos de la demanda, pruebas y su acreditación de
haber quedado demostrada la responsabilidad patrimonial del Estado por la
muerte de HENRY MILLÁN GONZÁLEZ, y como consecuencia, acceda a lo
siguiente:
1. A incluir como beneficiarios de la reparación a los seis (6) accionantes
demandantes que fueron debidamente reconocidos como pertenecientes a la
familia del líder de la UP HENRY MILLÁN GONZÁLEZ, así:
1.1. A los hijos menores de EDWIN EDUARDO MILLÁN ROJAS, que son: ANA
MARÍA MILLÁN SÁENZ, identificada con T.I. N° 1’118.370.798, LYAM
EDUARDO MILLÁN RAMÍREZ, identificado con Nuip 1118384050, y JUAN
FELIPE MILLÁN RAMÍREZ, identificado con Nuip 1118380914.
1.2. A la hija menor de HENRY DAVID MILLÁN MARROQUÍN, que es ELISA
MARIANA MILLÁN CANTÍBAR, identificada con T.I. N° 1’141.360.512.
1.3. A la hija menor de MARIO ALBERTO MILLÁN MARROQUÍN, que es DARA
MILLÁN MARTÍNEZ, identificada con T.I. N° 1’031.849.220; y,
1.4. A ALEYDA MARROQUÍN DONATO, identificada con la C.C. N° 36’176.468,
hermana de ELISA MARROQUÍN DONATO y cuñada del fallecido HENRY
MILLAN GONZÁLEZ, criada por estos en su misma casa, siendo miembro de la
familia.
3 Si bien en el escrito de tutela se señaló como autoridad accionada a la Subsección B de la
«Sección Segunda» del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se advirtió que en realidad
hace referencia a Sección Tercera, Subsección B de dicha corporación, debido a que fue la
autoridad que profirió la sentencia que se pretende cuestionar mediante esta vía.
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2. Se acceda a la condena al pago de la indemnización por perjuicios materiales,
señalando las bases con arreglo a las cuales se ordenará la liquidación incidental
conforme al artículo 193 del C.P.A.C.A., por haber quedado acreditado los elementos
de responsabilidad patrimonial del Estado y estar demostrado que el líder de la Unión
Patriótica, señor HENRY MILLAN GONZÁLEZ, para la fecha en que fue asesinado, el 7
de diciembre de 1993, acababa de ser congresista y estaba laborando como docente,
generando ingresos para él y su familia, los cuales cesaron abruptamente, ocasionando
la pérdida de apoyo económico, que configuró un daño material. 4
1.2. Hechos
4. La parte demandante señaló que el señor Henry Millán González fue
diputado de la Asamblea del Caquetá de la coalición Frente Democrático – Unión
Patriótica. Luego fue electo como representante a la Cámara por el departamento
de Caquetá para los periodos constitucionales 1986-1990 y 1990-1994, «siendo
cobijado por la revocatoria del mandato a los congresistas en noviembre de
1991». Sin embargo, el 7 de diciembre de 1993, fue asesinado en la ciudad de
Florencia, Caquetá.
5. Por lo anterior, el 12 de marzo del 2018, su grupo familiar presentó
demanda de reparación directa contra la Presidencia de la República, el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y la
Policía Nacional, con el fin de que les fueran indemnizados los perjuicios morales
y materiales que les fueron causados5. Además, resaltaron que la muerte del
señor Millán González no se trató de un hecho aislado, sino que fue producto de
«un plan sistemático, organizado y dirigido a eliminar a toda una colectividad
política (Partido Comunista y Unión Patriótica)».
6. Al proceso se le asignó el radicado núm. 11001-33-36-037-2018-00076-
00/01/02 y le fue repartido al Juzgado 37 Administrativo de Bogotá que, en
sentencia del 12 de enero del 2024, negó las pretensiones de la demanda. En
dicha providencia, sostuvo que se desconocía el resultado del proceso penal,
respecto del cual pudiera concluirse que la muerte del señor Millán González
obedeció a su militancia en el partido Unión Patriótica, máxime cuando ya no
fungía como representante a la Cámara y no eran conocidas las actividades que
desempañaba, junto con el riesgo que podían generar.
7. Por otra parte, señaló que se probó en el proceso que las entidades
demandadas desconocían la situación de riesgo a la que se enfrentaba la víctima,
«tal como consta en las distintas respuestas aportadas al proceso en las que se
certificó que no fue informada ninguna amenaza», los cuales no fueron objeto de
tacha por la parte demandante.
8. A su vez, refirió que, aunque la esposa del señor Millán González afirmó
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 La demanda fue presentada por los señores Raquel Elisa Marroquín Donato, Henry David
Millán Marroquín, Mario Alberto Millán Marroquín, María Raquel Millán Marroquín, Sara Camila
Correa Millán, Edwin Eduardo Millán Rojas y Adelaida Marroquín Donato.
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que las amenazas fueron puestas en conocimiento de «distintas autoridades»,
dicha manifestación no tenía soporte probatorio alguno y, por el contrario, se
desvirtuó con las pruebas documentales aportadas al proceso.
9. Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, en el que aportó la sentencia del 27 de julio del 2022 dictada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso «Integrantes y Militares
de la Unión Patriótica VS Colombia», en la que se declaró responsable al Estado
colombiano por la persecución contra los miembros del partido Unión Patriótica y
precisó su responsabilidad por la violación al derecho a la vida, en relación con
el deber de prevención, respecto al señor Henry Millán González, entre otros.
10. A su vez, los accionantes indicaron que en dicha providencia se realizó un
«detallado análisis probatorio de todos los riesgos y amenazas de las que venía
siendo víctima Henry Millán González». Además, consideraron que, pese a que
fue revocado su mandato como congresista en 1991, ello no implicaba que la
situación de riesgo en la que se encontraba hubiese desaparecido.
11. En sentencia del 27 de septiembre del 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declaró la cosa juzgada internacional y estarse a lo
resuelto en la sentencia del 27 de julio del 2022, dictada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la declaratoria de la
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía
Nacional.
12. En consecuencia, condenó a dichas entidades al pago de los perjuicios
morales padecidos por los señores Henrry Millán Marroquín6, Mario Alberto Millán
Marroquín7, María Raquel Millán Marroquín8, Edwin Eduardo Millán Rojas9, Sara
Camila Correa Millán10 y Raquel Elisa Marroquín Donato11.
13. Para fundamentar su decisión, señaló que, con ocasión de la mencionada
sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «resulta
innecesario examinar los argumentos expuestos por las partes demandadas y
por la parte actora como recurrente» debido a que se encuentran acreditados los
elementos de la responsabilidad del Estado.
14. Respecto al reconocimiento de los perjuicios causados a los familiares,
refirió que la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014 dictada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado permitió el reconocimiento de una
indemnización mayor a los familiares de las víctimas en casos de graves
6 Hijo de la víctima.
7 Hijo de la víctima.
8 Hija de la víctima.
9 Hijo de la víctima.
10 Nieta de la víctima.
11 Compañera permanente de la víctima.
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violaciones a los derechos humanos, razón por la cual, en atención a gravedad
de los hechos y al impacto causado en su familia, liquidó los perjuicios morales
con un incremento del doble de los montos indemnizatorios que en principio les
correspondían. La sentencia fue notificada a las partes el 4 de octubre del 202412.
15. Luego, en memorial allegado el 21 de febrero del 2025, la parte
demandante solicitó la vinculación de la señora Nefer Andrea Millán Torres, en
calidad de hija del señor Henry Millán González, y de las de las señoras Mayra
Alejandra Cuéllar Millán, Paula Andrea Cuéllar Millán y el menor Santiago Cuéllar
Millán, en calidad de nietos, como litisconsortes cuasinecesarios13.
16. A su vez, el 21 de abril de la misma anualidad, radicó un nuevo memorial
en el que señaló que fueron excluidos «arbitrariamente» de la sentencia
condenatoria los menores Elisa Mariana Millán Cantibar, Dara Millán Martínez,
Ana María Millán Sáenz, Juan Felipe Millán Ramírez y Lyam Eduardo Millán
Ramírez, nietos del señor Millán González, y la señora Aleyda Marroquín Donato,
cuñada de aquel.
17. Sin embargo, «en sentencia complementaria» del 7 de noviembre del
2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, negó la solicitud de adición formulada por la parte demandante. Al respecto,
señaló que el auto que admitió la demanda no fue recurrido14 y la sentencia
únicamente excluyó a la señora Aleida Marroquín Donato (hermana de la
compañera permanente del señor Millán González) porque no se acreditó haber
tenido una relación afectiva con la víctima, como lo exige la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
18. En ese orden, consideró que no resultaba procedente la adición de la
sentencia, por cuanto no omitió resolver sobre algún extremo de la litis, ni
respecto de algún punto que, de conformidad con lo dispuesto en la ley, deba ser
objeto de pronunciamiento, máxime cuando lo que se pretende es «vincular
nuevas partes demandantes para hacerse beneficiosos de una sentencia sin
surtir todo el proceso que resulta necesario»15.
19. De manera concomitante, el 27 de octubre de 2025, la parte accionante
interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 27 de
septiembre del 2024 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
12 Índice 15 de Samai dentro del expediente con radicado 11001-33-36-037-2018-00076-02.
13 Se advierte que dichas personas no hicieron parte del proceso ordinario, ni cuestionaron su
exclusión mediante la presente acción de tutela.
14 La demanda fue admitida respecto de las siguientes personas: Raquel Elisa Marroquín Donato,
Henry David Millán Marroquín, Mario Alberto Millán Marroquín, Raquel María Millán Marroquín,
Sara Camila Correa Millán, Edwin Eduardo Millán Rojas y Aleida Marroquín Donato.
15 Contra la dicha decisión, la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación, el cual fue rechazado mediante auto del 27 de febrero del 2026, debido a que la
sentencia complementaria del 7 de noviembre del 2025 no es susceptible de recurso. Esto, debido
a que los artículos 242 y 243 del CPACA disponen que el recurso de reposición solo procede
contra autos y no contemplan el recurso de apelación contra las sentencias de segunda instancia.
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Sección Tercera, Subsección B, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por considerar que existía una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso16.
20. Esto, por cuanto la sentencia cuestionada excluyó del derecho a la
reparación a Elisa Mariana Millán Cantibar, Dara Millán Martínez, Ana María
Millán Sáenz, Juan Felipe Millán Ramírez, Lyam Eduardo Millán Ramírez y
Aleyda Marroquín Donato.
21. Mediante providencia del 18 de febrero de 2026, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado rechazó el recurso por extemporáneo, al
considerar que la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 8 de octubre de
2024 y que, dado que el recurso fue radicado el 27 de octubre de 2025, se
incumplió el término de un año previsto en el artículo 251 del CPACA para su
interposición.
1.3. Sustento de la vulneración
22. La parte accionante indicó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la sentencia del 27 de
septiembre del 2024, incurrió en los siguientes defectos:
i) Fático, por no haber incluido como beneficiarios de la reparación a los
menores Elisa Mariana Millán Cantibar, Dara Millán Martínez, Ana María
Millán Sáenz, Juan Felipe Millán Ramírez y Lyam Eduardo Millán Ramírez,
y a la señora Aleyda Marroquín Donato, «a pesar de que en proceso
existían elementos probatorios para tal reconocimiento».
ii) Sustantivo, por cuanto no reconoció los perjuicios materiales solicitados y,
en ese orden, podía aplicar el artículo 193 del CPACA para proferir una
condena en abstracto. En ese sentido, señaló que es «inexplicable» que
solo se hubiesen reconocido perjuicios morales y no los materiales, debido
a que encontró acreditados los elementos de la responsabilidad del
Estado. Además, sostuvo que «para la fecha en que fue asesinado,
acababa de ser congresista y estaba laborando como docente, generando
ingresos para él y su familia, cuyo apoyo cesó abruptamente».
iii) Falta de motivación, pues estaba obligado exponer los motivos por los
cuales excluyó del derecho a la reparación de seis sujetos procesales,
quienes también eran familiares de la víctima, y las razones por las cuales
no reconoció los perjuicios materiales.
23. Por otra parte, señalaron que la tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela porque: i) goza de relevancia constitucional,
ya que trata de la afectación de derechos fundamentales; ii) agotaron todos los
16 Proceso identificado con el radicado 11001-03-26-000-2025-00148-00 (73643).
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mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios; iii) existe
una irregularidad procesal, ya que omitió realizar una condena en abstracto y no
reconoció a seis familiares de la víctima en la sentencia condenatoria y; iv) la
solicitud de amparo se presentó de manera oportuna, ya que fue interpuesta
dentro de los 6 meses siguientes al rechazo del recurso extraordinario de
revisión, pues debía agotar dicho mecanismo so pena de declararse la
improcedencia de la acción de tutela.
1.4. Intervenciones
24. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
señaló que la sentencia condenatoria proferida por la autoridad judicial accionada
condenó solidariamente únicamente a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Policía Nacional por concepto de perjuicios morales, sin que
hubiese sido declarada la responsabilidad de la Presidencia de la República.
25. En ese orden, solicitó su desvinculación del proceso por considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, pues la parte demandante no
cuestionó alguna acción u omisión de su parte.
26. La Policía Nacional también solicitó su desvinculación del proceso, pues
de conformidad con las pretensiones de la demanda, no tiene competencia
alguna sobre las decisiones que de adoptaron en el proceso ordinario.
27. Por último, el señor Henry David Millán Marroquín, hijo del señor Millán
González, señaló que en el proceso fueron excluidos seis demandantes sin
justificación. A su vez, señaló que la sentencia de segunda instancia omitió
pronunciarse sobre la pretensión de perjuicios materiales, a pesar de haber
podido realizar una condena en abstracto, de conformidad con el artículo 193 del
CPACA.
28. A su vez, allegó como prueba un certificado expedido por la Cámara de
Representantes, el cual contiene una tabla de los salarios devengados desde
1993 hasta el 2026, junto con un estimado del lucro cesante que considera debe
ser indemnizado.
29. Finalmente, puso de presente la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se
unificaron los criterios en materia de reparación integral por graves violaciones a
los derechos humanos y fijó parámetros sobre: i) el reconocimiento de los
perjuicios morales a familiares cercanos del occiso, ii) la procedencia de la
condena en abstracto para los perjuicios materiales cuando la prueba del lucro
cesante es clara y objetiva, iii) la obligación de indexar las sumas reconocidas
hasta la fecha del pago efectivo y, iv) la compatibilidad de la indemnización
judicial por lucro cesante con prestaciones administrativas o pensionales.
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30. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B y el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, pese a que fueron
debidamente notificados17, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
31. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la parte accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por
las cuales en el asunto objeto de estudio no se superan los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
32. El Consejo de Estado18 y la Corte Constitucional19, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales20 y a la configuración de algún
defecto especial21 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
33. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
34. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
35. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
17 Índice 8 de Samai.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
19 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
20 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza.
21 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
36. La Sala advierte que la señora Raquel Elisa Marroquín Donato y su grupo
familiar están legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte
demandante al interior del medio de control de reparación directa en el que se
profirió la sentencia que se pretende cuestionar mediante esta vía.
37. A su vez, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, está legitimado en la causa por pasiva, por haber
dictado la providencia que se reprocha en el proceso de la referencia.
38. Por otra parte, la Sala negará las solicitudes de desvinculación
presentadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y la Policía Nacional, debido a que su vinculación se realizó en calidad
de terceros con posible interés en las resultas del proceso por haber hecho parte
del sujeto pasivo en el proceso ordinario en el que se dictó la providencia que se
cuestiona.
39. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales22: i) como
mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial idóneo23 y eficaz24; y, ii) como mecanismo de protección
transitorio.
40. Para la Sala tampoco se acredita el requisito de subsidiariedad, por las
siguientes razones.
41. Como se expuso previamente, la parte accionante cuestiona la sentencia
del 27 de septiembre del 2024, dictada el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por dos razones concretas: i) no
haberse pronunciado respecto a los perjuicios materiales solicitados, pese a que
pudo haber proferido una condena en abstracto, de conformidad con el artículo
193 del CPACA; y ii) haber excluido sin fundamento como beneficiarios de la
reparación a seis familiares de la víctima25.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2024.
23 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
24 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
25 A saber: Elisa Mariana Millán Cantibar, Dara Millán Martínez, Ana María Millán Sáenz, Juan
Felipe Millán Ramírez, Lyam Eduardo Millán Ramírez y Aleyda Marroquín Donato
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42. Respecto a la falta de pronunciamiento de los perjuicios materiales, se
destaca que procedía la solicitud oportuna de la adición de la sentencia prevista
en el artículo 287 del CGP, en virtud de la remisión a dicha codificación dispuesta
en el artículo 306 del CPACA26, el cual dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con
la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá
el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su
ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal. (Énfasis de
la Sala)
43. Sin embargo, al revisar el expediente, se advierte que en las solicitudes
de adición presentadas mediante los memoriales radicados el 21 de febrero y 21
de abril del 2025, la parte demandante no cuestionó que el tribunal hubiese
omitido pronunciarse respecto de los perjuicios materiales solicitados en la
demanda.
44. Sobre este punto, es importante reiterar que la acción de tutela, dada su
naturaleza subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios
para la resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos»27. (Énfasis de la Sala)
45. Por tal razón, al haber tenido a su alcance la solicitud de adición de la
sentencia, no se supera el requisito de subsidiariedad frente al reproche por la
omisión de la autoridad judicial accionada en pronunciarse sobre los perjuicios
materiales.
46. A su vez, advierte que se reprocha que el tribunal demandado hubiese
proferido una sentencia minus petita, por haber concedido menos de lo que fue
solicitado y no haber cobijado todas las pretensiones de la demanda.
26 ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
27 Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.
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47. En ese sentido, también resultaba procedente la presentación oportuna
del recurso extraordinario de revisión, puesto que los reproches formulados en la
acción de tutela se enmarcan en una de sus causales de procedibilidad, a saber,
la contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA («existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación»).
48. Sobre el particular, esta corporación ha señalado que la falta de
congruencia de la sentencia de segunda instancia puede traducirse en una
vulneración del derecho fundamental al debido proceso28. Al respecto, ha
sostenido lo siguiente:
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir
en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en los siguientes términos: este principio de la congruencia
de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de una parte que exista armonía entre la
parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia
interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición,
denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.
Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la congruencia,
se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo ‘ultrapetita’ que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, ‘extrapetita’:
cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o cuando se reconoce
un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una causa diferente o
deducida de hechos no alegados, y ‘minuspetita’: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.
La violación de dicho principio traería como consecuencia, igualmente la violación
al debido proceso, en la medida en que nuestro ordenamiento positivo consagra
etapas procesales exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se
ha planteado desde la demanda.
49. Por lo anterior, se advierte que esta Sala en su calidad de juez
constitucional no tiene competencia para determinar si el fallo cuestionado vía
tutela adolece de vulneración al principio de congruencia externa de la sentencia,
en el sentido de estudiar si, efectivamente como lo afirma la parte actora, la
sentencia cuestionada omitió pronunciarse sobre la totalidad de las pretensiones
de la demanda. Esto, por cuanto dicho estudio correspondía a la autoridad judicial
que conoce sobre el recurso extraordinario en cuestión.
50. En ese sentido, esta sección considera que el primer reparo formulado por
la parte accionante está encaminado a subsanar las consecuencias derivadas de
la falta de diligencia procesal y de defensa técnica al interior del proceso
ordinario, pues a la parte demandante le asistía la carga procesal no solo de
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de febrero de 2020.
Radicado núm. 11001-03-15-000-2019-03861-01, M.P. María Adriana Marín.
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agotar los mecanismos previstos en la ley, sino también de ejercerlos
oportunamente.
51. Esto, debido a que, como se explicó en párrafos precedentes, la parte
demandante contó con diversos instrumentos judiciales idóneos para cuestionar
la sentencia del 27 de septiembre del 2024, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. En particular, podía solicitar
oportunamente la adición de la providencia respecto de la alegada omisión en
pronunciarse respecto a los perjuicios materiales y, asimismo, ejercer dentro del
término legal el recurso extraordinario de revisión frente a la incongruencia del
fallo por no haberse pronunciado frente a la totalidad de las pretensiones de la
demanda.
52. No obstante, lejos de ejercer de manera diligente dichos mecanismos de
defensa, la parte accionante presentó las solicitudes de adición en las que omitió
plantear integralmente los reparos que ahora formula en sede de tutela, pues ni
siquiera cuestionó la falta de pronunciamiento sobre los perjuicios materiales. Del
mismo modo, el recurso extraordinario de revisión también fue promovido por
fuera del término legal y, en consecuencia, rechazado por extemporáneo.
53. Ahora bien, respecto al segundo reparo, esto es, haber excluido sin
fundamento como beneficiarios de la reparación a seis familiares de la víctima,
la Sala advierte que, en principio, procedía la presentación oportuna del recurso
extraordinario de revisión, por ser los mecanismos judiciales mediante los cuales
se le puede solicitar al juez que profirió la providencia que se pronuncie sobre la
totalidad de las pretensiones de la demanda y los sujetos procesales.
54. A su vez, en este caso se evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en providencia del 7 de
noviembre del 2025, estudió de fondo las solicitudes de adición presentadas y,
en consecuencia, negó su procedencia.
55. Sobre el particular, sostuvo que el auto que admitió la demanda no fue
recurrido29 y la sentencia únicamente excluyó a la señora Aleida Marroquín
Donato (cuñada de la víctima) porque no acreditó haber tenido una relación
afectiva con el señor Henry Millán González.
56. Al respecto, consideró lo siguiente:
(…) del grupo que finalmente integró la parte demandante, finalmente en la
sentencia solo se excluyó a la señora Aleida Marroquín Donato -hermana de la
compañera permanente-, decisión que estuvo fundamentada en las pruebas
aportadas como pasa a explicarse.
29 En este punto, se recuerda que demanda fue admitida únicamente respecto de las siguientes
personas: Raquel Elisa Marroquín Donato, Henry David Millán Marroquín, Mario Alberto Millán
Marroquín, Raquel María Millán Marroquín, Sara Camila Correa Millán, Edwin Eduardo Millán
Rojas y Aleida Marroquín Donato.
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Para establecer el reconocimiento de perjuicios la Sala se apoyó en el Oficio No.
202211214627851 suscrito el 13 de junio de 2022 por la UARIV2, donde se
reconoció como víctimas de los hechos victimizantes de Desplazamiento Forzado
y Homicidio del señor Henry Millán Marroquín, al grupo familiar demandante;
dejando por fuera a la señora Aleida Marroquín Donato (hermana de la
compañera permanente) quien no fue reconocida como víctima ni como parte
integrante del grupo familiar afectado.
Adicionalmente al expediente no fue aportada prueba adicional que, frente a la
hermana de la compañera permanente de la víctima directa acreditara una
relación afectiva, toda vez que la jurisprudencia ha indicado que para los niveles
3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para
el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva.
Así las cosas, no resulta procedente la adición de la sentencia, ya que no se
omitió resolver sobre algún extremo de la litis, ni algún punto que de conformidad
con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, adicionalmente porque se
pretende en este estado del proceso, vincular nuevas partes demandantes para
hacerse beneficiosos de una sentencia favorable sin surtir todo el proceso que
resulta necesario.
Se advierte que Elisa Mariana Millán Cantibar (nieta, hija de Henry David Millán
Marroquín), Dara Millán Martínez (nieta, hija de Mario Alberto Millán Marroquín),
Ana María Millán Sáenz (nieta, hija de Edwin Eduardo Millán Rojas), Juan Felipe
Millán Ramírez (nieto, hijo de Edwin Eduardo Millán Rojas), Lyam Eduardo Millán
Ramírez (nieto, hijo de Edwin Eduardo Millán Rojas); no hacen parte del escrito
de demanda y el auto admisorio no contempló pretensión alguna de estas
personas y si se había surtido los requisitos de procedibilidad para demandar.
(…)
En los anteriores términos, advierte la Sala que las personas que pretenden ser
vinculadas al proceso no son litisconsorcios necesarios, y por ende la demanda
y el proceso se surtió completamente sin necesidad de su presencia, pues al
tener pretensiones diferentes pueden iniciar el proceso por si solas y aportar las
pruebas que fundamenten lo que reclaman por separado.
Aunado a que en este asunto las solicitudes se presentaron con posterioridad a
que fuera proferida la sentencia de segunda instancia, lo cual hace improcedente
de plano la solicitud de vincular un litisconsoricio cuasinecesario.
57. De conformidad con lo anterior, se advierte que sus reparos fueron
atentidos de fondo por el tribunal accionado en providencia del 7 de noviembre
del 2025. En ese sentido, esta Sección considera el reproche relacionado a la
exclusión de los seis familiares de la víctima directa carece de relevancia
constitucional, debido a que se trata de una mera inconformidad con lo decidido
por el juez de la causa en aquella oportunidad.
58. Lo anterior, por cuanto sus cuestionamientos, además de reflejar meras
inconformidades con el criterio del tribunal accionando, son una reiteración tanto
de la solicitud de adición presentada el 21 de abril del 2025, como de los
argumentos expuestos en el recurso extraordinario de revisión, ambos
presentados extemporáneamente.
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59. Al respecto, esta Sala destaca que el análisis de la sentencia y de la
providencia que resolvió la adición no permite advertir que el tribunal accionado
haya incurrido en un actuar que a priori pueda calificarse como arbitrario.
Ciertamente, el ad quem del proceso de reparación directa soportó su decisión
en razones procesales y sustanciales relacionadas con la ausencia de
vinculación formal de las referidas personas al proceso desde la presentación de
la demanda y la imposibilidad de incorporarlas como beneficiarias de la condena
una vez ejecutoriada la sentencia de segunda instancia, la cual ya hizo tránsito a
cosa juzgada30.
60. En efecto, el tribunal explicó que los mencionados familiares no fueron
incluidos como parte del sujeto activo en la demanda, ni fueron reconocidos como
tal en el auto admisorio del proceso de reparación directa (el cual también pudo
haber sido recurrido), razón por la cual no hicieron parte de la litis. Además, en
relación con la señora Adelaida Marroquín Donato, explicó que esta no probó la
existencia de una relación afectiva con la víctima, como lo exige la jurisprudencia
respecto de los parientes de grado 3 o superiores.
61. Así las cosas, se evidencia que la parte actora pretende reabrir un debate
legal y probatorio que ya fue resuelto por el juez natural de la causa. Por tal razón,
se advierte que la acción de tutela no constituye una instancia adicional para
controvertir decisiones judiciales adoptadas dentro del marco de la autonomía e
independencia judicial.
62. En consecuencia, al no advertirse, prima facie, una actuación caprichosa,
irrazonable o abiertamente contraria al ordenamiento jurídico por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y
dado que los reparos formulados evidencian únicamente una discrepancia con el
criterio adoptado por la autoridad, la Sala concluye que el segundo reproche
formulado en la tutela tampoco satisface el requisito de relevancia constitucional
exigido para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
2.2. Conclusión
63. Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
por no superar los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
30 Sobre este punto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que «el nacimiento
póstumo desvirtúa el padecimiento, la congoja o el dolor derivados de la pérdida de un ser
querido, porque para la fecha de su nacimiento ya el jurista Echeverry Correa había fallecido hace
16 y 25 años, respectivamente». Al respecto, ver la sentencia del 7 de noviembre del 2025,
dictada por la Subsección C de la Sección Tercera el Consejo de Estado, expediente con radicado
25000-26-000-2012-00537-02.
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y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela formulada por la
parte accionante contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Policía
Nacional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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