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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03137-00

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03137-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03137-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Édgar Manuel Suárez Salazar.
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Meta y otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03137-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió demanda contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con el fin de que se
le reconociera y pagara la pensión de jubilación en los términos previstos
en los artículos 98 y 99 del Decreto Ley 1214 de 1990, para lo cual debía
tenerse en cuenta la vinculación como uniformado del Ejército Nacional
entre 1983 y 1987.

1.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio,
mediante sentencia de 24 de septiembre de 2025, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que “[…] para la fecha de entrada en

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vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de abril de 1994), el demandante no
se encontraba vinculado laboralmente con el Ejército Nacional, lo que
significa que no es beneficiario del régimen pensional establecido en el
Decreto 1214 de 1990, siendo aplicable en su caso el régimen general
de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993, respecto del cual,
resulta pertinente precisar, para la fecha en que instauró la demanda
tampoco reunía los requisitos, ya que no contaba con la edad exigida en
dicha disposición normativa […]”.

1.3. Inconforme con la anterior decisión el accionante presentó recurso
de apelación.

1.4. Mediante sentencia de 19 de marzo de 2026, el Tribunal
Administrativo del Meta confirmó la decisión de primera instancia al
considerar “[…] que el régimen pensional aplicable al actor corresponde
a la Ley 100 de 1993, por cuanto su vinculación como personal civil del
Ejército Nacional se dio durante su vigencia, sin que se encuentre
amparado por el Decreto 1214 de 1990, ni pueda invocarse el principio
de favorabilidad […]”.

Para llegar a dicha conclusión, advirtió que, si bien el demandante estuvo
vinculado al Ejército Nacional de manera inicial desde el 17 de junio de
1983 hasta el 16 de septiembre de 1987, lo cierto es que su vinculación
como personal civil de esa entidad se dio el 1° de agosto de 1994, esto
es, con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema Integral de
Seguridad Social -1 de abril de 1994-, por lo que su régimen pensional
aplicable es el contenido en la Ley 100 de 1993.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social,
mínimo vital y el principio de favorabilidad laboral, por cuanto desconocieron
el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias C-1143 de 2004, SU-

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062 de 2010 y T-041 de 2019.

Respecto de lo anterior, agregó que las accionadas ignoraron la aplicación del
principio de favorabilidad, desconocieron la protección de expectativas
legítimas, aplicaron de manera restrictiva el artículo 279 de la Ley 100 de 1993
y desatendieron el régimen de transición especial para empleados públicos.

Adujo que se incurrió en defecto fáctico porque las autoridades accionadas
analizaron únicamente la fecha de su vinculación como personal civil (1994),
ignorando los tiempos anteriores (1983–1987) y pasando por alto la
continuidad funcional con la misma institución, circunstancias que vulneran el
principio de primacía de la realidad sobre las formas y la unidad de vínculo con
el Estado.

Aseguro que el tiempo de servicio militar debe ser computado para efectos
pensionales, conforme la línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado.
Por tanto, indicó que el derecho pensional no puede examinarse de manera
fragmentada, sino como el resultado de una vida laboral al servicio del Estado.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] ORDENAR que se profiera una nueva decisión judicial en la que:
• se valore integralmente la historia laboral del accionante
• se tengan en cuenta los tiempos como militar y suboficial
• se aplique el principio de favorabilidad […]”.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Mediante auto de 29 de abril de 2026, se requirió al abogado Oscar Albey
Gómez Vanegas para que allegara el poder que lo facultara para presentar la
acción constitucional en nombre y representación del ciudadano Edgar Manuel
Suárez Salazar.

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Por auto de 2 de junio de 2026, se admitió la presente acción de tutela y se
vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en
calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso.

III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Administrativo del Meta solicitó declarar improcedente el
mecanismo de amparo en razón a que la decisión cuestionada fue adoptada
dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y
garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.

2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Villavicencio manifestó
“[…] que los argumentos que sirvieron de fundamento para proferir ambas
decisiones se encuentra contenidos en las sentencias de primera y segunda
instancia, a los cuales remito para no hacer extensa la presente contestación
[…]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber
incurrido presuntamente en defecto fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
el 24 de septiembre de 2025 y 19 de marzo de 2026 en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm. 50001-
33-33-001-2021-00258-00/01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que las autoridades accionadas ignoraron la aplicación del principio de
favorabilidad, desconocieron la protección de expectativas legítimas, aplicaron
de manera restrictiva el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, desatendieron el
régimen de transición especial para empleados públicos y analizaron de
manera fragmentada el derecho pensional al no tener en cuenta el tiempo de
servicio que estuvo vinculado al Ejército Nacional entre 1983 a 1987,
argumentos que para esta Sala implica la reapertura del medio de control objeto
de cuestionamiento en el presente asunto.

Lo anterior en razón a que las autoridades accionadas en las providencias
acusadas expusieron de manera razonada, coherente y fundamentada las
razones jurídicas por las cuales no se podía tener en cuenta el tiempo de
servicio que laboró con el Ejército Nacional desde 1983 a 1987 para efectos
de aplicar al régimen de transición previsto en el Decreto 1214 de 1990, sin
que dicho análisis vislumbre arbitrariedad o vulneración de derechos
fundamentales.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”

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que conlleve la presunta transgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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