Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03151-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03151-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03151-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03151-00
Accionante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedente
/ TEMERIDAD Y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará probado el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la pretensión
de dejar sin efectos el auto que inadmitió la acción de tutela con radicado No. 73001-
22-13-000-2026-00175-00, tramitada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, Sala Civil – Familia, y se declarará improcedente la acción de tutela respecto
del desconocimiento del precedente alegado frente al Tribunal Administrativo del
Tolima.
II. ANTECEDENTES
La demanda
2. El 23 de abril de 2026, Óscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela
para la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia.
3. Aunque su escrito contiene hechos confusos e información imprecisa, se entiende
que considera vulnerados estos derechos, de una parte, por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil – Familia, al inadmitir la acción de tutela con
radicado No. 73001-22-13-000-2026-00175-00, y de otra, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, al no aplicar el principio de igualdad frente a un caso
similar (Nancy Teresa Prada Vásquez).
Hechos y fundamentos relevantes
4. En la solicitud de amparo, en síntesis, se narró lo siguiente:
“5) Acuso y denuncio al Magistrado Sustanciador: DIEGO OMAR PÉREZ, por
cometer el delito de exceso de ritual manifiesto, al no admitir la tutela en contra
del Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
(Valle del Cauca), Consejo Seccional de la Judicatura de Cali (Valle del Cauca),
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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
los Juzgados 10 y 17 Laboral de Cali (Valle del Cauca) y la Universidad del
Tolima, demandados que él mismo reconoce en el escrito de inadmisión
(…)
6) Como lo demuestra la sentencia que dio el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL TOLIMA MAGISTRADO PONENTE Dr. CARLOS ARTURO MENDIETA
RODRIGUEZ, se demanda al MP Dr.
CARLOS ARTURO MENDIETA RODRÍGUEZ y JOSE ANDRÉS ROJAS VILLA
Magistrado JOSÉ ALETH RUIZ CASTRO Magistrado y a sus Magistrados
homólogos, de la sentencia tomada como precedente jurisprudencial Vertical
porqué solicité que teniendo en cuenta el artículo 13 consagrado en la
Constitución Nacional: Derecho a la igualdad del caso idéntico de la compañera
de trabajo de OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA, en la Universidad del
Tolima y funcionaria, NANCY TERESA PRADA VASQUEZ, dada en Ibagué,
nueve (09) de junio de dos mil veintidós (2022). Radicación: Interno: No. 73001-
33-33-003-2017-00379-01 No. 00787-2020 Medio de control: NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Demandante: NANCY TERESA
PRADA VASQUEZ Demandado: Asunto: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Sentencia de segunda instancia – Contrato realidad
(…) ”
Pretensiones
5. Solicitó que se ampararan los derechos fundamentales invocados, que considera
vulnerados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al inadmitir la
demanda de tutela radicado 2026-00175-00. Así mismo, alegó que, en virtud del
principio de igualdad, se ordene al Tribunal Administrativo del Tolima adicionar en la
sentencia que profirió a su compañera Nancy Teresa Prada Vásquez, su nombre, en
lo que respecta a la Universidad del Tolima, a efectos de obtener su reintegro y el
pago de los dineros que ha dejado de percibir.
Trámite impartido
6. Por auto del 24 de abril de 20261, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar como demandados al Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Cali, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, el Juzgado Diecisiete
Laboral del Circuito de Cali, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali y el Juzgado
Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali.
7. En la misma providencia se vinculó a la señora Nancy Teresa Prada Vásquez y a
la Universidad del Tolima, al haber intervenido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 73001-33-33-003-2017-00379-01.
8. Y por auto del 26 de mayo de 2026, se vinculó al Tribunal Superior del Distrito de
Ibagué Sala Civil -Familia.
Intervenciones
9. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali2 dio a conocer que el hoy
accionante adelantó dos procesos laborales en 2013, los cuales fueron inadmitidos
y posteriormente rechazados por no cumplir requisitos formales ni ser subsanados,
1 Índice 4 plataforma Samai
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Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
sin que se emitieran decisiones de fondo. Y que en 2025 promovió una tutela que
fue declarada improcedente por falta de inmediatez y subsidiariedad, además de
configurarse temeridad al interponer múltiples acciones con los mismos hechos,
decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Cali.
10. Sostuvo que sus actuaciones se han ajustado a la ley y al debido proceso, sin
irregularidades ni vulneración de derechos fundamentales, limitándose a aplicar
normas procesales y criterios jurisprudenciales. Resaltó que la presente acción de
tutela no se dirige contra una decisión suya, por lo que no existe relación con los
hechos alegados, por lo que solicitó su desvinculación al no evidenciarse
responsabilidad alguna en la presunta vulneración.
11. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali3 informó que, en el proceso de
tutela promovido por Óscar Fernando Quintero Mesa con radicación No. 76001-31-
18-006-2018-00018-00, actuó conforme a los principios de celeridad y debido
proceso, avocando conocimiento, vinculando a todas las partes posibles y profiriendo
decisión de fondo dentro del término legal. Inicialmente negó el amparo, pero dicha
decisión fue revocada por el Tribunal de Cali, que concedió la protección.
12. Posteriormente, tramitó una solicitud de desacato y adelantó actuaciones para
garantizar el cumplimiento del fallo, verificando que las entidades accionadas
estaban ejecutando lo ordenado.
13. Señaló que se realizaron todas las actuaciones necesarias para asegurar el
cumplimiento efectivo de la tutela, incluida la incorporación del actor a la Policía
Nacional en 2018, lo que llevó al cierre de los trámites de cumplimiento.
14. Concluyó que actuó en debida forma, respetando las garantías procesales, y que
las múltiples solicitudes del actor reflejan su inconformidad con los resultados, pero
no evidencian irregularidades en la actuación judicial, la cual ya había sido objeto de
otros trámites y revisiones.
15. El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Cali indicó que conoció del
proceso laboral promovido por Óscar Fernando Quintero Mesa con radicación
76001-31-05-017-2015-00127-00, el cual tramitó conforme a la ley.
16. Realizó un recuento de las actuaciones surtidas y sostuvo que no incurrió en
irregularidades ni mora judicial. Señaló que las pretensiones del accionante son
confusas y reiterativas, sin demostrar una vulneración concreta atribuible al
despacho, por lo cual solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación
y ausencia de afectación de derechos fundamentales.
17. El Tribunal Administrativo del Tolima4 Dijo que conoció el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por Nancy Teresa Prada Vásquez, en el
que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia con base en las pruebas,
la ley y la jurisprudencia aplicable. Informó que en ese proceso se reconoció la
existencia de una relación laboral encubierta, pero también determinó la prescripción
de algunos derechos.
3 Índice 12 y 16 ibidem
4 Índice 17 ibidem
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18. Informó que Óscar Fernando Quintero Mesa no fue parte en dicho proceso, y que
la tutela pretende controvertir una decisión judicial ya ejecutoriada con efectos de
cosa juzgada. Afirmó que no vulneró derechos fundamentales ni incurrió en ningún
defecto por lo que consideró que la acción de tutela es improcedente al intentar
usarla como una tercera instancia. Solicitó negar las pretensiones del accionante.
19. El Juzgado Dieciséis Penal Municipal con función de control de garantías
de Cali5 informó que el accionante había promovido tres acciones de tutela ante ese
despacho. Respecto de la 76001-40-88-016-2014-00029 negó el amparo por
improcedente y la decisión fue confirmada en segunda instancia; en las radicadas
76001-40-88-016-2023-00133 y 76001-40-88-016-2023-00212 fueron rechazadas
por incumplir requisitos o por falta de claridad en los hechos y derechos invocados.
20. El juzgado sostuvo que en todas sus actuaciones actuó conforme a la
Constitución y la ley, sin vulnerar derechos fundamentales y que las decisiones
adoptadas obedecen a la improcedencia o deficiencias de las solicitudes del actor.
Por ello, solicitó su desvinculación del trámite de tutela, al no evidenciarse conducta
u omisión que le sea atribuible.
21. La Institución Universitaria Antonio José Camacho6 manifestó que el vínculo
con el accionante terminó hace más de 10 años y que el proceso laboral adelantado
en su contra finalizó con sentencia absolutoria a su favor, sin que prosperaran las
pretensiones del señor Quintero Mesa.
22. Señaló que el actor ha interpuesto un número excesivo de acciones de tutela
(más de 70), reiterando los mismos hechos y pretensiones, las cuales en su mayoría
han sido declaradas improcedentes o temerarias por distintas autoridades judiciales.
23. Sostuvo que no ha vulnerado derechos fundamentales, que la tutela es
improcedente por falta de requisitos como subsidiariedad, inmediatez y ausencia de
perjuicio irremediable, que existe temeridad y cosa juzgada. Solicitó declarar
improcedente la acción o, en su defecto, negar las pretensiones, desvincular a la
institución y adoptar medidas frente al uso abusivo de la tutela por parte del
accionante.
24. El Magistrado del Tribunal Superior de Ibagué (Sala Civil-Familia)7 respondió
que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, pues la actuación
cuestionada (inadmisión de una tutela) obedeció a la necesidad de que el actor
aclarara hechos, pretensiones y autoridades involucradas y ante la falta de precisión
en la subsanación, se analizó la competencia y se concluyó que el tribunal no era
competente para conocer el asunto, por lo que se remitió a la autoridad
correspondiente en Cali.
25. Dio a conocer que el accionante ya había cuestionado esa misma decisión en la
acción de tutela con radicado 11001-02-03-000-2026-02109-00, la cual fue
declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia, y reiteró que su actuación
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6 Índice 22, ibidem.
7 Índice 35 a 37, ibidem.
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se ajustó a la ley y garantizó el debido proceso. Por ello, solicitó ser desvinculado del
trámite, al no existir vulneración de derechos atribuible a su despacho.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
26. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de primera
instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos
13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
Problema Jurídico y metodología de la decisión
27. Según entiende la Sala, la inconformidad del accionante deviene de la inadmisión
de la acción de tutela con radicado No. 73001-22-13-000-2026-00175-00 por parte
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil – Familia y la
inaplicación del principio de igualdad por parte del Tribunal Administrativo del Tolima,
en el proceso que tramitó la señora Nancy Teresa Prada Vásquez.
28. Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes aspectos: (i)
Temeridad y cosa juzgada; (ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y (iii) Caso concreto.
Análisis de la Sala
(i) Temeridad y cosa juzgada
29. Según el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se incurrirá en una conducta
temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales».
30. En la sentencia de unificación 168 de 2017, la Corte Constitucional precisó que
la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad
partes, b) identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) ausencia de
justificación en la presentación de la nueva acción de tutela, vinculada a un actuar
doloso y de mala fe por parte del libelista. Sobre este último elemento, el alto tribunal
manifestó lo siguiente:
“(…) [S]e presenta cuando la actuación del actor resulta amañada, denota el
propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa,
deja al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener
razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas
inescrupulosas asaltar la buena fe de quien administra justicia”.
31. La Corte Constitucional8 también ha sostenido que bien puede configurarse la
cosa juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo».
8 Sentencia T-560 de 2009. Criterio reiterado en la sentencia T-280 de 2017.
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31. En línea con lo anterior, la misma Corte9 ha indicado que, desprovisto de la mala
fe de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta cuando concurren
los siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso existe identidad jurídica de
partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las
mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que
originó el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en el proceso de tutela
anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la Corte Constitucional.
32. En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que la presentación
de varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en los mismos
hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se constate que quien
ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala fe, en forma abusiva o
con el propósito de obtener a toda costa un pronunciamiento favorable de los jueces,
de suerte que, deliberadamente, somete su cuestión al escrutinio de varios jueces
para propiciar una decisión acorde a sus intereses.
(ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial. Reiteración jurisprudencial10
33. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede
contra actos y decisiones judiciales cuando estos vulneran derechos fundamentales.
De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia
judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de
procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una
irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se
estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible,
hayan sido cuestionados al interior del proceso y que el fallo censurado no sea de
tutela.
(iii) Caso concreto
34. El accionante pretende la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil – Familia, al inadmitir la
acción de tutela con radicado No. 73001-22-13-000-2026-00175-00. Además,
considera vulnerado el principio de igualdad por parte del Tribunal Administrativo del
Tolima, por inaplicación frente al caso que tramitó la señora Nancy Teresa Prada
Vásquez en contra de la Universidad del Tolima.
35. Informó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil – Familia,
que el accionante ya había cuestionado la misma decisión en la acción de tutela con
radicado 11001-02-03-000-2026-02109-00, que fue declarada improcedente por la
9 Sentencia T-219 de 2018.
10 Sentencia T-352 de 2025.
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Corte Suprema de Justicia.
36. Consultada la página de la Corte Suprema de Justicia11, se advierte que,
efectivamente, el 20 de abril de 2026, el señor Quintero Mesa interpuso acción de
tutela en contra de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Ibagué porque inadmitió la acción de tutela No. 73001-22-13-000-2026-00175-00.
37. Dicha solicitud de amparo fue conocida por la Sala de Casación Civil, Agraria y
Rural de la Corte Suprema de Justicia, que la declaró improcedente en sentencia del
27 de abril de 2026. Tras ser impugnada por el accionante, fue remitida a la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 12 de mayo siguiente.
38. Este despacho sustanciador tuvo acceso al escrito de tutela y a la sentencia de
primera instancia. Al compararlos, la sala encuentra lo siguiente:
39. Identidad de partes: En la presente demanda de tutela y en la 11001-02-03-
000-2026-02109-00 coinciden los extremos procesales, pues las dos fueron
presentadas por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa contra la Sala Civil –
Familia del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, pese a que por la presentación
de hechos confusos e información imprecisa se vincularon a otras entidades.
40. Identidad fáctica: tanto en la tutela que aquí se estudia, como en la 11001-02-
03-000-2026-02109-00, el accionante narró una serie de hechos confusos y dio a
conocer información respecto a la relación laboral que mantuvo con la Universidad
del Tolima y otras instituciones educativas y respecto a su situación de salud que lo
llevaron a presentar una acción de tutela contra del Juzgado Quinto Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Cali y otros.
41. Identidad de objeto: en esencia, una de las pretensiones planteadas por el
demandante en este asunto constitucional coincide con las de la tutela 11001-02-03-
000-2026-02109-00, por cuanto se cuestiona la inadmisión por parte de la autoridad
judicial respecto de la solicitud de amparo tramitada en el proceso con radicado No.
73001-22-13-000-2026-00175-00, promovido por el señor Quintero Mesa en contra
del Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cali y otros.
42. Entonces, la Sala encuentra acreditada identidad de partes, identidad fáctica e
identidad de objeto entre las demandas de tutela presentadas por el señor Óscar
Fernando Quintero Mesa respecto de su inconformidad con la inadmisión de la
acción de tutela No. 73001-22-13-000-2026-00175-00 por parte de la Sala Civil –
Familia del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, por lo que no podría pronunciarse
respecto de ello.
43. Tampoco existe una justificación válida para que se interpusiera la nueva
solicitud de amparo. Por tanto, dicha situación supone un desgaste al sistema judicial
por capricho del señor Quintero Mesa y desconoce el principio de buena fe. De
hecho, la Corte Constitucional ha sostenido que la temeridad puede tener origen en
la mala fe o en la deslealtad procesal12, lo que ocurre cuando el demandante no
formula justificación alguna y busca aprovecharse de la presentación de múltiples
11 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion .
12 Corte Constitucional. Sentencias SU-377 de 2014 y SU-713 de 2006.
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acciones de tutela13.
44. Ahora bien, con la presente solicitud de amparo el demandante también pretende
que se ordene al Tribunal Administrativo del Tolima que adicione en la sentencia que
profirió en el proceso con radicado No. 73001-33-33-003-2017-00379-01, promovido
por la señora Nancy Teresa Prada Vásquez en contra de la Universidad del Tolima,
a efectos de obtener su reintegro y el pago de los dineros que ha dejado de percibir
en virtud del principio de igualdad.
45. Claramente, el actor carece de legitimación en la causa para cuestionar por vía
de tutela una sentencia proferida en otro proceso de la misma naturaleza del que no
hizo parte bajo ningún título.
46. Ahora, si el tutelante consideraba tener un interés directo en las resultas del
proceso radicado No. 73001-33-33-003-2017-00379-01 que instauró la señora
Nancy Teresa Prada Vásquez en contra de la Universidad del Tolima, debió
comparecer a dicho trámite para que la corporación judicial demandada evaluara si
era procedente vincularlo.
47. Por consiguiente, respecto de los cargos formulados contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, la tutela deviene improcedente porque el señor Óscar
Fernando Quintero Mesa carece de legitimación en la causa por activa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR CONFIGURADA LA TEMERIDAD frente a la pretensión
de dejar sin efectos el auto de inadmisión de la acción de tutela proferido por la
Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, dentro del proceso
con radicado 73001-22-13-000-2026-00175-00.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa, en lo que concierne a los cargos planteados
contra el Tribunal Administrativo del Tolima, conforme a lo razonado en las
consideraciones.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito,
de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-027 de 2021. Además, la jurisprudencia ha indicado que la mala fe puede
identificarse en un actuar doloso que busca inducir en error al juez (Sentencia T-247 de 2024), en un uso
indebido de la acción de tutela (Sentencia T-1134 de 2005), la falta de justificación de la formulación reiterada
de acciones de tutela (Sentencia T-975 de 2011) o la manifiesta carencia de fundamento legal de la demanda,
al igual que la alegación de hechos contrarios a la realidad (Sentencia T-080 de 1998). Incluso, para hallar tales
comportamientos, las Salas de Revisión han acudido a los estándares legales establecidos en los artículos 73
y 74 del Código de Procedimiento Civil, hoy General del Proceso, como se reconoció en la Sentencia T-1103
de 2005.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03151-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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