Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03163-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03163-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03163-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
27 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03163-01
Demandantes: Javier Arturo Quintero Poveda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03163-01
Demandante: Javier Arturo Quintero Poveda
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial, nulidad y restablecimiento
del derecho – llamamiento a calificar servicios. Requisitos
generales de procedencia
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia de 21 de mayo de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, que resolvió:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Veinte
Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
la sesión de la fecha.».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 23 de abril de 2026, el señor Javier Arturo Quintero Poveda, mediante apoderado
judicial, formuló acción de tutela contra el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá y
la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«1. Que se ampare el derecho fundamental al debido proceso del señor JAVIER ARTURO
QUINTERO POVEDA, vulnerado con ocasión de la expedición de la sentencia de 20 de
mayo de 2025 proferida por el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá – Sección Segunda, dentro del radicado No. 11001333502020220031700, y de la
sentencia de 10 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del expediente No. 11001-33-35-
020-2022-00317-02.
2. Que, como consecuencia del amparo solicitado, se deje sin efectos jurídicos la sentencia
de 10 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera
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instancia que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por mi representado contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional.
3.Que, por consecuencia necesaria de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos la sentencia
de 20 de mayo de 2025 proferida por el Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá – Sección Segunda, en cuanto integra la secuencia decisoria
posteriormente confirmada por el superior funcional y constituye el antecedente inmediato
de la vulneración iusfundamental aquí denunciada.
4. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que, dentro del término que se fije en la sentencia de tutela, profiera un
nuevo fallo de segunda instancia dentro del expediente No. 11001-33-35-020-2022-00317-
02, con estricta observancia del derecho fundamental al debido proceso de mi representado
y con sujeción a los parámetros constitucionales fijados en la decisión de amparo.
5. Que, al proferir la nueva sentencia, el Tribunal accionado resuelva de manera expresa,
integral, congruente, suficiente y material la totalidad de los agravios formulados en el
recurso de apelación por la parte demandante y, en especial, se pronuncie de fondo sobre
(…)
6. Que, de manera subsidiaria y para el evento en que el Despacho concluya que los
defectos constitucionales denunciados se encuentran plenamente demostrados, que el
debate jurídico y probatorio relevante se halla suficientemente delimitado, y que la simple
devolución del asunto al juez natural resultaría inocua, dilatoria o insuficiente para
restablecer de manera efectiva el derecho fundamental vulnerado, se sirva adoptar la
medida de reemplazo constitucional que resulte necesaria para el amparo integral, incluso
mediante una decisión sustitutiva respecto del fallo de segunda instancia, en los estrictos
términos en que ello sea compatible con la naturaleza excepcional de la tutela contra
providencias judiciales.(…)»
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Situación administrativa que dio origen al medio de control
El señor Javier Arturo Quintero Poveda estuvo vinculado al Ejército Nacional y el
último grado que obtuvo fue el grado de teniente coronel. Durante el tiempo que
perteneció a la institución no fue objeto de sanciones disciplinarias y/o penales. Por el
contrario, fue reconocido por su vocación de servicio y desempeñó varios cargos en
los que recibió múltiples condecoraciones, distintivos y felicitaciones.
Mediante Acta núm. 02 del 14 de febrero de 2022, la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerzas Militares, recomendó por unanimidad el retiro por
llamamiento a calificar servicios, entre otros, del teniente coronel Javier Arturo
Quintero Poveda. Como argumentos consideró que cumplía con los requisitos para
tener derecho a la asignación de retiro, decisión que le fue notificada el 18 de marzo
de 2022.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Javier Arturo Quintero Poveda promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 1274
del 17 de marzo de 2022, y, como consecuencia, se ordenara su reintegro sin solución
de continuidad, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
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Lo anterior, por considerar que su retiro fue arbitrario y obedeció a una falsa
motivación, situación que vulneró sus derechos fundamentales y comprometió la
legalidad de la actuación administrativa.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Veinte
Administrativo de Bogotá, que mediante sentencia del 20 de mayo de 2025 negó
las pretensiones de la demanda, al concluir que no se probó la falsa motivación
alegada. Además, señaló que el retiro por llamamiento a calificar servicios no exige
una motivación específica y se sustenta legalmente en: (i) el cumplimiento del tiempo
mínimo de servicio, equivalente a 15 años, requisito que en el caso objeto de estudio
se encontraba satisfecho, pues el demandante acreditaba veintitrés 23 años, y 18 días
de servicio, circunstancia que le permitía acceder a la asignación de retiro una vez
culminaran los tres meses de alta; y (ii) el concepto previo de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa, requisitos que se encontraban acreditados.
El demandante apeló esa decisión. Consideró que las pruebas aportadas al proceso
no fueron valoradas debidamente y que estas acreditaban que la decisión de
llamamiento a calificar servicios fue arbitraria y no obedeció a razones legítimas del
servicio, sino a una posible desviación de poder.
Afirmó que la sentencia de primera instancia presenta defectos fácticos, jurídicos y de
motivación, pues habría realizado una valoración fragmentada de las pruebas, omitido
hechos relevantes, aplicado incorrectamente la normativa sobre llamamiento a
calificar servicios y validado un concepto de la Junta Asesora cuya existencia y
legalidad, según el apelante, no fueron debidamente demostradas.
Señaló que el juzgado omitió valorar integralmente hechos y pruebas relevantes,
especialmente las relacionadas con la auditoría realizada en Ocaña, el traslado y
posterior retiro simultáneo de los tres comandantes de la zona, la trayectoria y las
excelentes evaluaciones del oficial, así como diversos documentos, testimonios e
informes aportados al proceso. Según el apelante, estos elementos constituían
indicios que debían analizarse conjuntamente para determinar si el retiro obedeció
realmente a razones del servicio o si existió desviación de poder. También cuestionó
que el juzgado hubiera dado por válida la actuación de la Junta Asesora sin verificar
la existencia de una verdadera deliberación y evaluación individual del oficial, pese a
que, según el expediente, no se habría presentado ante dicha Junta información
específica sobre su hoja de vida y desempeño.
Asimismo, sostuvo que la facultad de retiro estaba sometida a los principios de
legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y control judicial, y que la recomendación
de la Junta debía estar respaldada por razones objetivas y una evaluación
individualizada.
También cuestionó que el juzgado no hubiera valorado pruebas documentales y
testimoniales relevantes, con lo cual incurrió, a su juicio, en un defecto fáctico por
indebida o incompleta valoración probatoria, al impedir determinar si el retiro
respondió a criterios objetivos, legales y proporcionales. Indicó que no podía
considerarse que el Acta núm. 02 del 14 de febrero de 2022 de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares justificara por sí sola el retiro, sin
analizar el desempeño profesional, las evaluaciones, la hoja de vida del oficial ni los
principios establecidos en el Decreto 1799 de 2000. Ello, porque esa interpretación
constituía una visión formalista y reduccionista del llamamiento a calificar servicios y,
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además, desconocía el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
sobre los límites de dicha facultad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 10 de noviembre de 2025, confirmó la decisión de primera
instancia, al considerar que dentro del proceso no se demostró que la decisión de
retiro estuviera fundada en una conducta ajena a los fines propios del servicio público
ni que el acto administrativo incurriera en desviación de poder o falsa motivación.
Además, concluyó que el acto fue expedido con fundamento en las disposiciones
legales vigentes y previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos
exigidos.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo por
interpretación irrazonable, fáctico y procedimental absoluto, así como en la causal de
violación directa de la Constitución.
Al efecto, señaló que las autoridades accionadas interpretaron de manera
manifiestamente irrazonable el alcance del llamamiento a calificar servicios y del
control judicial posterior. Explicó que una cosa es afirmar, como lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, que esta modalidad de retiro no exige una motivación
textual expresa adicional, y otra muy distinta concluir que, por esa razón, el juez no
puede examinar el itinerario antecedente de la decisión ni la regularidad funcional del
concepto previo.
Indicó que las providencias cuestionadas no tuvieron en cuenta que el proceso no
versaba únicamente sobre si el actor reunía el tiempo de servicios necesario para
acceder a la asignación de retiro, sino sobre si el acto de retiro por llamamiento a
calificar servicios podía considerarse legal y constitucionalmente controlable a la luz
de los soportes que le sirvieron de antecedente.
Sostuvo que, para resolver esa cuestión, no bastaba con examinar de manera aislada
los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, pues era imprescindible integrar,
analizar: (i) el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, en cuanto exige concepto previo
de la Junta Asesora; (ii) el parágrafo 1.º del artículo 175 del CPACA, que obliga a la
entidad demandada a remitir los antecedentes administrativos del acto acusado; (iii)
el artículo 167 del CGP, por la relevancia de las negaciones indefinidas respecto de
documentación que reposa bajo custodia de la administración; y (iv) el Decreto 2260
de 1973, especialmente sus reglas sobre votación, conclusiones y legajo con la
información pertinente para el estudio de la situación de personal.
Sin embargo, adujo que las providencias accionadas trataron ese marco normativo
como jurídicamente irrelevante. La primera instancia estimó improcedente estudiar la
ausencia de notificación de hallazgos y consideró innecesaria la evaluación o
clasificación, por bastar el tiempo de servicio, el reconocimiento de la asignación de
retiro y la recomendación de la Junta competente; la segunda instancia añadió que no
correspondía debatir la legalidad de las decisiones adoptadas en el proceso de
evaluación y clasificación, ni el motivo específico del retiro, ni el acta de
recomendación, por tratarse de un requisito previo.
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A su juicio, esa tesis vacía de contenido el concepto previo exigido por el artículo 99
del Decreto 1790 de 2000, pues si el juez contencioso no puede examinar cómo se
emitió el concepto, los antecedentes que le sirvieron de fundamento, la información
incorporada al legajo de estudio o la integridad de su remisión, aquel deja de ser un
presupuesto susceptible de control y se convierte en una simple referencia formal,
incompatible con el marco normativo aplicable y con el control judicial posterior.
Añadió que ello desconoce la sentencia SU-091 de 2016, cuyas dos reglas deben
leerse conjuntamente, porque el llamamiento no exige motivación adicional, pues su
motivación es extratextual y legal, pero permanece sometido a control judicial posterior
para evitar que se convierta en herramienta de persecución, discriminación o abuso
de poder.
Alegó también un defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas que, en su
criterio, daban cuenta de la desviación de poder. No quedó establecido, con el rigor
exigible, qué información se presentó a la Junta, qué legajo individual sirvió al estudio
del caso, qué antecedentes funcionales se consideraron, qué deliberación material
tuvo lugar, qué conclusiones se extrajeron ni cómo se formó la recomendación de
retiro. Agregó que esa orfandad probatoria no resultaba irrelevante, pues el Decreto
2260 de 1973 prevé reglas expresas sobre votación (artículo 10), conclusiones
(artículo 11) y legajo con la información pertinente para el estudio de la situación de
personal (artículo 12), de manera que el control judicial del concepto previo no podía
agotarse en la simple constatación de la existencia formal de un acta.
4. Trámite previo
El 29 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
como tercero con interés directo a quienes remitió copia de la demanda.
5. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección B
solicitó declarar improcedente la acción de tutela dado que lo pretendido por el actor
es hacer uso de la acción de tutela como instancia adicional. Explicó que las
actuaciones adelantadas en el proceso cuestionado y la decisión adoptada en
segunda instancia se realizaron conforme al trámite procesal, aplicando la normativa
y jurisprudencia de unificación correspondiente y de acuerdo a las pruebas obrantes
en el proceso razón por la que no fueron vulnerados los derechos fundamentales
invocados por el actor.
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá trajo a colación las actuaciones que
tuvo el proceso ordinario cuestionado y solicitó su desvinculación en razón a que la
providencia que se busca dejar sin efecto es la proferida en segunda instancia.
6. Sentencia de primera instancia
El 21 de mayo de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no cumplía el requisito de
relevancia constitucional, dado que había sido utilizada como una instancia adicional
dentro del proceso ordinario, con el propósito de reabrir una discusión que ya había
sido resuelta por el juez natural de la causa.
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Explicó que, si bien la parte accionante alegó la vulneración del derecho fundamental
invocado, no puso de presente la existencia de una arbitrariedad judicial en la
providencia cuestionada. Por el contrario, advirtió que el motivo de su inconformidad
radicaba en que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia e indicó que no
pretende reproducir íntegramente la acción de tutela, ni reabrir el debate ordinario
sobre la legalidad del retiro por llamamiento a calificar servicios, ni convertir este
trámite constitucional en una tercera instancia frente a lo decidido por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
Sostuvo que lo controvertido es la decisión de primera instancia constitucional que
declaró improcedente el amparo por falta de relevancia constitucional, pese a que la
acción sí planteó cargos autónomos de validez constitucional contra las providencias
judiciales cuestionadas.
Afirmó que la acción de tutela no se fundamentó en una simple inconformidad con el
resultado adverso del proceso ordinario. Explicó que su núcleo argumentativo
consistió en demostrar que las decisiones judiciales accionadas pudieron vulnerar el
debido proceso al reducir el control del acto de retiro a una verificación formal del
tiempo de servicio y de la existencia nominal de una recomendación previa, sin
examinar materialmente aspectos constitucionalmente relevantes, tales como la falta
de integración del expediente administrativo, la incidencia del artículo 175 del CPACA,
las negaciones indefinidas, la carga probatoria de la administración, la regularidad del
concepto previo de la Junta Asesora, la motivación aparente y la posible alteración del
marco fáctico y documental en segunda instancia.
De igual forma, indicó que la decisión impugnada aplicó de manera restrictiva,
incompleta y formalista el requisito de relevancia constitucional, al calificar como una
tercera instancia un debate que, en realidad, comprometía el debido proceso
probatorio, la tutela judicial efectiva y el alcance material del control judicial posterior
respecto del llamamiento a calificar servicios.
En consecuencia, solicitó revocar la decisión impugnada y, en su lugar, estudiar de
fondo los defectos alegados en la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Javier Arturo Quintero Poveda.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos, (i) sobre la
relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; y, (ii) analizará el caso concreto.
(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que
considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma
discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por las razones que se pasan a exponer:
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Ibidem.
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Si bien la parte actora sostiene que la providencia objeto de tutela vulneró derechos
fundamentales lo cierto es que, en el fondo, lo que pretende es que se dejen sin
efectos las providencias dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que negaron las pretensiones de nulidad del acto administrativo mediante
el cual fue desvinculado del Ejército Nacional.
Para constatar dicha coincidencia, resulta necesario recordar el objeto y el desarrollo
del proceso ordinario, así:
El señor Quintero Poveda promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que
se declarara la nulidad de la Resolución núm. 1274 del 17 de marzo de 2022 mediante
la cual el Ministro de Defensa, en razón a la recomendación hecha en el Acta 02 del
14 de febrero de 2022, por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional,
dispuso su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.
El demandante, alegó que existió una expedición irregular del acto administrativo, con
falsa motivación y desviación de poder, toda vez que la Junta Asesora del Ministerio
de Defensa, al hacer uso de la figura del llamamiento a calificar servicios, no tuvo en
cuenta su verdadero desempeño en la institución.
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 20 de mayo de
2025, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el acto administrativo
de retiro del servicio del demandante se fundó en la causal de llamamiento a calificar
servicios, al cumplir los requisitos señalados en la normativa aplicable para su
declaratoria, esto es, contar con el tiempo necesario para adquirir la asignación de
retiro y con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para el Ejército Nacional, que recomendó su retiro.
Contra la anterior decisión el ahora tutelante interpuso recurso de apelación, al
considerar que no se valoraron en debida forma las pruebas aportadas al proceso,
con las cuales se acreditaba que su hoja de vida no tenía motivos para ser retirado
del servicio pues no bastaba con tener el tiempo de servicio requerido para la
asignación de retiro.
Aunado a lo anterior, señaló que el retiro del servicio no obedeció a una renovación
institucional, sino a una desviación de poder pues no podía sustentarse
exclusivamente en la existencia del Acta núm. 02 del 14 de febrero de 2022, sino que
debía existir una valoración de la hoja de vida, trayectoria, desempeño y demás
circunstancias funcionales del oficial. En su criterio, la figura no puede utilizarse de
manera automática ni desligada de razones objetivas relacionadas con el buen
servicio.
En el escrito de tutela, el actor aduce un defecto fáctico por la omisión de pruebas
relevantes para determinar si su retiro obedeció a razones del servicio, entre ellas la
falta de un expediente administrativo completo, la ausencia de información individual
presentada ante la Junta Asesora, las evaluaciones y clasificación del oficial, los
documentos de la auditoría de Ocaña y los indicios derivados del traslado y retiro
simultáneo de varios comandantes. Precisa que no se trata de una discrepancia con
la valoración judicial, sino de una omisión de pruebas determinantes. Además, el
Tribunal no dio una respuesta real y congruente a los argumentos de la apelación y,
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al reconstruir el caso, incorporó antecedentes que no correspondían a su retiro, lo que
demuestra que la sentencia de segunda instancia fue construida parcialmente sobre
un marco fáctico equivocado, lo que afectó incluso la garantía de la doble instancia.
Alega también un defecto sustantivo y, subsidiariamente, la violación directa de la
Constitución, porque los jueces redujeron el régimen del llamamiento a calificar
servicios a verificar el tiempo de servicio y la existencia formal de una recomendación
de la Junta Asesora, sin examinar la legalidad del procedimiento previo ni la forma en
que aquella se construyó. Invoca, además, el desconocimiento del precedente
constitucional, pues las providencias citaron la SU-091 de 2016 y la C-179 de 2006 y
vaciaron su contenido al estimar que el juez no podía examinar el proceso de
evaluación, la recomendación de la Junta ni los antecedentes concretos del retiro,
cuando la discrecionalidad de la Fuerza Pública no equivale a arbitrariedad y los
órganos asesores son una garantía contra decisiones caprichosas. Concluye que el
conjunto probatorio daba cuenta de la desviación de poder en la expedición del acto
de retiro, ya que la Junta Asesora no tuvo en cuenta su trayectoria ni su hoja de vida,
con vulneración de sus derechos fundamentales y de la legalidad del actuar
administrativo.
A partir de lo anterior, la Sala observa que el actor reitera la misma discusión jurídica
ya analizada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que
también actuó como demandante, ahora bajo la forma de unos defectos. Según su
postura, la autoridad judicial accionada valoró indebidamente las pruebas que
evidenciaban que su retiro no obedeció a motivos institucionales legítimos, sino al uso
indebido del llamamiento a calificar servicios por parte de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa, sin soportes y sin considerar su trayectoria ni su hoja de vida,
con apoyo únicamente en el cumplimiento de los requisitos para la asignación de
retiro.
En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por el
demandante fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, en la sentencia del 10 de noviembre de 2025, que, en lo que
interesa, consideró:
« (…) es indispensable señalar que, esta Sala no comparte los argumentos del recurso de apelación
en relación con las presuntas falencias en que incurrió el fallador de primera instancia. En virtud de
ello, se tiene que el juzgado realizó un análisis y valoración íntegra de las pretensiones, la situación
fáctica y las pruebas aportadas al plenario; además de haber aplicado la normativa y la jurisprudencia
pertinentes para la causal de retiro denominada llamamiento a calificar servicios. En efecto, la no
transcripción o señalamiento de algunos apartes de la demanda, no implica su desconocimiento.
Por otra parte, contrario a lo erróneamente expresado por la parte demandante, se destaca que
jurisprudencialmente se ha reiterado que, el retiro por llamamiento a calificar servicios se produce
en ejercicio de una facultad discrecional. Facultad que, por su naturaleza no requiere motivación, se
presume ejercida en aras del buen servicio y quien afirme que en su expedición concurrieron razones
diferentes, tiene a su cargo la obligación de aducir e incorporar la prueba que así lo demuestre con
certeza y sin lugar a dubitación alguna.
Conforme a lo expuesto, advierte la Sala, que en este caso la entidad demandada aplicó
correctamente la normativa que regulaba el caso del demandante para proferir su acto de retiro. Lo
anterior, como quiera que, sobre el llamamiento a calificar servicios se precisa que en la reciente
jurisprudencia del Consejo de Estado precitada, ha quedado sentado que esta figura jurídica no es
un castigo sino una manera natural de salir de las fuerzas armadas que permiten la renovación de
su personal, garantizándole su subsistencia a los sujetos que se les aplica, cuando ya no estén en
el ejercicio de sus funciones.
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Adicionalmente, el retiro del personal militar bajo la causal en estudio, no vulnera derechos
fundamentales, por cuanto el mínimo vital se garantiza con la asignación de retiro, previo
cumplimiento de los requisitos para obtenerla. Por tanto, se precisa que, el señor Quintero Poveda
ostentaba los requisitos para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro, consagrados en
el artículo 1° del Decreto 991 de 2015, pues ingresó como cadete antes del 31 de diciembre de 2004,
esto es, el 31 de mayo de 2001 y fue retirado del servicio por llamamiento a calificar servicios
después de veinticuatro años, cinco meses y diez días de servicio activo.
De igual manera, la entidad demandada realizó la desvinculación del servicio activo del demandante,
amparado en la facultad legal contenida en el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000. Este permite la
separación del oficial de las Fuerzas Militares por llamamiento a calificar servicios, al hallar reunidos
los requisitos para aplicar dicha medida atendiendo al tiempo de servicios prestados y el
cumplimiento de los elementos necesarios para tener derecho a la asignación de retiro.
En dicho proceso, no se entra a considerar o debatir la legalidad de las decisiones adoptadas en el
proceso de evaluación y clasificación dentro del escalafón militar. Esto es, no se entra a analizar
específicamente el motivo por el cual se produjo el retiro del servicio, ni se analiza si el mismo se
encuentra fundamentado en vulneración alguna a las normas aplicables, o por omisión en la
evaluación del demandante, ni tampoco en su clasificación, circunstancias que además, se reitera,
no fueron probadas dentro del proceso.
Aunado a lo anterior, tampoco es objeto de estudio de legalidad, entre otros porque no se trata de
un acto administrativo demandable ante esta Jurisdicción, el acta en la que se recomienda el retiro
por llamamiento a calificar servicios. Lo anterior, por cuanto se trata de un requisito previo para
adoptar la decisión de desvinculación y, en el sub judice, dicho documento fue legalmente motivado
en virtud del cumplimiento de los requisitos para materializar el llamamiento en estudio.
Por otra parte, conforme al acervo probatorio recaudado en el presente asunto, se advierte que,
pese a que el entonces teniente coronel Javier Arturo Poveda Quintero presentaba una hoja de vida
con múltiples felicitaciones, distintivos y condecoraciones, ello no implica la permanencia indefinida
en la prestación del servicio militar. Como quiera que el hecho de contar con una excelente hoja de
vida militar, no constituye una prerrogativa de estabilidad, pues dicho aspecto es un indicador
adicional a otros factores analizados.
(…) Por el contrario, se infiere que la actuación de la institución militar de retirarlo del servicio por
llamamiento a calificar servicios, estuvo ajustada a derecho, bajo el cumplimiento de los requisitos,
a saber:
a) La recomendación unánime de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Militares;
b) La configuración del tiempo de servicio activo prestado y el cumplimiento de requisitos para
obtener la asignación de retiro.
(…)
Finalmente, aun cuando la parte demandante invoca la aplicación de la sentencia emitida por el
Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, el 21 de marzo de 2025, dentro del expediente No. 11001-33-
42-049-2022-00122-00). Lo cierto es que, en virtud del principio de autonomía e independencia
judicial y atendiendo las específicas condiciones fácticas que conllevaron el retiro del servicio, es
procedente que esta Sala se aparte de la decisión allí adoptada para resolver el presente asunto
bajo la normativa vigente aplicable al caso concreto y atendiendo los hechos y el material probatorio
propio del proceso analizado por esta Sala de Decisión.
Además, para reforzar la no aplicación de la sentencia invocada, se tiene que la misma fue proferida
por un juez administrativo, por lo que no se puede predicar un precedente horizontal, ya que la
decisión no fue proferida por un despacho homólogo. Por el contrario, en la sentencia recurrida y en
esta providencia se aplica el precedente vertical, derivado de las sentencias expedidas por el
Consejo de Estado, por ser vinculante, aunado a que definen legalmente situaciones similares a las
aquí analizadas frente al retiro por llamamiento a calificar servicios de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional.»
(subrayado fuera de texto)
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De lo anterior, es posible concluir que la autoridad judicial demandada valoró el
conjunto de pruebas aportadas al proceso, analizó la figura del llamamiento a calificar
servicios y tuvo en cuenta la jurisprudencia aplicable al caso para concluir que el acta
de recomendación de retiro del servicio no es un acto demandable y el hecho de contar
con una excelente hoja de vida militar, no constituye una prerrogativa de estabilidad,
pues dicho aspecto es un indicador adicional a otros factores analizados. Por ello,
concluyó que el acto administrativo de retiro del servicio se encontraba debidamente
sustentado, sin que se haya acreditado la desviación de poder o la falsa motivación
alegada.
Además, la autoridad judicial accionada precisó que la jurisprudencia desarrollada por
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sostenido de manera reiterada,
pacífica y uniforme que todo acto discrecional de retiro supone el mejoramiento del
servicio, razón por la cual no requiere de motivación, pues se encuentra amparado
por la presunción de legalidad y de haber sido proferido en aras del buen servicio.
Asimismo, explicó que el retiro por llamamiento a calificar servicios se produce en
ejercicio de una facultad discrecional del Gobierno Nacional que se presume inspirada
en el buen servicio, cuyo único requisito es que el oficial tenga más de 15 años de
servicio para poder tener derecho a la asignación de retiro y que la decisión se haya
sometido a concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa,
presupuestos que se cumplieron en el caso del señor Quintero Poveda.
En gracia de discusión, si el accionante consideraba que la sentencia de segunda
instancia no resolvió la totalidad de los argumentos planteados en la apelación,
contaba con la posibilidad de solicitar su adición dentro del término de ejecutoria,
mecanismo ordinario al que no acudió.
Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, porque tal como lo indicó el a quo el
actor reiteró los argumentos que expuso en el marco del proceso ordinario, lo que
permite evidenciar que la inconformidad del actor se generó con las conclusiones del
juez natural, las cuales no coinciden con sus intereses.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión impugnada en la medida
en que la acción de tutela no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el
estudio de los cargos invocados por parte del juez constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 21 de mayo de 2026, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
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Demandantes: Javier Arturo Quintero Poveda
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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