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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03164-01

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03164-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 13 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03164-01 Accionante: Hernando Martínez Novoa Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y otro TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03164-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Tres (3) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03164-011
Accionante : Hernando Martínez Novoa
Accionados : Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Escritural No. 6
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial. Inmediatez
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026),
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró improcedente el amparo
solicitado por el señor Hernando Martínez Novoa.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el accionante; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela;
y, finalmente, determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

2. El señor Hernando Martínez Novoa, por medio de apoderado judicial, interpuso

acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
y del Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la reparación integral, los cuales estimó vulnerados por

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Expediente electrónico disponible en SAMAI.

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los autos proferidos por el Tribunal Administrativo del Meta2 y el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B3, dentro del incidente de liquidación de perjuicios
tramitado en el proceso de reparación directa con radicado 50001-23-31-000-2002-
40399-00.

3. En consecuencia, solicitó lo siguiente:

[…] 4.2.- Dejar sin efecto los autos que negaron la liquidación de perjuicios y las
decisiones confirmatorias.

4.3.- Ordenar al Despacho judicial, Tribunal Administrativo del Meta que rehaga el
incidente de liquidación, garantizando la práctica de un nuevo dictamen pericial
idóneo, con observancia estricta de las reglas de la designación, contradicción e
imparcialidad en la forma y términos ordenados por el H. Consejo de Estado en
sentencia del 02 de mayo de 2016.

4.4.- Adoptar las órdenes que considere necesarias para asegurar la efectividad de
la sentencia indemnizatoria.

1.3. Hechos4

4. El Veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Dos (2002), el accionante y otras

personas -a quienes no identificó- presentaron demanda de reparación directa contra
la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, con el propósito de que se
declarara la responsabilidad de la entidad por los daños derivados de la pérdida y
destrucción de un inmueble y de un establecimiento de comercio ubicados en
Puerto Carreño, Vichada.

5. Mediante sentencia del Quince (15) de Abril de Dos Mil Nueve (2009), El Tribunal

Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue
apelada por los demandantes.

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del

Dos (2) de Mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), revocó la decisión y, en su lugar,
accedió a lo pretendido y condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios
materiales causados, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante; cuya
cuantía correspondería a lo liquidado en el correspondiente incidente.

2
Autos del Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) y del Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil
Veinticinco (2025)
3
Auto de Veintiocho de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025) y Veinticinco de Noviembre de Dos Mil Veinticinco.
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 1.
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7. Informó que, promovió el incidente de liquidación de perjuicios que fue ordenado

en la sentencia, en el cual, solicitó y aportó las pruebas para acreditar los perjuicios;
y, le advirtió al Despacho que, el dictamen pericial debía cumplir con lo dispuesto
en la sentencia proferida por el Consejo de Estado.

8. Que, el Veinticuatro (24) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), el Tribunal
Administrativo del Meta decretó el dictamen pericial, cuya práctica tuvo dificultades
procesales. En primer momento, relacionó que ningún auxiliar de la justicia había
aceptado el encargo, pero, posteriormente el señor Juan José Cendales realizó la
experticia sin haber sido nombrado ni posesionado.

9. En efecto, relató que, el Once (11) de Octubre de Dos Mil Veintidós (2022) el

señor Cendales presentó propuesta comercial para ofrecer sus servicios
profesionales como especialista en avalúos, de la que se corrió traslado por el
Tribunal mediante auto del Dos (2) de Noviembre siguiente, y se indicó que, de
guardar silencio, se entendería aceptada.

10. El Nueve (9) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), el señor Cendales allegó

un dictamen pericial, sin que se hubiera nombrado en debida forma ni posesionado
del cargo; irregularidad que consideró invalida la probanza.

11. Señaló que, el Tribunal mediante auto del Quince (15) de Junio de Dos Mil

Veintitrés (2023), designó en debida forma al perito, con posesión del cargo el ocho
(8) de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

12. Corrido el traslado del dictamen, se presentaron solicitudes de aclaración y de

objeción por error grave, las cuales fueron resueltas en auto del Diecinueve (19) de
Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) por el Tribunal accionado, en el sentido
de: (i) declarar probada la objeción por error grave y (ii) negar la liquidación de
perjuicios solicitada por la parte actora; decisión que fue apelada.

13. Al desatar la alzada, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,

mediante providencia del Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025),
confirmó lo resuelto en primera instancia.

14. El Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), el accionante solicitó la

práctica de un nuevo dictamen pericial, con fundamento en lo ordenado por el

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Consejo de Estado y en que se debe garantizar una prueba idónea para la
liquidación de los perjuicios.

15. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Meta por auto del Veintinueve (29)

de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), rechazó la solicitud al considerar que, el
incidente ya se encontraba resuelto y que no era la oportunidad procesal para
decretar nuevas pruebas.

16. Apelada esta decisión, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la

confirmó mediante providencia del Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil
Veinticinco (2025).

17. Con fundamento en lo anterior, el accionante planteó la configuración de un

defecto fáctico por omisión probatoria y de un defecto procedimental absoluto,
derivados de la irregularidad advertida en la designación y posesión del perito, así
como de una violación directa de la ley, por considerar que, las decisiones
cuestionadas impidieron la efectividad de la condena reconocida en la sentencia
del Dos (2) de Mayo de Dos Mil Dieciséis (2016).

1.4. Contestación de la acción

18. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, manifestó que, el

expediente del proceso de reparación directa contiene los elementos necesarios
para que el juez de tutela adopte la decisión que corresponda, y que estaría atento
a lo que dispusiera la Sala.

19. El Tribunal Administrativo del Meta, rindió informe el Catorce (14) de Mayo de

Dos Mil Veintiséis (2026), en el que se remitió a las consideraciones de las
providencias cuestionadas porque, en ella se realizó la fundamentación jurídica,
normativa y fáctica que sustentó las decisiones adoptadas.

20. Además, señaló que, a través de la acción de tutela, se pretendía reabrir un
debate propio de una tercera instancia. De otra parte, adujo que, el cuestionamiento
contra la decisión de fondo del incidente, no satisfacía el requisito de inmediatez.

21. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, propuso la falta

de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la entidad condenada en el
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proceso de reparación directa fue la Nación, Ministerio de Defensa, Armada
Nacional, y no la Policía Nacional.

22. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, defendió la legalidad de las
decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Meta y por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, al estimar que el trámite del incidente de
liquidación de perjuicios se surtió conforme a derecho y que la acción de tutela
pretendía reabrir un debate propio de las instancias ordinarias. En consecuencia,
solicitó declarar la improcedencia del amparo.

1.5. Providencia impugnada5

23. Mediante sentencia del Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), el

Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró la improcedencia de la acción de
tutela, al considerar que, no se superaron los requisitos de inmediatez y de
relevancia constitucional.

24. En cuanto a la inmediatez, precisó que, entre la ejecutoria del auto del 28 de abril

de 2025 —que confirmó la negativa de liquidación de perjuicios— y la presentación
de la tutela el Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), transcurrieron
más de seis meses, sin que se acreditara circunstancia alguna que justificara ese
retardo o que habilitara flexibilizar dicho término.

25. En cuanto a la relevancia constitucional, señaló que, si bien frente al auto del 25

de noviembre de 2025 —que confirmó el rechazo de la solicitud de un nuevo
dictamen pericial— no operó el fenómeno de la inmediatez, el escrito de tutela no
expuso argumentación suficiente para acreditar que dicha decisión, en sí misma,
hubiera transgredido derechos fundamentales, por lo que concluyó que el debate
planteado buscaba reabrir una discusión propia de las instancias ordinarias.

1.6. La impugnación6

26. Inconforme con la decisión de primera instancia, el accionante la impugnó.

5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 32.
6
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 17.
5

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27. Frente al requisito de inmediatez, sostuvo que el accionante ostenta la condición

de víctima del conflicto armado, calidad reconocida en la sentencia del (2) de Mayo
de Dos Mil Dieciséis (2016), y que la vulneración alegada es permanente y actual,
lo que, a su juicio, ameritaba flexibilizar el término de seis meses conforme a la
jurisprudencia constitucional sobre sujetos de especial protección.

28. Añadió que, desde la providencia del Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil

Veinticinco (2025) hasta la presentación de la tutela, esto es, el Veintitrés (23) de
Abril siguiente, transcurrieron aproximadamente cinco meses, término que estimó
razonable en atención a la complejidad del expediente.

29. Frente a la relevancia constitucional, argumentó que las providencias
cuestionadas configuran defecto fáctico por omisión probatoria, defecto
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución, en la medida en que
el dictamen pericial que sirvió de fundamento para negar la liquidación de perjuicios
fue elaborado y trasladado a las partes antes de la designación y posesión del
perito, y no se adoptaron medidas para subsanar esa deficiencia, lo que, en su
criterio, impidió la efectividad de la condena reconocida a favor de una víctima del
conflicto armado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. En virtud de los artículos 327 del Decreto Ley 2591 de 19918 y 259 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 201910 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2. La acción

31. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento

7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
10
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6

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y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

32. Se contrae a determinar si la presente acción de tutela fue promovida en un plazo

razonable desde el momento en que presuntamente se patentizó la vulneración
alegada, de suerte que, haga procedente el estudio de fondo de la presente acción
de tutela.

2.4. Requisito general de la inmediatez.

33. Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar

que la jurisprudencia constitucional11 ha establecido para tal propósito varios
requisitos generales, entre los que se encuentra la inmediatez.

34. Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0112,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación.

35. Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque

el presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto
es que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.

36. Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada

11
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
7

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vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado;13 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición14.15».

37. De igual modo, se aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 16,

existen dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son:
«(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de
acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros». Situaciones que deberán ser analizadas en cada caso,

en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al mencionado (6
meses).

2.5 Solución al caso concreto.

38. En el asunto sub judice, la Sala observa que, el actor promovió el presente

mecanismo por cuanto, considera como lesiva de sus garantías constitucionales,
las decisiones de las autoridades judiciales accionadas de negar la liquidación de
perjuicios (exp. 50001 2331 000 2002 40399 00), ya que, se fundaron en un
dictamen pericial que no era idóneo y con vicios de forma que comprometen su
validez.

2.5.1. Breve precisión sobre los incidentes en el proceso.

39. En procura de resolver el problema jurídico, es menester recordar que, los
incidentes son cuestiones accesorias a un proceso, pero que guardan relación, y
son tramitados y decididos por separado. Así las cosas, en el curso de un litigio, el
Legislador prevé que asuntos adicionales deben tramitarse como incidente,
mientras que, las otras peticiones, deberán ser resueltas de plano17.

40. Tanto en el anterior Código de Procedimiento Civil, como en el actual Código

13
Sentencia SU-961/99.
14
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Tanto en el derogado Código de Procedimiento Civil (Art. 135), como en el actual Código General del Proceso (art. 127).
8

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General del Proceso, se estableció como regla la preclusión de los incidentes. En
efecto, en ambos catálogos procesales se guardó idéntica redacción, así:

El incidente deberá proponerse con base en todos los motivos existentes al tiempo de
su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos
ocurridos con posterioridad.

41. De lo anterior, se colige que, decidido un incidente no podrá promoverse uno

similar que se edifique en los mismos motivos, salvo que se funde en hechos
ocurridos con posterioridad.

2.5.2. Análisis de inmediatez en el caso concreto.

42. En el proceso de reparación directa con radicado núm. 50001-23-31-000-2002-

40399-00, se resaltan los siguientes actos procesales18:

• El Dos (2) de Mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia en
la que revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, (i) se declaró
administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional y (ii) condenó en al pago de perjuicios en las
modalidades de daño emergente y lucro cesante; cuya liquidación se
realizaría mediante incidente y conforme a los parámetros determinados en
la parte motiva de la decisión.
• El Diez (10) de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016), la parte accionante
promovió el respectivo incidente ante el Tribunal Administrativo del Meta.
• El Quince (15) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), el Tribunal
Administrativo del Meta dio trámite a la petición, con fundamento en el
numeral 2° del Artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.
• El Veinticuatro (24) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), el Tribunal
accionado decretó pruebas, entre ellas, el dictamen pericial para cuantificar
el perjuicio por daño emergente y lucro cesante.
• El Nueve (9) de Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), la apoderada judicial
del incidentante -aquí accionante- allegó el dictamen pericial elaborado por
el señor Juan José Cendales19.

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Expediente disponible en Samai
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Índice 00055 Samai.
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• El Ocho (8) de Septiembre de Dos Mil Veintitrés (2023), se celebró
audiencia, en la que, se posesionó el referido perito, y se corrió traslado del
dictamen rendido y que ya había sido aportado.
• El Dos (2) de Octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), el Tribunal
Administrativo del Meta, corrió traslado de las objeciones realizadas al
trabajo pericial.
• El Diecinueve (19) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), se
resolvió el incidente promovido, en el sentido de negar la liquidación de
perjuicios, al no haberse cumplido con la carga de la prueba. Para dicho
cometido, además de apreciar el mérito de las probanzas aportadas, valoró
y desestimó el contenido de la pericia practicada al haber incurrido en errores
de fondo en sus análisis. Decisión que fue objeto de apelación.
• El Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025), el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, desató el recurso, para lo cual
confirmó lo decidido por el a quo.
• El Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), el accionante
allegó un memorial en el que solicitó «[…] que se ordene la realización de un nuevo
peritaje que cumpla con los estándares fijados por el H. Consejo de Estado en la sentencia
de condena del 2 de mayo de 2016».

• El Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), el Tribunal
Administrativo del Meta negó por improcedente la anterior petición, toda vez
que, el incidente de perjuicios había finalizado por lo que, no era la
oportunidad procesal para pedir nuevas pruebas.
• El Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B confirmó la anterior
decisión.

43. De lo expuesto en la anterior línea de tiempo, se observa que, durante el curso

del incidente, se decretó un dictamen pericial con el objetivo de cuantificar el
perjuicio por daño emergente del inmueble y el establecimiento de comercio, así
como el lucro cesante de este último bien mercantil. La experticia fue elaborada por
el señor Cendales, la cual fue aportada al proceso por el mismo accionante y sujeto
a contradicción de las partes del incidente.

44. Agotado el trámite de rigor, el Tribunal Administrativo del Meta decidió el

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incidente de liquidación de perjuicios, para lo cual, encontró próspera la objeción
por error grave de la pericia practicada, y consideró que, el accionante incumplió
con su carga de acreditar los perjuicios pretendidos; decisión que fue objeto de
escrutinio por la segunda instancia, quien la confirmó.

45. En ese orden de ideas, nótese que, el incidente fue iniciado y cerrado con
observancia de las normas procedimentales del caso, y, en consecuencia, la
oportunidad procesal para liquidar los perjuicios precluyó con la decisión de
segunda instancia.

46. Así las cosas, una eventual vulneración de los derechos fundamentales
ocasionada por el trámite de la liquidación de perjuicios, bien sea por el decreto y
práctica del dictamen pericial, o por su valoración y decisión, se materializó al
momento de desatarse la alzada de la providencia que negó la liquidación por
incumplir la carga de la prueba, esto es, el Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil
Veinticinco (2025).

47. En ese orden de ideas, si el actor estimaba lesionadas sus garantías
fundamentales, debió concurrir en un tiempo razonable ante este mecanismo
constitucional. Sin embargo, ello no aconteció, ya que, promovió la presente acción
de tutela el Veintitrés (23) de Abril de esta calenda, es decir, casi un año después.

48. Ahora bien, el accionante insiste que, la inmediatez debe verificarse desde el

auto de Veinticinco (25) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025) de la Sección
Tercera, Subsección B de esta Corporación, pues fue el auto que cerró la «discusión
procesal». No obstante, dicha providencia correspondía a la apelación del auto que

había negado la designación de un nuevo perito, solicitud que, desde un principio
era improcedente ya que, el incidente de regulación de perjuicios había finalizado,
precluyendo tal etapa procesal.

49. Una petición abiertamente improcedente, en desconocimiento del régimen
procesal aplicable, no varía el estudio del requisito de inmediatez en esta
oportunidad. En efecto, si el actor consideraba que existía un yerro en la práctica
del dictamen pericial, en su valoración o en la fundamentación de la decisión que
resolvió el incidente, y que configurara alguna causal de procedencia excepcional
de la acción de tutela, era su deber acudir con prontitud para la salvaguarda de sus
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prerrogativas a través de este mecanismo constitucional y no promover peticiones
infundadas.

50. De otra parte, en el escrito de impugnación, el actor señaló que, el requisito de

inmediatez debe ser menos estricto dada su condición de víctima. En primer lugar,
es menester indicar que, en el escrito de tutela el accionante no invocó dicha
condición para que, fuera tenida en cuenta en el análisis realizado por el juez de
primer grado.

51. En segundo lugar, la condición de víctima no libera del estudio de inmediatez,

sino que, implica un análisis de acuerdo con el contexto de la situación planteada 20.
Así las cosas, se advierte que, la queja constitucional se concreta en la
inconformidad con la producción de la prueba pericial y en su contenido. No
obstante, en el caso bajo estudio, el accionante siempre tuvo la posibilidad de
conocer la prueba, agotar su contradicción y ejercer los mecanismos que la Ley le
otorga; incluso, fue el mismo accionante quien incorporó la experticia al plenario
para su trámite, conforme se observa en el índice 00055 del respectivo expediente.

52. Al respecto, debe traerse a colación lo decantado por la Corte Constitucional21:

“(…) ha mantenido una línea jurisprudencial respecto del aforismo “Nemo auditur
propriam turpitudinem allegans”, a través de la cual sostiene que el juez no puede
amparar situaciones donde la vulneración de los derechos fundamentales del
actor se deriva de una actuación negligente, dolosa o de mala fe. Cuando ello ocurre,
es decir, que el particular o la autoridad pública pretende aprovecharse del propio error,
dolo o culpa, se ha justificado la aplicación de este principio como una forma de impedir
el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico. Por lo
que la persona está prima facie en la imposibilidad jurídica de obtener beneficios
originados de su actuar doloso. (…)”

53. En tal medida, la probanza que cuestiona, y que fue valorada en la decisión que

puso fin al incidente de perjuicios, fue introducida al trámite por el mismo accionante.
Es decir, la situación planteada como vulneradora de sus derechos fundamentales,
deriva directamente de su propia conducta procesal, al allegar un medio de prueba
que no reunía los requisitos que hoy echa de menos.

54. Por lo que, debe recordarse que, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo

para recuperar oportunidades perdidas o subsanar la incuria en la gestión de sus

20
Corte Constitucional. Sentencia SU-150 de 2021, invocada por el accionante en el escrito de impugnación.
21
Corte Constitucional. Sentencia T - 122 de 2017.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03164-01
Accionante: Hernando Martínez Novoa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y otro

propios intereses, máxime, cuando siempre estuvo representado por apoderado
judicial.

55. En consecuencia, la situación fáctica planteada por el accionante y su condición

de víctima, no permiten colegir que, deba flexibilizarse el estudio del requisito de
inmediatez, en la medida en que, el actor gozó en todo momento de las
oportunidades necesarias para plantear sus inconformidades durante el trámite
incidental, incluso fue el mismo quien allegó la experticia al trámite.

56. Bajo tales derroteros, esta Sala de Decisión colige que, el a quo acertó en negar

por improcedente la presente acción de tutela, pues: (i) la decisión que puso fin al
incidente de perjuicio data del Veintiocho (28) de Abril de Dos Mil Veinticinco (2025),
es decir, hace aproximadamente un año; (ii) la decisión del Veinticinco (25) de
Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, no altera el estudio de inmediatez, comoquiera que,
en ella se resolvió la segunda instancia de una petición abiertamente improcedente;
y (iii) no hay lugar a flexibilizar el análisis del mentado requisito por su condición de
víctima toda vez que, del contexto de la tutela, se observó que, el accionante
siempre contó con la posibilidad de controvertir la prueba de la cual hoy se duele.

57. En ese orden de ideas, se confirmará la decisión impugnada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de Cuatro (4) de Junio de Dos Mil Veintiséis
(2026), proferido por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03164-01
Accionante: Hernando Martínez Novoa
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y otro

TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

14

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