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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03165-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03165-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO respecto de la mora judicial injustificada en la que incurrió el Tribunal Administrativo del Atlántico por no dar cumplimiento a lo ordenado en el auto del 18 de octubre de 2022. En lo demás, NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de Gases del Caribe S.A. E.S.P. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 20 Índice 10 de Samai. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Municipio de Santo Tomás Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-03165-00 CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03165-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03165-00
Accionante: MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Tema: Declara carencia actual de objeto por hecho superado y
niega mora judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y
de Gases del Caribe S.A. E.S.P. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por
el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 27 de abril del 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El municipio de Santo Tomás, actuando a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y de
Gases del Caribe S.A. E.S.P. Con la solicitud, pretende que se le proteja su derecho
fundamental al debido proceso.

2. La parte actora le adjudica la transgresión de sus garantías constitucionales
al hecho de que el tribunal accionado no ha emitido los oficios de desembargo
ordenados en el auto del 18 de octubre de 2022 dentro del proceso ejecutivo con

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como autoridades
accionadas al Tribunal Administrativo del Atlántico y a Gases del Caribe S.A. E.S.P. A su vez, se
vinculó en calidad de terceros con interés a los señores Rubén Dario González Pertúz, Luz Estella
Zuluaga Vásquez, Rubén Dario González Zuluaga, Luz Stella González Zuluaga, quienes integraron
la parte ejecutante del proceso ordinario y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en
los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.

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Accionante: Municipio de Santo Tomás
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radicado 08001-23-31-000-2013-00631-003.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Se ORDENE cumplir por parte de la secretaria del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO. MAG. DOCTORA JUDITH ROMERO
IBARRA. DESPACHO 01, lo ordenado en el auto de fecha del dieciocho (18) de
octubre de dos mil veintidós (2022.

OFICIAR AL GACES DEL CARIBE SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES.

SEGUNDO: Se ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO.
MAG. DOCTORA JUDITH ROMERO IBARRA. DESPACHO 01, QUE le hagan
entrega A MI PODERDANTE EL DEMANDADO MUNICIPIO DE SANTO TOMAS,
DE LOS TITULOS O DEPOSITOS JUDICIALES QUE SE CAUSARON DESPUES
DE LA TERMINACION DEL PROCESO Y LOS QUE SE SIGAN CAUSANDO
HASTA EL DESEMBARGO DE LAS CUENTAS REALIZADS EN ESTE PROCESO,
YA QUE ESTOS NO TIENEN O POSEEN CON LA TEREMINACION DEL
PROCESO LA CALIDAD DE REMANENTES4.

1.2. Hechos

4. De conformidad con la información que se logró recabar en el proceso, se
tienen los siguientes:

5. Los señores Rubén González Pertuz, Luz Stella Zuluaga Vásquez y sus dos
hijos menores5, interpusieron demanda de reparación directa contra el municipio de
Santo Tomás, a fin de que se declarara administrativamente responsable por la
muerte de su hijo, el menor J.R.G.Z., ocurrida el 4 de agosto de 1996 a causa de
inmersión en una alberca construida con buldócer que no tenía señalización.

6. El referido proceso, fue identificado con el radicado 08001-23-31-000-1997-
02756-00/01, conocido en primera instancia por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que mediante sentencia del 20 de septiembre del 2000 negó las súplicas
de la demanda. Posteriormente, mediante sentencia del 28 de julio de 2011, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, revocó la decisión del
a quo, y, en su lugar, lo declaró patrimonialmente responsable.

7. Con base en lo anterior, los accionantes, adelantaron ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico un proceso ejecutivo contra el referido municipio,
identificado con radicado 08001-23-31-000-2013-00631-00, con el fin de obtener el
pago de las obligaciones derivadas de la sentencia proferida el 28 de julio de 2011.

3 Se precisa que el actor en el escrito de tutela indicó que el radicado era 08001-23-33-001-2013-

00631-00, pero, una vez se realizó la búsqueda en SAMAI del expediente, se constató que el
radicado correcto es 08001-23-31-000-2013-00631-00.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
5 Rubén Dario González Zuluaga, Luz Stella González Zuluaga.

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8. El 13 de noviembre de 2013, el despacho 01 del tribunal libró mandamiento
de pago en el que ordenó seguir adelante con la ejecución y negó las medidas
cautelares de embargo y secuestro solicitadas, por cuanto, indicó que, «en los
procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá
decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante
con la ejecución».6

9. Seguidamente, la autoridad enjuiciada, mediante proveído del 7 de abril de
2015, i) aprobó la liquidación del crédito realizada por el apoderado de la parte
ejecutante, por valor de $184.247.232.00; ii) decretó el embargo y secuestro de los
recursos del presupuesto del municipio de Santo Tomás designados al pago de
sentencias judiciales o conciliaciones, si existiere dicho fondo; iii) asimismo, los
dineros que a título de remanente, reposen en los Juzgados Administrativos del
Circuito Judicial de Barranquilla y en esa corporación, y que se depositan bajo la
modalidad de depósito judicial, en las cuentas corrientes en el Banco Agrario de
Colombia, y, por último, el embargo y secuestro de los dineros que por concepto de
impuesto de industria y comercio, avisos, tableros, impuesto predial, que deben
remitir al municipio de Santo Tomás, las Supertiendas y Droguerías Olímpicas S.A,
Promigas S.A., Gases del Caribe, la Electrificadora del Atlántico en Liquidación
Electricaribe, Triple A y Telecom.

10. El proceso ejecutivo finalizó el 16 de mayo de 2019, por pago total de la
obligación, luego de la entrega del saldo pendiente a la parte demandante, levantó
las medidas cautelares decretadas, y ordenó librar los oficios correspondientes.
Igualmente, ordenó la devolución al municipio de los depósitos judiciales que
resultaron a su favor.

11. Posteriormente, el 5 de agosto de 2022, el despacho 04 del Tribunal
Administrativo del Atlántico a través de Oficio 6118-2022LM proferido dentro del
proceso ejecutivo con radicado 08001-23-33-000-2013-00002-00 adelantado por
María Antonia Mejía Caballero contra el municipio de Santo Tomás, solicitó el
embargo de los remanentes de este proceso.

12. A su vez, el 24 de agosto de 2022, el Juzgado 10 Administrativo del Circuito
de Barranquilla mediante Oficio No. 0107, informó al accionado el embargo del
remanente decretado dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el núm. 08001-33-
33-010-2015-00163-00, promovido por Elsy Judith Ariza de la Hoz contra el mismo
municipio.

13. Finalmente, mediante auto del 18 de octubre de 2022, la autoridad judicial
accionada ordenó poner a disposición del despacho 04 de esa misma corporación
el remanente de este proceso con destino al ejecutivo promovido por María Antonia
Mejía Caballero, por cuanto se recibió con antelación el embargo respecto del
presentado por el juzgado.

6 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012.

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14. Igualmente, ordenó la conversión de los títulos de los depósitos judiciales que
resultaron a favor del municipio con destino al proceso referenciado y, requirió al
secretario general de la corporación para que librara los respectivos oficios de
desembargo de las cuentas del municipio de Santo Tomás, informando a las
diferentes entidades bancarias que debían abstenerse, en lo sucesivo, de poner a
disposición de su despacho los dineros del ente territorial.

15. Por último, decretó que se informara al Juzgado 10 Administrativo del Circuito
de Barranquilla de lo aquí decidido.

1.3. Sustento de la vulneración

16. La parte accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico
vulneró su derecho fundamental al debido proceso al no haber dado cumplimiento
efectivo a lo ordenado en el numeral quinto del auto del 18 de octubre de 2022,
mediante el cual se requirió al Secretario General de esa corporación para que
librara los respectivos oficios de desembargo de las cuentas de la entidad territorial
e informara a las entidades bancarias que debían abstenerse de poner a disposición
del despacho dineros pertenecientes al municipio.

17. Señaló que, pese a que en el año 2019 se declaró terminado el proceso
ejecutivo por pago total de la obligación y se impartieron las órdenes necesarias
para levantar las medidas cautelares existentes, estas no se han materializado,
circunstancia que ha permitido que continúen efectuándose descuentos y
retenciones sobre recursos del municipio.

18. Asimismo, manifestó que la sociedad Gases del Caribe S.A. E.S.P. ha
contribuido a la permanencia de dicha situación, pues los descuentos continúan
realizándose a través de esa empresa, porque no ha hecho efectivo el
levantamiento de las medidas cautelares que afectan los recursos de la entidad
territorial.

19. Con fundamento en lo anterior, el municipio considera que la omisión
atribuida al Tribunal Administrativo del Atlántico y la persistencia de las medidas
cautelares han generado una afectación continua de sus recursos, vulnerando su
derecho fundamental al debido proceso.

20. De igual forma, indicó que como consecuencia de la falta de desembargo de
las cuentas del municipio se han seguido constituyendo depósitos judiciales con
posterioridad a la terminación del proceso ejecutivo, pese a que la obligación objeto
de cobro ya fue satisfecha en su totalidad. Por esta razón, solicita que el Tribunal
Administrativo del Atlántico disponga la entrega al municipio de los títulos o
depósitos judiciales que se hubieren constituido después de la terminación del
proceso, así como de aquellos que continúen causándose hasta tanto se materialice
el levantamiento de las medidas cautelares.

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1.4. Intervenciones

21. El Secretario General del Tribunal Administrativo del Atlántico7,
Giovanni Rada Herrera hizo una contextualización del proceso ejecutivo que da
origen al mecanismo constitucional. Sostuvo que, en efecto, mediante auto del 18
de octubre de 2022 se ordenó el desembargo de las cuentas del municipio y,
además, se ordenó poner a disposición los remanentes de este proceso, al
expediente ejecutivo con radicado 8001-23-33-000-2013-00002-00. Indicó que, si
bien se realizó la conversión de los títulos, quedó pendiente librar los oficios para el
levantamiento de las medidas cautelares dictadas al interior del proceso 08001-23-
31-000-2013-00631-00, razón por la cual procedió a hacer el envío inmediato de los
oficios correspondientes, los cuales puso de presente que ya constan en el
expediente y que fueron emitidos el mismo día que rindió su informe, esto es, el 30
de abril de 2026.

22. Ahora bien, respecto de la entrega de los títulos, indicó que dicha solicitud
ingresó al despacho conductor el 28 de abril de 2025, por lo que, la secretaría no
es competente para ordenar la entrega de los depósitos judiciales que se
encuentran vinculados a los despachos del tribunal, ni de la secretaría general.

23. De otra parte, y en gracia de discusión, indicó que toda vez que el proceso
ejecutivo con radicación 8001-23-33-000-2013-00002-00 se encuentra vigente,
tales dineros están llamados a ser retenidos hasta tanto la magistrada ponente de
ese proceso ordene la devolución de los dineros embargados. Finalmente, puso de
presente que el señor Hernando Carlos Badillo Muriel no allegó el poder
debidamente constituido para actuar como apoderado judicial del municipio de
Santo Tomás, de modo que no era clara su legitimación para actuar en nombre del
ente territorial8.

24. A su vez, el Despacho 01 de la Sala de Decisión A del Tribunal
Administrativo del Atlántico9 intervino por conducto de la magistrada Judith
Romero Ibarra, quien hizo un breve recuento de lo ocurrido al interior del proceso
ejecutivo promovido por Rubén Darío González contra el municipio de Santo Tomás.
Al respecto, indicó que el despacho cumplió con la carga procesal correspondiente,
debido a que al encontrarse embargado el remanente en el proceso ejecutivo
adelantado por el despacho 04 de esa misma corporación, le era improcedente
acceder a la entrega de los títulos, por lo que refirió, que lo anterior denota que el
accionante no ha revisado las actuaciones surtidas dentro del trámite, y, que al
parecer no tiene conocimiento de los procesos que se adelantan en su contra en
otros despachos.

7 Índice 8 de Samai.
8 Sobre el particular, se precisa que, como consecuencia, se hizo su requerimiento en el auto
admisorio, el cual fue debidamente allegado posteriormente.
9 Índice 9 de Samai.

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25. Solicitó no acceder a las pretensiones, al advertir que no se configuró ninguna
de las causales de procedencia del mecanismo de amparo contra decisiones
judicial, ni se evidenció afectación alguna de relevancia constitucional que amerite
la intervención del juez de tutela. Por último, agregó que tampoco se acreditó la
existencia de una vía de hecho y que, en todo caso, actuó con diligencia y estricto
respeto de los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad y razonabilidad.

26. Por su parte, Gases del Caribe S.A. E.S.P.10 refirió que el accionante
buscaba hacer incurrir en error al despacho al imputarle una supuesta ejecución
«indebida» y prolongada de medidas cautelares, desconociendo que no ostenta
legitimación en la causa por pasiva, ni tiene competencia legal para decretar,
modificar, mantener o levantar embargos. Indicó que tal como se encuentra
acreditado, su actuación se limitó al estricto cumplimiento de las órdenes judiciales
válidamente notificadas, en su condición de tercero retenedor. Por lo tanto, sostuvo
que mientras no mediara una orden expresa de levantamiento de las medidas
cautelares, la empresa se encontraba jurídicamente obligada a continuar dando
cumplimiento a los oficios de embargo vigentes, so pena de incurrir en desacato o
responsabilidades legales.

27. En ese sentido, adujo que sostener la existencia de una conducta arbitraria
o vulneradora de derechos fundamentales atribuible a esta entidad era abiertamente
contrario a la realidad fáctica y jurídica, máxime, si se tiene en cuenta que solo hasta
el 30 de abril de 2026, y una vez la orden judicial fue debidamente notificada de
manera efectiva a la empresa, la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Atlántico notificó la orden contenida en el Oficio No. 2083-2026-GR, mediante la
cual se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y se dejó sin efectos de
los oficios de embargo previamente librados. En consecuencia, indicó que procedió
de manera inmediata a cesar los pagos que venía realizando al despacho judicial,
a partir del mes en curso, acatando así en su integridad la instrucción judicial
recibida.

28. Al respecto, agregó que procedió a emitir la comunicación No. 810-26-
001916 del 5 de mayo de 2026, la cual fue remitida al correo electrónico
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co en la que manifestaron que a partir de la
fecha de recibo del oficio en mención, dejó de efectuar pagos en virtud del embargo
correspondiente a la referencia indicada, dando cumplimiento a lo ordenado por ese
Honorable Tribunal y que una vez verificado que no reposan otros embargos
vigentes o pendientes a favor del municipio de Santo Tomás, el valor total de los
impuestos causados sería cancelado directamente al municipio, conforme a la
normatividad aplicable y a los procedimientos internos de pago.

29. Finalizó indicando que, en consecuencia, cualquier inconformidad
relacionada con la permanencia de las medidas cautelares no podía serle atribuida,
al no tener competencia para controlar el momento en que la autoridad judicial emite

10 Índice 10 de Samai.

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y notifica la orden de desembargo. Solicitó negar las pretensiones y su
desvinculación de cualquier tipo de responsabilidad, por la configuración del hecho
superado y por la ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

30. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado respecto
de la mora judicial injustificada en la que incurrió el Tribunal Administrativo del
Atlántico por no dar cumplimiento a lo ordenado en el auto del 18 de octubre de
2022, esto, es, requerir al secretario general de la corporación para que librara los
oficios de desembargo respectivos, y, en lo demás, negará el amparo deprecado.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

31. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
de tutela pueda emitir una decisión de fondo11.

32. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:

33. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

34. La Sala advierte que el municipio de Santo Tomás está legitimado en la causa
por activa, ya que es el ente contra el cual se adelantó el proceso ejecutivo cuya
mora judicial se reprocha mediante esta vía.

35. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Atlántico está
legitimado en la causa por pasiva, dado que adelantó el trámite del proceso y es la
autoridad judicial sobre la cual se predica la mora judicial.

36. Ahora, Gases del Caribe S.A. E.SP. solicitó su desvinculación del proceso,

11 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021

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por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, la
Sala negará su solicitud, en tanto el accionante también le atribuyó a dicha empresa
la vulneración de sus derechos fundamentales por mantener vigente la medida
cautelar.

37. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental12.

38. El accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual la
parte actora alega la presunta mora judicial.

39. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado acción de tutela
solo procede en dos casos excepcionales13: i) como mecanismo de protección
definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo 14 y
eficaz15 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.

40. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que no
cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la falta de trámite del
proceso ejecutivo en el que conforma la parte ejecutada.

2.1.2. En el caso objeto de estudio operó la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto del Tribunal Administrativo del Atlántico por haber
librado los oficios de desembargo respectivos

41. Como se ha expuesto, el accionante adjudicó la vulneración de sus garantías
constitucionales a la mora judicial del Tribunal Administrativo del Atlántico en
requerir al secretario general de esa corporación, para que librara los respectivos
oficios de desembargo a las diferentes entidades bancarias, con el objeto de
informar que el proceso ejecutivo con radicado 08001-23-31-000-2013-00631-00 se
encuentra terminado, y, en consecuencia, tomaran nota del desembargo de las
cuentas del municipio.

42. En ese orden, lo correspondiente sería entrar a determinar si la autoridad
judicial incurrió en una vulneración las garantías fundamentales del tutelante, con
ocasión a una dilación injustificada en no librar los oficios de levantamiento de los
embargos efectuados al interior del referido proceso ejecutivo ordenados en el auto

12 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
13 Sentencia T-183 de 2024.
14 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir

el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
15 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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del 18 de octubre de 2022.

43. No obstante, de las intervenciones allegadas al presente trámite16 y de la
revisión del expediente ordinario en el sitio web Samai, se logró corroborar que el
30 de abril de 202617, el secretario general de dicha corporación libró el OFICIO
2083-2026-GR, mediante el cual informó a Supertiendas y Droguerías Olímpica
S.A., Promigas S.A. E.S.P., Gases del Caribe S.A. E.S.P., Triple A S.A. E.S.P. y
Electricaribe S.A. (En liquidación), que se dejaban sin efecto los oficios de embargo
librados al interior del proceso ejecutivo referenciado de manera previa y el
consecuente levantamiento de las medidas cautelares registradas en dichos
escritos.

44. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la amenaza
al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, de suerte
que el instrumento pierde efectividad, lo que hace que la intervención del juez
constitucional sea inane. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el
juez de tutela no ha sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos
o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre
escenarios hipotéticos, consumados o ya superados».

45. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido superada
o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central
que soporta el concepto de carencia actual de objeto».

46. Sobre la figura del hecho superado, la Corte Constitucional indicó en la
sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que
se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna».

47. Por tanto, para la Sala se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto del Tribunal Administrativo del Atlántico por haber librado los
oficios de desembargo respectivos durante el trámite del presente mecanismo
constitucional. Lo anterior, toda vez que desapareció la circunstancia que podía
originar algún quebranto de los derechos fundamentales del tutelante. Así
que, cualquier orden que se imparta por parte de esta sala carecería de sentido,
pues la posible vulneración habría cesado en el curso de la presente acción de
tutela.

16 Índice 9 de Samai.
17 Índice 10 de Samai del proceso ejecutivo 08001-23-31-000-2013-00631-00.

9
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2.1.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico no incurrió en mora en lo que
concierne a la entrega de títulos judiciales

48. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, en los casos que: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el
cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»18.

49. En sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional explicó que, ante la
imposibilidad de dictar la providencia en el plazo previsto por el legislador, la
autoridad judicial está en la obligación de informar al interesado «las medidas
utilizadas y de las gestiones realizadas para evitar la congestión del despacho
judicial, así como de las causas que no permitieron dictar una decisión oportuna. Lo
anterior, por cuanto los interesados en la actuación procesal “tienen derecho a
conocer con precisión y claridad las circunstancias por las que atraviesa el
despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”19».

50. En ese sentido, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Atlántico
no incurrió en mora judicial injustificada en entregar los títulos judiciales constituidos
a favor del ejecutado al interior del proceso ejecutivo 08001-23-31-000-2013-00631-
00 con posterioridad a su terminación en 2019, pese a que la obligación objeto de
cobro ya fue satisfecha en su totalidad.

51. Ello, por cuanto, de la revisión del expediente ejecutivo, se advierte que con
ocasión de las solicitudes de embargo de remanentes allegadas al proceso por el
despacho 04 del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado 10 Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante auto del 18 de octubre de 2022 se
resolvió poner a disposición del primero los títulos certificados por la Secretaria
General con destino al proceso 08001-23-33-000-2013-00002-00 promovido por
María Antonia Mejía Caballero contra el mismo municipio, además de haberse
ordenado su conversión, en consecuencia, no se advierte la configuración de la
mora judicial alegada.

52. Ahora bien, resulta pertinente precisar que la Corte Constitucional ha
señalado que la mora judicial injustificada solo vulnera derechos fundamentales
cuando existe incumplimiento injustificado de los términos legales por negligencia u
omisión del funcionario, circunstancia que no ocurre en este caso, pues, se reitera,
la entrega o no de los títulos judiciales obedece a un tema propio del funcionamiento
del proceso ejecutivo más no a una actuación negligente.

18 Ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-183 de 2024, T-420 de 2022 y SU-179

de 2021.
19 Sentencia T-030 de 2005.

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53. En vista de lo anterior, la Sala negará el amparo debido a que no se encontró
configurada la mora judicial injustificada que avale la intervención del juez
constitucional.

2.1.4. Gases del Caribe S.A. E.S.P. no vulneró los derechos fundamentales del
accionante

54. De acuerdo con el ente territorial accionante, la referida empresa habría
vulnerado sus derechos fundamentales, por cuanto no ha hecho efectivo el
levantamiento de las medidas cautelares, lo que afecta los recursos de la entidad.

55. Pues bien, para la Sala Gases del Caribe S.A. E.S.P. no vulneró derecho
alguno del municipio de Santo Tomás, puesto que, como lo indicó en el informe que
rindió en este proceso20, solo fue hasta el 30 de abril de 2026, con la comunicación
del OFICIO 2083-2026-GR, que le fue informado el levantamiento de las medidas
cautelares y que se dejaron sin efectos los oficios de embargo previamente librados.

56. En ese orden, a la empresa no le era exigible una conducta distinta a la
realizada, en tanto sus competencias y funciones no le permiten modificar o levantar
los embargos decretados por las autoridades judiciales. De allí que no pueda
predicarse que su conducta constituya un hecho vulnerador de los derechos del
ente territorial tutelante en este caso.

57. Por lo anterior, también se negará el amparo solicitado frente a Gases del
Caribe S.A. E.S.P.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO respecto de la mora judicial injustificada en la que incurrió el Tribunal
Administrativo del Atlántico por no dar cumplimiento a lo ordenado en el auto del 18
de octubre de 2022. En lo demás, NEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación de Gases del Caribe S.A. E.S.P.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

20 Índice 10 de Samai.

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CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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