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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03173-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03173-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03173-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

16 de julio de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03173-01
Demandante: Piedad Patricia Palacios González

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03173-01
Demandante: Piedad Patricia Palacios González
Demandado: Corte Suprema de Justicia – Sala Especial de Instrucción
Temas: Tutela contra actos administrativos – otro medio de
defensa judicial– improcedencia de la tutela como
mecanismo transitorio. Derecho de petición.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 22 de mayo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Piedad
Patricia Palacios González, en relación con las pretensiones de nombramiento en el cargo de
descongestión, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela presentada por la señora Piedad Patricia Palacios González,
en relación con el derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.
[…]»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de abril de 2026, la señora Piedad Patricia Palacios González, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema
de Justicia, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición, a la
igualdad, al trabajo, al debido proceso administrativo y de acceso a cargos públicos.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. TUTELAR mis derechos fundamentales a igualdad, el trabajo, el debido proceso
administrativo y el derecho al acceso a cargos públicos.

2. ORDENAR a la Secretaria De La Sala Especial De Instrucción De La Corte Suprema De
Justicia que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, aplique el sustento normativo
correspondiente a nombrar a los funcionarios de carrera con puesto en propiedad, en
consecuencia, se me provea de uno de los cargos de descongestión.

3. ORDENAR a la secretaria de la Sala Especial de Instrucción De la Corte Suprema de
Justicia emita respuesta completa a la petición realizada.

4. ORDENAR a la Secretaria de la Sala Especial de Instrucción de la CSJ informe a los
funcionarios respecto de como funciona el derecho preferente en el nombramiento de
funcionarios de carrera en puestos de descongestión.

5.ORDENAR a la Secretaria de la Sala Especial de Instrucción informe como funciona el
ascenso y nombramiento del (sic) funcionarios en provisionalidad para que estos

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mantengan sus cargos al finalizar la descongestión.

6. las demás que el despacho considere necesarias para proteger los derechos en ultra y
extra petita.

En subsidio a la petición del punto 2:

ORDENE a la Secretaria de la Sala Especial de Instrucción de la CSJ informe de manera
detallada el sustento de apartarse y desconocer una normativa vigente para no postularme
en los ascensos de los puestos creados en descongestión.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Sostuvo la demandante que desde el 26 de julio de 2018, ocupa el cargo de auxiliar
judicial grado 3 en propiedad en la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción de la
Corte Suprema de Justicia.

Indicó que, en el año 2024, tuvo la oportunidad de ejercer el cargo auxiliar judicial
grado II en descongestión. Para el año 2025, manifestó que se postuló para el mismo
cargo en descongestión, conforme a lo dispuesto en la Ley 2430 de 2024, en atención
a su condición de funcionaria en propiedad y al derecho preferente que la norma
reconoce a los empleados de carrera judicial que cumplen los requisitos del cargo.

No obstante, adujo que se designó, para ese año, a otro funcionario que se no se
encuentra vinculado a través del sistema de mérito. Para el año 2026, afirmó que se
designó a otro funcionario bajo las mismas condiciones, es decir, una persona
vinculada en provisionalidad.

El 23 de febrero de 2026, solicitó a la secretaria de la Sala Especial de Instrucción de
la Corte Suprema de Justicia que se le explicaran las razones jurídicas, administrativas
y funcionales por las cuales no fue considerada para la provisión de cargos de
descongestión, pese a ser la única servidora en propiedad y cumplir los requisitos
legales; asimismo, pidió que le informaran los criterios objetivos utilizados por la Sala
Especial de Instrucción para efectuar nombramientos en provisionalidad; que se
justificara el presunto desconocimiento de las disposiciones vigentes, en particular la
Ley 2430 de 2024; que se indicara si en los procesos de provisión de cargos se verificó
el cumplimiento del artículo 132 de dicha ley y el derecho preferente de los funcionarios
de carrera judicial; que se precisaran las medidas adoptadas para garantizar el respeto
al mérito y al acceso a cargos en propiedad; y que se reportara el número de cargos
actualmente provistos en provisionalidad, con la fecha y fundamento de cada
nombramiento.

El 16 de marzo de 2026, mediante el Oficio núm. 1755, la mencionada Sala de
Instrucción dio respuesta, en la cual le informó a la señora Palacios González que, en
relación con la provisión de cargos en la Rama Judicial, el artículo 132 de la Ley 270
de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, regula las formas de provisión de
empleos mediante nombramiento en propiedad, provisionalidad o encargo. Asimismo,
la norma dispuso que, ante vacancias temporales en cargos de carrera, el nominador
puede designar a un servidor de carrera del respectivo despacho que reúna los
requisitos exigidos o a una persona inscrita en el correspondiente registro de elegibles.
De acuerdo con esta disposición, ambas alternativas se encuentran contempladas por

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la ley como opciones a disposición de la autoridad nominadora, sin que se establezca
expresamente un orden de prelación obligatorio entre ellas.

El 17 de marzo de 2026, mediante el Oficio núm. 070, la magistrada Cristina Lombana
Velásquez, le indicó que su nombre no había sido postulado para los cargos vacantes
en descongestión o en encargo.

3. Argumentos de la tutela

La accionante sostuvo que la acción de tutela resultaba procedente por cuanto
buscaba la protección inmediata de sus derechos fundamentales vulnerados por la
secretaria de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En tal
sentido, afirmó que se encontraban satisfechos los requisitos de legitimación,
inmediatez y subsidiariedad, dado que previamente había ejercido el derecho de
petición, las actuaciones cuestionadas eran recientes y no existía otro mecanismo
judicial idóneo y eficaz para obtener una protección oportuna frente a la afectación
alegada.

La demandante afirmó que las actuaciones de la entidad accionada desconocieron el
principio constitucional del mérito, circunstancia que, a su juicio, afectó los derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a cargos
públicos. Señaló que el mérito constituía la regla general para el ingreso, ascenso y
permanencia en los empleos estatales, por lo que cualquier decisión adoptada al
margen de criterios objetivos y transparentes implicaba una vulneración de garantías
constitucionales esenciales.

Asimismo, expuso que el sistema de carrera tenía como finalidad garantizar el acceso
a los cargos públicos en condiciones de igualdad, mediante criterios objetivos
relacionados con la capacidad, la idoneidad y el mérito de los aspirantes. En
consecuencia, sostuvo que cuando la administración desconocía dichos criterios y
privilegiaba mecanismos distintos de selección, se afectaban directamente la igualdad
de oportunidades y el derecho de acceso al ejercicio de funciones y cargos públicos.

De igual forma, manifestó que el principio del mérito también protegía los derechos al
trabajo y al debido proceso, ya que los procedimientos de provisión de cargos
constituían actuaciones regladas sujetas al estricto cumplimiento de la ley. Por ello,
consideró que las decisiones adoptadas sin motivación suficiente o apartadas de los
parámetros normativos vulneraban las garantías procesales de los servidores públicos
y menoscababan la confianza legítima derivada de su trayectoria dentro de la carrera
judicial.

En cuanto al fondo de la controversia, la accionante consideró errónea la interpretación
realizada por la entidad respecto del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado
por la Ley 2430 de 2024. Según indicó, la autoridad accionada transformó
indebidamente una disposición que debía interpretarse conforme a los principios
constitucionales de mérito e igualdad en una facultad de carácter puramente
discrecional, sustentada en una lectura aislada del término «podrá».

Adicionalmente, argumentó que una interpretación sistemática y teleológica de la
norma, acorde con la Constitución, impedía entender dicha disposición como una
autorización irrestricta para efectuar nombramientos libremente. Igualmente, señaló
que diversas fuentes oficiales de consulta normativa reflejaban una regla de actuación

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orientada por el mérito, razón por la cual estimó que la entidad incurrió en un error
jurídico al fundamentar su decisión en una supuesta discrecionalidad absoluta.

Explicó que los cargos de descongestión poseían una naturaleza transitoria y no
integraban de manera permanente la carrera judicial, motivo por el cual su provisión
se realizaba mediante nombramientos en provisionalidad destinados a atender
necesidades temporales de la administración de justicia. Indicó además que la
jurisprudencia había avalado esta modalidad al asimilar dichos cargos a situaciones
de vacancia temporal que permitían una designación directa por parte de la autoridad
nominadora.

No obstante, sostuvo que esa facultad no tenía carácter absoluto, pues la
jurisprudencia constitucional había establecido la obligación de respetar el principio del
mérito y observar un orden de prelación en la provisión de dichos cargos. Según esa
interpretación, debían privilegiarse, en primer lugar, los servidores de la Rama Judicial
que reunieran los requisitos exigidos; en segundo lugar, los integrantes de listas de
elegibles; y solo de manera residual otras personas habilitadas para el cargo. En
consecuencia, se afirmó que la administración tenía el deber de justificar
expresamente cualquier decisión que se apartara de esos criterios preferentes.

Finalmente, consideró que la respuesta recibida vulneró su derecho fundamental de
petición, en la medida en que no resolvió de forma completa, clara y congruente todos
los asuntos planteados. Al respecto, indicó que la autoridad se limitó a emitir una
respuesta parcial sustentada en una interpretación restrictiva de la normativa aplicable,
sin dar respuesta integral a las preguntas formuladas. Por ello, sostuvo que los
aspectos omitidos equivalían materialmente a una falta de respuesta y justificaban la
intervención del juez constitucional para garantizar la protección efectiva de dicho
derecho fundamental.

4. Trámite previo

En providencia del 27 de abril de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la demandante y a la secretaria de la Sala Especial de
Instrucción y la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en calidad
de demandados.

5. Oposición

El Corte Suprema de Justicia – Sala Especial de Instrucción guardó silencio.

La secretaria de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,
Adriana Hernández Aguilar, solicitó su desvinculación de la acción de tutela promovida
por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que no tenía facultad
nominadora ni competencia para efectuar nombramientos, ya que dichas funciones
correspondían exclusivamente a los magistrados de la Sala.

Asimismo, indicó que la accionante no presentó ante ella ninguna solicitud de
postulación a cargos y que su actuación se limitó a trasladar las peticiones a los
funcionarios competentes.

En relación con los hechos de la tutela, reconoció que la accionante fue nombrada en
propiedad como auxiliar judicial grado 03 en el año 2018 y que posteriormente fue
designada de manera transitoria en un cargo de descongestión como auxiliar judicial
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02 durante el año 2024. Sin embargo, negó varios de los hechos expuestos en la
demanda por considerarlos carentes de prueba o simples apreciaciones subjetivas de
la accionante. También destacó que esta sí había recibido nombramientos y ascensos
dentro de la Corporación.

Respecto del derecho de petición presentado por la accionante, manifestó que este
fue recibido y trasladado oportunamente al presidente y a los magistrados de la Sala,
quienes emitieron la respuesta correspondiente mediante auto de presidencia y oficio
del 16 de marzo de 2026. Con fundamento en ello, afirmó que no vulneró derecho
fundamental alguno, que actuó conforme a las funciones asignadas por la
Constitución, la ley y el reglamento interno, y solicitó que se negara el amparo
constitucional, aportando como soporte los documentos relacionados con el trámite de
la petición y los antecedentes laborales de la accionante.

Luego, presentó un escrito de alcance a la contestación de la acción de tutela,
mediante el cual solicitó que se tuviera como prueba una providencia del Consejo de
Estado relacionada con la provisión de cargos en vacancias temporales. En particular,
informó que esta Corporación había suspendido provisionalmente los efectos de
algunos apartes del Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, mediante el cual se establecían criterios para el
nombramiento en provisionalidad de cargos previstos en el artículo 132 de la Ley 270
de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A estableció que la acción
de tutela promovida por la accionante no satisfacía el requisito de subsidiariedad, toda
vez que la controversia planteada versaba sobre la legalidad de una decisión
administrativa relacionada con la provisión de un cargo de descongestión y el alcance
de las facultades nominadoras de la autoridad correspondiente. En ese sentido,
consideró que el mecanismo judicial idóneo para controvertir dicha actuación era el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, escenario en el que podían discutirse tanto los presuntos
derechos de carrera desconocidos como la correcta aplicación de las normas que
regulan la provisión de empleos de descongestión. Además, destacó que dentro de
ese trámite era posible solicitar medidas cautelares para la protección provisional de
la situación jurídica alegada.

Igualmente, concluyó que no se encontraba acreditada la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional, pues la
accionante no había sido desvinculada del servicio ni se evidenciaba una afectación
grave e inminente de sus derechos laborales o de carrera. Asimismo, sostuvo que la
acción de tutela no podía emplearse para sustituir las competencias nominadoras
legalmente atribuidas a la entidad accionada ni para ordenar directamente un
nombramiento en un cargo de descongestión. Finalmente, verificó que la solicitud
elevada por la accionante había sido respondida de manera oportuna y de fondo por
la autoridad competente, razón por la cual negó el amparo respecto del derecho de
petición y declaró improcedente la acción de tutela frente a las demás pretensiones
formuladas.

7. Impugnación

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Demandante: Piedad Patricia Palacios González

La accionante impugnó el fallo de tutela al considerar que la sentencia de primera
instancia incurrió en un error al delimitar el problema jurídico, pues redujo el debate a
la legalidad del nombramiento cuestionado y omitió examinar la posible vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mérito y al acceso a
cargos públicos.

Asimismo, consideró que no se valoró adecuadamente si la respuesta suministrada
por la autoridad satisfacía los requisitos constitucionales de claridad, suficiencia,
congruencia y resolución de fondo. En su criterio, la providencia dejó de aplicar
precedentes constitucionales relevantes y realizó un análisis incompleto de los hechos
y de las garantías fundamentales comprometidas.

Frente a la procedencia de la acción de tutela, argumentó que la existencia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no resultaba suficiente para
descartar el amparo constitucional, debido a que dicho mecanismo no ofrecía una
protección efectiva y oportuna frente a una controversia relacionada con derechos
fundamentales derivados de la carrera judicial y del principio del mérito. Sostuvo que
la duración normal de un proceso contencioso administrativo haría imposible la
protección material de los derechos invocados, dada la naturaleza temporal de los
cargos de descongestión, razón por la cual la tutela constituía el instrumento idóneo
para evitar la consolidación del perjuicio alegado.

En relación con el principio constitucional del mérito, manifestó que la autoridad
accionada desconoció los derechos propios de la carrera judicial al designar en los
cargos temporales a personas vinculadas en provisionalidad, pese a que existía una
servidora de carrera que cumplía los requisitos para acceder a dichos empleos. Añadió
que la interpretación según la cual la administración contaba con una facultad
discrecional para efectuar tales nombramientos resultaba contraria a los mandatos
constitucionales y legales que privilegian el mérito como criterio rector para el acceso,
permanencia y ascenso en la función pública. Igualmente, afirmó que se vulneraron
los principios de buena fe y confianza legítima, en atención a que en años anteriores
había sido designada en cargos similares bajo criterios acordes con el sistema de
carrera.

Respecto del debido proceso administrativo, señaló que la actuación de la entidad
careció de una motivación suficiente y objetiva que justificara la preferencia otorgada
a terceros frente a una funcionaria de carrera judicial. Afirmó que la administración no
expuso razones claras que permitieran conocer los fundamentos de su decisión,
circunstancia que afectó su derecho de defensa y configuró una actuación arbitraria.
De igual manera, sostuvo que la autoridad desconoció las reglas y expectativas
legítimas generadas por sus actuaciones previas, con lo cual contrarió los principios
de confianza legítima, buena fe y respeto por las formas propias del procedimiento
administrativo.

En cuanto al derecho de petición, indicó que esta garantía constitucional no se
satisface con la sola emisión de una respuesta formal, sino que exige una contestación
clara, congruente, completa y de fondo respecto de todos los asuntos planteados. En
ese sentido, afirmó que la autoridad únicamente respondió de manera parcial sus
solicitudes, sin pronunciarse sobre varios de los aspectos sometidos a consideración.
También cuestionó que el juez de primera instancia se hubiera limitado a verificar la
existencia de una respuesta sin examinar su contenido material, circunstancia que, a
su juicio, condujo a una valoración probatoria errónea y a la consecuente negativa del
amparo solicitado.
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Finalmente, concluyó que la providencia impugnada debía ser revocada, por cuanto
abordó el asunto desde una perspectiva estrictamente formal de la subsidiariedad y
omitió analizar el contenido constitucional de la controversia. A su juicio, el litigio
comprometía la protección inmediata de derechos fundamentales relacionados con el
mérito, la igualdad de oportunidades, el debido proceso administrativo y el acceso a
cargos públicos. Por ello, sostuvo que la decisión carecía de una motivación suficiente
sobre los aspectos centrales del debate y requería una revisión integral por parte del
superior funcional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.° establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

A la Sala le corresponde determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera
instancia que negó la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada por cuanto la acción de tutela
no supera el requisito de subsidiariedad. En efecto, la accionante utiliza este
mecanismo para cuestionar el método por medio del cual la Sala Especial de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ocupó unas vacantes en descongestión;
sin embargo, la Sala advierte que existe otro medio de defensa judicial para evaluar
dichas actuaciones, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho, sin que este mecanismo pueda emplearse para desplazar las competencias
propias del juez contencioso-administrativo; igualmente, se confirmará frente a la
negatoria del derecho de petición, dado que la respuesta emitida por la autoridad
judicial fue oportuna y de fondo.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a i) el requisito general de
subsidiariedad; ii) el análisis del caso concreto; iii) el derecho de petición; y iv) el
derecho de petición en el caso concreto.

(i) Del requisito general de la subsidiariedad1 y la procedencia excepcional de la
acción de tutela como mecanismo transitorio

Para el caso concreto, es preciso hacer referencia al requisito general de la
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra actos

1 Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.

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administrativos, porque existen medios ordinarios de defensa judicial para controvertir
las decisiones de la administración2.

Para la Corte Constitucional, el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de
la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la
acción, la Corte ha señalado que “permite reconocer la validez y viabilidad de los
medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos” 3. Es ese reconocimiento el que
obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para
conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección.

No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el
presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada
caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa
judicial, la Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad4:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver
las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales
circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo
definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, este no
impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la
acción de tutela procede como mecanismo transitorio.

En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa
judicial al alcance del afectado, se tiene que esta no puede determinarse en abstracto,
sino que, por el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe
evaluarse en el contexto concreto5. El análisis particular resulta necesario, pues en
este podría advertirse que la acción ordinaria no permite resolver la cuestión en una
dimensión constitucional o no permite tomar las medidas necesarias para la protección
o restablecimiento de los derechos fundamentales afectados.

En cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de
conjurar o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este
modo, la protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, dicha excepción al
requisito de subsidiariedad exige que se verifique: (i) una afectación inminente del
derecho -elemento temporal respecto del daño-; (ii) la urgencia de las medidas para
2 Sentencia SU-062 de 2022.
3
Sentencia T-603 de 2015; Sentencia T-580 de 2006, Corte Constitucional.
4
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
5 Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto

para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de
forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia T – 040 de 2016.
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remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la gravedad del perjuicio -grado o
impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter impostergable de las medidas
para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo 6.

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios
judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de estos en el caso
concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma
efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no
simplemente formal y reconocer que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro mecanismo, la
acción puede proceder de forma definitiva.

De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial
protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de
familia, en situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre
otros, el examen de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a partir de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos7.

(ii) De la subsidiariedad en el presente caso

Mediante el ejercicio de la presente acción la actora pretende que se dé aplicación el
artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, sustento
normativo dispuesto para nombrar a los funcionarios de carrera con puesto en
propiedad en cargos de descongestión y/o provisionales y como consecuencia de ello,
se le nombre en alguno de los cargos de descongestión.

Para ello, la actora invoca la protección constitucional, porque a su juicio no existe otro
mecanismo judicial eficaz para evitar la afectación derivada de las decisiones
adoptadas por la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema
de Justicia. Argumentó que la entidad desconoció el principio constitucional del mérito
y, con ello, vulneró sus derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso
a cargos públicos, al privilegiar nombramientos en provisionalidad sin observar criterios
objetivos de carrera. Igualmente, afirmó que la interpretación realizada sobre el artículo
132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, fue errónea al conferir
un carácter discrecional absoluto a una disposición que debía aplicarse conforme a los
principios de mérito e igualdad. Añadió que, aun tratándose de cargos de
descongestión de naturaleza temporal, la autoridad estaba obligada a respetar un
orden de prelación que favoreciera a los servidores de carrera que reunieran los
requisitos exigidos y a motivar cualquier decisión en sentido contrario.

Por lo anterior, dadas las circunstancias particulares que aduce la tutelante, en el caso
objeto de estudio, la Sala pasa a verificar si la acción de tutela de la referencia procede
como mecanismo transitorio, o si, por el contrario, no se cumple con el requisito general
de subsidiariedad.

La Sala advierte que frente a esta pretensión la acción de tutela es improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el ordenamiento jurídico
prevé otro medio de defensa idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de los actos
administrativos de nombramiento, pues la accionante puede acudir ante la jurisdicción

6 Sentencias: T – 225 de 1993, T – 789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.
7 Sentencias T-401 de 2017; T-163 de 2017; T-328 de 2011; T-456 de 2004; T-789 de 2003, T-136 de 2001, entre otras, Corte Constitucional.

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de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en el
CPACA.

Dichos mecanismos no solo permiten cuestionar de fondo la validez de las
resoluciones cuestionadas, tanto las proferidas por el Corte Suprema de Justicia – Sala
Especial de Instrucción, sino que habilita a la actora para solicitar, desde el momento
de presentación de la demanda, medidas cautelares que ordenen la suspensión
provisional de los actos administrativos mientras se resuelve el fondo del asunto,
conforme a los artículos 229 y siguientes del mismo estatuto. Con ello, la demandante
cuenta con una protección judicial oportuna y efectiva que hace innecesaria la
intervención del juez constitucional.

En estos escenarios, el juez constitucional no puede desplazar los procedimientos
ordinarios ni convertir la tutela en una vía paralela para resolver controversias que
requieren debate de aplicación de normativa sobre la provisión de cargos de carrera
judicial.

Al respecto, recuérdese que de acuerdo con el artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela procede para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados, sin que, en el presente caso, se acredite la vulneración cierta o amenaza
de los derechos invocados por la parte actora, si se tiene en cuenta que, justamente,
se cuenta con otro mecanismo de defensa previsto por el legislador para cuestionar la
legalidad de actos administrativos.

En suma, en el presente caso la acción de tutela no es procedente por falta de
cumplimiento del requisito general de subsidiariedad en relación con la pretensión de
que se aplique el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de
2024, lo que tendría como consecuencia, dejar sin efectos los nombramientos en
descongestión que realizó la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia en su Secretaría, y, en todo caso, no se advierte una actuación vulneradora
de derechos fundamentales por parte de la parte demandada, que haga procedente el
amparo solicitado de manera excepcional y, en esa medida, se declara la
improcedencia de la acción de tutela frente a este punto.

Aunado a lo anterior, tampoco se acredita la existencia de un perjuicio irremediable
que habilite la procedencia excepcional del amparo constitucional, en tanto la señora
Palacios González ostenta un cargo de carrera en la Secretaría de la Sala Especial de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, del cual no ha sido desvinculada ni
suspendida. Esta circunstancia demuestra la ausencia de afectación grave, actual e
inminente de sus derechos fundamentales, pues mantiene estabilidad laboral y la
plenitud de sus ingresos, de modo que cualquier inconformidad relacionada con
situaciones administrativas distintas puede ser debatida y eventualmente resuelta a
través de los medios judiciales ordinarios, sin que se configure un daño irreversible
que haga necesaria la intervención del juez constitucional.

(iii) Derecho fundamental de petición

En el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución.
Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.

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La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la información,
la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el acceso a
documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que la resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado y, iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario8.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido de
la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido”9. Aun así, la Corte
Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante”10.

Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.

(iv) Del derecho de petición en el caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Palacios González interpuso
acción de tutela contra la secretaria de la Sala Especial de Instrucción de la Corte
Suprema de Justicia por estimar vulnerados, entre otros, el derecho fundamental de
petición, dado que no se dio respuesta correctamente a la petición presentada por la
demandante el 23 de febrero de 2026.

Para resolver el presente asunto, es necesario resaltar los siguientes hechos:

El 23 de febrero de 2026, la señora Palacios González solicitó a la Sala Especial de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:

«PRIMERO. Informar las razones jurídicas, administrativas y funcionales por las cuales no
se me tuvo en cuenta para la provisión de cargos, pese a mi condición de única funcionaria
en propiedad y al cumplimiento de los requisitos legales.

SEGUNDO. Informar cuáles son los criterios objetivos que aplica la Sala Especial de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, para efectuar los nombramientos en
provisionalidad.

TERCERO. Informar por que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia y su secretaría desconocen las normas que se encuentran vigentes como es el
caso de la Ley 2430 de 2024.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
10 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
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CUARTO. Informar si, en los procesos de provisión de cargos, se verificó el cumplimiento
del artículo 132 de la Ley 2430 de 2024 y el derecho preferente de los funcionarios de
carrera judicial.

QUINTO. Informar qué medidas ha adoptado la Sala Especial de Instrucción de la Corte
Suprema de Justicia, para garantizar el respeto del derecho otorgado por el mérito para el
acceso a cargos en propiedad conforme la normativa vigente.

SEXTO. Informar cuántos cargos se encuentran actualmente en provisionalidad, indicando
la fecha de designación y el fundamento de cada nombramiento.»

El 16 de marzo de 2026, el presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte
Suprema de Justicia, junto con la Secretaría de la misma Corporación dieron respuesta
a través del Oficio núm. 1755, por medio del cual le indicaron lo siguiente:

«De manera atenta y de conformidad con lo ordenado en auto de la fecha, emitido por el
Presidente de la Sala Especial de Instrucción, doctor FRANCISCO JAVIER FARFÁN
MOLINA, en atención a su petición en la cual formula «Derecho de petición -información
nombramientos en descongestión.»

Me permito informarle que se dispuso: "...Sea lo primero precisar que de conformidad con
lo establecido en el artículo 16, numeral a), del Reglamento Interno de la Sala Especial de
Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo n. 02 del 18 de
octubre de 2018), dentro de las funciones administrativas atribuidas a esta Sala se
encuentra la de nombrar a los empleados que deban ser designados, según corresponda.

Ahora, respecto a la provisión de cargos en la Rama Judicial, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia - Ley 270 de 1996, en su artículo 132, modificado por la Ley
2430 de 2024, define las modalidades de provisión en propiedad, provisionalidad y
encargo, y establece que tratándose de vacancias temporales en cargos de carrera, el
nominador podrá optar por un servidor de carrera del respectivo despacho que cumpla los
requisitos, o por un aspirante inscrito en el registro de elegibles. Esta previsión normativa
configura dichas alternativas como facultades discrecionales, sin imponer una obligación
de preferencia estricta entre ellas.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la norma previamente citada se refiere
exclusivamente a la provisión de cargo de carrera, y no a las medidas de descongestión
adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdos expedidos en cada
vigencia con carácter transitorio, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 63
de la Ley 270 de 1996. Dichas medidas tienen como finalidad apoyar y fortalecer la gestión
administrativa y judicial de la Corporación, sin incidir en la estructura ni en el régimen propio
de los cargos de carrera.»

En relación con el derecho fundamental de petición, la Sala advierte que no se
configuró vulneración alguna, por cuanto la Sala Especial de Instrucción de la Corte
Suprema de Justicia sí dio respuesta expresa a la solicitud elevada por la actora.

En su respuesta, la citada Sala se pronunció sobre el aspecto central que motivaba su
inconformidad, esto es, las razones por las cuales no fue escogida para ocupar uno de
los cargos de descongestión. En efecto, mediante el Oficio núm. 1755 explicó que, de
conformidad con el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de
2024, la provisión de vacancias temporales en cargos de carrera permite al nominador
optar entre un servidor de carrera que reúna los requisitos o una persona inscrita en el
registro de elegibles, precisando que dicha disposición consagra alternativas de
carácter discrecional y no una obligación de preferencia estricta a favor de los
funcionarios de carrera. De esta manera, la entidad dio a conocer el fundamento
jurídico y administrativo que sustentó la decisión cuestionada y resolvió el núcleo
esencial de la solicitud presentada por la actora.

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Si bien es cierto que la respuesta no abordó de manera individual y expresa cada uno
de los interrogantes planteados por la peticionaria, ello no implica, por sí solo, la
vulneración del derecho fundamental de petición. Este derecho se satisface cuando la
autoridad ofrece una contestación clara, coherente y relacionada con lo solicitado, sin
que exista una obligación de responder en los términos esperados por el peticionario.

En el presente caso, de la respuesta suministrada se desprende de manera razonable
la posición institucional de la Sala respecto de todos los cuestionamientos formulados,
pues la interpretación según la cual el nombramiento de servidores de carrera
constituye una facultad optativa del nominador permite comprender los criterios
aplicados para la provisión de los cargos, las razones por las cuales la accionante no
fue seleccionada y la forma en que la entidad entendía el alcance de la normativa
invocada. Por consiguiente, no puede afirmarse que hubiera existido ausencia de
respuesta o falta de pronunciamiento sobre el asunto sustancial sometido a
consideración.

Ahora bien, otra cosa distinta es la inconformidad de la parte actora con el contenido
de la respuesta obtenida. La jurisprudencia constitucional ha sido constante en señalar
que el derecho de petición no garantiza que la respuesta sea favorable a los intereses
del peticionario, sino que esta sea oportuna, clara, congruente y de fondo, exigencias
que se encuentran satisfechas en el presente caso. El desacuerdo de la tutelante con
la interpretación adoptada por la autoridad no transforma, por sí solo, una decisión
administrativa desfavorable en una vulneración iusfundamental.

Por tanto, desde la perspectiva del derecho de petición, la actuación de la Sala
Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se ajustó a los mandatos
constitucionales, en la medida en que resolvió la solicitud y adoptó una decisión
debidamente motivada. La discusión planteada por la accionante no versa sobre la
inexistencia de respuesta, sino sobre su contenido. En ese contexto, la eventual
inconformidad frente a la valoración realizada no transforma la decisión administrativa
en una vulneración del derecho de petición, ni habilita por sí sola el amparo
constitucional.

Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA
1. Confirmar la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
13
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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