RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03181-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03181-00

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03181-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Compañía de Vigilancia VER LTDA. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado- Sección Cuarta. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 12 Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00 Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA. Acción de tutela–Primera instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03181-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03181-00

Accionante: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA.

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN CUARTA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Compañía de Vigilancia VER LTDA..
contra las sentencias del 25 de abril de 2024 y 26 de marzo de 2026, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado-Sección Cuarta,
respectivamente, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 1 interpuesta por la accionante contra la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN).

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Compañía de Vigilancia VER LTDA., actuando a través de su representante legal, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad en las decisiones
judiciales, al buen nombre, a la libertad de empresa, al ejercicio de su actividad
económica lícita y a su existencia y desarrollo como sujeto jurídico; los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado-

1 Proceso identificado con número de radicación: 11001-33-43-063-2022-00172 -01.

2
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

Sección Cuarta, que profirieron las sentencias del 25 de abril de 2024 y 26 de marzo de
2026, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
DIAN, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda.

En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente:

Respetuosamente solicito al Honorable Consejo de Estado que, como
consecuencia del amparo constitucional, se sirva:
1. Tutelar los derechos fundamentales de la persona jurídica Compañía de
Vigilancia “VER LTDA..”, conforme a la doctrina constitucional establecida en la
Sentencia SU-182 de 1998, en la cual se reconoció que las personas jurídicas
son titulares de derechos fundamentales en cuanto resulten compatibles con su
naturaleza.
En el presente caso, solicito la protección de los siguientes derechos
fundamentales:
• Derecho al debido proceso.
• Derecho a la igualdad en las decisiones judiciales.
• Derecho de acceso a la administración de justicia.
• Derecho al buen nombre.
• Derecho a la libertad de empresa.
• Derecho al ejercicio de su actividad económica lícita.
• Derecho a su existencia y desarrollo como sujeto jurídico.
Derechos que conforman el núcleo de garantías constitucionales que el
ordenamiento jurídico reconoce a las personas jurídicas y que deben ser
respetados y protegidos por todas las autoridades públicas.
2. Amparar dichos derechos fundamentales, al haberse configurado defectos
fáctico y sustantivo en las providencias judiciales proferidas por las autoridades
accionadas, los cuales incidieron de manera directa y determinante en la
decisión adoptada
3. Como consecuencia del amparo, dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia proferida el 26 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, así como la sentencia de primera
instancia del 25 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
4. En su lugar, ordenar que se profiera nueva decisión en la que se aplique
correctamente la normatividad especial contenida en los artículos 817, 818 y 835
del Estatuto Tributario, valorando integralmente el acervo probatorio obrante en
el expediente.

3
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

5. Consecuencialmente, y si el Honorable Consejo de Estado lo considera dentro
del ámbito de su competencia constitucional, declarar la prescripción de la acción
de cobro respecto de las obligaciones contenidas en el Mandamiento de Pago
No. 20200302005452, notificado el 25 de noviembre de 2020, al haber
transcurrido el término legal de cinco (5) años sin que se hubiera materializado
el cobro coactivo ni configurado causal válida de suspensión o interrupción del
término de prescripción.
6. Ordenar las demás medidas necesarias para el restablecimiento efectivo de
los derechos fundamentales vulnerados.
7. En consecuencia, solicito se ordene el archivo definitivo del proceso de cobro
coactivo, respecto de las obligaciones contenidas en el Mandamiento de Pago
No. 20200302005452, notificado el 25 de noviembre de 2020, por encontrarse
prescrita la acción de cobro.
8. Subsidiariamente, y en caso de que el Honorable Consejo de Estado
considere que no le corresponde declarar directamente la prescripción, solicito
se disponga dejar sin efectos la sentencia cuestionada y se ordene devolver el
expediente al Honorable Consejo de Estado para que la Sala accionada emita
un nuevo fallo en derecho, acorde con lo probado dentro del trámite
constitucional y conforme a las directrices que imparta esta Alta Corporación al
conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes

Compañía de Vigilancia VER LTDA. interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra las resoluciones por medio de las cuales la DIAN declaró no probadas las
excepciones propuestas por la accionante contra el mandamiento de pago que la entidad
emitió en su contra para el cobro de unos impuestos y sanciones.

El proceso lo conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, mediante
sentencia de primera instancia del 25 de abril de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que las obligaciones contenidas en el mandamiento de pago no
habían prescrito, que en la etapa de cobro no era posible cuestionar la validez del título
ejecutivo ni la oportunidad de las sanciones, y que la vinculación de los deudores
solidarios debía alegarse en el proceso de determinación, verificándose además que el
mandamiento de pago se libró únicamente contra la sociedad fiscalizada, sin vulnerar el

4
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

debido proceso ni el derecho de defensa. Contra esta decisión, la parte demandante
interpuso recurso de apelación.

La segunda instancia la conoció el Consejo de Estado-Sección Cuarta-, el cual, mediante
sentencia del 26 de marzo de 2026, confirmó la decisión de primera instancia. Consideró
que el mandamiento de pago fue notificado dentro del término de cinco años contados
desde la ejecutoria del acto sancionatorio y que en la etapa de cobro no era posible
cuestionar aspectos propios del proceso de determinación de la obligación tributaria.
Además, concluyó que no se vulneró el debido proceso por la falta de vinculación de la
deudora solidaria, dado que el mandamiento de pago se libró únicamente contra la
sociedad y ello no implicaba irregularidad en el procedimiento. Contra el fallo de segunda
instancia, la accionante presentó acción de tutela.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación
directa de la Constitución Política.

En cuanto al defecto fáctico, afirmó que se omitió la valoración integral de pruebas
determinantes del expediente, en particular el mandamiento de pago y su constancia de
notificación del 25 de noviembre de 2020, lo cual demostraba el transcurso del término
de prescripción de la acción de cobro. Señaló que, al no apreciarse dicha prueba, se
desconoció un hecho trascendental que incidía directamente en el sentido de la decisión.

En relación con el defecto sustantivo, sostuvo que la decisión recurrida aplicó de manera
indebida normas procesales, con desconocimiento del régimen especial y prevalente
previsto en el Estatuto Tributario. Señaló que la Sala accionada realizó una interpretación
según la cual la sola existencia de una demanda suspendía el término de prescripción,
pese a que el artículo 835 del Estatuto Tributario establece expresamente que la admisión
de la demanda no suspende el proceso de cobro ni interrumpe el término prescriptivo.

Respecto al desconocimiento del precedente, indicó que la providencia se apartó de
manera injustificada de lo dispuesto en la sentencia SU‑573 de 2017, la cual ha precisado

5
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

cuándo se configura el defecto sustantivo por interpretación contra legem y ha reiterado
la obligación de aplicar las normas especiales en materia tributaria.

Con relación a la violación directa de la Constitución, manifestó que las decisiones
recurridas desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad en las decisiones judiciales, al buen nombre y a
la libertad de empresa, toda vez que la omisión en la valoración probatoria y la indebida
aplicación normativa impidieron que se declarara la prescripción de la acción de cobro,
lo que afectó la seguridad jurídica y la continuidad de la compañía como sujeto económico
y jurídico.

4. Trámite procesal

El 28 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela2, se ordenó notificar la decisión al
accionante, a las autoridades judiciales accionadas, así como Blanca Isabel Cabrera, en
su calidad de socia de la accionante, y a la DIAN, en calidad de terceros interesados.
Igualmente, el Despacho solicitó a las autoridades judiciales remitir copia digital del
expediente del medio de control.

En su escrito de contestación, Blanca Isabel Cabrera3 solicitó conceder el amparo, pues
alegó que las autoridades judiciales incurrieron en graves defectos procedimentales,
fácticos y sustantivos al no vincularla oportunamente como deudora solidaria, omitir la
integración del litisconsorcio necesario y desconocer la prescripción de la acción de
cobro. Señaló que las decisiones recurridas se apartaron del precedente y de las normas
del Estatuto Tributario, lo que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió
que se declarara la prescripción de las obligaciones contenidas en el mandamiento de
pago del 25 de noviembre de 2020 y se ordenara el archivo definitivo del proceso de
cobro coactivo. Manifestó que se ha visto directamente afectada en su vida personal,
pues como estudiante de derecho y trabajadora dependía de la estabilidad de la
compañía accionante, la cual quedó arruinada por los embargos, generando la pérdida
de contratos y la imposibilidad de pagar a sus empleados, lo que le ocasionó un perjuicio

2 SAMAI, índice 5.
3 SAMAI, índice 12.

6
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

irremediable al privarla de medios de subsistencia y de la posibilidad de continuar con
una vida digna.

Por su parte, el Consejo de Estado-Sección Cuarta4 solicitó declarar improcedente o
en su defecto negar la acción de tutela, al considerar que la accionante pretendía reabrir
el debate ya surtido en el proceso ordinario y convertir la tutela en una tercera instancia.
Argumentó que la solicitud carecía de relevancia constitucional, pues lo que se buscaba
era insistir en la prescripción de la acción de cobro, asunto que ya había sido resuelto en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Señaló que en las providencias
cuestionadas no se aplicaron normas inaplicables, sino los artículos 817 y 818 del
Estatuto Tributario y que la fecha de notificación del mandamiento de pago sí fue tenida
en cuenta en el análisis, concluyendo que no se configuraron los defectos sustantivo ni
fáctico alegados por la tutelante. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la
acción o, en su defecto, negar las pretensiones.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca5 solicitó negar el amparo.
Señaló que la acción de tutela no cumplía los requisitos generales de procedencia y que
lo que realmente buscaba la accionante era reabrir el debate jurídico ya resuelto en el
proceso ordinario. Señaló que en la sentencia de primera instancia se aplicaron de
manera sistemática las normas del Estatuto Tributario y se concluyó que las obligaciones
contenidas en el mandamiento de pago no estaban prescritas, pues no superaban el
término de cinco años. Afirmó que no se configuró defecto sustantivo ni fáctico, ya que
las pruebas fueron valoradas y los argumentos de la demandante fueron desatados
conforme a la jurisprudencia y la normativa aplicable. En consecuencia, sostuvo que la
acción de tutela pretendía convertirse en una tercera instancia y debía ser declarada
improcedente.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

4 SAMAI, índice 13.
5 SAMAI, índice 14.

7
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las sentencias del
25 de abril de 2024 y 26 de marzo de 2026, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado-Sección Cuarta, respectivamente.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 6 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela7.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

8
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional8: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

«… la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales;
a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal.»

Caso concreto

Compañía de Vigilancia VER LTDA. promovió acción de tutela contra las sentencias del
25 de abril de 2024 y 26 de marzo de 2026, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado-Sección Cuarta-, respectivamente, al considerar
que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

9
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

administración de justicia, a la igualdad en las decisiones judiciales, al buen nombre, a la
libertad de empresa, al ejercicio de su actividad económica lícita y a su existencia y
desarrollo como sujeto jurídico. Afirmó que los fallos recurridos incurrieron en defecto
fáctico, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación
directa de la Constitución Política, al omitir la valoración de pruebas determinantes,
aplicar indebidamente normas ajenas al régimen tributario especial, apartarse de la
jurisprudencia y desconocer de manera directa los derechos fundamentales invocados.

Con base en lo anterior, la Sala advierte que la controversia planteada carece de
relevancia constitucional, en tanto la accionante pretende reabrir un asunto ya resuelto
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En efecto, dentro del proceso
ordinario, las dos instancias valoraron de manera integral el acervo probatorio y
argumentos presentados. En ese contexto, la acción de tutela se orienta a cuestionar el
sentido de la decisión adoptada en segunda instancia del proceso ordinario, lo que refleja
una simple inconformidad con el resultado del proceso y la intención de convertir el
amparo en una tercera instancia.

De la lectura de las sentencias cuestionadas, la Sala advierte que los argumentos
presentados por la compañía accionante no acreditan la vulneración ni la amenaza de
derechos fundamentales. Por el contrario, se encaminan a reabrir la controversia ya
decidida por el juez natural del asunto y se sustentan en discrepancias de carácter
estrictamente legal.

En las sentencias accionadas, las autoridades judiciales expusieron los hechos probados
con fundamento en los medios de convicción obrantes en el expediente. En particular,
hicieron referencia a la Resolución sanción 322412018000109 del 17 de agosto de 2018,
a su ejecutoria del 18 de agosto siguiente y a la notificación del mandamiento de pago
del 25 de noviembre de 2020. A partir de estos elementos, concluyeron que el término de
prescripción debía contabilizarse desde la ejecutoria del acto administrativo que sirvió de
título ejecutivo y que la oportuna notificación del mandamiento de pago impedía su
configuración. Asimismo, precisaron que en la etapa de cobro coactivo no era viable
reabrir el debate sobre la validez del proceso sancionatorio ni sobre la fecha de
presentación de la declaración de renta del año 2013. En ese contexto, la Sala advierte
que el Tribunal y el Consejo de Estado, en su calidad de juez natural, realizaron una
valoración debidamente motivada del material probatorio. Con base en dicho análisis,

10
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

concluyó que el mandamiento de pago se notificó dentro del término legal, que las
obligaciones tributarias no habían prescrito y que no resultaba procedente reabrir el
debate en la etapa de cobro coactivo. Así, los cuestionamientos formulados reflejan un
desacuerdo con la valoración probatoria efectuada en el proceso ordinario, aspecto que
excede el ámbito de la acción de tutela. Admitir lo contrario implicaría convertir este
mecanismo excepcional en una instancia adicional. En consecuencia, no se configura el
defecto fáctico.

La Sala también advierte que las sentencias recurridas no incurrieron en defecto
sustantivo. Por el contrario, abordaron el problema jurídico relativo a la prescripción de la
acción de cobro con fundamento en los artículos 817, 818 y 829 del Estatuto Tributario,
para concluir que las obligaciones exigidas se encontraban dentro de los términos
legales. Señalaron que, incluso respecto de las obligaciones correspondientes al año
2013, la parte accionante no interpuso el recurso de reconsideración, circunstancia que
consolidó el plazo y evitó la configuración del fenómeno prescriptivo. Asimismo,
precisaron que no era posible formular en la etapa de cobro coactivo cuestionamientos
de nulidad relacionados con el procedimiento de determinación que no fueron
oportunamente planteados, de conformidad con los artículos 634 y siguientes del mismo
estatuto. De igual forma, explicaron que, según lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA
y la jurisprudencia del Consejo de Estado, resulta procedente el estudio oficioso de la
prescripción de la acción de cobro. En cuanto a la situación de Blanca Isabel Cabrera,
indicaron que no se vulneraron sus derechos, en la medida en que el proceso de cobro
coactivo se dirige exclusivamente contra la accionante. Señaló que aunque existe un
vínculo societario entre ambas, aquella no fue vinculada al mandamiento de pago ni se
determinó el valor que debía asumir, conforme a lo previsto en los artículos 828 y
siguientes del Estatuto Tributario y la jurisprudencia del Consejo de Estado. En todo caso,
precisaron que esta circunstancia no genera un vicio de legalidad de los actos
demandados. En consecuencia, se observa que la decisión se ajustó al marco legal y
jurisprudencial aplicable al asunto, por lo cual tampoco se incurrió en desconocimiento
del precedente.

Con base en lo anterior, la Sala advierte que lo planteado por la accionante se reduce a
un mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso
ordinario. En efecto, a través de la acción de tutela la parte accionante pretende que el
juez constitucional supla la deficiencia probatoria en la que incurrió en el proceso ordinario

11
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

y reabra el debate probatorio y jurídico con el fin de obtener un pronunciamiento favorable
a las pretensiones de la demanda. Por consiguiente, la Sala concluye que no se cumple
el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que no se supera uno de los
elementos que lo integran, consistente en evitar que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones adoptadas por los
jueces naturales del asunto.

En efecto, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de derechos
fundamentales, sino una discrepancia de la accionante con el ejercicio legítimo de la
función jurisdiccional. Asimismo, la sentencia cuestionada estuvo debidamente motivada,
fue razonable, respetó los límites de la autonomía judicial y aplicó adecuadamente el
derecho sustancial. Los cargos formulados en sede de tutela se limitaron a expresar el
desacuerdo de la actora con la decisión adoptada y a intentar reabrir un debate judicial
ya definido de manera definitiva, orientados a controvertir la valoración probatoria y la
interpretación normativa efectuada por el juez natural.

En tales condiciones, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de
las autoridades judiciales accionadas, resulta improcedente que el juez constitucional
revise o reevalúe la interpretación y el alcance atribuidos por el juez natural del asunto.
La acción de tutela no constituye una instancia adicional del proceso ordinario ni un
mecanismo para desconocer la autonomía e independencia judiciales. En consecuencia,
no se configura vulneración de derecho fundamental alguna y el amparo se declarará
improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Compañía de Vigilancia
VER LTDA. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado-
Sección Cuarta.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

12
Radicación:11001-03-15-000-2026-03181-00
Accionante: Compañía de Vigilancia VER LTDA.
Acción de tutela–Primera instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.