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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03181-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03181-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03181-01 Actora: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-03181-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03181-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS
ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR
PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD, BUEN NOMBRE, LIBERTAD DE
EMPRESA, EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA Y EXISTENCIA Y
DESARROLLO COMO SUJETO ECONÓMICO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 5 de junio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03181-01
Actora: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA.

La COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA, actuando a través de

su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, al buen nombre, a la libertad

de empresa, al ejercicio de la actividad económica lícita y a la

existencia y desarrollo como sujeto jurídico, los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 y la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO3, al haber

proferido, respectivamente, las providencias de 25 de abril de 2024

y 26 de marzo de 2026, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00488-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)4 con el fin de que

se dejaran sin efecto los actos administrativos que declararon no

2
En adelante TRIBUNAL.
3
En adelante SECCIÓN CUARTA.
4
En adelante DIAN.

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3

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Actora: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA.

probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago

emitido en su contra para el cobro de impuestos y sanciones.

Aseguró que al proceso le fue asignado el número único de radicación

2021-00488-00 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL que,

mediante sentencia de 25 de abril de 2024 denegó las pretensiones

de la demanda al estimar que no operó la prescripción de la acción

de cobro, que la legalidad de las sanciones pertenecía a la etapa de

determinación del impuesto y no era posible cuestionar la validez del

título y, además, que la vinculación de los deudores solidarios debió

alegarse en el proceso de determinación, sin que se hubiese

advertido vulneración alguna.

Manifestó que inconforme con lo anterior interpuso recurso de

apelación el cual fue desatado por la SECCIÓN CUARTA que, en

sentencia de 26 de marzo de 2026, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron

en defecto sustantivo al omitir aplicar las reglas taxativas sobre

interrupción y suspensión de términos contenidas en los artículos 817

y 818 del Estatuto Tributario, sumado a lo previsto en el 835 ibidem

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que establece que la admisión de la demanda no suspende el proceso

de cobro coactivo ni interrumpe la prescripción, por lo que

trasladaron reglas del Código Civil y Código General del Proceso

(CGP), a un procedimiento autónomo que se rige bajo la estricta

legalidad tributaria.

Alegó que también incurrieron en defecto fáctico al omitir valorar

en debida forma el material probatorio obrante en el expediente

ordinario, esto es, el mandamiento de pago núm. 20200302005452

y su constancia de notificación de 25 de noviembre de 2020 y emitir

una decisión carente de soporte probatorio para denegar la

prescripción.

Manifestó que tanto el TRIBUNAL como la SECCIÓN CUARTA

incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del

precedente judicial al apartarse de los criterios unificados

dispuestos por la Corte Constitucional5 y el Consejo de Estado que

definen los escenarios en lo que se configuran los yerros normativos

graves de interpretaciones irrazonables por parte de los jueces.

5
SU-241 de 30 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y C-590 de 8 de junio de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.

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Finalmente, sostuvo que se incurrió en violación directa de la

Constitución, pues la omisión en la valoración probatoria y la

indebida aplicación de las normas le impidieron que se declarara la

prescripción de la acción de cobro adelantada en su contra.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Como consecuencia del amparo, dejar sin efectos la sentencia
de segunda instancia proferida el 26 de marzo de 2026 por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, así como la sentencia de primera instancia del 25 de abril
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A.

4. En su lugar, ordenar que se profiera nueva decisión en la que se
aplique correctamente la normatividad especial contenida en los
artículos 817, 818 y 835 del Estatuto Tributario, valorando
integralmente el acervo probatorio obrante en el expediente.

5. Consecuencialmente, y si el Honorable Consejo de Estado lo
considera dentro del ámbito de su competencia constitucional,
declarar la prescripción de la acción de cobro respecto de las
obligaciones contenidas en el Mandamiento de Pago No.
20200302005452, notificado el 25 de noviembre de 2020, al haber
transcurrido el término legal de cinco (5) años sin que se hubiera
materializado el cobro coactivo ni configurado causal válida de
suspensión o interrupción del término de prescripción.

6. Ordenar las demás medidas necesarias para el restablecimiento
efectivo de los derechos fundamentales vulnerados.

7. En consecuencia, solicito se ordene el archivo definitivo del
proceso de cobro coactivo, respecto de las obligaciones
contenidas en el Mandamiento de Pago No. 20200302005452,

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notificado el 25 de noviembre de 2020, por encontrarse prescrita
la acción de cobro.

8. Subsidiariamente, y en caso de que el Honorable Consejo de
Estado considere que no le corresponde declarar directamente la
prescripción, solicito se disponga dejar sin efectos la sentencia
cuestionada y se ordene devolver el expediente al Honorable
Consejo de Estado para que la Sala accionada emita un nuevo fallo
en derecho, acorde con lo probado dentro del trámite constitucional
y conforme a las directrices que imparta esta Alta Corporación al
conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia […]”. (Destacado
pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN CUARTA solicitó que se declare improcedente

la acción de tutela de la referencia por falta del requisito de la

relevancia constitucional o, en su defecto, se deniegue el amparo

deprecado, pues lo pretendido por la actora es reabrir una discusión

ya surtida por el juez natural de la causa.

Sumado a ello, sostuvo que la providencia que profirió en su

momento no incurrió en los defectos alegados, comoquiera que aplicó

en debida forma las normas del Estatuto Tributario y tuvo en cuenta

las pruebas obrantes en el expediente ordinario, especialmente la

fecha de notificación del mandamiento de pago.

I.5.2.- El TRIBUNAL sostuvo que la solicitud de amparo de la

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referencia resulta improcedente por cuanto lo pretendido por la

actora es reabrir el debate ya resuelto por el juez ordinario, máxime

cuando las sentencias cuestionadas aplicaron de manera sistemática

las normas del Estatuto Tributario y tuvieron en cuenta el material

probatorio dispuesto en el proceso ordinario, lo que descarta la

existencia de los defectos aquí alegados.

I.5.3.- La señora BLANCA ISABEL CABRERA6 vinculada en calidad

de tercero con interés en las resultas del proceso, solicitó que se

acceda al amparo deprecado, por cuanto, a su juicio, las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en los defectos alegados, ya que no

declararon la prescripción de las obligaciones dispuestas en el

mandamiento de pago de 25 de noviembre de 2020 y, por ende, el

archivo definitivo del proceso de cobro coactivo.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 5 de junio de 2026,

declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró

satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional.

Señaló que la parte actora pretende reabrir la discusión jurídica que

6
Vinculada dentro del proceso objeto de controversia como deudora solidaria.

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ya fue resuelta por el juez natural del asunto, por lo que no le

correspondería al juez constitucional hacer un pronunciamiento

adicional al respecto.

Mencionó que de la lectura de las sentencias cuestionadas no se

advierte que los argumentos presentados por la actora acrediten la

vulneración de sus derechos fundamentales, sino que se sustentan

en discrepancias de carácter estrictamente legal, por lo que no se

evidencia una actuación caprichosa o arbitraria de las autoridades

judiciales accionadas.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, para lo cual resaltó que no se está discutiendo la

prescripción previa al mandamiento de pago sino la de la acción de

cobro.

Insistió en que se incurrió en un defecto sustantivo al pretender que

la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interrumpía o

suspendía los términos de cobro; sumado a ello, que las autoridades

judiciales accionadas tenían la obligación legal de decretar la

prescripción.

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Alegó que, contrario a lo dispuesto por el a quo, el asunto si comporta

verdadera relevancia constitucional, por lo que no pretende reabrir

una discusión ya surtida sino poner de presente los yerros en los que

incurrieron las autoridades judiciales accionadas.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que

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no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 25 de abril de 2024 y 26 de

marzo de 2026, proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL y

la SECCIÓN CUARTA, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00488-01.

A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración

de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, al buen nombre, a la libertad

de empresa, al ejercicio de la actividad económica lícita y a la

existencia y desarrollo como sujeto jurídico, por cuanto, a su juicio,

se incurrió en defecto sustantivo y sustantivo por

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desconocimiento del precedente al omitir aplicar las reglas

tributarias especiales previstas en los artículos 817 y 818 del Estatuto

Tributario, y sí las normas civiles y procesales ajenas a la materia.

Afirmó que se realizó una interpretación errónea al asumir que la

demanda ordinaria suspendía los términos, ignorando que el artículo

835 del mismo estatuto prohíbe taxativamente dicha interrupción,

por lo que se apartaron de los criterios unificados de la Corte

Constitucional y del Consejo de Estado sobre la aplicación estricta de

la legalidad tributaria y la configuración de yerros normativos graves.

Asimismo, argumentó la existencia de un defecto fáctico debido a

que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar

adecuadamente las pruebas determinantes dentro del expediente

ordinario; además, en violación directa de la Constitución al

validar el cobro de una obligación fiscal que legalmente ya se

encontraba extinta.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 5 de junio de 2026,

declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se

acreditó el requisito de la relevancia constitucional.

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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a

su juicio, la presente acción de tutela sí cumple con el presupuesto

general de la relevancia constitucional, para lo cual reiteró los

argumentos dispuestos en el escrito de tutela.

En este punto se advierte que, si bien en la acción de tutela se solicita

dejar sin efecto tanto la providencia de 25 de abril de 2024 proferida

por el TRIBUNAL, como la dictada el 26 de marzo de 2026 por la

SECCIÓN CUARTA, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a esta última, toda vez que en esta se confirmó la decisión del

a quo y fue la que puso fin al proceso ordinario objeto de

controversia.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

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deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

7
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-061 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos

8
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 2012-
02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregório Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente

[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202217, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un

17
M.P. Natalia Ángel Cabo.

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derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad; (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o

recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii)

preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora

es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial aplicó

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indebidamente la normatividad relacionada con la prescripción de la

acción de cobro.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN CUARTA de forma

admisible, así:

“[…] Así, la Sección debe decidir si (i) operó la prescripción de
la acción de cobro prevista en el artículo 817 del Estatuto
Tributario; y, (ii) se vulneró el derecho al debido proceso ante
la falta de vinculación de la deudora solidaria.

[…]

La apelante señaló que operó la prescripción de la acción en
relación con la declaración de renta del año gravable 2013, la
cual tenía como fecha de vencimiento el 10 de abril de 2014,
pues el mandamiento de pago se notificó por fuera de los cinco
años con los que contaba la administración, esto es el 25 de
noviembre de 2020. Aseguró que las consecuencias jurídicas
derivadas de la presentación de la declaración sin firma son
distintas a su falta de presentación. Consideró que el cuadro
presentado por la DIAN para explicar la ejecutoriedad de los
títulos indujo a error al tribunal.

Precisado lo anterior, para decidir se pone de presente que de
acuerdo con el numeral 3) del artículo 828 del estatuto
tributario prestan mérito ejecutivo, entre otros «Los demás
actos de la Administración de Impuestos debidamente
ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a
favor del fisco nacional. Para el presente caso, el título
ejecutivo lo constituye la resolución 322412018000109 del 17
de agosto de 2018 por medio de la cual la DIAN le impuso a la
demandante la sanción por no declarar prevista en el numeral
primero del artículo 643 ibidem.

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De acuerdo con la resolución sanción citada, la demandante
incumplió con el deber de presentar la declaración del impuesto
sobre la renta del año 2013, con la firma del revisor fiscal. Este
aspecto fue reconocido directamente por la demandante.
Ahora, la resolución sanción se notificó el 18 de junio de 2018,
y contra la misma no se ejerció el recurso de reconsideración;
de modo que en los términos del numeral 2 artículo 829 ibidem,
dicho acto quedó ejecutoriado el 18 de agosto de 2018, en
tanto se venció el término para la interposición de los recursos,
sin que estos fueran ejercidos.

Así, el término para ejercer la acción de cobro se debe
contabilizar desde el 18 de agosto de 2018, tal como aparece
referenciado en la tabla elaborada por la administración, en el
mandamiento de pago.

Al respecto el numeral 4) del artículo 817 ibidem, señala que
la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribir en el
término de cinco años contados a partir de la fecha de
ejecutoria del respectivo acto administrativo de discusión. A su
turno el artículo 818 ibidem, prevé que el anterior término se
verá interrumpido con la notificación del mandamiento de pago.
Sobre este último aspecto las partes no discuten sobre el hecho
de que el acto fue notificado el 25 de noviembre de 2020.

Es decir que, en relación con la resolución sanción, la
administración cumplió con la carga de notificar el
mandamiento de pago de manera oportuna, pues no se excedió
el término de cinco años aludido.

Ahora bien, como lo puso de presente el tribunal, no es posible
discutir en la etapa de cobro asuntos propios del proceso
sancionatorio. Por ello, el debate sobre la fecha en que se
entendió presentada la declaración de renta del año gravable
2013, o el efecto de no haberse firmado por el revisor fiscal,
son asuntos que le están vedados examinar al juez en esta
instancia del litigio […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SECCIÓN CUARTA delimitó el problema jurídico en

determinar si operó la prescripción de la acción de cobro y si se

vulneró el debido proceso por la falta de vinculación de la deudora

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solidaria, frente a lo cual constató que el título ejecutivo estaba

constituido por la Resolución de 17 de agosto de 2018, que impuso

una sanción por no declarar. En consecuencia, al no haberse

interpuesto recursos, dicho acto administrativo quedó ejecutoriado el

18 de ese mes y año, fecha desde la cual se debía contabilizar el

término legal.

Asimismo, la autoridad judicial accionada consideró que la

administración notificó el mandamiento de pago de manera oportuna

el 25 de noviembre de 2020 sin exceder el plazo de los cinco años

previstos en el artículo 817 del Estatuto Tributario, interrumpiendo

así la prescripción.

Finalmente, respaldó la decisión del a quo al señalar que los debates

sobre la fecha de presentación de la declaración de renta de 2013 o

la falta de firma del revisor fiscal corresponden al proceso

sancionatorio y de determinación, por lo que resultaba improcedente

e ilegal discutir la validez de dichos aspectos en la etapa de cobro

coactivo.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció frente a los aspectos que la actora alude como

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desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta,

lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de

conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCIÓN CUARTA decidió el asunto sometido a su

consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto

la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que hace

alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir

entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario

cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

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Sección18 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud

de amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, M.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03181-01
Actora: COMPAÑÍA DE VIGILANCIA VER LTDA.

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora y así

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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