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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03184-01

Fecha
24 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03184-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2026 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Adriana Restrepo Estupiñán contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03184-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

24 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03184-01
Demandante: ADRIANA RESTREPO ESTUPIÑÁN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma la sentencia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 16 de junio de 20261, por medio del cual la Sección Tercera, Subsección C
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción constitucional por no cumplir
con el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 24 de abril de 20262, la señora Adriana Restrepo Estupiñán, actuando mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la contradicción y a la seguridad social.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 2 de noviembre de 2023, que revocó la
providencia del 4 de octubre de 2022, a través de la cual el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja había negado las
pretensiones de la demanda y en su lugar, accedió a ellas, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
68081-33-33-001-2015-00337-00/01, promovido por los señores Alirio Castro Sisa
y Gladys Silva Gómez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Adriana
Restrepo Estupiñán.

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Notificado mediante correo electrónico el 29 de julio de 2026.
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Demanda en línea No. 23782.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Adriana Restrepo Estupiñán
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03184-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER y el
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANCABERMEJA vulneraron los derecho fundamentales al DEBIDO
PROCESO, a la CONTRADICCIÓN, a la SEGURIDAD SOCIAL y al MÍNIMO VITAL
de la ciudadana ADRIANA RESTREPO ESTUPIÑAN - dentro del Medio de Control
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantado por GLADYS SILVA GÓMEZ
y por ALIRIO CASTRO SISA -, al pretermitir la legislación procesal y el Régimen
Especial Pensional de las FUERZAS MILITARES que le eran aplicables a La
Accionante, y en consecuencia se amparen los derechos fundamentales
conculcados.

2. Se declare que GLADYS SILVA GÓMEZ y por ALIRIO CASTRO SISA no
desvirtuaron la presunción de legalidad de la Resolución No. 596 del 20 de Febrero
de 2.014, de la Resolución No. 1391 del 7 de Abril de 2.014 y de la Resolución No.
5958 del 5 de Diciembre de 2.014 mediante las cuales se le reconoció el CINCUENTA
POR CIENTO (50%) de la pensión de sobrevivientes a la señora ADRIANA
RESTREPO ESTUPIÑÁN y que en definitiva se nieguen las pretensiones de la Acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantada por ellos.

3. Se declare la nulidad de la Sentencia del 2 de Noviembre de 2.023 proferida
en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER que se
identificó con el Número de Radicación 68081333300120150033701.

4. Como consecuencia de todo lo anterior se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER que, en el término de CUARENTA Y OCHO
(48) horas, emita una nueva sentencia que confirme lo decidido por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BARRANCABERMEJA el 4 de Octubre de 2.022, por encontrarse en su parte
resolutiva ajustada a derecho.

5. Finalmente y complemento necesario de lo anterior para una tutela judicial
efectiva, se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER que en la
nueva sentencia incluya la orden a la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y
REHABILITACIÓN INCLUSIVA de la ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA para que
de forma retroactiva le page a la Accionante ADRIANA RESTREPO ESTUPIÑAN las
mesadas pensionales que en proporción del CINCUENTA POR CIENTO y causadas
con la muerte del Subteniente WAILER SMIDT CASTRO SILVA (q.e.p.d.), le dejaron
de pagar desde el año 2.025 y hasta el fallo que defina esta Acción 3.

1.3. Hechos

De la solicitud de amparo presentada por la accionante y del expediente se extraen
los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia.

Contó que ingresó al Ejército Nacional como oficial profesional de la reserva en el
año 2010 y, en dicho entorno, conoció al subteniente de la Armada Nacional Wailer
Smidt Castro Silva4 con quien inició una relación amorosa.

Indicó que el traslado del oficial al Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17
en Magangué, Bolívar, no interrumpió el vínculo sentimental, que se mantuvo firme
y que la relación evolucionó hacia un proyecto de vida compartido, materializado

3
Transcripción literal del texto original con posibles errores.
4
Fallecido el 13 de septiembre 2013.

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Demandante: Adriana Restrepo Estupiñán
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03184-01

en actividades económicas conjuntas, adquisición de bienes, viajes y apoyo
recíproco durante los años 2012 y 2013.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2013, suscribieron la escritura pública No. 845
en la Notaría 12 del Círculo de Bogotá, mediante la cual se declaró la unión marital
de hecho existente desde el 18 de diciembre de 2012.

El 13 de septiembre de 2013, el subteniente Castro Silva falleció en un
enfrentamiento con la subversión en San Pablo, Bolívar. Dado que el personal de
la Armada Nacional conocía la relación afectiva entre el oficial y la accionante, el
comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17, con sede en
Magangué, Bolívar, le informó sobre el deceso.

Como consecuencia de lo anterior y, en cumplimiento de las disposiciones legales,
la Armada Nacional inició el procedimiento administrativo para la asignación
pensional. Tras la valoración de las pruebas se expidieron las siguientes: (i)
Resolución No. 596 del 20 de febrero de 2014, (ii) Resolución No. 1391 del 7 de
abril de 2014 y (iii) Resolución No. 5958 del 5 de diciembre de 2014, mediante las
cuales se reconoció a Adriana Restrepo Estupiñán el 50% de la pensión de
sobreviviente. El porcentaje restante fue asignado a los señores Gladys Silva
Gómez y Alirio Castro Sisa, padres del causante.

Estos últimos, mediante petición elevada ante el Ministerio de Defensa Nacional,
solicitaron el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes. La
solicitud se resolvió de manera negativa respecto del señor Castro Sisa, al
concluirse que no acreditó dependencia económica.

En consecuencia, se reconoció el 50% de la pensión a la madre del causante y el
otro 50% a la señora Adriana Restrepo Estupiñán, en calidad de compañera
permanente.

Con posterioridad, el señor Castro Sisa acreditó ante el ministerio su condición de
dependiente económico del fallecido y, en virtud de ello, fue incluido como
beneficiario de la prestación. Lo anterior implicó la redistribución de la cuota
parental: la participación de la madre se redujo al 25%, mientras que al padre se le
asignó el 25% restante, manteniéndose inalterada la cuota del 50%
correspondiente a la compañera permanente.

Por tal motivo, los padres del causante demandaron la nulidad de los actos
administrativos, al considerar que la señora Adriana Restrepo Estupiñán no cumplía
con el requisito legal de convivencia mínima de cinco años previo al fallecimiento,
pues la relación solo se prolongó por aproximadamente nueve meses y cinco días.

Manifestó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le correspondió
al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja que,
mediante sentencia del 4 de octubre de 2022, resolvió negar las pretensiones de la
demanda al considerar que la calidad de compañera permanente de la demandada
quedó acreditada legalmente mediante escritura pública válida conforme a la Ley
54 de 1990.

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Precisó que la parte actora interpuso recurso de apelación y, mediante sentencia
del 2 de noviembre de 20235, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la
decisión del a quo y reconoció el 100 % de la pensión de sobrevivientes a los padres
del causante, distribuyendo un 50 % para cada uno. El ad quem señaló que la
señora Restrepo Estupiñán no acreditó el requisito legal de convivencia mínima
continua de 5 años previos al fallecimiento. En virtud de ello, la totalidad de la
prestación fue asignada a los padres, quienes demostraron dependencia
económica respecto del oficial fallecido.

Explicó que presentó, el 10 de abril de 2025, solicitud de nulidad de toda la
actuación procesal ante las autoridades judiciales competentes. El Tribunal
Administrativo de Santander, mediante autos del 8 y 28 de agosto de 2025, rechazó
y desestimó la solicitud de nulidad formulada directamente por la accionante.

Asimismo el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja, a través de auto del 27 de octubre de 2025, se atuvo a lo resuelto
por el tribunal, se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la nulidad y ordenó el
archivo definitivo del expediente.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora interpuso la acción de tutela alegando la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la contradicción, a la seguridad social
y al mínimo vital, derivada de los siguientes defectos:

Fáctico: porque el tribunal de alzada otorgó valor probatorio absoluto a testimonios
e informaciones extrajuicio aportadas por los demandantes, como el testimonio de
María Camila Díaz Narváez, sin que la accionada pudiera ejercer contradicción
material. Paralelamente, el juzgador de segunda instancia privó de eficacia
probatoria a la Escritura Pública No. 845 del 21 de agosto de 2013, documento que
goza de presunción de legalidad y fe pública sin haber sido anulado judicialmente.

Sustantivo: por cuanto la autoridad accionada inaplicó el artículo 11.3 del Decreto
4433 de 2004, reglamentario de la Ley Marco 923 de 2004, norma especial que no
exige tiempo mínimo de convivencia para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en casos de muerte en servicio activo. En su lugar, aplicó
analógicamente disposiciones ajenas al régimen militar, como el parágrafo 2º del
artículo 11 del mismo decreto y el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, ignorando que
el artículo 279 de esta última exceptúa expresamente a los miembros de las
Fuerzas Militares.

Procedimental absoluto: indicó que los despachos judiciales desconocieron los
mandatos legales de notificación del auto admisorio, previstos en los artículos 291
y 292 del Código General del Proceso, aplicables por remisión expresa de los
artículos 200 y 306 del CPACA, ya que los demandantes y la secretaría del juzgado
omitieron notificarla de manera personal y efectiva en su dirección real conocida,
adelantaron un emplazamiento ilegal e impusieron una representación judicial
meramente formal a través de una curadora ad litem que no ejerció defensa
material, no contestó la demanda, no solicitó pruebas ni objetó el material probatorio

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Notificada el 3 de noviembre de 2023.

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allegado.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 28 de abril de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó notificar a la accionante y a las
autoridades judiciales accionadas, así como a los señores Gladys Silva Gómez,
Alirio Castro Sisa, el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Nacional de
Colombia y la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva como terceros
interesados.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Santander

Mediante correo electrónico allegado el 8 de mayo de 20266, la magistrada ponente
de la providencia de segunda instancia rindió informe en los siguientes términos:

Indicó que la acción de tutela era improcedente por no cumplir el requisito de
inmediatez pues el fallo de segunda instancia fue notificado el 3 de noviembre de
2023 y la providencia que resolvió definitivamente el incidente de nulidad se notificó
el 29 de agosto de 2025.

Explicó que, en cambio, la solicitud de amparo se radicó hasta el 24 de abril de
2026, 7 meses y 26 días después de la última decisión judicial y más de 1 año
después de la sentencia de fondo.

Señaló que, por lo anterior, se superó el término unificado de 6 meses fijado por la
jurisprudencia constitucional, sin que la parte actora acreditara un estado de
debilidad manifiesta que justificara la inactividad.

Expuso que la demandante pretende convertir el mecanismo de amparo en una
tercera instancia judicial para imponer su postura y precisó que la decisión de
segunda instancia revocó el fallo ordinario y reconoció la pensión de sobrevivientes
a los padres del causante tras una valoración probatoria y jurídica razonada, de
modo que la inconformidad de la accionante constituye una discrepancia subjetiva
sin relevancia constitucional.

Concluyó que en el trámite ordinario se garantizaron plenamente los derechos de
la señora Restrepo Estupiñán y que se constató que, ante la imposibilidad de
notificarla en la dirección inicial, la autoridad ordinaria remitió comunicaciones a un
segundo domicilio, efectuó el emplazamiento legal y designó una curadora ad litem
para la defensa de sus intereses, desestimándose la nulidad prevista en el numeral
8º del artículo 133 del Código General del Proceso.

Finalmente, manifestó que la exigencia del requisito de convivencia mínima de 5
años continuos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la
compañera permanente, conforme al Decreto 4433 de 2004, respondió a una

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Índice 12 y 13 del aplicativo Samai.

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interpretación sistemática vinculada con la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.
Esta aplicación jurisprudencial se fundamentó en la doctrina unificada del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional, descartándose cualquier interpretación
arbitraria.

1.5.2. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Barrancabermeja

Por medio de escrito remitido el 12 de mayo de 20267, el titular del despacho
accionado precisó que asumió el cargo en provisionalidad el 28 de septiembre de
2022, por lo cual las actuaciones cuestionadas en la tutela, excepto la sentencia de
primera instancia del 4 de octubre de 2022, no se adelantaron bajo su conocimiento
directo.

Declaró que el juzgado agotó de manera escalonada y diligente los mecanismos de
notificación previstos en el ordenamiento procesal. Indicó que la citación inicial se
remitió a la dirección física aportada por la demandante, en observancia del principio
de buena fe. Ante la imposibilidad de surtir la notificación personal y la manifestación
expresa de desconocer otro domicilio, el juzgado procedió al emplazamiento
conforme al artículo 293 del Código General del Proceso y designó un curador ad
litem para garantizar la defensa de la ausente.

Resaltó que, al advertirse una discrepancia en la nomenclatura de la dirección, se
suspendió la audiencia inicial y se ordenaron nuevos citatorios, los cuales resultaron
infructuosos, habilitando legítimamente la continuación del proceso.

Concluyó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la garantía del debido
proceso en materia de notificaciones exigía la verificación de una actuación judicial
diligente y ajustada a la ley, sin requerir certeza del conocimiento efectivo por la
destinataria. En consecuencia, señaló que no se configuró defecto procedimental
alguno.

Finalmente, solicitó denegar el amparo constitucional invocado por la señora
Adriana Restrepo Estupiñán, al considerar demostrado que el despacho actuó con
estricta sujeción a las formas propias del juicio.

1.5.3. Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI

Mediante comunicación enviada el 11 de mayo de 20268, la entidad vinculada
resumió que el trámite pensional derivó del fallecimiento en combate del teniente
Wailer Smidt Castro Silva en 2013 y las actuaciones surtidas posteriormente.

Indicó que, en cumplimiento de las daciones surtidas, la DIVRI suspendió el pago a
la accionante desde el 30 de abril de 2025, inició el cobro de los valores girados sin
corresponder y dejó pendiente de resolución la solicitud de revocatoria directa.

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Índice 14 y 18 del aplicativo Samai.
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Índice 15 del aplicativo Samai.

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Señaló que el apoderado de la accionante presentó el 25 de agosto de 2025 dicha
solicitud contra la orden de reintegro, trámite que al momento de rendirse el informe
permanecía sin decisión por parte de la autoridad administrativa.

1.5.4. Ministerio de Defensa Nacional9

El Ministerio de Defensa Nacional defendió la legalidad de las resoluciones de 2014
que otorgaron la pensión de sobrevivientes a Adriana Restrepo Estupiñán,
sustentadas en una escritura pública de unión marital de hecho válida y no anulada
judicialmente.

Señaló que el debido proceso se garantizó mediante notificación por edicto en el
periódico El Espectador y la designación de curadora ad litem. Finalmente, declaró
que aunque la entidad no compartía la sentencia revocatoria del Tribunal
Administrativo de Santander, la acataba y se sujetaba a lo que en derecho
dispusiera el Consejo de Estado.

1.6. Sentencia de primera instancia

El 16 de junio de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de inmediatez.

Señaló que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el amparo contra
providencias judiciales debía interponerse dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación del fallo.

Precisó que en este caso, la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander se
notificó el 3 de noviembre de 2023 y la tutela se radicó el 24 de abril de 2026,
transcurridos más de 2 años.

Asimismo subrayó que la presentación de incidentes o solicitudes de nulidad no
renovaba el término y que flexibilizarlo afectaría la seguridad jurídica y la cosa
juzgada. En consecuencia, concluyó que no procedía examinar los defectos
sustantivo, fáctico o procedimental alegados.

1.7. Impugnación

Por medio de escrito presentado el 31 de julio de 202610, la tutelante impugnó la
anterior decisión y alegó que el juez de primera instancia incurrió en un análisis
equivocado de los requisitos de procedibilidad de la tutela.

Señaló que el a quo declaró improcedente el amparo al contabilizar un lapso de 2
años, 5 meses y 21 días entre la notificación de la sentencia del 3 de noviembre de
2023 y la radicación de la acción el 24 de abril de 2026.

Argumentó que nunca tuvo conocimiento real del proceso ni de la providencia hasta

9
Índice 16 del aplicativo Samai.
10
Índice 27 del aplicativo Samai. La notificación del fallo se envió por correo electrónico el 29 de julio
de 2026, por lo que se entiende efectivamente notificado el 31 de julio siguiente.

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el 7 de abril de 2025, por lo que la notificación a la curadora ad litem fue meramente
formal.

Indicó que, al conocer la actuación, interpuso una solicitud de nulidad el 10 de abril
de 2025, resuelta el 27 de octubre de ese mismo año, fecha desde la cual debía
contarse el término de inmediatez conforme al precedente de la Sentencia T-400
de 2025. Denunció además la omisión en la valoración de pruebas que acreditaban
la mala fe de los demandantes originales y reprochó que el a quo se abstuviera de
estudiar los defectos procedimental y sustantivo invocados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Adriana Restrepo Estupiñán contra la providencia dictada por la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, el 16 de junio de 2026, según lo
previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201511, así como en el Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
del 16 de junio de 2026, a través del cual la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de inmediatez.

En caso de encontrar superado este y los demás requisitos de procedencia adjetiva,
se deberá analizar si el Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con ocasión de la sentencia proferida
el 2 de noviembre de 2023, que revocó el fallo del 4 de octubre de 2022, a través
del cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja
negó las pretensiones de la demanda para en su lugar, acceder a ellas, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 68081-
33-33-001-2015-00337-00/01, promovido por los señores Alirio Castro Sisa y
Gladys Silva Gómez contra la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada
Nacional y Adriana Restrepo Estupiñán.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados
se estudiará iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

11
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

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(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03184-01

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de inmediatez conviene señalar que este
presupuesto exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto u
omisión a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por
lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

Debido a que la tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de proveer
una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que
supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz12.

En criterio de la sección, el plazo prudencial para acudir a este mecanismo
constitucional es el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el
cual se calcula desde la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que
da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia.

A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y se
pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias fueron
fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida
por esta sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:

(...) i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual.13

En el caso bajo estudio, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
realizó el cómputo del término de inmediatez a partir de la sentencia del Tribunal
Administrativo de Santander del 2 de noviembre de 2023, notificada mediante
mensaje de datos enviado el 3 de noviembre siguiente14. Sobre la cual determinó
que quedó ejecutoriada el 14 de noviembre del mismo año, por lo que al haberse
presentado la acción de tutela el 24 de abril de 2026 concluyó que se superó de
manera amplia el plazo jurisprudencial razonable de 6 meses previsto para el
requisito de inmediatez.

La demandante sostiene que el amparo resulta procedente porque el término de
inmediatez no podía contarse desde la notificación «ficta» realizada a la curadora
ad litem el 3 de noviembre de 2023, sino desde el conocimiento real del proceso
ocurrido el 7 de abril de 2025.

12
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos (...)».
13
Ver sentencias T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010 y T-576 de 2010.
14
Índice 16 de SAMAI radicado 68081-33-33-001-2015-00337-01.

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Señaló que, 3 días después, presentó solicitud de nulidad para sanear la indebida
notificación, la cual fue resuelta el 27 de octubre de 2025. Con fundamento en la
Sentencia T-400 de 2025 de la Corte Constitucional, sostuvo que la inmediatez
debía calcularse desde esa providencia y no desde la sentencia desconocida y que
entre la decisión que negó la nulidad y la radicación de la tutela transcurrieron 179
días [5 meses y 29 días], plazo que consideró razonable y proporcionado.

En efecto, al examinar el expediente se observa que la accionante solicitó la nulidad
de todo lo actuado el 10 de abril de 2025, tras conocer el proceso el 7 de abril de
ese mismo año, alegando falta de notificación y mala fe de los demandantes. En
consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, mediante
auto del 9 de julio de 2025, rechazó la solicitud por incumplir el principio de
postulación judicial al presentarla sin abogado y remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, el cual mediante providencia del 8 de agosto de 2025,
negó la nulidad al considerar que se agotó el procedimiento de notificación mediante
emplazamiento y curadora ad litem, concluyendo que no se probó mala fe procesal
ni conocimiento de otra dirección por parte de los demandantes o de la Armada
Nacional.

Por lo anterior la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación en el cual solicitó:

1.- Solicitamos que se revoque el proveído del 8 de Agosto de 2.025 y en su
reemplazo se profiera auto que decrete abierto el incidente de nulidad que permita
decidir de fondo el pertinente y legal pedimento de nulidad presentado por la Señora
ADRIANA RESTREPO ESTUPIÑAN, para que al final del trámite incidental y como
consecuencia de la irregular vinculación de la incidentante a esta litis, se deje sin valor
ni efecto todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, calendado el 16
de Diciembre de 2.015, por los motivos que ampliaremos.

2.- Subsidiariamente solicitamos que mediante nuevo auto el AD QUEM ordene al A
QUO a prorrogar por una sola vez el término inicialmente concedido a la Señora
ADRIANA RESTREPO ESTUPIÑAN para que comparezca a través de abogado, al
tenor del Artículo 111 y del Inciso Final de Artículo 117 del CGP.

El tribunal, mediante providencia del 28 de agosto de 2025, confirmó la providencia
del 8 de agosto de 2025 y mantuvo la negativa a declarar la nulidad procesal, al
considerar que la parte recurrente se limitó a reiterar los argumentos iniciales sin
aportar fundamentos legales o probatorios nuevos. A su vez, el juzgado, por auto
del 27 de octubre de 2025, ordenó cumplir lo resuelto y dispuso la devolución del
expediente al archivo, al quedar definitivamente rechazada la solicitud de nulidad
por indebida notificación presentada por la demandada.

En razón de lo expuesto, la sala determina que la decisión relevante para el estudio
del requisito de inmediatez corresponde al auto del 28 de agosto de 2025, mediante
el cual el Tribunal Administrativo de Santander confirmó el proveído del 8 de agosto
del mismo año, por ser justamente aquella que resolvió definitivamente la
controversia en relación con la falta de notificación dentro del proceso ordinario.

Así pues, se advierte que esta decisión fue notificada por estado el 29 de agosto y
quedó ejecutoriada el 3 de septiembre. En consecuencia, la señora Adriana
Restrepo Estupiñán disponía desde el 4 de septiembre de 2025 para interponer la

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acción de tutela, así que el plazo razonable para presentarla vencía el 4 de marzo
de 2026.

De acuerdo con ello, aun considerando la ejecutoria de dicho auto como punto de
referencia, la conclusión coincide con la adoptada en primera instancia, pues la
acción de tutela fue radicada cuando ya había vencido la oportunidad prevista para
el efecto, esto es, el 24 de abril del presente año.

Finalmente, se precisa que el conteo no podía efectuarse desde el 27 de octubre de
2025, fecha del auto del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Barrancabermeja que dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por su superior,
dado que esa providencia no definió la solicitud de nulidad presentada por la señora
Adriana Restrepo Estupiñán.

Por lo tanto, para la sala no son admisibles los argumentos presentados por la parte
actora para superar el requisito de inmediatez, toda vez que no se enmarcan en
alguna de las situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como
justificación, es decir, que (i) se encuentre en una situación que lo ubique en estado
de vulnerabilidad (indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros); (ii) la inactividad vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados;
y iv) la vulneración a sus derechos ha sido permanente en el tiempo.

Por el contrario, lo que se observa es que la demandante pudo haber acudido en un
término razonable para controvertir la providencia judicial que consideraba lesiva de
sus derechos fundamentales.

Debe recordarse que cuestionar una decisión judicial implica afectar principios como
la cosa juzgada y la seguridad jurídica, razón por la cual el análisis del requisito de
inmediatez en este tipo de asuntos es estricto. Basta con que la sentencia se
encuentre ejecutoriada para que el interesado acuda al juez constitucional, lo que
impone la carga de hacerlo en un plazo pertinente o de justificar razonablemente la
tardanza. En este trámite constitucional, dicha justificación no fue aportada por la
accionante.

En ese orden de ideas, en el caso sub examine no existe una explicación válida
para el ejercicio de este trámite constitucional fuera del tiempo proporcional y
adecuado adoptado por la corporación.

De acuerdo con lo argumentado, esta sala de decisión confirmará la sentencia del
16 de junio de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, comoquiera que
no se encontró satisfecho el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 16 de junio de 2026 proferida por la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela presentada por la señora Adriana Restrepo Estupiñán contra el Tribunal
Administrativo de Santander y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Barrancabermeja.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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