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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03185-01

Fecha
22 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03185-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pero por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03185-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de septiembre de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03185-01
Demandante: JAIRO JAVIER GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ.

Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia mediante la cual se declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión promovido en contra de la decisión que negó las pretensiones formuladas en el proceso de
reparación directa por los daños sufridos por uno de los actores durante la prestación del servicio militar.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, aunque
por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, porque los reparos relacionados con
los documentos que sustentaban la causal de revisión no fueron formulados oportunamente ante el juez
natural y los cuestionamientos dirigidos materialmente contra la sentencia del proceso de reparación directa
fueron planteados por fuera de un término razonable.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia del 12 de junio de 2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia (…).
(Negrillas y mayúsculas fijas del original - SAMAI, índice 17).

I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03185-01
Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

Mediante escrito presentado el 24 de abril de 20261, el señor Jairo Javier González y
otros2 promovieron proceso de acción de tutela en contra de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado para que le sean amparados sus derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral, presuntamente vulnerados por la sentencia del 24 de marzo de 2026.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) En el año 2018, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para obtener
la reparación de los daños ocasionados por motivo de la prestación del servicio militar
obligatorio del señor Jairo Javier González, proceso que correspondió al Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar3.

2) Mediante sentencia del 31 de enero de 2019, el referido juzgado negó las pretensiones
de la demanda por considerar que los daños derivados de la prestación del servicio militar
ya habían sido indemnizados con el reconocimiento de una pensión de invalidez y una
indemnización por disminución de la capacidad laboral.

3) La parte demandante interpuso recurso de apelación con fundamento en que se
encontraban acreditados los daños sufridos por el señor Jairo Javier González y la
indemnización pretendida mediante el proceso de reparación directa era distinta de las
prestaciones previamente reconocidas, por tanto, no se configuraría un doble pago.

4) A través de sentencia del 27 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual encontró acreditado el daño y su
relación con la actividad militar, pero concluyó que aquel ya había sido reparado mediante
la indemnización por disminución de la capacidad laboral y, por esa razón, no había lugar
a ordenar un nuevo pago.

1 Índice 02 de Samai.

2 Heroína Isabel González Orozco, Román David González Talero, Sorlenis Judith González, Geolger y

Enrique González.
3 El proceso se registró con el número de radicación 20001-33-33-002-2018-00243-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03185-01
Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

5) El 23 de mayo de 2024, la parte demandante interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la anterior providencia, posteriormente subsanado el 19 de junio siguiente,
con fundamento en la causal primera del artículo 250 del CPACA, relativa al hallazgo o
recuperación, después de dictada la sentencia, de documentos decisivos que no pudieron
aportarse oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

6) El 6 de febrero de 2026, la parte recurrente presentó un memorial mediante el cual
manifestó que pretendía efectuar un “ajuste” al recurso extraordinario de revisión e
introducir nuevos elementos probatorios, entre estos, un informativo administrativo por
lesiones del 20 de enero de 1997 y un certificado CETI relacionado con las
incorporaciones de Jairo Javier González al Ejército Nacional.

7) Mediante sentencia del 24 de marzo de 2026, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión por
considerar que la parte recurrente no cumplió la carga argumentativa necesaria para
demostrar la configuración de la causal invocada y que los planteamientos formulados
estaban encaminados a prolongar el debate probatorio resuelto dentro del proceso de
reparación directa.

8) Para arribar a esa conclusión, la autoridad judicial señaló que el escrito presentado el
6 de febrero de 2026, mediante el cual se pretendió aportar nuevos elementos probatorios
y ampliar la sustentación del recurso extraordinario, no podía subsanar la insuficiencia
argumentativa del escrito inicial, porque fue allegado después de vencido el término para
interponerlo y el artículo 253 del CPACA prohíbe su reforma.

Fundamento de la vulneración

La parte actora sostuvo que, pese a que las autoridades judiciales reconocieron el daño
causado al señor Jairo Javier González, se abstuvieron de reconocer y liquidar los
perjuicios reclamados.

En primer lugar, alegó la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, porque la providencia cuestionada i) omitió considerar pruebas relevantes,
entre estas, testimonios e informes periciales, ii) valoró de manera ilógica los medios de
convicción, a pesar de que aquellos permitían establecer el daño antijurídico causado por
el Estado y la procedencia de su reparación.

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Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

Asimismo, invocó el desconocimiento del precedente judicial con el argumento de que la
autoridad accionada se apartó de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre
responsabilidad patrimonial del Estado en casos que estimó similares, para lo cual hizo
referencia a asuntos de privación injusta de la libertad y fallas médicas, además, citó la
sentencia SU-439 de 2004.

De igual manera, atribuyó a la providencia un defecto sustantivo por interpretación
errónea, pues afirmó que se aplicaron normas que no correspondían al asunto y que la
ley fue interpretada de manera contraria a la Constitución.

Finalmente, alegó un defecto procedimental, el cual que sustentó en un supuesto error
en el manejo de las oportunidades procesales y en la falta de reconocimiento y liquidación
de los perjuicios derivados del daño que había sido reconocido en las instancias
judiciales.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“A. Solicitamos como accionante, se nos ampare los derechos fundamentales
al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

B. Se declare la nulidad de la providencia de fecha 24 de marzo del 2026, hoy
aquí accionada la cual resolvió el recurso extraordinario de revisión.

C. Se ordene a la accionada directa en este trámite constitucional, sección
tercera subsección C del consejo de estado emitir un nuevo fallo en el recurso
de revisión, respetando los derechos fundamentales y la jurisprudencia
invocada, de igual manera se revoquen los pagos de costas en contra de la
parte demandante, teniendo en cuenta su situación económica precaria (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI - índice 2).

Actuación procesal

Mediante auto del 29 de abril de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y, como terceros con interés, vinculó a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional y al Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de
que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (SAMAI,
índice 04).

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Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

Posteriormente, mediante auto del 22 de mayo de 2026, la misma autoridad vinculó a los
señores Félix Manuel Ferreira González, Katerine Ferreira González, Alfredo Enrique
Ferreira Arrieta y Aldys Contreras Santana, en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso (SAMAI, índice 13).

Sentencia de primera instancia

A través de fallo del 12 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, por
considerar que los argumentos formulados por la parte actora evidenciaban una
inconformidad con la decisión que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión,
pues pretendían controvertir nuevamente la valoración de las pruebas testimoniales y
documentales efectuada en el proceso de reparación directa; en ese sentido, estimó que
acceder a dicho análisis implicaría reabrir un debate ya resuelto por el juez natural y
convertir la tutela en una instancia adicional, aunado a que los accionantes no cumplieron
con la carga argumentativa mínima exigida para controvertir una providencia judicial por
esta vía (SAMAI, índice 22).

Impugnación

La parte actora impugnó la decisión, para lo cual sostuvo que la controversia sí tiene
relevancia constitucional, pues no pretende reabrir el debate probatorio sino corregir la
vulneración de los derechos fundamentales afectados, así como del derecho a la
reparación integral; en ese sentido, reiteró que, pese a haberse reconocido la prestación
del servicio militar y la relación de causalidad con el daño, no se ordenó la indemnización
de los perjuicios materiales, morales, lucro cesante y daño a la salud.

Agregó que agotó los recursos ordinarios y extraordinarios y que no cuenta con otro
mecanismo judicial para obtener la protección reclamada; asimismo, insistió en la
configuración de un defecto sustantivo y una violación directa de la Constitución, además
de señalar una falta de motivación de las decisiones cuestionadas (SAMAI, índice 26).

II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03185-01
Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) cuestión previa, 3) el caso
concreto y 4) conclusión.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

Cuestión previa

La Sala advierte que una parte de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo
no controvierten propiamente las razones por las cuales la autoridad judicial demandada
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, sino la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Cesar en el proceso de reparación directa, particularmente, la
conclusión según la cual no procedía reconocer una nueva indemnización a pesar de
encontrarse acreditados el daño sufrido por el señor Jairo Javier González y su relación
con la prestación del servicio militar.

Por consiguiente, la Sala dividirá el estudio frente a ambas providencias y analizará si se
cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela en relación
con las providencias del 27 de julio de 2023 y el 24 de marzo de 2026.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 24 de marzo de 2026.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03185-01
Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

La Sección Primera de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional, decisión que fue impugnada con el argumento de que
la controversia trasciende el ámbito de la legalidad, pues los jueces naturales
reconocieron la existencia del daño y su relación con el servicio militar, pero se
abstuvieron de ordenar la indemnización sin motivación suficiente; además, los
demandantes insistieron en que no pretenden reabrir el debate probatorio sino corregir
una violación directa de la Constitución y un defecto sustantivo.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, aunque por
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, de conformidad con las
razones que se exponen a continuación:

3.1. Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política.

En desarrollo de ese precepto, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 exige,
como presupuesto procesal de la acción de tutela, que el demandante no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto es que las personas hagan uso de los mecanismos que
el ordenamiento jurídico consagra para conjurar la situación que amenaza o vulnera sus
derechos fundamentales, de modo que la acción de tutela no desplace las herramientas
judiciales establecidas por el legislador ni se convierta en una instancia judicial alterna.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la subsidiariedad debe
estudiarse en cada caso concreto y que, aun cuando exista otro medio de defensa
judicial, el amparo puede proceder si aquel no resulta idóneo o eficaz frente a las
circunstancias particulares del asunto o, de manera transitoria, cuando sea necesario
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03185-01
Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

3.2 Verificación del requisito de subsidiariedad en relación con la providencia que
resolvió el recurso extraordinario de revisión

1) En relación con los cuestionamientos dirigidos contra la sentencia del 24 de marzo de
2026, se observa que los accionantes promovieron recurso extraordinario de revisión
contra la decisión del 27 de julio de 2023 con fundamento en la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA, esto es, el hallazgo o recuperación, después de
proferida la sentencia, de documentos decisivos que no pudieron aportarse
oportunamente por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria; sin
embargo, en el escrito correspondiente sostuvieron que el tribunal había reconocido el
daño antijurídico pero no valoró adecuadamente las pruebas que permitían declarar la
responsabilidad, sin identificar los documentos que habrían sido encontrados o
recobrados con posterioridad ni explicar las circunstancias que impidieron su aportación
durante el proceso ordinario.

2) El recurso fue inadmitido mediante auto del 5 de junio de 2024 para que, entre otros
aspectos, los recurrentes determinaran de forma precisa y razonada la causal de revisión
invocada y los hechos u omisiones que le servían de fundamento; en el término concedido
presentaron escrito de subsanación en el cual identificaron la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA, luego de lo cual el recurso fue admitido mediante
providencia del 14 de noviembre de 2024.

3) Posteriormente, mediante memorial presentado el 6 de febrero de 2026, la parte
recurrente manifestó que pretendía efectuar un “ajuste” al recurso e introducir nuevos
elementos de prueba y señaló como documentos descubiertos un informativo
administrativo por lesiones del 20 de enero de 1997 y un certificado CETI relacionado
con las dos incorporaciones de Jairo Javier González al Ejército Nacional; además, indicó
que tales documentos no habían sido debatidos debido a la “inocencia e ignorancia” de
los demandantes.

4) Al resolver el recurso extraordinario, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado determinó que ese memorial no podía suplir la insuficiencia de la
sustentación inicial, porque fue presentado cuando ya había vencido el término legal para
promover ese mecanismo y porque el artículo 253 del CPACA impide reformarlo;
asimismo, precisó que la suficiencia de la argumentación de la causal invocada
correspondía examinarla al momento de proferir la sentencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-03185-01
Actor (a): Jairo Javier González y otros
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5) En esas condiciones, los cuestionamientos relacionados con los documentos que,
según la parte actora, demostraban las circunstancias de la incorporación y las lesiones
padecidas por el señor Jairo Javier González no fueron formulados oportunamente ante
el juez natural en los términos exigidos para que pudieran ser examinados al decidir el
recurso extraordinario de revisión, pese a que los recurrentes tuvieron la oportunidad
procesal para sustentar debidamente la causal invocada, incluso después de que el
recurso fue inadmitido para que esta fuera precisada y razonada.

6) Por tanto, respecto de esos reparos no se satisface el requisito de subsidiariedad, pues
la acción de tutela no puede emplearse para subsanar las deficiencias en el ejercicio del
mecanismo judicial dispuesto por el ordenamiento jurídico ni para trasladar al juez
constitucional argumentos y elementos probatorios que no fueron puestos oportunamente
a consideración de la autoridad competente.

3.3 Caracterización del requisito de inmediatez

La acción de tutela debe ejercerse dentro de un término razonable y proporcionado
contado a partir del hecho que originó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, pues, aunque el artículo 86 de la Constitución Política no establece un
término de caducidad, la naturaleza inmediata de este mecanismo impide que pueda
promoverse en cualquier tiempo.

En materia de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación ha considerado, por
regla general, que seis (6) meses constituyen un término razonable para acudir al juez
constitucional, sin perjuicio de que las circunstancias particulares del caso permitan
justificar un lapso superior.

3.4 Verificación del requisito de inmediatez en relación con la providencia proferida
en el proceso de reparación directa

7) En ese orden, frente a esos cuestionamientos no se satisface el requisito de
inmediatez, toda vez que entre la sentencia del 27 de julio de 2023 y la presentación de
la acción de tutela, el 24 de abril de 2026, transcurrieron más de dos (2) años y ocho (8)
meses, término que supera ampliamente el plazo de seis meses que esta Corporación
ha considerado razonable, por regla general, para controvertir una providencia judicial
por esta vía; además, en la solicitud de amparo no se expusieron circunstancias dirigidas
a justificar ese lapso.

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8) Esta conclusión no se modifica por el hecho de que la parte actora hubiera promovido
posteriormente el recurso extraordinario de revisión, pues, como lo ha dicho con
anterioridad esta misma Sala4, ese mecanismo es autónomo y excepcional, se tramita
por una cuerda procesal diferente y está dirigido a cuestionar sentencias ejecutoriadas
por causales taxativas, de manera que su interposición no tiene la virtualidad de
suspender o diferir los efectos de la providencia judicial que se reputa lesiva de derechos
fundamentales.

9) Así, la sentencia del 24 de marzo de 2026 no reabrió el análisis de fondo efectuado
por el Tribunal Administrativo del Cesar sobre la procedencia de la reparación reclamada,
sino que examinó si se configuraba la causal extraordinaria invocada y concluyó que los
recurrentes no cumplieron la carga argumentativa correspondiente; incluso, advirtió que
los planteamientos formulados pretendían prolongar el debate probatorio resuelto dentro
del proceso de reparación directa.

10) Así las cosas, la circunstancia de haber acudido posteriormente al recurso
extraordinario de revisión no habilitaba a la parte actora para controvertir por vía de acción
de tutela, casi tres (3) años después, las determinaciones adoptadas en la sentencia del
27 de julio de 2023 ni permite trasladar el punto de partida para el cómputo de la
inmediatez a la fecha en que fue resuelto aquel mecanismo extraordinario.

Conclusión

11) En consecuencia, respecto de los cuestionamientos dirigidos contra la sentencia del
24 de marzo de 2026, relacionados con los documentos allegados mediante memorial
del 6 de febrero de ese año, no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, porque los
elementos y argumentos destinados a sustentar la causal de revisión no fueron
formulados oportunamente ante el juez natural; por su parte, los reparos encaminados
materialmente a controvertir la decisión adoptada dentro del proceso de reparación
directa no cumplen el requisito de inmediatez, dado el tiempo transcurrido desde la
sentencia del 27 de julio de 2023 hasta la presentación de la acción de tutela.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de febrero de 2026, ra. 11001-03-

15-000-2025-05759-01, MP Fredy Ibarra Martínez.

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Actor (a): Jairo Javier González y otros
Acción de tutela

12) Por las anteriores razones, se confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela, aunque por las razones expuestas en esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, pero por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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