Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03187-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
29 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: JHON JAIRO RODRIGUEZ CERA Y CARLOS ANDRÉS
RODRÍGUEZ CERA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Modifica y declara improcedencia
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se modificará la sentencia proferida el 22 de mayo de 2026 por la Sección Segunda,
Subsección A de esta Corporación y se declarará improcedente por no cumplir requisito
de relevancia constitucional. Se pretende utilizar la acción de tutela como una tercera
instancia para controvertir una decisión que fue analizada y resuelta por el Tribunal, su
inconformidad se limita a no compartir el menor valor reconocido judicialmente.
II. ANTECEDENTES
Hechos relevantes
2. Por sentencia del 24 de septiembre de 2013 en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la
señora Martha Fabiola Cera de Rodríguez (Q.E.P.D.), obligación que quedó a cargo del
extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS hoy UGPP, en la que se debía incluir factores
salariales no reconocidos, así como el pago de retroactivos, indexación e interés
moratorios.
3. El señor Jairo Antonio Rodríguez Balsa, en calidad de sustituto pensional de la señora
Martha Fabiola Cera de Rodríguez promovió proceso ejecutivo con el fin de obtener
mandamiento de pago en su favor y en contra de la UGPP.
4. El 30 de enero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de Barranquilla libró el
mandamiento de pago por valor de $32.906.720,36 valor que resultó ser menor al
presentado. La parte ejecutante presentó recurso de apelación contra la decisión.
5. El Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la providencia el 19 de septiembre de
2025 y, el 23 de febrero de 2026 negó la solicitud de aclaración, adición y/o corrección
de esta.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: Jhon Jairo Rodríguez Cera y Otro
La demanda
6. El 24 de abril de 2026, los señores Carlos Andrés Rodríguez Cera y Jhon Jairo
Rodríguez Cera interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Atlántico, para proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 19 de septiembre de 2025, mediante
el cual se confirmó la decisión del 30 de enero de 2025 por el Juzgado Quinto
Administrativo de Barranquilla que libró mandamiento de pago por un menor valor al
reclamado en el proceso ejecutivo 08001-33-33-005-2013-00048-00 [02].
7. Los accionantes manifiestan actuar en calidad de sucesores procesales de sus padres
Martha Fabiola Cera de Rodríguez y Jairo Antonio Rodríguez Balsa, fallecidos el 4 de
abril de 2016 y el 28 de diciembre de 2025, respectivamente.
Pretensiones
8. Se solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados, dejar sin efectos las
providencias del 19 de septiembre de 2025 y del 23 de febrero de 2026 proferidas por el
Tribunal Administrativo del Atlántico y que se le ordene emitir una nueva decisión
ajustada a derecho.
Fundamentos de la acción de tutela
9. El Tribunal no realizó un análisis probatorio y matemático suficiente sobre la
liquidación de la pensión, el retroactivo pensional y los intereses moratorios. Alegan que
no se compararon los valores reconocidos por la UGPP en la Resolución No. 1499 de
2010, con los que debían pagarse conforme a la sentencia judicial que ordenó la
reliquidación. Se decidió el asunto sin practicar ni valorar las pruebas técnicas
necesarias para determinar si subsistían saldos insolutos, lo que enmarcó en defecto
fáctico.
10. Afirman que se configuró un defecto material o sustantivo, por la interpretación
errónea de las normas aplicables al caso. Cuestionan que la corporación concluyera que
la liquidación presentada por ellos era incorrecta por tomar como base los diez últimos
años de servicio.
11. Sostienen que el Tribunal se apartó de los precedentes del 2 de mayo de 2011,
radicado 11001-03-15-000-2011-00388-00(AC) y 28 de febrero de 2013, radicado
11001-03-15-000-2012-01642-00(AC) del Consejo de Estado, que reconocen el deber
del juez de emplear sus facultades probatorias para esclarecer los hechos y garantizar
una decisión de fondo.
Trámite en primera instancia
12. El 29 de abril de 2026, el magistrado sustanciador admitió la tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C y vinculó como tercero con interés a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: Jhon Jairo Rodríguez Cera y Otro
Intervenciones
13. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la protección Social – UGPP solicitó su desvinculación por falta de
legitimación por pasiva al no ser la entidad llamada a responder por la presunta
vulneración del derecho. Pidió negar el amparo solicitado y mantener incólumes las
decisiones del Tribunal Administrativo del Atlántico, al considerar que no hubo defecto
fáctico, sustantivo ni desconocimiento del debido proceso.
14. El Tribunal Administrativo del Atlántico, solicitó declarar improcedente la tutela y,
subsidiariamente, negar las pretensiones, al considerar que la decisión cuestionada fue
adoptada conforme a derecho y que los accionantes pretenden utilizarla como una
tercera instancia carente de relevancia constitucional y que busca reabrir un debate
decidido por el juez natural.
Sentencia de primera instancia
15. El 22 de mayo de 2026, la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado declaró improcedente parcialmente la tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad respecto a la valoración de la Resolución 1499 de 2010 “Por la cual se
concede pensión de jubilación a Cera de Rodríguez Martha Fabiola” y, negó el amparo
frente a los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente, en relación
con la valoración del título ejecutivo y la liquidación presentada, manteniendo en firme
las providencias del Tribunal Administrativo del Atlántico.
16. Consideró que el cargo relacionado con la falta de valoración de la Resolución 1499
de 2010, que reconoció la pensión de jubilación, no podía estudiarse en sede de tutela
porque ese argumento no fue planteado oportunamente dentro del recurso de apelación
del proceso ejecutivo, razón por la cual incumplía el requisito de subsidiariedad.
17. Respecto de los demás reproches, la corporación encontró que el Tribunal
Administrativo del Atlántico sí examinó la sentencia que servía de título ejecutivo, la
liquidación presentada por los ejecutantes, el retroactivo pensional y los intereses
moratorios. Estimó que el Tribunal motivó adecuadamente su decisión al concluir que la
reliquidación propuesta por los demandantes se había calculado sobre un período de
diez años, mientras que la norma aplicada establecía como referencia el promedio de lo
percibido en el último año de servicios, por lo que no advirtió la existencia de un defecto
fáctico o de una decisión sin motivación.
18. Descartó la existencia de defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente
porque los accionantes no explicaron concretamente qué normas habían sido
indebidamente aplicadas o desconocidas y las sentencias invocadas como precedente
no eran obligatorias para el caso porque no existía identidad fáctica ni jurídica ni
correspondían a decisiones de unificación.
Impugnación
19. Los accionantes impugnaron. Alegan que no se valoró la especial condición de
vulnerabilidad en la que se encuentran, informaron que uno de ellos tiene una pérdida
de capacidad laboral superior al 50 % y el otro se encuentra desempleado, circunstancia
que hace necesaria una protección reforzada de sus derechos fundamentales y una
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: Jhon Jairo Rodríguez Cera y Otro
pronta solución del proceso de reliquidación pensional que lleva más de 13 años.
20. Según los recurrentes, la decisión del Tribunal se limitó en afirmar que la liquidación
presentada por ellos era incorrecta, pero no efectuó sus propios cálculos ni comparó los
valores reclamados, los pagados por la UGPP y los reconocidos por el juzgado, lo que
les impidió demostrar la existencia de saldos insolutos. Además, alegan que se
desconoció aproximadamente once años de retroactivo pensional sin una justificación
técnica suficiente, lo que configura defecto fáctico. Solicitaron revocar la sentencia de
primera instancia y conceder integralmente el amparo.
CONSIDERACIONES
Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme con los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el reglamento interno de esta Corporación.
Problema jurídico y metodología de la decisión
22. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de
tutela proferida el 22 de mayo de 2026 por la Subsección A, de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que la declaró improcedente parcialmente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad respecto a la valoración de la Resolución No. 1499 de 2010
y, en lo demás, infundada, manteniendo en firme las providencias del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
23. Para ello, verificará si la acción de tutela satisface los requisitos de procedibilidad
formal. Si se cumplen, se analizará si las autoridades judiciales demandadas vulneraron
los derechos fundamentales del accionante.
Análisis de la Sala
24. Conforme al precedente constitucional fijado en la C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es
excepcional y exige acreditar el cumplimiento estricto de los requisitos generales y, al
menos, una causal específica.
25. En este caso, se cumple el requisito de legitimación en la causa tanto como por
activa como por pasiva, los señores Carlos Andrés Rodríguez Cera y Jhon Jairo
Rodríguez Cera, tiene vocación hereditaria respecto de sus padres Martha Fabiola Cera
de Rodríguez y Jairo Antonio Rodríguez Balsa1, y sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia los cuales consideran vulnerados con
ocasión a la providencia dictada en el marco de un proceso ejecutivo que este último
promovió y, por ende, transmisibles, en tanto que no son personalísimos2 y el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, es la presunta causante de su vulneración, por
1
Quienes fallecieron el 4 de abril de 2016 y el 28 de diciembre de 2025, respectivamente.
2
Sentencias T-437 de 2000, SU- 540 de 2007, auto del 15 de agosto de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-03859-
00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: Jhon Jairo Rodríguez Cera y Otro
lo que es la llamada a responder por ella si se comprueba.
26. La providencia atacada no es una sentencia de tutela ni de control abstracto de
constitucionalidad. Se acredita la inmediatez porque la tutela se presentó el 24 de abril
de 2026, plazo que resulta razonable frente a las providencias cuestionadas auto del 19
de septiembre de 20253 y 23 de febrero de 20264; se agotaron los medios judiciales
ordinarios de defensa. Además, la discusión planteada no versa sobre una irregularidad
procesal.
27. Sin embargo, el asunto carece de relevancia constitucional. El cumplimiento de este
requisito no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se
identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga una carga argumentativa mínima y que no se utilice como instancia
adicional a las establecidas por el legislador.
28. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional5 que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad6.
29. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de
un derecho fundamental.
Caso concreto
30. La inconformidad de los accionantes radica en una indebida valoración probatoria
por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico al confirmar el auto que libró
mandamiento de pago en un menor valor, alegan que el Tribunal se limitó a cuestionar
la liquidación presentada por ellos sin efectuar una verificación matemática propia, ni
comparar los valores reclamados, los pagos realizados por la UGPP y las sumas
reconocidas judicialmente, lo que les impidió demostrar la existencia de saldos insolutos,
que los intereses moratorios fueron diferidos a una etapa posterior sin establecer
previamente su cuantía y que se desconoce cerca de once años de retroactivo pensional
sin una justificación técnica suficiente, argumentos que no son de recibo por las razones
que pasan a exponerse.
3
Que confirmó el auto del treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025), proferido por el Juzgado Quinto (5°)
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que negó parcialmente el mandamiento de pago.
4
Auto que niega aclaración, adición y/o corrección aritmética del auto del 19 de septiembre de 2025
5
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215
de 2022 de la Corte Constitucional.
6
En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que el requisito de relevancia constitucional tiene
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las autoridades judiciales de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos
fundamentales e (iii) impedir que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: Jhon Jairo Rodríguez Cera y Otro
31. Del análisis de la providencia cuestionada se tiene que el Tribunal Administrativo del
Atlántico advirtió que la liquidación presentada por el ejecutante se apartaba de los
parámetros fijados en la sentencia, porque la reliquidación de la pensión se hizo
utilizando un período de cálculo distinto al ordenado por la norma aplicada en el fallo
judicial.
32. En la providencia indicó que la sentencia ordenó reliquidar la pensión incluyendo los
factores salariales previstos en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, norma que
establece que la pensión debe equivaler al 100% del promedio de lo percibido en el
último año de servicios. Sin embargo, al analizar la liquidación aportada por el
ejecutante, el Tribunal observó que esta fue elaborada tomando como base el período
comprendido entre el 25 de junio de 1993 y el 25 de junio de 2003, es decir, un lapso de
aproximadamente diez años.
33. Para la Sala, ello excedía lo previsto en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y no
correspondía con lo ordenado en la sentencia que servía como título ejecutivo. Por esa
razón, el Tribunal afirmó expresamente que: “dicha liquidación, se realizó con base en
un período de diez años, superior al dispuesto por la norma aplicable, que prevé que,
“[…] Esta pensión equivaldrá al ciento por ciento del promedio de lo percibido en el último
año de servicios […]”; lo cual, dicho sea de paso, no fue dispuesto en la sentencia objeto
de recaudo.”
34. En consecuencia, consideró que los valores reclamados por el ejecutante, incluido
el monto total de más de $382 millones solicitado en la apelación, partían de una
metodología de liquidación que no coincidía con los parámetros establecidos en el título
ejecutivo.
35. Confirmó el auto que libró mandamiento de pago porque encontró que el Juzgado
no se limitó a aceptar la posición de la UGPP, sino que examinó la sentencia ejecutada,
los pagos efectivamente realizados, la liquidación elaborada por el contador adscrito al
Tribunal y el saldo insoluto resultante. Con base en ese análisis concluyó que el capital
adeudado ascendía a $32.906.720,36 y no por los valores superiores reclamados por el
ejecutante.
36. Consideró correcta la tesis adoptada por el Juzgado según la cual, en materia de
acreencias pensionales a cargo de entidades públicas, los pagos parciales realizados
deben imputarse primero al capital adeudado y después a los intereses moratorios. Por
ello, avaló que los $20.751.783 pagados por la UGPP se descontaran inicialmente del
capital de la obligación, reduciendo así el saldo ejecutable.
37. Señaló que la situación de las entidades públicas es distinta a la de los particulares,
pues están sometidas al principio de legalidad, a las reglas del Estatuto Orgánico del
Presupuesto y a procedimientos administrativos especiales para realizar pagos
derivados de decisiones judiciales. En consecuencia, estimó que no era obligatorio
aplicar de manera automática la regla del artículo 1653 del Código Civil, según la cual
los pagos se imputan primero a intereses y luego a capital.
38. Apoyó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 7 y del Consejo de
7
Sentencia C-604/12 del 1 de agosto de 2012, expediente D-8896, demandante: Wilson Ruiz Orejuela
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: Jhon Jairo Rodríguez Cera y Otro
Estado8, según la cual es válido otorgar un tratamiento diferencial a las entidades
públicas debido a las restricciones presupuestales y legales que gobiernan la ejecución
de sus recursos, por ello, consideró jurídicamente razonable que los pagos efectuados
por la administración se orienten prioritariamente a satisfacer el capital correspondiente
a las mesadas pensionales.
39. Es evidente que los accionantes pretenden utilizar la acción de tutela como una
tercera instancia para controvertir una decisión que fue analizada y resuelta por el
Tribunal, la cual concluyó, mediante un estudio razonado y conforme a la ley y la
jurisprudencia aplicable, la liquidación y el mandamiento de pago fueron correctamente
fijados por el Juez ordinario, por lo que su inconformidad se limita a no compartir el menor
valor reconocido judicialmente.
40. Finalmente, esta subsección precisa que la condición de vulnerabilidad alegada por
los accionantes de merecer especial consideración constitucional no es suficiente para
desvirtuar la legalidad de las decisiones judiciales cuestionadas, ni para convertir la
tutela en un mecanismo de revisión de la valoración jurídica efectuada por los jueces
ordinarios.
41. En efecto, el hecho de que uno de los accionantes presente una pérdida de
capacidad laboral superior al 50 % y que el otro se encuentre desempleado no
demuestra, por sí mismo, la existencia de un defecto judicial que haga procedente el
amparo. Las providencias cuestionadas muestran que el Juzgado y el Tribunal
estudiaron el título ejecutivo, los pagos efectuados por la UGPP, las liquidaciones
obrantes en el expediente y la jurisprudencia aplicable, por lo que concluyeron
razonadamente cuál era el saldo efectivamente adeudado. La controversia planteada
por los accionantes se dirige realmente contra el monto reconocido y la forma de
imputación de los pagos, aspectos que pertenecen al ámbito de interpretación del juez
natural.
42. La especial protección constitucional de las personas en condición de discapacidad
o vulnerabilidad no faculta al juez de tutela para modificar una liquidación judicial ni para
sustituir el criterio adoptado por los jueces competentes cuando este se encuentra
debidamente motivado. La protección reforzada garantiza un acceso efectivo a la
administración de justicia, pero no implica que las pretensiones deban ser acogidas en
los términos solicitados por la parte interesada ni que pueda prescindir de las normas
sustanciales y procesales que regulan la determinación del crédito.
43. De igual manera, aunque los accionantes afirman que el litigio se ha prolongado por
más de trece años, debe tenerse en cuenta que el proceso ha contado con múltiples
actuaciones judiciales, recursos, liquidaciones y decisiones encaminadas a establecer
el monto exacto de la obligación. Por tanto, la duración del trámite no constituye, por sí
sola, prueba de una vulneración actual de derechos fundamentales atribuible a las
providencias cuestionadas.
44. En consecuencia, la alegada situación de vulnerabilidad constituye una circunstancia
personal relevante, pero no desvirtúa las razones jurídicas expuestas por el Tribunal ni
acredita la configuración de una vía de hecho o de un defecto específico de procedencia
8
Auto del 30 de mayo de 2024, Sección Segunda, Subsección B, Expediente, 25000-23-42-000-2014-01445-02,
demandante: Hugo Heli Reyes Bejarano, Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03187-01
Accionante: Jhon Jairo Rodríguez Cera y Otro
de la tutela contra providencias judiciales, razón por la cual la inconformidad de los
accionantes continúa residiendo en el desacuerdo con el valor reconocido en el
mandamiento de pago y no en una afectación demostrada de sus derechos
fundamentales.
45. Conforme a todo lo razonado, esta Sala de decisión modificará la sentencia
impugnada y declarará improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores
Carlos Andrés Rodríguez Cera y Jhon Jairo Rodríguez Cera, por falta de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia proferida el 22 de mayo de 2026 por la Sección
Segunda, Subsección A de esta Corporación que declaró improcedente la tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad respecto a la valoración de la Resolución
1499 de 2010 y negó en lo demás el amparo solicitado y en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.