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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03188-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03188-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 9 Ibidem. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Accionante: Jorge Eliecer Rojas Barrera Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-03188-00 TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03188-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03188-00
Accionante: JORGE ELIECER ROJAS BARRERA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Falta de legitimación en la causa por activa – requisito de
poder especial para la presentación del mecanismo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A y el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 28 de abril de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Jorge Eliecer Rojas Barrera, actuando mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela en contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda. Con la solicitud
de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, «imparcialidad de la prueba», el «mínimo vital» y «otros derechos de
orden superior constitucional».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 5 Samai. Se precisa que se notificó como autoridades accionadas al Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá - Sección Segunda. A su vez, se vinculó en calidad de tercera con interés a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. De otro lado, se requirió al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila para que allegara
el poder especial conferido por el tutelante para la presentación de la solicitud de amparo.

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Accionante: Jorge Eliecer Rojas Barrera
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03188-00

2. La vulneración de las anteriores garantías constitucionales se la adjudica
a las sentencias proferidas el 30 de mayo de 2024 y el 20 de octubre de 2025,
por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá - Sección
Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, respectivamente, a través de las cuales se negaron las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 11001-33 35-021-2021-00435-00/01.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. AMPARAR el derecho al DEBIDO PROCESO, y el PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD DE LA PRUEBA, entre otros de índole constitucional del
señor JORGE ELIECER ROJAS BARRERA.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA —
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”, en amparo a los derechos
enunciados, que realice de manera adecuada el análisis probatorio, teniendo
en cuenta la totalidad de las pruebas, así como los testimonios rendidos bajo
la gravedad de juramento, en consecuencia si así lo encuentra emitir una
nueva sentencia, fundamentándola desde la sana crítica y teniendo en cuenta
la totalidad de las pruebas que reposan dentro del proceso ordinario,
haciendo un estudio acorde de las mismas, garantizando los derechos
fundamentales del actor.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados.3

1.2. Hechos

4. El señor Jorge Eliecer Rojas Barrera manifestó que se vinculó a la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. mediante contratos de prestación de
servicios suscritos de manera ininterrumpida desde el 1 de mayo de 2013 hasta
el 28 de febrero de 2019, para desarrollar actividades de epidemiólogo.

5. Al respecto, indicó que, durante la ejecución contractual, desempeñó
funciones permanentes relacionadas con el giro ordinario de la entidad, bajo
continuas instrucciones y supervisión de esta, cumpliendo horarios definidos
entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., asistiendo obligatoriamente a reuniones y
solicitando autorización para ausentarse, circunstancias que, a su juicio,
evidenciaban una verdadera relación laboral encubierta.

6. Señaló, igualmente, que la entidad le suministraba herramientas y
materiales para el desarrollo de sus actividades y que percibió como última
remuneración la suma de $3.200.000 mensuales, aunque él asumía directamente
el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

7. También expuso que el 30 de noviembre de 2020 presentó reclamación
administrativa ante la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con el
fin de obtener el reconocimiento de las prestaciones sociales y las acreencias

3 Transcripción literal que puede contener errores.

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Accionante: Jorge Eliecer Rojas Barrera
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Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03188-00

laborales derivadas de la presunta relación laboral existente; no obstante,
mediante acto administrativo del 28 de diciembre de 2020, la entidad negó la
existencia de vínculo laboral.

8. Con fundamento en lo anterior, el accionante promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de obtener la
declaratoria de la existencia de un contrato realidad y el consecuente
reconocimiento de las prestaciones laborales correspondientes.

9. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Veintiuno
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, quien, mediante sentencia del 30 de
mayo de 2024, negó las pretensiones de la demanda. Al respecto, adujo que, si
bien se acreditó la prestación personal del servicio y la remuneración derivada de
los contratos de prestación de servicios, no se demostró el elemento de
subordinación necesario para configurar una relación laboral encubierta, dado
que las pruebas recaudadas únicamente evidenciaban una relación de
coordinación y colaboración propia de la ejecución contractual, mas no la
imposición de órdenes relativas al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

10. Asimismo, concluyó que no existían pruebas suficientes sobre la
imposición de horarios, el control permanente de ingreso y salida, ni el
sometimiento a reglamentos internos de la entidad, sino que las actividades
desarrolladas por el demandante correspondían a labores de vigilancia
epidemiológica relacionadas con planes de salud pública distrital y no a funciones
misionales propias de la Subred, razón por la cual no se acreditó que la entidad
hubiese utilizado los contratos de prestación de servicios para encubrir una
verdadera relación laboral.

11. Inconforme con lo resuelto, la parte demandante interpuso recurso de
apelación contra la anterior decisión, en el cual refirió que sí se encontraban
acreditados todos los elementos constitutivos de una relación laboral encubierta,
en especial la subordinación y, adicionó que el fallo desconoció el material
probatorio obrante en el expediente y valoró indebidamente los elementos que,
en su criterio, demostraban la existencia de un contrato laboral.

12. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, en sentencia del 20 de octubre de 2025, confirmó la
negativa de las pretensiones. Ello, porque, aunque se acreditó la prestación
personal del servicio y la remuneración, no se demostró el elemento de
subordinación. Sobre el particular, precisó que las pruebas documentales, el
interrogatorio de parte y el testimonio practicado únicamente evidenciaron una
relación de coordinación propia de la contratación estatal, orientada al
cumplimiento de los objetos contractuales y de las políticas de salud pública
lideradas por la Secretaría Distrital de Salud, mas no el ejercicio de poderes
propios de un empleador.

13. Igualmente, adujo que no se probó la imposición permanente de horarios,

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ni de órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad de trabajo, tampoco de controles
disciplinarios o la existencia de un cargo equivalente en la planta de personal de
la entidad y, en consecuencia, determinó que la parte actora no desvirtuó la
naturaleza de los contratos de prestación de servicios ni acreditó una
subordinación continuada.

1.3. Sustento de la vulneración

14. La parte accionante indicó que el Juzgado Veintiuno Administrativo de
Bogotá Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente.

15. Defecto fáctico, por cuanto realizaron una indebida valoración del
material probatorio, pues, aunque reconocieron que el actor cumplía
determinadas obligaciones funcionales, omitieron concluir que estas
evidenciaban subordinación y dependencia propias de un vínculo laboral. A su
juicio, los jueces desestimaron injustificadamente los testimonios y documentos
que daban cuenta del cumplimiento de horarios, la asistencia obligatoria a
reuniones, la remisión de informes y supervisión permanente por parte de la
entidad demandada, «como si no fuesen vinculantes u oportunos».

16. En ese orden, agregó que, los despachos accionados validaron la
legalidad de los contratos de prestación de servicios bajo el argumento de que
las partes habían convenido libremente determinadas obligaciones
contractuales, sin advertir que, en realidad, dichas cláusulas encubrían funciones
propias de un trabajador subordinado y no de un contratista autónomo.

17. Igualmente, indicó que los jueces omitieron valorar adecuadamente las
funciones desempeñadas por el demandante que eran permanentes e inherentes
a la misionalidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.,
aspecto que, según afirmó, constituía otro elemento indicativo de la existencia de
un contrato realidad.

18. Defecto por desconocimiento del precedente, dado que las autoridades
judiciales demandadas se apartaron de la jurisprudencia desarrollada por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-355 de 2017, T-237 de 2017 y el Consejo de
Estado4 sobre la configuración del defecto fáctico y sobre los elementos
estructurales de la relación laboral encubierta, especialmente en lo relativo a la
valoración integral del acervo probatorio y al reconocimiento de la subordinación
como elemento determinante del contrato realidad.

19. Asimismo, porque, en su opinión, desconocieron que, de conformidad con
dicha jurisprudencia, la subordinación se configura cuando el contratante impone
órdenes relativas al modo, tiempo y cantidad de trabajo, exige cumplimiento de

4 En la sentencia del proceso bajo radicado núm. 81001-23-33-000-2013-00072-01, proferida por

la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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horarios, asistencia a reuniones y control permanente sobre las actividades
ejecutadas, circunstancias que, a su juicio, quedaron acreditadas en el proceso
ordinario.

20. Por último, adujo que los accionados desconocieron la verdad material y
resolvieron la controversia apartándose de los hechos demostrados en el
proceso, incurriendo así en una incongruencia entre lo probado y lo decidido, lo
que ocasionó una vulneración de sus derechos.

1.4. Intervenciones

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, manifestó que no vulneró derecho fundamental alguno del
accionante. Indicó que, en la decisión cuestionada se abordó con suficiencia el
material probatorio recaudado, con el que se concluyó que no fue demostrado
por la parte actora el elemento de la subordinación de acuerdo con la carga
prevista en el artículo 167 del Código General del Proceso. Por último, agregó
que el mecanismo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia
para reabrir debates probatorios que culminaron con la decisión atacada.

22. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicitó que fuera
negada por improcedente la acción de tutela. Al respecto indicó que lo pretendido
por el accionante en sede de tutela es que se estudien nuevamente las razones
y los fundamentos expuestos en el proceso ordinario, esto es, reabrir el debate,
insistiendo en su inconformidad con el razonamiento del juez colegiado.

23. Precisó que las decisiones cuestionadas se sustentaron en el material
probatorio obrante en el expediente, allegado y recaudado a lo largo del proceso
y que, las pruebas de oficio dispuestas fueron puestas en conocimiento de las
partes garantizando el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción.

24. Por su parte, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá - Sección Segunda se limitó a remitir la copia del expediente digital
solicitado.

II. CONSIDERACIONES

25. La Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila ante la falta de poder especial para interponer
el presente mecanismo constitucional.

2.1. Legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

26. El Decreto 2591 de 1991, en el artículo 10 dispone que la acción de tutela
puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus
derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de representante legal,
apoderado judicial o, incluso, a través de la figura de la agencia oficiosa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03188-00

27. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó, desde la sentencia
T-416 de 1997, que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia
de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

28. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló que
la legitimación en la causa por activa en estos procesos se predica siempre de
los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, la Corte Constitucional5 ha indicado que, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico permite cuatro posibilidades para
la promoción de la acción de tutela: i) el ejercicio directo o en nombre propio de
la acción de tutela; ii) el ejercicio por medio de representantes legales (menores
de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas); iii) ejercicio por
medio de agente oficioso y, iv) por medio de apoderado judicial, caso en el cual
se exige que sea abogado titulado y al escrito de la acción se debe anexar el
poder especial para el caso.

29. En relación con el apoderamiento, la Corte Constitucional ha reiterado 6
que debe cumplir con los siguientes requisitos: i) es un acto jurídico que debe
realizarse por escrito, el cual se presume auténtico; ii) el poder debe ser especial
y específico; iii) el poder para la defensa de intereses en un determinado proceso
no se entiende conferido para un proceso diferente, así los hechos que lo
fundamenten tengan origen en el proceso inicial, y iv) el destinatario del acto de
apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta
profesional.

30. Con respecto a la especificidad de los poderes en el proceso de tutela, la
Corte ha indicado que el cumplimiento de este principio es el que permite que,
de la estructura del poder, el juez identifique con claridad si existe o no
legitimación en la causa por activa. Por tanto, el alto tribunal7 ha considerado que
esta es una exigencia para que el poder por el cual se faculta a un abogado para
actuar en estos trámites cuente con los siguientes elementos: i) los nombres y
datos de identificación del poderdante y del apoderado; ii) la persona natural o
jurídica contra la cual se promueve la acción; iii) el acto o documento causa del
litigio y, iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Esto
tiene por objeto precaver que un apoderado «presente acción de tutela por
violación a cualquier otro derecho fundamental, lo que en un caso hipotético lo
autorizaría para incoar diferentes amparos de tutela debido a la falta de
especificidad del mismo»8.

5
Ver sentencia T-531 de 2002.
6
Al respecto, ver sentencias T-531 de 2002, T-1025 de 2006 y T-292 de 2021.
7
Ver sentencia T-1025 de 2006.
8
Ibidem.

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31. De tal forma, la Corte Constitucional9 ha establecido que la ausencia de
un poder especial y específico con dichas características configura una falta de
legitimación en la causa por activa y, por tanto, da lugar a la improcedencia de la
acción de tutela.

2.2. Falta de legitimación en la causa por activa en el caso concreto

32. La Sala advierte que la presente acción de tutela fue promovida por el
abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, quien manifestó actuar en representación del
señor Jorge Eliecer Rojas Barrera. Sin embargo, no aportó el respectivo poder
especial, expreso y específico requerido de conformidad con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional para acreditar la representación judicial en el ejercicio del
mecanismo constitucional.

33. Por tanto, ante la falta de este documento, el magistrado ponente de esta
decisión, mediante el auto admisorio del 28 de abril del 2026, requirió al
profesional en derecho para que lo allegara y, de tal forma, acreditara su calidad
de apoderado judicial en este trámite.

34. No obstante, pese a la exigencia efectuada, el abogado Jairo Iván Lizarazo
Ávila no aportó el documento requerido para la presentación de este mecanismo
de amparo, ni emitió pronunciamiento alguno sobre el requerimiento hecho por
el despacho del magistrado ponente.

35. En este orden de ideas, la Sala concluye que en la presente acción de
tutela no se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por
activa, toda vez que no obra en el expediente el poder especial que acredite al
profesional en derecho para actuar en nombre del señor Jorge Eliecer Rojas
Barrera en esta acción constitucional.

36. En consecuencia, al no encontrarse demostrada la representación judicial
invocada, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir el requisito de la legitimación en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la presente acción de tutela, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

9
Ibidem.

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Accionante: Jorge Eliecer Rojas Barrera
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Sección Segunda, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03188-00

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara el voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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