RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03189-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03189-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03189-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR la solicitud de desvinculación invocada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 2. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con la pretensión relacionada con la mora en resolver los recursos y solicitudes contra el auto del 2 de marzo de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. NEGAR la pretensión formulada por el señor Pedro Miguel Manrique Pinzón relacionada con la presunta mora generalizada del proceso judicial 15001-23- 33-000-2025-00093-00, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00 Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón 4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03189-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante PEDRO MIGUEL MANRIQUE PINZÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas Medio de control de nulidad electoral contra la señora Ingrith Rocío
Bernal Mejía como alcaldesa del municipio de Duitama. Mora judicial.
Carencia actual de objeto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Pedro Miguel Manrique Pinzón, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de abril de 20261, el señor Pedro Miguel Manrique Pinzón, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, despacho del magistrado Diego Mauricio Higuera Jiménez, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la participación política, con ocasión a
la presunta mora judicial en la que se estaría incurriendo al «no resolver oportunamente
los recursos interpuestos y abstenerse de pronunciarse sobre los memoriales presentados» y
al presentarse «una demora injustificada y sistemática en su trámite» en el medio de control
de nulidad electoral 15001-23-33-000-2025-00093-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y participación política del accionante Pedro Miguel Manrique Pinzón,
vulnerados por la mora y dilación injustificada del Despacho No. 3 del Tribunal
Administrativo de Boyacá.
2. ORDENAR al Magistrado DIEGO MAURICIO HIGUERA JIMÉNEZ, Despacho No. 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, impulse y profiera las decisiones de fondo pendientes
dentro del proceso de Nulidad Electoral radicado bajo el número radicado
15001233300020250009300, dando estricta observancia a los términos procesales
establecidos en el CPACA y demás normas aplicables.
3. ORDENAR que, a partir del fallo de tutela, el proceso de nulidad electoral señalado sea
tramitado y decidido con absoluta prioridad y celeridad, hasta su terminación definitiva».
(Sic a toda la cita)

1
Samai, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 6 de mayo de 2025, el señor Pedro Miguel Manrique Pinzón interpuso
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto
de elección de la señora Ingrith Rocío Bernal Mejía como alcaldesa del
municipio de Duitama - Boyacá, para lo que resta del periodo 2025 - 2027.

El mencionado asunto le fue repartido al Tribunal Administrativo de Boyacá,
despacho del magistrado Diego Mauricio Higuera Jiménez, bajo el radicado
15001-23-33-000-2025-00093-00, en donde inició su trámite.

2.2. El 2 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Boyacá dictó auto en el
que declaró no configuradas las excepciones previas propuestas por la parte
demandada, adoptó el trámite de sentencia anticipada, resolvió las solicitudes
probatorias, fijó el litigio, ordenó que allegadas unas pruebas se corriera
traslado por secretaría a los sujetos procesales, y que una vez cumplido todo
lo anterior se procediera a correr traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

2.3. Con posterioridad, el apoderado de la parte demandada presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 2 de marzo de 2026.

2.4. El 17 de marzo de 2026, el demandante presentó memorial descorriendo el
traslado frente al recurso de reposición y apelación interpuesto contra el auto
del 2 de marzo de 2026.

2.5. El accionante asegura que la última actuación que se surtió en el proceso de
nulidad electoral fue el auto del 2 de marzo de 2026, en el cual se decidió sobre
las excepciones previas, se fijó litigio, se corrieron traslados y se dispuso la
adopción del trámite de sentencia anticipada. Sin embargo, aseguró que no se
ha dado cumplimiento efectivo a las órdenes dadas en el mencionado auto
«persistiendo la inactividad en el proceso y la ausencia de decisión de fondo».

3. Fundamentos de la acción

El señor Pedro Miguel Manrique Pinzón consideró que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, despacho del magistrado Diego Mauricio Higuera Jiménez vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la participación política, en razón de la presunta mora
judicial en la que se está incurriendo en el proceso de nulidad electoral 15001-23-33-
000-2025-00093-00 al «no resolver oportunamente los recursos interpuestos y abstenerse de
pronunciarse sobre los memoriales presentados» y al presentarse «una demora injustificada y
sistemática en su trámite».

El accionante asegura que la última actuación que se surtió en el proceso de nulidad
electoral 15001-23-33-000-2025-00093-00 fue el auto del 2 de marzo de 2026, en el
cual se decidió sobre las excepciones previas y se dispuso la adopción del trámite
de sentencia anticipada. Sin embargo, no se han cumplido las órdenes dadas en
esa providencia. Añadió que contra esta decisión la parte demandada presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación, y que el 17 de marzo de 2026 el
hoy actor descorrió el traslado de esos recursos, sin que a la fecha se hubieran
resuelto, lo que demuestra la inactividad del Tribunal Administrativo de Boyacá.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

El actor manifestó que, desde la radicación de la demanda se ha presentado una
demora injustificada y sistemática del trámite, pues se han incumplido los términos
procesales establecidos para los procesos de nulidad electoral, lo que ha generado
incertidumbre sobre la legalidad de la elección de la señora Ingrith Rocío Bernal
Mejía como alcaldesa del municipio de Duitama – Boyacá. Explicó que no existe
otro medio de defensa, lo que habilita a la acción de tutela como un mecanismo
idóneo para restablecer los derechos fundamentales vulnerados.

Como fundamento de su acción citó los artículos 228 de la Constitución Política, 3,
13 y 275 del CPACA.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 29 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela presentada por
el señor Pedro Miguel Manrique Pinzón contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés a la señora
Ingrith Rocío Bernal Mejía, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al
Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, al Consejo de Estado
Sección Quinta, a los señores Omar Gómez Mosquera, Evelia Puerto
Camargo, German Ernesto Escobar Higuera, Augusto Gutiérrez Camacho y
Wilmer Daniel Cepeda Amado.

Se solicitó a la autoridad accionada que concediera el acceso al expediente
15001-23-33-000-2025-00093-00 a través del aplicativo Samai, para que allegara
el listado de procesos pendientes de trámite y el turno en el que se encuentra
el proceso de nulidad electoral y para que aportara cualquier medio de prueba
conducente a demostrar la diligencia del trámite impartido por el magistrado
sustanciador. A su vez, se ordenó que por Secretaría se fijara un aviso para
comunicar la existencia de esta acción a los demás demandantes,
demandados y terceros con interés, que participan en el proceso de nulidad
electoral; y ordenó las notificaciones correspondientes.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta2 rindió informe en el que manifestó
que esa Sección conoció de la apelación contra el auto que negó la medida
cautelar de suspensión provisional del acto declaratorio de elección de la
señora Ingrith Rocío Bernal Mejía, como alcaldesa municipal de Duitama, para
lo que resta del periodo 2025-2027, en el medio de control 15001-23-33-000-
2025-00093-00, auto en el cual se confirmó lo decidido (6 de noviembre de 2025)
y que fue devuelto al tribunal el 14 de noviembre de 2025.

Manifestó que no cuenta con información adicional sobre esa causa de nulidad
electoral y señaló que los datos suministrados obran en el Sistema de Gestión
Samai, por si se requiere consultarlos.

4.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá3, a través del magistrado Diego
Mauricio Higuera Jiménez solicitó que se declarara la carencia actual de objeto
frente a la pretensión de que se emita la decisión que se encuentra pendiente
y que se negara la pretensión de que el trámite se siga con celeridad hasta la
culminación de este.

2
Samai, índice 23.
3
Samai, índice 25.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

Expuso que ese despacho aplica la prelación de procesos para las acciones
constitucionales, luego para los procesos escriturales que iniciaron con
anterioridad al 2 de julio de 2012, regidos por el Decreto 01 de 1984, y a los
establecidos en la ley 1437 de 2011, a su vez, mencionó que las sentencias
las dicta en el estricto orden en el que hayan pasado al despacho para tal fin,
sin que esto pueda alterarse salvo las sentencias anticipadas, la prelación
legal, o por agrupación temática.

Señaló que el titular llegó a ese cargo en julio de 2023, recibiendo un despacho
con un fenómeno histórico de congestión, sin embargo, el alto número de
procesos se han reducido gracias a los índices de evacuación que superan
inclusive los despachos homólogos con menos carga y con planta de personal
más robusta, como sustento de sus afirmaciones aportó la Resolución
CSJBOYR25-244 dictada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá
y Casanare, por medio de la cual se resolvió la vigilancia judicial administrativa
2025-00055 que se siguió contra otro proceso que cursaba en el despacho 03
del Tribunal Administrativo de Boyacá, en donde se determinó que «desde su
incorporación, el doctor Higuera Jiménez ha puesto en marcha estrategias de choque
orientadas a mejorar la situación del despacho y garantizar una administración de justicia
eficiente y oportuna en su estrado».

Indicó que al posesionarse recibió 850 procesos activos, actualmente cuenta
con 562 (conforme a la estadística que adjuntó en documento Excel), lo que
demuestra que tiene un índice de evacuación del 80% y más del 100% para
los años 2023 a 2026, es decir se ha evacuado carga adicional que contribuye
a la notoria reducción del inventario general.

Precisó que, la totalidad de los procesos ordinarios ingresados para fallo de
primera instancia en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 ya fueron
culminados, y en lo que respecta a los procesos de segunda instancia se han
evacuado en su totalidad las causas ingresadas en los años 2018, 2019, 2020,
2021 y 2022, y tendría pendiente 416 procesos que ingresaron entre 2023 y
2026. Sumado a que para el año 2025 el titular de ese despacho fue designado
como presidente de la esa Corporación lo que implicó mayores tareas y una
reducción parcial del reparto solo para una parte del año.

Frente al caso concreto, explicó en primera medida que, la «Presunta mora desde
la expedición del auto de 2 de marzo de 2026» no se presentó, pues la ejecutoria del
auto del 2 de marzo de 2026 se interrumpió con la interposición de los
recursos, además el 4 de mayo de 2026 se resolvió la petición de
coadyuvancia que allegó el demandante, y los «catorce (14) recursos ordinarios
entablados por el apoderado de la demandada, contra los numerales 1º, 2º, 7º, 8º, 11, 12, 13,
14 del auto de 2 de marzo de 2026» junto con una petición de corrección del auto.

De manera minuciosa explicó que «la acción de tutela fue notificada a la Secretaría del
Tribunal el 4 de mayo de 2026 a las 05:44:07 pm y a este despacho el mismo día a las 06:59
pm. Momento para el cual, como se verifica en SAMAI (índice 133), este Despacho ya había
emitido auto registrado el 4 de mayo a las 09:51 am notificado el día siguiente, en el que se
resolvieron los recursos y solicitudes pendientes de decisión y se ordenó continuar con el
requerimiento judicial y el trámite de alegaciones finales», como prueba de esto adjuntó
captura de pantalla que evidenciaba que hacía días se venía proyectando esa
providencia, y frente a este aspecto solicitó se declarara la carencia de objeto.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

Como segundo aspecto relacionado con la mora generalizada del proceso, el
tribunal realizó un recuento de todo el trámite que se le ha impartido al medio
de control 15001-23-33-000-2025-00093-00, conforme obra en el aplicativo
Samai, concluyendo que no se ha presentado una mora judicial injustificada
sino una demora propia del trámite procesal justificada en «las múltiples peticiones,
reiteraciones, recursos y reparos formuladas por las partes y sujetos procesales que, como se
advierte, corresponden a las partes demandante y demandada, Registraduría Nacional del
Estado Civil, Consejo Nacional Electoral y aproximadamente cinco (5) coadyuvantes».

Lo que se ha evidenciado con las decisiones de protección de datos sensibles,
inadmisión de la demanda, admisión, decisión de medidas cautelares, decisión
de recursos contra las medidas cautelares, reforma de la demanda, admisión
de la reforma de la demanda, adopción de sentencia anticipada, y decisión de
los recursos presentados contra el trámite anticipado.

Frente a ese aspecto pidió que se negaran las pretensiones, o
subsidiariamente se declarara la improcedencia de la acción por
subsidiariedad al contar aun con el mecanismo de vigilancia judicial.

Finalmente concluyó que el proceso de nulidad electoral ha sido tramitado con
celeridad y oportunidad, pese a que no se ha emitido sentencia (cuya adopción
se dispuso en los autos del 2 de marzo y 4 de mayo de 2026) por causa de las
múltiples peticiones de las partes procesales. Como pruebas anexó Excel de
la estadística y de reporte y un documento de Word con la identificación de los
procesos que se encuentran en trámite y para fallo.

4.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil4 manifestó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva pues sus competencias y funciones
constitucionales y legales no tenían injerencia en decisiones que tomen en
derecho los jueces o magistrados. En consecuencia, solicitó ser desvinculada
de esta acción.

4.5. El señor Wilmer Daniel Cepeda Amado5 solicitó que se negaran las
pretensiones de esta acción de tutela por improcedente, al considerar que no
existe mora judicial injustificada pues conforme a los registros del Sistema de
Gestión Samai se advierte actividad procesal reciente, pues no toda dilación
constituye mora, ya que para que esa pretensión prospere se requiere
demostrar una desidia absoluta del funcionario judicial.

A su vez, mencionó que esta acción no cumple con el requisito de la
subsidiariedad dado que el medio de control de nulidad electoral se encuentra
en curso y esa es «la vía natural para el impulso procesal». Resaltó que la acción de
tutela no puede ser usada como una tercera instancia para presionar el sentido
o el tiempo de una decisión judicial, y dijo que la estabilidad de un mandato de
elección popular no puede ser supeditado a la urgencia subjetiva de un
demandante que busca anular una elección.

4.6. El Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, y los señores Ingrith
Rocío Bernal Mejía, Omar Gómez Mosquera, Evelia Puerto Camargo,
German Ernesto Escobar Higuera y Augusto Gutiérrez Camacho
guardaron silencio a pesar de haber sido notificados6.
4
Samai, índice 26 y 27.
5
Samai, índice 28.
6
Samai, índice 12, 16, 18, 19 y 30.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Cuestión previa. Legitimación en la causa

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares. La Corte Constitucional8 ha señalado que la
legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que
tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta
resulte demostrada.

En el presente asunto, el accionante cuestiona la presunta mora en la que estaría
incurriendo el Tribunal Administrativo de Boyacá, despacho del magistrado Diego
Mauricio Higuera Jiménez, al «no resolver oportunamente los recursos interpuestos y
abstenerse de pronunciarse sobre los memoriales presentados» en el medio de control de
nulidad electoral 15001-23-33-000-2025-00093-00.

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, porque las pretensiones de la demanda de
tutela iban dirigidas en contra de una autoridad judicial. No obstante, la vinculación
de esa autoridad no fue como parte demandada, sino en calidad de tercero con
interés, porque fue vinculada al proceso objeto de tutela.

En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes y pretensiones de la acción de tutela, esta Sala
abordará el estudio del caso desde dos perspectivas: (i) primero, se determinará si
operó la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
demora en resolver los recursos interpuestos contra el auto del 2 de marzo de 2026,
debido a que, en el trámite de la acción el Tribunal Administrativo de Boyacá,
adelantó gestiones tendientes a garantizar los derechos fundamentales del señor
Pedro Miguel Manrique Pinzón; y (ii) se analizará si existe una mora judicial
generalizada en el trámite del proceso 15001-23-33-000-2025-00093-00.

7
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
8
Sentencia T- 1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

4. Carencia actual de objeto por hecho superado

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata,
oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares. Su
finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.

Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no
hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento. Este fenómeno ha
sido denominado por la jurisprudencia constitucional como carencia actual de objeto
dividido en tres escenarios: (i) hecho superado9; (ii) daño consumado10 y (iii) situación
sobreviniente11. Sobre esta clasificación, desde sus inicios la Corte Constitucional en
Sentencia T-494 de 1993, precisó lo siguiente:
«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)

Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, la autoridad accionada adelantó las gestiones
necesarias para superar las acciones u omisiones que dieron lugar a la interposición
de la acción de tutela, por lo que por sustracción de materia se hace inocuo emitir
cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el amparo de los
derechos.

9
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011 T-597 de 2015, T-669 de 2016 y T-624 de 2016
T-021 de 2017.
10
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
11
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su
razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial».

De allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones».

5. Del trámite impartido por la autoridad accionada. Carencia actual de
objeto.

5.1. El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
participación política, con ocasión a la presunta mora judicial en la que estaría
incurriendo el Tribunal Administrativo de Boyacá al «no resolver oportunamente los
recursos interpuestos y abstenerse de pronunciarse sobre los memoriales presentados» y al
presentarse «una demora injustificada y sistemática en su trámite», que corresponde
al medio de control de nulidad electoral 15001-23-33-000-2025-00093-00.

5.2. Ahora bien, de la revisión del Sistema de Gestión Samai y del informe rendido
por el Tribunal Administrativo de Boyacá es posible advertir que al medio de
control de nulidad electoral 15001-23-33-000-2025-00093-00 se le ha dado el
siguiente trámite12:
Actuación adelantada por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Fecha de actuación Despacho Nro. 3 de Oralidad
15001-23-33-000-2025-00093-00
6 de mayo de 2025 Radicación y reparto del proceso (Samai, índice 1 y 2)
7 de mayo de 2025 Pasa expediente al despacho (Samai, índice 7)
19 de mayo de 2025 Auto requiere información al demandante sobre reserva (Samai, índice 10)
23 de mayo de 2025 Pasa expediente al despacho (Samai, índice 15)
4 de junio de 2025 Auto resuelve tomar medidas de protección de datos personales (Samai, índice 18)
4 de junio de 2025 Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 19)
9 de junio de 2025 Pasa expediente al despacho (Samai, índice 24)
9 de junio de 2025 Auto inadmite demanda (Samai, índice 25)
9 de junio de 2025 Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 26)
18 de junio de 2025 Pasa expediente al despacho (Samai, índice 32)
2 de julio de 2025 Auto corre traslado de medida cautelar (Samai, índice 37)
15 de julio de 2025 Al despacho (Samai, índice 48)
23 de julio de 2025 Auto admite demanda (Samai, índice 53)
28 de julio de 2025 Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 56)
26 de agosto de 2025 Pasa expediente al Despacho (Samai, índice 77)
Auto decide rechazar recurso de reposición contra el auto del 23 de julio de 2025 y
28 de agosto de 2025 concedió recurso de apelación en efecto devolutivo ante el Consejo de Estado (Samai,
índice 78)
29 de agosto de 2025 Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 79)
Salida de proceso a Consejo de Estado (cuaderno de medida cautelar) (Samai, índice
28 de agosto de 2025
85)
17 de septiembre de
Pasa cuaderno principal al despacho (Samai, índice 87)
2025
Se recibe cuaderno de medidas cautelares remitido del Consejo de Estado en donde
18 de noviembre de
se confirmó la negativa de la suspensión provisional y pasa al despacho (Samai, índice
2025
88 y 89)
24 de noviembre de
Auto admite reforma de la demanda (Samai, índice 90)
2025
24 de noviembre de
Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 93)
2025

12
Dada la extensión del expediente se procede a referenciar las actuaciones más relevantes en el proceso.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

Actuación adelantada por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Fecha de actuación Despacho Nro. 3 de Oralidad
15001-23-33-000-2025-00093-00
30 de enero de 2026 Pasa expediente al despacho (Samai, índice 110)
Auto resuelve declarar no configuradas las excepciones previas propuestas por la parte
demandada; adoptó el trámite de sentencia anticipada; resolvió las solicitudes
probatorias y ordenó correr traslado de las pruebas a las partes; fijó el litigio; se ordenó
2 de marzo de 2026
que una vez cumplidas las órdenes se corriera el traslado para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para rendir concepto; y se reconocieron a los coadyuvantes.
(Samai, índice 111)
2 de marzo de 2026 Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 112)

3 de marzo de 2026 Se fija estado (Samai, índice 114)

3 de marzo de 2026 Envío de comunicaciones (Samai, índice 115, 116, 117 y 118)
El demandante aportó el listado de URL en cumplimiento del numeral 10 del auto del 2
3 de marzo de 2026
de marzo de 2026 (Samai, índice 119 y 120)
El demandante aportó escrito en el que solicitó la revocatoria de decisión de tener como
3 de marzo de 2026 coadyuvantes a las personas identificadas en el numeral 16 del auto del 2 de marzo de
2026. (Samai, índice 121 y 122)
La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó el acceso al proceso por Samai
4 de marzo de 2026
(Samai, índice 123)
Secretaría del Tribunal dio respuesta a la solicitud de acceso (Samai, índice 124, 125
4 de marzo de 2026
y 126)
Apoderado de la parte demandada presentó recurso de reposición y en subsidio de
6 de marzo de 2026
apelación contra el auto del 2 de marzo de 2026 (Samai, índice 127)
16 de marzo de 2026 La Secretaría corre traslado de los recursos interpuestos (Samai, índice 128)
La parte demandante allegó memorial en donde descorre traslado frente a los recursos
17 de marzo de 2026
interpuestos y manifiesta su oposición (Samai, índice 129)
Pasa expediente al despacho cumplidas las órdenes del auto del 2 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026
(Samai, índice 130)
El demandante allega memorial en el que solicita impulso procesal y solicita el
12 de abril de 2026
cumplimiento de la providencia del 2 de marzo de 2026 (Samai, índice 131 y 132)
Auto resuelve confirmar el auto del 2 de marzo de 2026. Rechazó por improcedentes
los recursos de apelación interpuestos contra el mencionado auto; se concedió en
efecto devolutivo ante el Consejo de Estado los recursos de apelación interpuestos por
la parte demandada; se negó la solicitud de corrección formulada por el apoderado de
4 de mayo de 2026
la demandada; se negó la solicitud presentada por el demandante frente a la
revocatoria de los coadyuvantes; se requirió al señor Wilmer Daniel Cepeda para
precisar de qué parte es coadyuvante; y se ordenó por Secretaría dar cumplimiento a
la providencia. (Samai, índice 133)
4 de mayo de 2026 Pasa el expediente a la Secretaría (Samai, índice 134)
5 de mayo de 2026 Fija estado (Samai, índice 136)
Se recibe memorial del demandante en donde solicitó el acceso al documento obrante
5 de mayo de 2026
a índice 133 de Samai (Samai, índice 137)
5 de mayo de 2026 Secretaría comunica fijación de estado (Samai, índice 138)
El señor Wilmer Daniel Cepeda Amado remitió memorial solicitando acceso al Sistema
5 de mayo de 2026
de Gestión Samai (Samai, índice 141)
5 de mayo de 2026 La Secretaría atiende la solicitud del señor Wilmer Cepeda (Samai, índice 142 y 144)
La señora Evelia Puerto Camargo presentó solicitud de aclaración (Samai, índice 143
5 de mayo de 2026
y 145)
La Secretaría requiere a Meta Platforms INC en cumplimiento del auto del 2 de marzo
6 de mayo de 2026
de 2026 (Samai, índice 146)
Salida de proceso a Consejo de Estado para resolver recurso de apelación (Samai,
11 de mayo de 2026
índice 147)
11 de mayo de 2026 Pasa expediente al despacho (Samai, índice 148)
Auto resuelve negar solicitud de aclaración presentada por la señora Evelia Puerto
12 de mayo de 2026
Camargo (Samai, índice 149)
12 de mayo de 2026 Pasa expediente a la Secretaría (Samai, índice 150)
13 de mayo de 2026 Secretaría fija estado (Samai, índice 152)
El demandante allega memorial en el que solicita acceso al índice 149 de Samai
12 de mayo de 2026
(Samai, índice 153)
13 de mayo de 2026 La Secretaría remite comunicación de la fijación en estado (Samai, índice 154)
La Secretaría remite un segundo requerimiento a Meta Platforms INC (Samai, índice
20 de mayo de 2026
155)

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

5.3. Ahora bien, para resolver el primer aspecto mencionado en el problema
jurídico, se evidencia que durante el trámite de esta acción de tutela fue
adelantada la gestión pretendida por el aquí accionante, es decir, que se
resolvieran los recursos interpuestos contra el auto del 2 de marzo de 2026 y
que se atendieran las solicitudes que se presentaron.

Lo anterior en razón a que, esta acción constitucional fue admitida por auto del
29 de abril de 2026, el cual fue notificado el 4 de mayo de 2026; y en esta
última fecha (esto es, 4 de mayo de 2026) el despacho Nro. 3 de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Boyacá cargó al sistema la providencia por la que
resolvió rechazar por improcedentes los recursos de apelación interpuestos
contra el auto del 2 de marzo de 2026, se concedió en efecto devolutivo ante
el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, se negó la solicitud de corrección formulada por el apoderado de
la demandada, se negó la solicitud presentada por el demandante frente a la
revocatoria de los coadyuvantes, se requirió al señor Wilmer Daniel Cepeda
para precisar de qué parte es coadyuvante, y se ordenó por Secretaría dar
cumplimiento a la providencia, decisión que fue notificada por estado del 5 de
mayo de 2026. A su vez, el 11 de mayo de 2026 se remitió al Consejo de
Estado el recurso de apelación presentado por la parte demandada para el
correspondiente trámite.

Dado que la solicitud de amparo fue satisfecha por la autoridad demandada
en el curso de la acción de tutela, como quiera que se dictó y notificó el auto
del 4 de mayo de 2026, en donde se resolvieron los recursos de reposición, se
concedió el recurso de apelación, y se atendieron las solicitudes presentadas
por las partes y los coadyuvantes carece de objeto emitir un pronunciamiento
de fondo, en razón de que la solicitud de amparo frente a este primer aspecto
perdió cualquier motivo que la justifique.

5.4. En lo referente al segundo aspecto que se planteó en el problema jurídico, se
debe indicar que, si bien el accionante manifestó que existía «una demora
injustificada y sistemática en su trámite», lo cierto es que del análisis que realizó la
Sala no se evidencia que el Tribunal Administrativo de Boyacá haya incurrido
en la mencionada mora.

Esto en razón de que, como se analizó anteriormente la demanda fue
presentada el 6 de mayo de 2025 y desde entonces el despacho ponente ha
resuelto sobre: (i) la protección de datos personales del demandante, (ii)
inadmitió la demanda, (iii) corrió traslado de la medida cautelar, (iv) se admitió
la demanda, (v) se dictó el auto que decide rechazar recurso de reposición
interpuesto por el demandante contra el auto del 23 de julio de 2025 y concedió
recurso de apelación en efecto devolutivo ante el Consejo de Estado, (vi) se
admitió la reforma de la demanda, (vii) se profirió el auto que adoptó el trámite
de sentencia anticipada, fijó el litigio, se ordenó que una vez cumplidas las
órdenes se corriera el traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público
para rendir concepto; y se reconocieron a los coadyuvantes, (viii) se resolvió
confirmar el auto del 2 de marzo de 2026, se rechazó por improcedentes los
recursos de apelación interpuestos contra el mencionado auto, se concedió en
efecto devolutivo ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
interpuestos, se negó la solicitud de corrección formulada por el apoderado de
la demandada, se negó la solicitud presentada por el demandante frente a la
revocatoria de los coadyuvantes, se requirió al señor Wilmer Daniel Cepeda
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

para precisar de qué parte es coadyuvante; y se ordenó por Secretaría dar
cumplimiento a la providencia, y (ix) se expidió el auto que resuelve negar
solicitud de aclaración presentada por la señora Evelia Puerto Camargo.

Lo que demuestra que el despacho 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá
no ha sido negligente con el trámite que se le ha impartido al proceso de
nulidad electoral 15001-23-33-000-2025-00093-00, pues ha atendido los
múltiples recursos y solicitudes de las partes y de los coadyuvantes en un
tiempo prudencial, más aún conociendo la carga laboral del despacho como
se manifestó en el informe. En este sentido, la Sala considera que la autoridad
judicial accionada no incurrió en mora judicial injustificada como lo manifestó
el accionante.

Por lo tanto, se considera que aunque la autoridad judicial accionada aún no
ha dictado sentencia, en el caso no se cumplen los supuestos que configuran
la mora judicial injustificada, al no evidenciarse que la autoridad judicial
accionada haya actuado con negligencia o retardo deliberado, pues como se
mencionó aún se están cumpliendo órdenes dadas por el despacho, hace falta
algunas etapas procesales y los términos resultan razonables. En
consecuencia, por no advertir vulneración a los derechos fundamentales de la
parte actora, se negará esta pretensión de la acción de tutela interpuesta.

6. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada
no ha transgredido los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la participación política, del accionante
en el trámite del proceso de nulidad electoral 15001-23-33-000-2025-00093-00.

En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto respecto de la pretensión
de «no resolver oportunamente los recursos interpuestos y abstenerse de pronunciarse sobre los memoriales
presentados» y se negará la pretensión relacionada con la «demora injustificada y
sistemática» del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR la solicitud de desvinculación invocada por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

2. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, en relación con la pretensión
relacionada con la mora en resolver los recursos y solicitudes contra el auto
del 2 de marzo de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3. NEGAR la pretensión formulada por el señor Pedro Miguel Manrique Pinzón
relacionada con la presunta mora generalizada del proceso judicial 15001-23-
33-000-2025-00093-00, dadas las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03189-00
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón

4. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

5. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

6. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.