Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03198-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03198-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03198-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HUGO ALBERTO ÁLVAREZ RUEDA
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. EL ACTOR NO ESTÁ
HABILITADO PARA PROMOVER LA ACCIÓN DE TUTELA EN NOMBRE PROPIO,
AL TENER LA CALIDAD DE APODERADO DE LAS DEMANDANTES DENTRO DEL
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA OBJETO DE
CUESTIONAMIENTO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor HUGO ALBERTO ÁLVAREZ RUEDA, actuando en nombre
1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.
2
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Actor: HUGO ALBERTO ÁLVAREZ RUEDA
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, los
cuales estima vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber
proferido, respectivamente, las providencias de 31 de marzo de 2025
y 23 de febrero de 2026, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 2025-00013-
01.
I.2.- Hechos
Indicó que es apoderado de los señores HIMELDA LEÓN NAVARRO,
JUAN DAVID FLÓREZ MOYA, DANY ALEJANDRA FLÓREZ LEÓN,
LEONARDO y LUIS FERNANDO LÓPEZ LEÓN dentro del medio de
control de reparación directa promovido contra la NACIÓN - RAMA
JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL3, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA4 y la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN5, en el que se reclama el
reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados por la privación
3
En adelante Dirección.
4
En adelante Dirección Seccional.
5
En adelante Fiscalía.
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Actor: HUGO ALBERTO ÁLVAREZ RUEDA
injusta de la libertad de la que fue víctima la señora HIMELDA LEÓN
NAVARRO, por el delito de concierto para delinquir agravado con
fines de extorsión.
Aseguró que la demanda fue identificada con el número único de
radicación 2025-00013-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia al JUZGADO que, en providencia de 27 de febrero de 2025
la inadmitió.
Sostuvo que presentó el escrito de subsanación dentro del término
previsto en la normativa procesal, pero por error involuntario de su
dependiente judicial se envió solamente al correo electrónico del
despacho judicial y omitió la radicación a través de la ventanilla
virtual de la plataforma SAMAI.
Mencionó que el JUZGADO mediante auto de 31 de marzo de 2025,
rechazó la demanda por cuanto no se radicó el escrito de subsanación
dentro del término concedido.
Señaló que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 23 de
febrero de 2026 confirmó la decisión del a quo.
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Actor: HUGO ALBERTO ÁLVAREZ RUEDA
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que las providencias judiciales cuestionadas incurrieron en
defecto procedimental absoluto al actuar al margen del
procedimiento establecido en la normativa, pues, a su juicio, no
advirtieron que la subsanación sí se presentó dentro del término legal
establecido y se remitió al correo institucional del JUZGADO,
relegando los principios de primacía de lo sustancial sobre lo formal
y de buena fe.
Mencionó que también incurrieron en defecto material o
sustantivo, por cuanto se dispuso el rechazo de la demanda sin un
argumento jurídico válido, desconociendo las causales de rechazo
que dispone el artículo 169 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.
Señaló que, de igual manera, incurrieron en violación directa de la
Constitución, por cuanto no se respetaron las formas propias del
CPACA para rechazar el medio de control y no se verificó que la
subsanación se radicó dentro del término y se remitió al correo del
JUZGADO.
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En adelante CPACA.
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I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] Respetuosamente solicito a los honorables magistrados del
CONSEJO DE ESTADO, se REVOQUE en su totalidad la decisión de
fecha treinta y uno (31) de marzo del 2025, por medio de la cual el
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA, profirió un auto de rechazo de la demanda, como
también, la decisión de fecha veintitrés (23) de febrero del 2026, que
confirma la anterior decisión expedida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, Mg. Ponente MARÍA EUGENIA
CARREÑO GOMEZ, y en una decisión de remplazo se ORDENE al
JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA, se admita la demanda, ampliamente referenciada y
se prosiga con las actuaciones procesales pertinentes de conformidad
como lo demanda el CPACA […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO mencionó que en el asunto no se configuran
ninguna de las causales específicas de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencia judicial, esto en consideración a
que actuó dentro del margen legal y la jurisprudencia.
I.5.2.- La DIRECCIÓN manifestó que no goza de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que las pretensiones de la demanda no
corresponden a una acción u omisión ejecutada por ella, por lo que
solicitó ser desvinculada.
I.5.3.- La DIRECCIÓN SECCIONAL solicitó ser desvinculada del
presente trámite constitucional, por cuanto la vulneración de los
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derechos fundamentales invocados por el actor no deviene de una
acción u omisión que le sea atribuible.
I.5.4.- La FISCALÍA manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el actor, por lo que pidió ser
desvinculada.
I.5.5.- El TRIBUNAL y los señores HIMELDA LEÓN NAVARRO,
JUAN DAVID FLÓREZ MOYA, DANY ALEJANDRA FLÓREZ LEÓN,
LEONARDO y LUIS FERNANDO LÓPEZ LEÓN, pese a ser
notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
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Actor: HUGO ALBERTO ÁLVAREZ RUEDA
La Sala advierte que la DIRECCIÓN, la DIRECCIÓN SECCIONAL y
la FISCALÍA solicitaron ser desvinculados de la presente acción de
tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que dichas autoridades fueron vinculadas como parte
demandada dentro del medio de control objeto del presente estudio,
la Sala concluye que, en calidad de terceras, les asiste interés en la
decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que
se denegará las solicitudes de desvinculación como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”.
Caso concreto
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En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 31 de marzo de 2025 y 23 de
febrero de 2026, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y
el TRIBUNAL, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2025-00013-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva y a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza
legítima, habida cuenta que, a juicio del actor, incurrieron en defecto
procedimental absoluto al actuar al margen del procedimiento
establecido en la normativa, pues, a su juicio, no advirtieron que la
subsanación sí se presentó dentro del término legal establecido y se
remitió al correo institucional del JUZGADO, relegando los principios
de primacía de lo sustancial sobre lo formal y buena fe.
Mencionó que también incurrieron en defecto material o
sustantivo, por cuanto se dispuso el rechazo de la demanda sin un
argumento jurídico válido, desconociendo las causales de rechazo
que dispone el artículo 169 del CPACA.
Señaló que de igual manera incurrieron en violación directa de la
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Constitución, por cuanto no se respetaron las formas propias del
CPACA para rechazar el medio de control y no se verificó que la
subsanación se radicó dentro del término y se remitió al correo del
despacho judicial.
Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita
dejar sin efecto tanto la providencia de 31 de marzo de 2025
proferida por el JUZGADO, como la dictada el 23 de febrero de
2026 por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue esta la
que dio por terminado el proceso.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela y, de superarse tal derrotero; ii) establecer si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por
el actor e incurrió en los defectos deprecados.
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Antes de abordar los parámetros planteados en líneas anteriores, la
Sala examinará si el actor está legitimado en la causa por activa para
promover la acción de tutela de la referencia.
La legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19917 preceptúa:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.
De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona8.
Ahora bien, conforme con las piezas procesales la Sala destaca que,
en principio, quienes verían afectados sus derechos con ocasión al
rechazo de la demanda promovida dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
2025-00013-01, serían los allí demandantes, esto es, los señores
HIMELDA LEÓN NAVARRO, JUAN DAVID FLÓREZ MOYA, DANY
ALEJANDRA FLÓREZ LEÓN, LEONARDO y LUIS FERNANDO
LÓPEZ LEÓN.
8
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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Por lo tanto, el hecho de que el señor HUGO ALBERTO ÁLVAREZ
RUEDA sea el apoderado judicial de los demandantes dentro del
medio de control de reparación directa, no lo habilita para que la
titularidad de los derechos en cabeza de estos le sean transferidos y
pueda presentar una acción de tutela buscando el amparo frente a
sus representados9. Adicionalmente, no consta en el expediente
prueba alguna que haya obrado como agente oficioso de aquellos10.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de enero
de 2016, expediente identificado con el número único de radicación 2015-01209-01, M.P. María
Elizabeth García González, sostuvo: “[…] En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con
el requisito exigido en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está demostrada la
facultad de la actora para actuar en representación del señor Elkin Yohany Rincón Muñeton,
por cuanto no manifestó ni probó la calidad de agente oficioso y tampoco allegó el poder que
la facultara para promover la presente acción de tutela, en defensa de los derechos
fundamentales de aquél.
Se resalta que tampoco es admisible que la acción hubiese podido ser instaurada por la
actora a nombre propio, debido a que no es la titular de los derechos cuya protección
reclama, lo que significa, en términos del artículo 86 superior, que no es la persona afectada
en sus derechos y por ende, no es la llamada a reclamar por sí misma o por quien actúe en
su nombre -con la debida acreditación -la protección del mismo […]”. (Resaltado fuera de texto).
10
La Corte Constitucional en sentencia T-406 de 27 de junio de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo, indicó que en el caso de que se pretenda actuar bajo la figura de agente oficioso, la persona
debía cumplir unos requisitos, los cuales se echan de menos en la presente solicitud de amparo, en
efecto: “[…] de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia que al respecto se ha reseñado, la
señora Amparito Rodríguez Tovar puede actuar como agente oficiosa de otras personas, siempre que
cumpla con los requisitos de esta figura, es decir, que (i) manifieste que opera como tal; (ii) que
de la demanda se infiera que el titular del derecho se encuentra imposibilitado para
interponer la acción de tutela; y (iii) que el presunto afectado ratifique lo actuado dentro del
proceso.
En el caso concreto, no se advierte ninguna de las exigencias mencionadas, ya que en el escrito de
tutela no se indicó que la accionante actuaba como agente oficiosa de su compañero permanente.
[…]
Lo anterior da cuenta que el señor Torres, a pesar de encontrarse privado de la libertad, no ha visto
obstaculizado el ejercicio autónomo y directo de sus derechos, acudiendo a las acciones, recursos y
solicitudes puestos a su alcance. Además, no se aportó medio de convicción alguno que permitiera
establecer que en esta oportunidad se hallaba imposibilitado para acudir directamente ante el juez
constitucional, como tampoco existe ratificación de su parte respecto de la demanda de tutela
interpuesta por su compañera permanente.
En síntesis, considera la Sala que los requisitos para la configuración de la agencia oficiosa
no convergen en el asunto y, en esas circunstancias, la Corte no puede conocer el fondo de
la acción de tutela por ausencia de una de las exigencias legales establecidas para ello, como
es la legitimación por activa […]”. (Resaltado fuera de texto).
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Lo anterior, guarda relación con lo expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia T-697 de 22 de agosto de 200611, en la
que indicó sobre la imposibilidad que tiene el apoderado judicial para
alegar en vía de tutela como propios los derechos de su
representado. En dicha oportunidad señaló:
“[…] En lo concerniente al tema de la legitimidad por activa
de los apoderados judiciales, esta Corporación ha
considerado que el abogado que representa judicialmente a
otro, carece en principio de legitimación por activa, cuando
en nombre propio pretende defender mediante tutela los
derechos fundamentales de su poderdante, o cuando acude al
proceso de tutela sin poder especial para ejercer dicha acción. En
la primera circunstancia, se considera que quien representa
judicialmente a alguien, lo hace a título profesional, lo que
implica que el interés que defiende es el de su cliente y no
el suyo propio, bajo las reglas del ejercicio de la profesión
de abogado y atendiendo los supuestos de ley. (Sentencia T-
314 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el segundo caso,
no es suficiente que el apoderado alegue la defensa de la persona
en un proceso diferente, o que afirme comparecer a la tutela como
representante, o que cuente con poder general en otros asuntos;
sólo el poder especial correspondiente, lo habilita para interponer
tutela a favor de su representado y afirmar válidamente tal
identidad.
Con respecto a la imposibilidad del apoderado de alegar por
vía de tutela como propios los derechos del representado, la
sentencia T-658 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) precisó
lo siguiente:
“(…) 4.1.1. Siguiendo lo expuesto, podemos responder al
primer interrogante, es decir: ¿Si el apoderado judicial de
una causa ordinaria puede alegar un interés directo para
incoar en su propio nombre la acción de tutela, cuando los
derechos fundamentales supuestamente vulnerados
corresponden al titular de la causa ordinaria que representa
judicialmente?
11
M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, tal pronunciamiento corresponde a una posición reiterada de la
Corte Constitucional, que se ha manifestado en el mismo sentido, esto es, en sentencias T-314 de 1995.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-821 de 21 de octubre de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-658 de
15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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Para dar respuesta a este cuestionamiento, es preciso tener
en cuenta que la Corte en Sentencia T-674 de 1997,
expresamente determinó que: “...no puede alegarse
vulneración de los propios derechos con base en los de
otro...”, y en Sentencia T-575 de 1997, igualmente, sostuvo
que: “...la calidad de apoderado no genera ipso facto la
suplantación del titular del derecho...”.
A juicio de la Corporación, esto ocurre básicamente por dos
razones: (i) El interés en la defensa de los derechos
fundamentales, como se dijo, radica en su titular y no en
terceros y, por otra parte, (ii) la relación de vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales debe ser directa y
no transitiva ni por consecuencia. Así lo manifestó la Corte en
la citada Sentencia T-674 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), al sostener que “...no es válido alegar, como motivo de
la solicitud de protección judicial, la causa de la causa, o el
encadenamiento infinito entre causas y consecuencias, ya que, de
aceptarse ello, se desquiciaría la acción de tutela y desbordaría sus
linderos normativos. [Por lo tanto...] La violación de los derechos
[fundamentales] de otro no vale como motivo para solicitar la
propia tutela... […]”. (Resaltado fuera de texto).
Así las cosas, es claro que el señor HUGO ALBERTO ÁLVAREZ
RUEDA actor en el presente asunto, carece de legitimación en la
causa por activa para formular solicitud de amparo en nombre
propio contra la autoridad judicial accionada.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo por no cumplir con el requisito previsto en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pues no se acreditó el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa del actor, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas
por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA y la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo por
falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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