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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03210-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03210-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 28 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03210-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03210-01
Accionante: F&B Abogados Asociados Ltda.
Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada1, en calidad de accionante, por F&B Abogados
Asociados Ltda. en contra del fallo de tutela proferido el 28 de mayo de 2026 2 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La solicitud de amparo constitucional

La sociedad accionante radicó tutela3 en procura de la protección de sus derechos al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, los que
considera vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 24 de octubre de 2025 por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de
reparación directa No. 25000232600020080017600/01, mediante la cual se revocó la
dictada el 11 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en
su lugar, se declaró la falta de legitimación por pasiva de la Rama Judicial.

1.2.- Hechos

1.2.1.- El 8 de agosto de 2001 el municipio de Buenaventura y la sociedad accionante,
entonces denominada Mauricio Fajardo Abogados Asociados Ltda., celebraron un
contrato de prestación de servicios profesionales, con el objeto de que esta asesorara al

1 Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 24, con certificado 0DEB22BBC10E1000

82C1CDB638175F40 E29863022EF1B0E3 CEA7514E5C5116F6.
2 Obra fallo en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 18, con certificado 6A75151EAD46E130

B58C4190302FC1B5 B54A0FEB76F4CAE3 D84E8F0827054560.
3 Obra escrito de tutela a folios 1-126 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado

40E1C9F4AA4401CF C2E0E9D302E15660 73FD788A0A27A468 9E7CF1915FE3114D.

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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03210-01
Accionante: F&B Abogados Asociados Ltda.
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ente territorial y al Ministerio de Comercio Exterior en la definición de la legalidad y la
viabilidad jurídica de enajenar el inmueble en el que funcionaba la antigua zona franca
industrial y comercial de esa ciudad, y de destinar los recursos obtenidos al pago de los
pasivos del municipio. La remuneración se compuso de una suma fija de $9.000.000
mensuales, $36.000.000 por la duración pactada, incrementada luego en una adición, y
de una suma variable pactada como comisión de éxito, en dos modalidades. Una plena,
equivalente al 0,50 % del monto de la enajenación del inmueble o liquidada sobre su
avalúo, y una reducida a la mitad, para el evento en que la enajenación no se lograra por
causas ajenas a la voluntad de la contratista. En el contrato se incluyó una cláusula
compromisoria, según la cual las diferencias entre las partes serían resueltas por un
tribunal de arbitramento. El contrato finalizó al vencimiento de su plazo máximo, el 30 de
junio de 20024.

1.2.2.- El 30 de agosto de 2004 la sociedad solicitó la convocatoria del tribunal de
arbitramento ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin
de que, entre otras cuestiones, se liquidara el contrato y se incluyera el pago de la
comisión de éxito. El 18 de abril de 2006 el tribunal, conformado por un árbitro único,
profirió el laudo arbitral, en el que negó las pretensiones relacionadas con el
reconocimiento de esa comisión5.

1.2.3.- Con base en esas circunstancias, la sociedad promovió demanda en ejercicio de
la acción de reparación directa en contra de la Rama Judicial, para que se la declarara
patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados por un error jurisdiccional
contenido en el laudo. A título de indemnización, pidió $1.067.490.518, correspondientes
a la comisión de éxito plena o, en subsidio, $533.745.260, equivalentes al 50 % de
aquella, junto con su actualización y los intereses de mora. El proceso correspondió al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado No.
25000232600020080017600.

1.2.4.- Mediante sentencia del 11 de octubre de 2013 6 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Consideró que los árbitros son, en

4 A folios 4-5 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 31, con certificado 6ACBAFA2F014C2C9
A492BBC55D8F17D6 F029569E008747A4 168096CF515EF4BD del expediente 25000232600020080017601.
5 Ibidem.
6 Ibidem, a folios 9-11.

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esencia, funcionarios judiciales conforme al artículo 116 de la Constitución y que el laudo,
por tratarse de un fallo jurisdiccional y no de un acto administrativo, permite reclamar por
la vía de la reparación directa el error jurisdiccional. No obstante, concluyó que la decisión
arbitral cumplió la carga argumentativa exigida, pues interpretó las cláusulas del contrato
y determinó que no se cumplieron a cabalidad las condiciones de las que dependía la
comisión de éxito, que la falta de protocolización del expediente arbitral no constituía un
error jurisdiccional, y que, en esa medida, no se constató el error judicial alegado.

1.2.5.- Inconforme, la parte demandante interpuso recurso de apelación. El 24 de octubre
de 20257 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión
del tribunal y, en su lugar, declaró la falta de legitimación material en la causa por pasiva
de la Rama Judicial y negó las pretensiones de la demanda. Para ello señaló que, si bien
los árbitros administran justicia, son designados libremente por los contratantes y su
competencia está condicionada a la autonomía negocial, de manera que carecen de
vínculo con el Estado y no pueden considerarse como sus agentes. Precisó que el Estado
no ejerce control sobre el fondo de esa clase de determinaciones, que la justicia arbitral
no hace parte de la estructura orgánica de la Rama Judicial y que quien voluntariamente
sustrae el conflicto de la justicia institucional no puede luego atribuirle a aquel los
perjuicios derivados de la decisión de los particulares que él mismo escogió; por ello
concluyó que la Rama Judicial no es el centro de imputación de esos daños y que quienes
se consideren afectados deben demandar directamente a los árbitros en un proceso de
responsabilidad civil. En ese punto la Subsección A advirtió expresamente que se
apartaba de los planteamientos de la Subsección B de la Sección Tercera, conforme a
los cuales la Rama Judicial está legitimada formal y materialmente en la causa para ser
demandada por los daños generados por los árbitros.

1.3.- Fundamentos de la acción de tutela

La sociedad accionante sostiene que la solicitud satisface los requisitos generales de
procedencia y, en particular, el de relevancia constitucional, pues no persigue la
reapertura de un debate legal o probatorio ni acudir a una tercera instancia, sino la
protección de sus derechos superiores. En cuanto a los requisitos específicos, argumenta

7 Obrasentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 31, con certificado 6ACBAFA2F014C2C9
A492BBC55D8F17D6 F029569E008747A4 168096CF515EF4BD del expediente 25000232600020080017601.

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que la sentencia del 24 de octubre de 2025 incurrió en un defecto sustantivo, por ser
abiertamente contraria al ordenamiento jurídico vigente. Sostiene, en primer término, que
los árbitros no son contratistas de las partes, pues la autoridad accionada dio por
existente una segunda relación contractual que ninguna norma prevé, y acogió una teoría
contractualista que no rige en Colombia, en donde el modelo constitucional reconoce el
carácter eminentemente jurisdiccional del laudo, según lo definido en la Sentencia C-538
de 2016. En segundo lugar, alega que los árbitros son particulares investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia, según el artículo 116 de la
Constitución, y que, por mandato del artículo 74 de la Ley 270 de 1996, quedan
comprendidos en la expresión “funcionario o empleado judicial”, de suerte que sus errores
comprometen la responsabilidad del Estado en los términos del artículo 65 ibidem. En
tercer lugar, censura como falsa la premisa de que el Estado no ejerce control sobre la
actividad arbitral, pues los árbitros deben cumplir los mismos requisitos exigidos para ser
magistrado de tribunal superior y están sujetos al régimen de impedimentos y
recusaciones; los centros de arbitraje se encuentran sometidos a la inspección, vigilancia
y control del Ministerio de Justicia y del Derecho; la ley limita el número de tribunales en
los que puede actuar un mismo árbitro; y contra los laudos proceden los recursos
extraordinarios, además de que su ejecución corresponde a la jurisdicción.

La sociedad también reprocha el desconocimiento del ordenamiento legal y, en particular,
de la Ley 446 de 1998, puesto que la providencia desatendió que los árbitros son
servidores judiciales. De otra parte, aduce que la responsabilidad extracontractual del
Estado es funcional y no in eligendo, razón por la cual no puede supeditarse a la
existencia de un vínculo laboral u orgánico entre el autor de la providencia y la Rama
Judicial.

La parte accionante también denuncia el desconocimiento del precedente. De una parte,
se refiere a la sentencia C-037 de 1996, según la cual el concepto de “particulares que
ejercen transitoriamente la función jurisdiccional” del artículo 116 de la Constitución no
se aplica a los conjueces, que administran justicia como verdaderos servidores públicos,
sino a los árbitros; antecedente que, en su criterio, se omitió al invertir esa distinción para
sostener que los conjueces y los auxiliares de la justicia actúan como agentes estatales
por haber sido designados por funcionarios públicos, y los árbitros no. De otra parte, pasó
por alto el precedente horizontal sentado por la Subsección B de la Sección Tercera del

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Consejo de Estado en sentencias del 11 de octubre de 2021 y del 8 de abril de 2024,
según las cuales la Rama Judicial sí está legitimada en la causa por pasiva para
responder por el error judicial contenido en un laudo arbitral, sin que la autoridad
accionada cumpliera las cargas de transparencia y de argumentación exigidas para
apartarse de ellas.

La firma reclamante también aduce la violación directa de la norma normarum. Asevera
que la providencia desconoció el artículo 116 superior, que atribuye a los árbitros
habilitados por las partes la función de administrar justicia; que sustrajo indebidamente
del ámbito de protección del artículo 90 un supuesto de ejercicio de la función
jurisdiccional, pese a que esa norma no se circunscribe a los servidores públicos sino al
ejercicio de la función pública, incluso por particulares habilitados para ello; y que, por
esa vía, le suprimió la posibilidad de acceder a la administración de justicia para
cuestionar la responsabilidad del Estado por el error judicial que le atribuye al árbitro
único, en contravía de los artículos 228 y 229 de la Carta Política.

1.4.- Pretensiones de la acción de tutela

En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia del 24 de octubre de 2025 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado; (iii) ordenar a dicha
autoridad que profiera una nueva sentencia en la que decida de fondo la responsabilidad
patrimonial de la Rama Judicial por el error que le atribuye al laudo del 18 de abril de
2006; y (iv) adoptar las demás órdenes necesarias para el restablecimiento de los
derechos invocados.

2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia

2.1.- Mediante auto del 29 de abril de 2026 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó vincular, como terceros con interés, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y a la Rama Judicial; asimismo, dispuso notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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2.2.- La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó declarar la
improcedencia del amparo por falta de inmediatez, por carecer de relevancia
constitucional y porque no se demostró la configuración de ninguno de los defectos
alegados. Sostuvo que la solicitud se presentó luego de transcurridos más de 5 meses,
sin que se justificara razón alguna para no acudir de forma inmediata; que la tutela parte
de una premisa equivocada, al confundir la naturaleza jurisdiccional del arbitraje con una
legitimación automática de la Rama Judicial; que la providencia en ningún momento negó
que los árbitros sean particulares que ejercen funciones jurisdiccionales; que el escrito le
atribuye afirmaciones que no realizó y efectúa una lectura fragmentada y
descontextualizada de la decisión; que convierte una norma de habilitación funcional,
como el artículo 116 de la Constitución Política, en una de imputación patrimonial general;
que la jurisprudencia invocada como posición consolidada corresponde a 2 sentencias
de la Subsección B, respecto de las cuales se omiten los salvamentos y las aclaraciones
de voto; que el arbitraje sustrae el conflicto de la justicia estatal y lo somete a los
particulares elegidos por las partes, sin que exista dirección funcional de la Rama Judicial
en la adopción del laudo; y que no se evadió un pronunciamiento de fondo, sino que se
resolvió correctamente un aspecto previo.

2.3.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declarara su falta
de legitimación en la causa por pasiva y la improcedencia del amparo, pues no existe
vulneración a los derechos fundamentales de la sociedad demandante y la tutela se utiliza
como una instancia adicional.

3.- Fallo de tutela de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de mayo de 2026,
negó la desvinculación formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
negó las pretensiones de la acción de tutela. Encontró satisfechos los requisitos
generales de procedibilidad y, en cuanto al fondo, estudió de manera conjunta los cargos
basados en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente. Al respecto
concluyó que las decisiones invocadas por el actor fueron proferidas por una subsección
distinta de la accionada, de modo que la fuerza vinculante del precedente horizontal se
torna menos estricta y debe privilegiarse el principio de autonomía judicial, sin que le
corresponda al juez constitucional imponer la postura que favorezca las pretensiones del

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interesado. Precisó, además, que la distinción que la providencia atacada trazó entre los
árbitros y los conjueces o auxiliares de la justicia no constituyó un argumento para
desvirtuar la función jurisdiccional de aquellos, pues en el cuerpo de la decisión se les
reconoce el ejercicio de dicha función. Descartó la violación directa a la Constitución, al
considerar que la providencia no desatendió preceptos superiores aplicables y contó con
una argumentación que evidencia el reconocimiento de la postura diferente de otra
subsección y las razones por las cuales no la acogía.

4.- Razones de la impugnación

En contra de la providencia referida, F&B Abogados Asociados Ltda. presentó
impugnación. Alegó que el fallo redujo los cuestionamientos formulados a una supuesta
inconformidad con la interpretación legal, sin abordar de manera puntual la dimensión
constitucional de los reproches, y precisó que no cuestiona la existencia de motivación
en la providencia atacada, sino que la interpretación allí acogida es contraevidente y
ajena a lo razonable. Censuró que, sin metodología ni justificación, se hubieran estudiado
de manera conjunta el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente, con lo
cual se omitió el análisis autónomo del primero.

La empresa recurrente reiteró, en cuanto al fondo, que los árbitros no son contratistas de
las partes y que la autoridad accionada creó una relación contractual que no existe en el
ordenamiento; que son particulares que administran justicia transitoriamente, conforme a
los artículos 116 de la Constitución Política y 74 de la Ley 270 de 1996; que es falso que
la justicia arbitral sea una justicia privada sustraída de todo control estatal; y que la
responsabilidad extracontractual del Estado es funcional y no in eligendo. Reprochó,
asimismo, que el cargo por violación directa de la Constitución se despachara en una
sola frase carente de motivación, pese a que el juez de tutela debía pronunciarse sobre
los artículos 90, 116 y 228 de la Carta.

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II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 28 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad8 y de procedencia9 con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.

4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”10.

8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
9 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto

fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por
desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.

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En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 11 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos; y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202212, al pronunciarse sobre el
requisito sub judice, advirtió que era necesario verificar:

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

4.2.- En el caso concreto, la sociedad tutelante cuestiona, en esencia, que la autoridad
judicial (i) incurrió en defecto sustantivo, pues desconoció que los árbitros no son
contratistas de las partes, que son particulares investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia y que, en los términos de la Ley 270 de 1996, se entienden
funcionarios o empleados judiciales, al tiempo que partió de la premisa, que estima falsa,
de que el Estado no ejerce control alguno sobre la actividad arbitral y supeditó la
responsabilidad patrimonial a un vínculo orgánico con el autor del laudo; (ii) desconoció
el precedente constitucional de la sentencia C-037 de 1996, según la cual la condición
de particulares que transitoriamente administran justicia corresponde a los árbitros y no
a los conjueces, y el horizontal de la Subsección B de la Sección Tercera de esta
corporación, contenido en sentencias del 11 de octubre de 2021 y del 8 de abril de 2024,
según las cuales la Rama Judicial sí está legitimada en la causa por pasiva para
responder por el error judicial de un laudo, sin cumplir las cargas de transparencia y
argumentación exigidas para apartarse de ellas; y (iii) violó de manera directa la

11 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
12 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Constitución, al sustraer del ámbito del artículo 90 un supuesto de ejercicio de la función
jurisdiccional reconocida en el artículo 116 y suprimirle la posibilidad de acceder a la
administración de justicia.

4.3.- Para la Sala, ab initio, se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora
no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un
medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el proceso No. 25000232600020080017600/01, como
si la acción de tutela fuera una instancia adicional a ese trámite, según se explicará.

4.4.- Al verificar los argumentos de la providencia proferida el 24 de octubre de 2025 se
dilucida el siguiente análisis textual:

“La jurisprudencia de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
considerado que, con fundamento en las referidas disposiciones, la Rama Judicial está legitimada
formal y materialmente en la causa para ser demandada por los presuntos daños que sean
generados por los árbitros. No obstante, esta Sala se aparta de dichos planteamientos (…).

De este modo, el arbitraje, como instrumento constitucionalmente reconocido, se convierte en
una alternativa paralela a la justicia institucional, mediante la cual las partes pueden dirimir sus
conflictos; aunque los árbitros administran justicia y las decisiones que adoptan se equiparan a
una sentencia, son designados libremente por los contratantes, y sus competencias están
condicionadas a la autonomía negocial. (…)

Tal como se expresó en líneas precedentes, los árbitros son particulares que transitoriamente
administran justicia; no obstante, carecen de cualquier vínculo con el Estado, lo cual impide que
puedan considerarse agentes estatales, y que, en consecuencia, se le pueda imputar a la Rama
Judicial algún tipo de responsabilidad por los errores contenidos en los laudos.

Si bien la ley regula la institución del arbitraje, la relación entre las partes y los árbitros se
fundamenta en el acuerdo de voluntades, siendo aquellas quienes se encargan de designarlos.
Por lo mismo, si los contratantes, de manera libre, decidieron sustraer el conflicto de la justicia
institucional y escoger a los particulares que lo resolverían, no pueden posteriormente atribuirle
responsabilidad al Estado, quien no está llamado a reparar los perjuicios causados como
consecuencia de las decisiones que ellos mismos adoptaron.

Si se entendiera que el Estado es el llamado a responder por este tipo de daños, se le estaría
convirtiendo en el garante de una actividad privada, lo cual no se acompasa con los mandatos
del artículo 90 de la Constitución. El hecho de que el Estado permita la existencia de la justicia
arbitral, no significa que deba responder por las deficiencias en su funcionamiento, por cuanto no
ejerce ningún control sobre el fondo de este tipo de determinaciones; es más, su papel consiste,
por el contrario, en evitar que las autoridades judiciales tengan un alto grado de injerencia. Si la
resolución de un litigio por parte de los árbitros no puede ser controlada por las autoridades
institucionales (con excepción del recurso extraordinario de anulación o de la acción de tutela),
ello comporta que, cuando se evidencia la existencia de un perjuicio como consecuencia de la
misma, el Estado no tenga la obligación de responder.

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Acción de tutela – Segunda instancia
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Accionado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Ahora bien, la justicia arbitral no hace parte de la estructura orgánica de la Rama Judicial y, mucho
menos, de la jurisdicción ordinaria o de la contencioso administrativa. Asimismo, los árbitros no
son equiparables a los jueces, aun cuando el laudo tenga efectos asimilables a los de una
sentencia (entre ellos, que haga tránsito a cosa juzgada). En ese orden de ideas, se reitera, los
árbitros no son agentes estatales, ni forman parte de la administración de justicia; son simples
particulares designados por las partes para resolver un litigio concreto. Aun cuando el Estado
permite que lo hagan y crea las condiciones para que este tipo de justicia funcione, no debe ser
responsable por los perjuicios que se puedan causar a raíz de sus decisiones.

Es claro que el arbitramento implica el ejercicio de una función judicial, la cual pregona por la
efectividad de los derechos de las personas, procura por una convivencia pacífica y defiende el
orden público. Sin embargo, los árbitros no realizan esta actividad en nombre del Estado, sino de
las partes, quienes, se insiste, son los encargados de escogerlos y de habilitar su competencia.

Diferente a los conjueces o a los auxiliares de la justicia, que son designados por funcionarios
públicos en ejercicio de sus potestades y, en ese sentido, actúan como agentes estatales, los
árbitros no son nombrados por servidores públicos en representación del Estado, sino por los
contratantes, quienes aceptan que la decisión contenida en el laudo será la más conveniente para
sus intereses; por ello, cualquier defecto que se presente en el desarrollo del proceso arbitral será
una carga que deberán soportar, sin que se pueda entender que ese eventual daño sea imputable
al Estado, quien no fue el causante de tal situación. (…)

Un error en el laudo no revela un actuar irregular por parte de la Rama Judicial o una actuación
lícita que rompe el equilibrio ante las cargas públicas; tampoco es un daño injusto o antijurídico,
puesto que, por el contrario, las partes asumieron voluntariamente las actuaciones de quienes
definirían el conflicto, por la vía de su escogencia y de su designación. (…)

De esta manera, en caso de que las partes consideren que los árbitros incurrieron en un error
que les generó algún daño, deberán demandarlos directamente en un proceso de responsabilidad
civil, por defraudar la relación negocial que soportaba su labor. Esta Subsección no considera
razonable que las equivocaciones de los árbitros deban ser reparadas por un tercero ajeno a la
relación existente entre ellos y las partes, esto es, el Estado, pues los encargados de proferir el
laudo son quienes deben asumir las consecuencias de su actuar irregular. (…)

Finalmente, el Estado tampoco está llamado a responder por una indebida vigilancia -omisión-
de la actividad arbitral, porque las partes del contrato tienen absoluta libertad para escoger a
quienes resolverán su conflicto, y, como ya se dijo, las autoridades institucionales deben
mantenerse al margen de lo decidido en el laudo. Si esto es así, no existe ningún elemento fáctico
o normativo que legitime materialmente al Estado para ser demandado en este tipo de procesos.
(…)”13.

4.5.- En atención a lo anterior, se observa que el cuerpo colegiado no omitió el debate
propuesto por la peticionaria, a contrario sensu, lo abordó de manera expresa y motivada.
En efecto, reconoció que los árbitros administran justicia y que las decisiones que
adoptan se equiparan a una sentencia; identificó la postura contraria de la Subsección B
de la Sección Tercera y advirtió explícitamente que se apartaba de ella; expuso las
razones de tal apartamiento, que se circunscriben a la habilitación voluntaria de los
árbitros por las partes, a la ausencia de vínculo entre aquellos y el Estado, a la falta de

13 A folios 15 y 21-25 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 31, con certificado 6ACBAFA2F014C2C9

A492BBC55D8F17D6 F029569E008747A4 168096CF515EF4BD del expediente 25000232600020080017601.

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control estatal sobre el fondo de sus decisiones y a la circunstancia de que la justicia
arbitral no integra la estructura orgánica de la Rama Judicial; y concluyó que esta última
no es el centro de imputación de esa clase de daños, con indicación de la vía que, en su
criterio, tiene a su alcance la afectada. Se trata, entonces, de una decisión que fijó una
posición interpretativa sobre el alcance de los artículos 90 y 116 de la Constitución y 65
y 74 de la Ley 270 de 1996, y que la sustentó.

4.6.- Resulta claro, entonces, que la sociedad accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional. Como se advirtió,
la autoridad criticada examinó el régimen constitucional y legal aplicable, identificó las
posturas en contienda y explicó por qué acogía una de ellas. En consecuencia, el debate
planteado por la tutelante evidentemente busca reabrir una discusión meramente legal
sobre la interpretación normativa que ya fue agotada ante el juez natural, con el propósito
de que en este escenario constitucional se imponga la tesis que favorece sus
pretensiones.

4.7.- Ahora bien, la tesis que la sociedad actora invoca como precedente horizontal está
contenida en la sentencia del 11 de octubre de 2021 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado14, postura que fue reiterada en la providencia del 8 de
abril de 202415. Según esas decisiones, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 desarrolla el
artículo 90 de la Constitución y el artículo 74 ibidem fija el alcance de la expresión
“funcionario o empleado judicial”, que comprende tanto a los agentes del Estado que
pertenecen a la Rama Judicial como a los particulares que excepcional o transitoriamente
ejercen o participan del ejercicio de la función jurisdiccional; de ahí que el legislador
catalogó a esos particulares como agentes judiciales y, por esa vía, fijó el centro de
imputación en la Rama Judicial, de manera que esta se encuentra legitimada formal y
materialmente en la causa para responder por los daños derivados de un laudo arbitral.

Tal lectura se apoyó en que la expresión “agente estatal” no se reduce a los servidores
públicos de que trata el artículo 123 de la Constitución Política y en las razones que
sustentaron la exequibilidad de los artículos 65 y 74 de la Ley 270 de 1996, declarada
por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996.

14 Rad. 13001-23-31-000-2005-01670-01 (39.798).
15 Exp. 67.208.

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No obstante, la providencia censurada acogió la tesis contraria y también evaluó esos
aspectos jurídicos. Frente a la equiparación legal entre los particulares que administran
justicia y los agentes judiciales, admitió que los árbitros ejercen de manera transitoria
función jurisdiccional y que el laudo produce efectos asimilables a los de una sentencia,
pero precisó que carecen de vínculo con el Estado y que, por esa razón, no pueden
considerarse agentes estatales ni integrantes de la administración de justicia. Frente al
origen de la habilitación, alegó que la relación entre las partes y los árbitros se funda en
el acuerdo de voluntades y que quien sustrae de manera libre el conflicto de la justicia
institucional no puede atribuirle después al Estado los perjuicios derivados de la decisión
de los particulares que él mismo escogió.

En cuanto al alcance del artículo 90 de la Constitución Política, la accionada sostuvo que
una imputación de esa naturaleza convertiría al Estado en garante de una actividad de
privados sobre cuyo fondo no ejerce control alguno, salvo por la vía del recurso
extraordinario de anulación o de la acción de tutela. Respecto a la pertenencia
institucional, señaló que la justicia arbitral no hace parte de la estructura orgánica de la
Rama Judicial ni de la jurisdicción ordinaria o de la contencioso administrativa. Y frente a
la asimilación con otros particulares que colaboran con la función judicial, distinguió a los
conjueces y a los auxiliares de la justicia, designados por funcionarios públicos en
ejercicio de sus potestades, de los árbitros, nombrados por los propios contratantes. Con
ese fundamento concluyó que el error contenido en el laudo no revela un actuar irregular
de la Rama Judicial ni un rompimiento del equilibrio ante las cargas públicas y que quien
se considere afectado debe demandar directamente a los árbitros en un proceso de
responsabilidad civil.

Del contraste anterior se advierte que ninguna línea jurisprudencial se apoya en
argumentos que resulten, prima facie, arbitrarios o irrazonables. Ambas parten de las
mismas disposiciones, esto es, los artículos 90 y 116 de la Constitución Política y 65 y 74
de la Ley 270 de 1996, pero difieren en su interpretación. La primera privilegia una
equivalencia legal entre los particulares que administran justicia de manera transitoria y
los agentes judiciales, con el consecuente traslado del centro de imputación a la Rama
Judicial; la segunda acentúa el origen voluntario de la habilitación arbitral, la ausencia de
vínculo orgánico con el Estado y la falta de control estatal sobre el fondo del laudo. Se

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trata, entonces, de dos lecturas plausibles de un mismo marco jurídico, cada una provista
de sustento constitucional y legal, sin que a esta Sala le corresponda, en sede de tutela,
definir cuál de ellas debe prevalecer, pues existen escenarios idóneos para dirimir este
tipo de discusiones.

4.8.- A la misma conclusión se arriba respecto al reproche por la supuesta omisión de la
sentencia C-037 de 1996. El aparte que invoca la accionante corresponde al examen de
constitucionalidad del artículo 61 del proyecto de ley estatutaria de la administración de
justicia, relativo a los conjueces, oportunidad en la que la Corte Constitucional precisó
que la limitación del inciso 4º del artículo 116 de la Constitución Política no se refiere a
ellos, porque, cuando administran justicia, no lo hacen como particulares sino como
verdaderos servidores públicos. La accionante afirma que la providencia censurada
invirtió esa distinción, al considerar a los conjueces como particulares que administran
justicia de manera transitoria y al excluir de esa categoría a los árbitros. No obstante, tal
premisa no corresponde a lo que en realidad se sostuvo. En efecto, la decisión atribuyó
a los conjueces y a los auxiliares de la justicia la condición de agentes estatales, en
cuanto son designados por funcionarios públicos en ejercicio de sus potestades, y
reconoció de manera expresa que los árbitros son particulares que transitoriamente
administran justicia, según se lee en los apartes transcritos. Lejos de contradecir el
pronunciamiento constitucional, la autoridad accionada coincidió con la distinción que allí
se trazó. La discrepancia recae, en realidad, sobre la consecuencia que de esa condición
se deriva en materia de imputación de responsabilidad patrimonial al Estado, asunto que
aquel pronunciamiento no definió al examinar el citado artículo 61. Un reproche de ese
talante no evidencia el desconocimiento manifiesto de un precedente, sino una
discrepancia interpretativa adicional que confirma el carácter legal del debate propuesto.

4.9.- Por otra parte, en lo relativo al criterio de la primera instancia sobre el cumplimiento
del requisito de relevancia, se debe destacar que la sola invocación de artículos
constitucionales y la referencia a defectos específicos no les confieren, por sí solas, esa
dimensión a los reproches, pues lo que en el fondo se discute es cuál de dos
interpretaciones posibles del ordenamiento, ambas sustentadas y hoy coexistentes en la
Sección Tercera de esta corporación, debe prevalecer para determinar quién está
legitimado en la causa por pasiva. Al respecto, resulta imperativo reiterar que la
intervención del juez constitucional en contra de providencias judiciales reviste un

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carácter estrictamente excepcional, en la medida en que el ordenamiento impone el deber
de garantizar y respetar la autonomía judicial y la seguridad jurídica. Por ende, la
procedencia del amparo se encuentra reservada de manera exclusiva para aquellos
eventos en los que se advierta una decisión abiertamente caprichosa y arbitraria,
condición que no se satisface frente a una providencia que reconoció la existencia de una
postura contraria, explicó por qué no la acogía y sustentó la propia.

En nada altera lo anterior que la impugnación precise que no discute la existencia de
motivación en la providencia atacada, sino el carácter contraevidente de la interpretación
que allí se acogió. Calificar una interpretación de contraevidente supone que se sitúe por
fuera del margen de lo razonable, y ello no ocurre cuando sobre el mismo punto de
derecho coexisten dos posturas debidamente sustentadas, la de la Subsección B, que
invoca la accionante, y la de la Subsección A, que ahora se cuestiona. Definir cuál de las
dos debe prevalecer es asunto que compete al juez natural y, en su caso, a los
mecanismos de unificación que prevé el ordenamiento, no al juez constitucional por la vía
de la tutela.

4.10.- En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.11.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada16, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho que se resolvieron previamente por el juez de la causa17.

16 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
17 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.

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5.- En consecuencia, se observa que la solicitud de amparo no satisface el requisito
general de relevancia constitucional, razón por la cual el deprecado resulta improcedente.
En ese orden, se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se declarará
improcedente el amparo constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 28 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente el amparo constitucional
de conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado

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