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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03214-00

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03214-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Desvincular del presente trámite a Colpensiones. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la señora Carmiña Isabel Rojas de Pino contra la Corte Constitucional, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03214-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03214-00
Demandante: CARMIÑA ISABEL ROJAS DE PINO
Demandado: CORTE CONSTITUCIONAL

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

La señora Carmina Isabel Rojas de Pino, actuando a través de apoderado judicial2,
ejerció acción de tutela contra la Corte Constitucional, en la que solicitó el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión del auto del 1° de octubre de 2025 a través del cual, la autoridad judicial
accionada dirimió el conflicto de competencias en el expediente identificado con el
número CJU-6852.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 Acción de tutela radicada el 27 de abril de 2026 a la que se le asignó la secuencia interna 5084.
2 Índice 002 de Samai. El poder fue conferido al abogado Julio Enrique Llinás Rojas, autenticado

en la Notaría 52 del Círculo de Barranquilla.

Demandante: Carmiña Isabel Rojas de Pino
Demandado: Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03214-00

[…]
2, Declarar la nulidad y/o ineficacia y/o inaplicabilidad del| auto descrito en los
hechos cinco (5) y seis (6) de esta demanda y de toda la actuación posterior que
(sic)juridicamente dependa de la citada providencia,

3. DIRIMIR el conflicto de (sic)iurisdicciones entre el Juzgado 01 1 Laboral del
Circuito Judicial de Barranquilla y el Juzgado 011 Administrativo Oral de la misma
ciudad, y DECLARAR que el Juzgado 011 Laboral del Circuito Judicial de
Barranquilla es la autoridad competente para dar continuidad a la demanda
promovida por |a señora Carmiña Isabel Rojas de Pino (hecho dos).

4. Por intermedio de la Secretaria General, REMITIR el expediente CJU-6852 al
Juzgado 011 Laboral del Circuito Judicial de (sic)Barranguilla para que continúe
con el trámite del proceso y comunique la presente decisión a los interesados,
incluyendo al Juzgado 011 Administrativo Oral de Barranquilla.3

1.3. Hechos

La señora Carmiña Isabel Rojas de Pino obtuvo el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, a
través de las Resoluciones SUB145793 del 30 de mayo de 2018; SUB178315 del
3 de julio de 2018 y DIR12624 del 9 de julio de 2018.

Sin embargo, la actora afirmó que Colpensiones le manifestó que no tuvo en
cuenta el periodo que laboró en el Instituto de Tránsito del Atlántico - entre el 11
de marzo de 1992 al 10 de septiembre de 1993- comoquiera que este último no
pagó el bono pensional.

Por lo anterior, la señora Rojas de Pino a través de apoderado judicial, promovió
demanda laboral contra el Instituto de Tránsito del Atlántico, con el fin de que le
reconozca y pague la suma de $25.000.000 «por concepto del bono pensional tipo
A». Además de los perjuicios, reajustes, indexaciones e intereses moratorios
causados por haber laborado en la referida entidad.

El proceso se asignó al Juzgado Once Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla,
que mediante auto del 10 de octubre de 20244 declaró la falta de competencia para
conocer de la demanda y ordenó su remisión a los juzgados administrativos del
circuito judicial de Barranquilla. Lo anterior comoquiera que advirtió la existencia
de una relación legal y reglamentaria entre la demandante y el Instituto de Tránsito
del Atlántico, cuyo conocimiento escapa a los asuntos que decide la jurisdicción
ordinaria y es competencia de la jurisdicción contenciosa, en atención a lo
dispuesto en el ordinal 4 del artículo 104 del CPACA5.

3 Transcripción literal que puede contener errores.
4 Se le asignó el radicado 08001-31-05-011-2022-00367-00.
5 Artículo 104. De la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones

2

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Demandante: Carmiña Isabel Rojas de Pino
Demandado: Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03214-00

El expediente se repartió al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla que a través del proveído de 17 de junio de 20256 propuso un conflicto
negativo de competencia respecto del asunto y remitió las diligencias a la Corte
Constitucional. Al respecto, indicó que, las controversias referentes al sistema de
seguridad social integral ente los afiliados y empleadores, como sucede en este
caso, deben decidirse por la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo señalado
en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 20017.

Mediante auto del 1°de octubre de 2025 la Corte Constitucional dirimió el conflicto
de competencia y declaró que la disputa debía ser resuelta por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, comoquiera que la jurisdicción
contencioso administrativa conoce «de las demandas contra los actos laborales o
de la seguridad social en las que se pretende la emisión de un bono pensional de
un servidor público cuyo régimen de pensiones durante el tiempo de vinculación
objeto de reclamo, era administrado por una entidad de derecho público».

Además, la Corte Constitucional explico que, siguiendo las reglas fijadas en el auto
504 de 2023 para determinar la competencia «debe verificarse la naturaleza de la
vinculación y de la entidad administradora al momento de causarse la prestación».
En consecuencia, señaló que, «si se está frente a una entidad administradora de

y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
[…]
4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la
seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de
derecho público.
[…]
ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto
en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
Igualmente conocerá de los siguientes procesos:
[…]
4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la
seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de
derecho público.
[…].
6 Se repartió bajo el radicado 08001-33-33-011-2025-00104-00
7 Artículo 2o. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de

seguridad social conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral.
3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras,
cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.
[…]

3

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Demandado: Corte Constitucional
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pensiones se tiene la naturaleza de entidad pública, conocerá la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y si se trata de una persona de derecho privado, la
competente será la jurisdicción ordinaria laboral».

En ese sentido, concluyó que, como la demandante, al momento en que se causó
la prestación pensional tenía una vinculación como empleada pública y el pago de
los aportes reclamados mediante el bono pensional corresponden al periodo
laborado en una entidad pública, esto es, el Instituto de Tránsito del Atlántico, la
competencia para resolver la controversia de la señora Carmiña Isabel Rojas es
de la jurisdicción contenciosa. Además, porque la prestación era actualmente
administrada por Colpensiones y la demandada era una entidad pública.

El anterior proveído se notificó por estado el día 31 de octubre de 20258.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Si bien la parte actora no indicó cuáles son los defectos en los que incurre el auto
cuestionado, refirió que este es inconstitucional, por lo que vulnera sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Como sustento, señaló que, entre el numeral 4° del artículo 2 de la Ley 712 de
2011, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, y el ordinal 4° del
artículo 104 del CPACA, existe una contradicción en cuanto a la jurisdicción
competente para conocer de los procesos en los que se discuten asuntos en
materia de bonos pensionales.

En consecuencia, consideró que, para resolver cuál es la normativa aplicable a su
caso debe aplicarse la regla contenida en el artículo 2° de la Ley 153 de 1887 que
señala que: «La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una
ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se
juzga, se aplicará la ley posterior».

Por lo anterior, concluyó que, como el artículo 622 del C.G.P.9 «derogó tácitamente
el artículo 104, numeral 4 del CPACA» y es posterior al artículo 104 CPACA, su
caso debe regirse por el artículo 622 ibidem, y, por lo tanto, el juez competente
para resolver su demanda es el ordinario en su especialidad laboral.

8 Consultado en la página web de la Secretaría General de la Corte Constitucional. Estado 175 del

31 de octubre de 2025.
9 ARTÍCULO 622. <Artículo derogado a partir del 2 de abril de 2026 por el artículo del artículo 331

de la Ley 2452 de 2025> Modifíquese el numeral 4 del artículo 2o del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, el cual quedará así:
"4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten
entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos".

4

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1.5. Admisión de la tutela

Por medio de auto del 8 de mayo de 2026, la Magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la accionante10, y como parte accionada a los
Magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional11.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso al Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla12, al Juzgado 11 Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla 13
[autoridades judiciales sobre quienes se dirimió el conflicto de jurisdicciones], al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Tercera de Decisión14 [que según
la tutela, resolvió un recurso de queja], al Instituto Nacional de Tránsito del Atlántico15
[extremo pasivo del proceso ordinario], y a la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones16 [entidad que administra el régimen pensional de la
accionante].

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Tercera de
Decisión17

La magistrada Lisbeth Niebles Mejía, como titular del despacho 007 de esta
Corporación, señaló que conoció del recurso de queja interpuesto por la actora
contra el proveído del 12 de mayo de 2025 del Juzgado Once Laboral del Circuito
Judicial de Barranquilla, en el que rechazó el recurso de alzada que la accionante
elevó contra el auto que declaró la falta de competencia.

10 Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó a los correos: juliollinas52@gmail.com y
jorpino.jp@gmail.com.
11 Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó a los correos:
presidencia@corteconstitucional.gov.co; secretaria1@corteconstitucional.gov.co y
conflictosjurisdic@corteconstitucional.gov.co.
12 Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó al buzón:
adm11bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
13 Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó al buzón: lcto11ba@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14 Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó al buzón:
sgtribsupbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co y prtribsbarran@cendoj.ramajudicial.gov.co.
15 Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó al buzón: juridica2@transitodelatlantico.gov.co.
16 Índice 007 de Samai. La notificación se efectuó al buzón:
notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co.
17 Índice 010 de Samai.

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Demandado: Corte Constitucional
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Refirió que, a través de la providencia del 12 de mayo de 2025 declaró bien
denegado el recurso, y le notificó debidamente esta decisión a la demandante.

Por tanto, concluyó que no incurrió en ninguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la tutelante.

1.6.2. Corte Constitucional18

La magistrada ponente de la decisión enjuiciada pidió que se declare improcedente
la solicitud de amparo porque no cumple con el requisito de relevancia
constitucional debido a que carece de argumentación, y porque el mandato judicial
acusado se sustentó en las reglas fijadas por esta Corporación, en el auto 504 de
2023, para dirimir los conflictos de jurisdicciones sobre asuntos donde se pretende
la emisión de un bono pensional de un servidor público, cuyo régimen de
pensiones durante el tiempo de la vinculación objeto de reclamo, fue administrado
por una entidad de derecho público.

Sin embargo, señaló que, debido a que la actora está inconforme con el anterior
proveído contra el que no cabe recurso alguno, pues se trata de decisiones en el
marco de la resolución de los conflictos interjurisdiccionales, pretende usar este
mecanismo constitucional para que el juez de tutela declare nulo el auto 1501 de
2025 y determine que la competencia radica en el Juzgado Once Laboral del
Circuito Judicial de Barranquilla, finalidad para la que no está instituida esta acción.

Además, afirmó que el planteamiento de la accionante no es de recibo, pues el
artículo 622 del C.G.P. no derogó de forma expresa o tácita el artículo 104 del
CPACA, es decir, que ambas disposiciones coexisten dentro del ordenamiento
jurídico y son susceptibles de una interpretación sistemática y armónica, razón por
la cual el debate planteado por la señora Carmina Rojas corresponde a una
controversia de tipo hermenéutico sobre la delimitación de competencias y no a la
aplicación de una norma derogada o inexistente.

1.6.3. Colpensiones19

La directora del área de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó su
desvinculación del presente tramite por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que las pretensiones formuladas por la señora Rojas de Pino
se dirigen a cuestionar el auto proferido por la Corte Constitucional, asunto sobre
el cual no tiene injerencia alguna.

18 Índice 013 de Samai.
19 Índice 014 de Samai.

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1.6.4. El Juzgado 11 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, el
Juzgado 11 Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla y el Instituto
Nacional de Tránsito del Atlántico guardaron silencio, pese a que fueron
debidamente notificados de la presente acción.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Carmiña Isabel Rojas de Pino contra la Corte
Constitucional, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación20.

2.2. Cuestión previa

Colpensiones solicitó ser desvinculada de esta acción constitucional tras
considerar que no le asiste legitimación en la causa por pasiva.

La Sala accederá a la solicitud de desvinculación, en la medida en que, pese a que
esta dependencia fue vinculada como tercero con interés, lo cierto es que no se
advierte que la decisión que se profiera dentro del presente mecanismo
constitucional comporte un beneficio o afectación a los intereses de la entidad,
comoquiera que las pretensiones están dirigidas a cuestionar la providencia en la
que la Corte Constitucional dirimió el conflicto de competencias entre autoridades
judiciales, respecto de lo cual, no tiene injerencia alguna Colpensiones.

2.3. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la solicitud invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sección resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿La Corte Constitucional vulneró las garantías invocadas en la tutela con
ocasión de la providencia proferida el 1° de octubre de 2025 en el que

20
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

7

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resolvió el conflicto de competencia suscitado entre los juzgados Once
Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla y Once Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla para conocer de la demanda de la actora?

Para decidir sobre los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201221
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema22 y declaró su
procedencia.23

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir

21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
22 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
23 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

8

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términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202224 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal25
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

24 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
25 Sentencia SU-573 de 2019.

9

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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico26; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional27.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal28”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales29”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto30, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal31.
(Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestiona el auto dictado el 1° de octubre de 2025 por la Corte
Constitucional en el que resolvió el conflicto de competencia suscitado entre los
juzgados Once Laboral y Once Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla,
y determinó que este último es el competente para tramitar la demanda presentada

26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-128 de 2021.
30 Sentencia SU-573 de 2019.
31 Ibid.

10

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Demandante: Carmiña Isabel Rojas de Pino
Demandado: Corte Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03214-00

por la señora Carmiña Rojas de Pino, en la que reclama el reconocimiento y pago
del bono pensional causado por el tiempo que laboró en el Instituto de Tránsito del
Atlántico.

Ahora bien, aunque la parte tutelante no señaló de forma concreta el defecto en el
que presuntamente incurrió la providencia enjuiciada, se deriva que lo alegado es
la configuración del yerro sustantivo comoquiera que, a juicio de la actora, para
determinar la competencia en su asunto, debía aplicarse el artículo 622 de la Ley
1564 de 2012 y no el 104 del CPACA. En consecuencia, concluyó que su pleito
debía resolverse por el Juzgado Once Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla.

Respecto de lo alegado por la actora, la Sala evidencia que los argumentos
planteados carecen de carga argumentativa, por lo que este mecanismo se torna
improcedente porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional, como
pasa a explicarse.

Para dar sustento a su reclamación, la parte accionante alegó que, como entre el
numeral 4° del artículo 2 de la Ley 712 de 2011, modificado por el artículo 622 de
la Ley 1564 de 2012, y el ordinal 4° del artículo 104 del CPACA existe una
contradicción, es menester aplicar la regla contenida en el artículo 2° de la Ley 153
de 1887, respecto de la prevalencia en la aplicación de la ley posterior sobre la
anterior para determinar cuál es el funcionario que debería asumir el conocimiento
de su asunto. En ese sentido, concluyó que, como el artículo 622 ibidem es
posterior y «derogó» el 104 del CPACA, debería aplicarse el primero y, en
consecuencia, remitir su proceso a la jurisdicción ordinaria laboral.

Sin embargo, el planteamiento de la tutelante realmente expone un desacuerdo
con la decisión proferida por la Corte Constitucional, que consideró que la
competencia para conocer de la demanda laboral ordinaria promovida por la
señora Rojas de Pino era de la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez
que la demandante tenía la calidad de empleada pública, los aportes reclamados
mediante bono pensional provenían de una vinculación con una entidad estatal y
el régimen pensional era administrado por entidades públicas.

Por lo anterior, para la Alta Corporación, en el caso de la actora, se cumplían las
condiciones necesarias para aplicar la regla de competencia fijada en el auto 504
de 2023 que señaló que: «la jurisdicción de lo contencioso-administrativa es la
competente para conocer de las demandas contra actos laborales o de la
seguridad social en las que se pretende la emisión de un bono pensional de un
servidor público cuyo régimen de pensiones, durante el tiempo de la vinculación
objeto de reclamo, era administrado por una entidad de derecho público».

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En ese sentido, se advierte que los argumentos desplegados en el escrito de tutela
carecen de carga argumentativa en torno a la transgresión de garantías
fundamentales dado que los planteamientos de la tutelante se dirigen a efectuar
un análisis de las normas que definen la competencia de los juzgados de las
especialidades ordinaria laboral y contencioso administrativa, diferente a la que ya
fue establecida por la Corte Constitucional en asuntos donde se reclama el pago
de un bono pensional de un servidor público cuyo régimen de pensiones durante
el tiempo de la vinculación fue administrado por una entidad de derecho público,
en lo que la autoridad judicial accionada ha determinado que la competencia es de
la jurisdicción contenciosa.

No obstante, como la parte accionante quiere que su asunto sea conocido por la
jurisdicción ordinaria y no por la contencioso administrativa, alega la configuración
de un defecto sustantivo, sin explicar de forma suficiente las razones por la que
considera que el auto cuestionado vulnera los derechos constitucionales
invocados en este mecanismo constitucional, sino que pretende que a través de
esta acción el juez de tutela acoja el criterio planteado por la actora en cuanto a la
autoridad que a su juicio, debería tramitar su proceso.

Al respecto, cabe recordar que la carga argumentativa a la que hace alusión la
Corte Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir
artículos de la Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más
cuando se trata de una providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:

[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.32

Por último y como arriba se indicó, el examen de este mecanismo constitucional
dirigido contra las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales invocados, en los términos
que indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga
argumentativa no se satisface de manera plena por la parte actora, pues contrario
a ello, por medio de la presente acción se busca que el juez de tutela adopte una
interpretación favorable a su reclamación .

32 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser
procedente para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las
corporaciones de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe
tener cuando se pretende dejar sin efectos una decisión de la Corporación a la que
Constitución Política33 le asignó el conocimiento en una determinada materia.

Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia, circunstancia por la
que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de este mecanismo
constitucional y la desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el
presente caso, la solicitud de amparo se torna improcedente por no superar el
requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Desvincular del presente trámite a Colpensiones.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la
señora Carmiña Isabel Rojas de Pino contra la Corte Constitucional, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

33 «Artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de

2015. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones:
[…]
11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
[…] [Negrillas fuera de texto]

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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