República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03228-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: subsidio familiar, soldados
profesionales. Subtema 3: defecto sustantivo.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy contra
la sentencia de primera instancia del 11 de junio de 2026 proferida por la Sección
Cuarta de esta corporación.
1. Síntesis del caso
El señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy presentó solicitud de amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la prevalencia del
derecho sustancial, al acceso a la administración de justicia, al respeto de los
derechos adquiridos y a la seguridad jurídica, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Putumayo con ocasión de la sentencia del 30 de octubre
de 2025 emitida dentro del proceso con radicado núm. 86001-33-33-001-2020-
00048-00/02.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes, la Sala considera como relevantes los siguientes hechos:
1
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 2, certificado núm. 40B95D462F86D2C9
39B1F526F7C5FE2F 0923E0697A3924D9 7CC9313173941AB1.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
2. El señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy ingresó al Ejército Nacional a
prestar su servicio militar en 2004 y como soldado profesional el 15 de noviembre
de 2006. Contrajo matrimonio el 3 de septiembre de 2011 y sus dos hijos nacieron
en 2012 y 2017. Además, solicitó el reconocimiento del subsidio familiar el 25 de
julio de 2014, el cual se le concedió en los términos del Decreto 1161 de 2014.
3. Posteriormente, el 29 de julio de 2019, reclamó la reliquidación del subsidio
familiar conforme al artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y el reconocimiento de la
prima de actividad; sin embargo, con oficio 20193112210061: MDN-CGFM-COEJC-
SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER 1.10 del 9 de noviembre de 2019, fue negada dicha
petición.
4. Por lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con las pretensiones de que se declarara la nulidad del
mencionado oficio y, en consecuencia, que se ordenara el reajuste de sus salarios
y prestaciones con el reconocimiento del subsidio familiar, en los términos del
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, desde el 3 de septiembre de 2011 que
contrajo matrimonio; y de la prima de actividad.
5. El asunto correspondió bajo el radicado núm. 86001-33-33-001-2020-00048-
00 al Juzgado Primero Administrativo de Mocoa que, mediante sentencia del 13 de
diciembre de 20222, negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho.
6. Contra esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación en
cuanto se negó la pretensión relacionada con el reconocimiento y reajuste del
subsidio familiar, con fundamento en que la sentencia del 8 de junio de 20173 del
Consejo de Estado anuló, con efectos ex tunc, el Decreto 3770 de 2009, motivo por
el que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró vigencia y resultaba aplicable
al caso concreto.
7. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Putumayo confirmó la
decisión apelada a través de fallo del 30 de octubre de 20254, para lo cual
argumentó que, aunque la nulidad del Decreto 3770 de 2009 produjo la reviviscencia
del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, esos efectos solo aplican frente a
situaciones jurídicas no consolidadas.
8. En tal sentido, explicó que, en el caso concreto, la situación del accionante ya
había quedado definida porque el subsidio le fue reconocido mediante las órdenes
administrativas de personal núms. 2024 de 2014 y No. 2105 de 2018, con
fundamento en el Decreto 1161 de 2014, actos que no fueron demandados.
2
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 2, certificado núm. EC96C9FEB3C39BE0
D42A63C7B6416E30 FEB963DC28905C41 6E066AB7BE028784, folios 1 a 10.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
4
Samai, expediente núm. 86001-33-33-001-2020-00048-02, índice 15, certificado núm. F4045AAD226E3CD3
6D56EBA323ACADA2 5D54138DC8058213 A485AF38C0016E78.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
9. Por ello, el Tribunal concluyó que no era procedente ordenar el reconocimiento
o reajuste del subsidio familiar con base en el Decreto 1794 de 2000, pues la
solicitud y el reconocimiento administrativo se realizaron cuando ya estaba vigente
el Decreto 1161 de 2014. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones del demandante y lo condenó en costas en
segunda instancia.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. El señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy solicitó al juez constitucional5 que
ampare sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
prevalencia del derecho sustancial, al acceso a la administración de justicia, al
respeto de los derechos adquiridos y a la seguridad jurídica, y que declare la nulidad
de la sentencia del 30 de octubre de 2025. En consecuencia, que se ordenara lo
siguiente:
[…] al Tribunal Administrativo del Putumayo proferir una nueva sentencia, en la que
se reconozca que el actor tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado y
pagado conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir
de la fecha en que consolidó el derecho objetivo al reconocimiento de dicha
prestación6.
11. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que el Tribunal
Administrativo del Putumayo vulneró sus derechos fundamentales al desconocer
que la nulidad del Decreto 3770 de 2009, declarada con efectos ex tunc en la
sentencia del Consejo de Estado del 8 de junio de 20177, revivió el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000. Por ello, no podía considerar consolidada la situación jurídica
solo porque el subsidio fue reconocido bajo el Decreto 1161 de 2014, sino que debía
aplicar el régimen más favorable vigente por efecto de la nulidad.
12. En ese orden, el tutelante afirmó que la sentencia del 30 de octubre de 2025
incurrió en defecto sustantivo al interpretar de forma restrictiva el concepto de
situación jurídica consolidada, puesto que el hecho de que el subsidio familiar haya
sido reconocido mediante actos administrativos expedidos con fundamento en el
Decreto 1161 de 2014 no impedía estudiar si el derecho se había causado con
anterioridad, ni convertía automáticamente esa situación en definitiva e
inmodificable.
13. Agregó que el Tribunal omitió verificar el momento en que se estructuró el
derecho al subsidio familiar, particularmente la fecha en que el accionante cumplió
el supuesto fáctico exigido: el matrimonio. Así, al tener en cuenta que dicho hecho
generador ocurrió antes del 1 de julio de 2014, la norma aplicable sería el artículo
11 del Decreto 1794 de 2000, revivido retroactivamente por la declaratoria de
nulidad ex tunc del Decreto 3770 de 2009.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 2, certificado núm. 40B95D462F86D2C9
39B1F526F7C5FE2F 0923E0697A3924D9 7CC9313173941AB1.
6
Se transcribe incluso con errores de texto.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
14. Por otro lado, el accionante adujo que la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en sentencia del 27 de octubre de 2021, explicó que el reconocimiento del
subsidio bajo el Decreto 1161 de 2014 no excluye la aplicación del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 cuando el hecho generador del derecho ocurrió antes del 1
de julio de 2014. En el caso concreto, reiteró que contrajo matrimonio el 3 de
septiembre de 2011, por lo que su situación debía analizarse bajo la norma revivida
por la nulidad ex tunc del Decreto 3770 de 20098.
15. Por último, argumentó que el Tribunal impuso una carga procesal irrazonable
al exigir que el accionante hubiera demandado las órdenes administrativas de
personal que reconocieron inicialmente el subsidio, cuando esos actos fueron
expedidos válidamente bajo la normativa vigente en su momento. Así, el verdadero
acto definitivo demandable era el oficio del 9 de noviembre de 2019, que negó de
fondo la solicitud de reconocimiento y pago del subsidio desde la fecha del
matrimonio.
2.3. Trámite Procesal
16. La tutela correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, emitió auto el 6 de mayo de 20269 en el que admitió la
acción; vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y al
Juzgado Primero Administrativo de Mocoa; suspendió los términos del trámite
constitucional y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
17. El Juzgado Primero Administrativo de Mocoa aportó el expediente ordinario y
guardó silencio respecto de los cargos de tutela10.
18. El Tribunal Administrativo del Putumayo contestó que la tutela era
improcedente porque la sentencia cuestionada habría sido motivada, razonable y
ajustada al marco normativo y jurisprudencial aplicable. Solicitó que se nieguen las
pretensiones de amparo, al considerar que no incurrió en los defectos invocados,
pues la situación jurídica del actor quedó consolidada bajo el Decreto 1161 de 2014
y ello impedía aplicar retroactivamente el artículo 11 del Decreto 1794 de 200011.
19. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional12 pidió que se nieguen las
pretensiones de la tutela por improcedentes, puesto que no existe vulneración del
debido proceso ni defecto en la sentencia cuestionada, ya que el proceso ordinario
se surtió conforme a la ley y el Tribunal Administrativo del Putumayo decidió con
fundamento en la normativa vigente y el precedente aplicable. Afirmó que el
accionante tenía una situación jurídica consolidada bajo el Decreto 1161 de 2014
8
Expediente núm. 11001-03-15-000-2021-04441-01.
9
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 4, certificado núm. 96EA76FB84C574E8
9A21BF1848E0FD19 D86499EDEB6C2B40 9D7EE3CFE0C6D90A.
10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 12, certificado núm. 8B421358279A8A59
91E86B441EA61CFB B647FA17CE4B664F A4127B6534B21B1D.
11
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 13, certificado núm. A479DB1E0DF7AEF1
B333AC6FCE03FD0C 78E1EC634626C2DB 5B9770FA0E2AC783.
12
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 14, certificado núm. E7C8E8DEF9E4F307
50984753349BEEA2 9882E2D7ADDA70A2 A7A3A55D847D9671.
4
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Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
porque solicitó y obtuvo el subsidio en vigencia de esa norma, y que el amparo no
podía convertirse en una tercera instancia para reabrir debates ya resueltos en el
proceso ordinario.
2.5. Sentencia de tutela de primera instancia
20. La Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia, el 11 de junio de 202613, en la que declaró improcedente el amparo, por
no encontrar cumplido el requisito de relevancia constitucional. Para ello, citó
apartes de la providencia cuestionada y consideró que en esta el Tribunal no actuó
de manera abiertamente caprichosa, arbitraria ni vulneró derechos fundamentales.
2.6. Impugnación
21. El señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy presentó recurso de impugnación
contra la sentencia del 11 de junio de 2026, para lo cual afirmó que la acción superó
el requisito de relevancia constitucional y reiteró la vulneración de sus derechos
fundamentales con la decisión del Tribunal Administrativo del Putumayo14.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Sala Dual,
tiene competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte
accionante, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
de Colombia y 32 del Decreto 2591 de 199115.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
23. La legitimación en la causa por activa del señor Esaul Esteban Vallejo
Manchabajoy se encuentra acreditada, por cuanto es el demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la sentencia
del 30 de octubre de 2025 que, según afirmó, vulneró sus derechos fundamentales.
24. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Putumayo, por ser la autoridad que profirió la mencionada
providencia, la cual, según sostuvo la parte tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial
25. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado16 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
13
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 20, certificado núm. BCEF6C8D97ED1A05
2CA22CD00CC59D7A C192068DA08C8E9D 88633B9CF598BD73.
14
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 26, certificado núm. 7E95B0DDA513E1BB
D7E8312F80AAF8F1 3BE3909C41E391DD 3396AD5F9E50E5A7.
15
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
5
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Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional17.
26. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales18 y,
por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución19.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional20
ha sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia21.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
19
Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
6
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30. En el caso concreto, contrario a lo que consideró el juez de tutela de primera
instancia, esta Sala encuentra que la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
31. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
32. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 30 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Putumayo y la demanda de tutela se presentó el 27 de abril de 202622, esto es,
dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional23 y del
Consejo de Estado24 como razonable.
33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela,
sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
34. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad con relación al defecto sustantivo, en ese orden,
continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
35. Antes de establecer el problema jurídico a resolver, la Sala debe precisar que,
si bien el tutelante alegó la configuración de diferentes defectos en la providencia
objeto de reparos, lo cierto es que el argumento principal de amparo radica en el
desconocimiento de los efectos de la sentencia del Consejo de Estado del 8 de junio
de 2017 y la consecuente indebida aplicación de las normas que regulan el subsidio
familiar. En tal sentido, se analizarán todos los cargos bajo la posible configuración
de un defecto sustantivo.
36. La Sala deberá determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la prevalencia del derecho
sustancial, al acceso a la administración de justicia, al respeto de los derechos
adquiridos y a la seguridad jurídica del tutelante?
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
22
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-03228-00, índice 1.
23
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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37. En particular, establecer si ¿la sentencia del 30 de octubre de 2025 incurrió en
el defecto sustantivo por desconocimiento de los efectos ex tunc del fallo del 8 de
junio de 201725, al confirmar la providencia del 13 de diciembre de 2020 que negó
las pretensiones reconocimiento y pago del subsidio familiar del aquí accionante?
38. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; ii) el
subsidio familiar de los soldados profesionales y iii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
39. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado26.
40. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
41. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]27.
42. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
27
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
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43. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)28.
3.4.2. El subsidio familiar en las Fuerzas Militares
44. El Gobierno nacional creó con el artículo 11 del Decreto 1794 del 14 de
septiembre de 200029 el subsidio familiar para los soldados profesionales que
estuvieran casados o con unión marital de hecho, equivalente al 4% del salario
básico, más la prima de antigüedad, con el requisito de que reportaran el cambio en
el estado civil:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al
cuatro por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad
con la reglamentación vigente.
45. El anterior artículo fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de
30
2009 ; sin embargo, el beneficio permaneció para aquellos uniformados que ya lo
devengaban. Luego, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201431 creó de nuevo el
subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueran favorecidos con la
prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados, en unión marital o
viudos con hijos a cargo, en cuantía del 20% de la asignación básica más un
porcentaje por cada hijo32. También para los que tuvieran hijos, en los porcentajes
definidos.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
29
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares».
30
«Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
31
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones».
32
«ARTÍCULO 1.º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales. Créase,
a partir del 1° de julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares en servicio activo, que no perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000
y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y reconocerá mensualmente sobre su asignación básica,
así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital de hecho
vigente, tendrán derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por
la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme
al literal c. de este artículo.
[…]
c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir
subsidio familiar por este concepto calculado sobre su asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento
(3%), por el segundo hijo el dos por ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el
soldado profesional o el infante de marina profesional por este concepto podrá percibir más del seis por ciento
(6%) de su asignación básica.
PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá sobrepasar el
veintiséis por ciento (26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e infantes de marina
profesionales».
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
46. Finalmente, en sentencia del 8 de junio de 201733, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc34, la nulidad
del Decreto 3770 de 2009, por cuanto encontró que fue regresivo y carente de
legalidad, que contravino los principios y normas en que debía fundarse y que no
era compatible con el contenido esencial de los derechos a la protección, a la
seguridad social, al trabajo, y a la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no
estuvo dirigido a promover el bienestar general de los soldados profesionales.
47. Posteriormente, con ocasión de solicitudes de adición y aclaración de la
sentencia del 8 de junio de 201735 en relación con los efectos ex tunc de la nulidad
declarada del Decreto 3770 de 2009, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado emitió auto, el 8 de septiembre de 2017, en el que negó lo
reclamado. No obstante, indicó sobre el asunto:
[…] la Sala considera prudente reiterar que conforme con su inveterada y pacífica
jurisprudencia, es claro que la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex
tunc, es decir, se retrotrae la actuación desde el momento en que se profirió el acto
administrativo anulado, por consiguiente, queda la situación jurídica en el estado en
que se encontraban antes de la expedición de dicho acto. Por lo tanto, si se declara
la nulidad de un acto administrativo que había derogado o revocado otro acto
administrativo, la consecuencia es que el acto revocado o derogado cobra
nuevamente vigencia, incluida su presunción de legalidad.
Sobre los efectos de los fallos de nulidad, también ha sido abundante la
jurisprudencia de la Corporación en el sentido de que, en relación con las situaciones
jurídicas no consolidadas, son ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al
momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven
al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las
situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la
sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se
tome. Es así que respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, se reitera,
las sentencias de nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es
decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran
susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta
jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”, de manera inmediata.
[…]
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros
días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de
las vías legalmente establecidas.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
34
Desde el principio.
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
48. De acuerdo con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio
de 201736 implican que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza
vinculante desde que fue derogado con el Decreto 3770 de 2009, hasta que fue
proferido el Decreto 1161 de 2014 que sigue vigente.
49. En ese orden, los soldados profesionales que desde el 30 de septiembre de
2009 hasta el 23 de junio de 201438 cumplieron los requisitos para ser beneficiarios
37
del subsidio familiar, como contraer matrimonio, y que no pudieron percibirlo en ese
periodo ante la derogatoria del mencionado artículo 11, tuvieron la posibilidad de
reclamar la liquidación de la prestación con la sentencia del 8 de junio de 2017.
50. Finalmente, se advierte que la sentencia del 8 de junio de 201739 fue objeto de
una acción de tutela40 interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, sin embargo, fue declarada improcedente en primera instancia, decisión
modificada en segunda instancia, en el sentido de negar la solicitud de amparo.
3.5. Caso concreto
51. El señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy acudió a la acción de tutela con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la prevalencia del derecho sustancial, al acceso a la administración de
justicia, al respeto de los derechos adquiridos y a la seguridad jurídica. En
consecuencia, solicitó que se deje sin efectos la sentencia del 30 de octubre de
2025 y que se ordene al Tribunal Administrativo del Putumayo que expida una nueva
providencia que disponga el reconocimiento y pago del subsidio familiar al que
tienen derecho en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
52. Para la parte actora, el Tribunal desconoció los efectos ex tunc de la sentencia
del 8 de junio de 2017 que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 que, a su
vez, derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Argumentaron que el cambio
en el estado civil se produjo antes de la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014,
motivo por el que no solicitaron el reconocimiento del subsidio, pero que, con la
decisión del Consejo de Estado, tuvieron certeza de que podían reclamar el pago
de la prestación.
3.5.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
53. Revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que el
Tribunal Administrativo del Putumayo, en el fallo del 30 de octubre de 2025, confirmó
la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Mocoa que negó las
pretensiones del aquí tutelante de reconocimiento y pago del subsidio familiar
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
37
Fecha de entrada en vigor del Decreto 3770 de 2009.
38
Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
40
Radicado núm. 11001-03-15-000-2018-00859-01.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
pretendido con base en lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; por
las siguientes razones:
42. La Sala encuentra que el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante únicamente controvierte la negativa del subsidio familiar y no así la prima
de actividad que también fue negada. En ese orden de ideas se estudiará únicamente
lo referente al subsidio familiar.
43. El Tribunal ciertamente, observa que, una vez el demandante realizó la
reclamación del subsidio familiar, la entidad demandada reconoció la prestación,
aplicando el Decreto No. 1161 de 2014, comoquiera que, esa era la norma que para
el momento se encontraba vigente dentro del ordenamiento jurídico.
44. Del mismo modo, la sentencia del 8 de julio de 2017 que declaró la nulidad con
efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009, derogatorio del artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, contempló” (…) De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con
efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas
contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con
el fin de evitar la existencia de vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica
generada por la ausencia de regulación particular y específica respecto de situaciones
jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue
subrogado por el Decreto 1161 de 2014 (…)” .
45. Se destaca que, el demandante contrajo matrimonio el 3 de septiembre de 2011,
es decir, cuando el Decreto 1794 del 2000 estaba derogado; la solicitud y el
reconocimiento del subsidio, se hicieron bajo la égida del Decreto 1161 de 2014, pues
era el decreto que para ese entonces se encontraba vigente. En consecuencia, no
resulta procedente acceder al derecho reclamado, esto es, al reconocimiento y pago
del subsidio familiar con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.
46. En el presente asunto, como se ha señalado, la situación jurídica del demandante
quedó definida con la expedición de la OAP No. 2024 del 30 de septiembre de 2014
y OAP No. 2105 del 2 de noviembre de 2018, actos mediante los cuales se le
reconoció el subsidio familiar conforme al Decreto 1161 de 2014.
47. Precisa la Sala que la situación jurídica del uniformado demandante se encuentra
consolidada, en tanto el actor no demandó los mencionados actos administrativos, o
al menos no obra en el expediente prueba alguna de que lo haya hecho, razón por la
cual tal y como lo señaló la entidad demandada, la situación jurídica del demandante
al encontrarse consolidada no le eran extensivos los efectos de la sentencia del 8 de
julio de 2017 que declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 200941.
54. En concreto, para el Tribunal Administrativo del Putumayo, como el señor
Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy solicitó el reconocimiento del subsidio familiar
y la entidad demandada le reconoció la prestación con fundamento en el Decreto
1161 de 2014 que estaba vigente para ese momento, la situación se encontraba
consolidada y no tenía derecho a la prestación en los términos del Decreto 1794 de
2000.
41
Se transcribe incluso con errores de texto.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por el actor
55. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Putumayo incurrió
en el defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar
que no está en discusión que el señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy contrajo
matrimonio el 3 de septiembre de 2011.
56. Ahora, respecto al subsidio familiar para el cuerpo profesional de las Fuerzas
Militares, cabe recordar que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 reguló dicha
prestación; norma que fue derogada por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de
200942. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201443 creó de nuevo el
subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueron favorecidos con la
prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados, en unión marital o
viudos con hijos a cargo.
57. Bajo este contexto, se advierte que para el momento en que el señor Esaul
Esteban Vallejo Manchabajoy contrajo matrimonio no se encontraba en vigor el
artículo 11 del Decreto 1794 de 200044, por lo que, en principio, no existía un
fundamento jurídico que le permitiera solicitar y acceder al reconocimiento y pago
del subsidio familiar en los términos descritos en la mencionada norma. Dicha
circunstancia se mantuvo hasta la expedición del Decreto 1161 de 2014, que creó
la prestación en condiciones menos favorables para el caso concreto.
58. Es preciso tener en cuenta que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 8 de junio de 201745, declaró, con efectos ex
tunc, la nulidad del Decreto 3770 de 2009. Posteriormente, la corporación, mediante
auto del 8 de septiembre de 2017, negó las solicitudes de adición y aclaración de la
citada sentencia en relación con los efectos ex tunc de la nulidad declarada del
Decreto 3770 de 2009; sin embargo, expuso lo siguiente:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto
1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros
días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de
las vías legalmente establecidas.
59. Conforme con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio
de 201746 implican que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza
vinculante desde que fue derogado por el Decreto 3770 de 2009 para todos aquellos
42
«Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
43
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se
dictan otras disposiciones».
44
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las
Fuerzas Militares»
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
que contrajeron matrimonio o unión marital de hecho con anterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 1161 de 2014, pues esta última norma resulta aplicable para
quienes cumplieron con el mencionado presupuesto con posterioridad a su
promulgación.
60. De esta manera, los soldados e infantes de marina profesional que al 23 de
junio de 201447 ya habían cumplido los requisitos para ser beneficiarios del subsidio
familiar, como contraer matrimonio, y que no pudieron percibir la prestación antes
de la derogatoria del mencionado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, tenían la
posibilidad de reclamar la liquidación de la prestación con la sentencia del 8 de junio
de 201748.
61. Por lo anterior, es claro que los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio
de 2017, contrario a lo considerado por el Tribunal demandado, tenía impacto en la
situación particular del señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy de cara al
reconocimiento y pago del subsidio familiar pretendido conforme con lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que demostró que contrajo
vínculo matrimonial con anterioridad a la promulgación del Decreto 1161 de 2014.
62. Así pues, es pertinente aclarar que, si bien el Ejército Nacional reconoció y
ordenó el pago del subsidio familiar a favor del señor Esaul Esteban Vallejo
Manchabajoy con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de
2014; lo cierto es que ello obedeció al vacío jurídico que ocasionó el Decreto 3770
de 2009 y que el Decreto 1161 de 2014 pretendía subsanar.
63. En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo, según la
jurisprudencia constitucional, se configura ante «[…] la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del
juez»49.
64. Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso
del tutelante, en la medida en que no realizó una adecuada interpretación de las
normas que regulan el subsidio de familiar a favor de los soldados profesionales del
Ejército Nacional, de cara a los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de
201750.
4. Conclusión
65. Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
del 11 de junio de 2026 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la tutela y, en su lugar, concederá el amparo del derecho
fundamental al debido proceso del señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy.
47
Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
49
Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2015.
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, expediente núm.
11001-03-25-000-2010-00065-00.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03228-01 (8403)
Accionante: Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy
Accionado: Tribunal Administrativo del Putumayo
66. En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del 30 de octubre de 2025 y
ordenará al Tribunal Administrativo del Putumayo que emita una nueva decisión en
la que resuelva el recurso interpuesto contra la decisión del Juzgado Primero
Administrativo de Mocoa, de conformidad con las consideraciones contenidas en
esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia del 11 de junio de 2026 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, por los motivos contenidos en esta providencia.
Segundo: Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso del
señor Esaul Esteban Vallejo Manchabajoy, por las razones expuestas en esta
sentencia. En consecuencia, se dispondrá:
Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 30 de octubre de 2025 emitida dentro del
proceso con radicado núm. 86001-33-33-001-2020-00048-00/02, por las
consideraciones expuestas en este fallo.
Cuarto: Ordenar al Tribunal Administrativo del Putumayo que, en el término de 10
días contados a partir de la notificación de esta decisión, profiera una nueva
providencia en la que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del
Juzgado Primero Administrativo de Mocoa, en la que atienda las consideraciones
contenidas en esta sentencia.
Quinto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
15
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