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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03251-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03251-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con las razones ut supra. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00 Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03251-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a
Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado:
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela – legitimación en la causa por activa. Sentido del fallo de tutela:
Se declara improcedente.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Diego Alejandro Muñoz Correa,
quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia, en contra de la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional y del Juzgado Quinto Administrativo de
Manizales.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 27 de abril de 20262, la parte actora interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de los derechos al debido proceso, trabajo, mínimo vital y
dignidad humana que considera vulnerados por la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional con ocasión de la decisión del 21 de diciembre de 2021,
confirmada en segunda instancia el 12 de enero de 2022, radicado SIE2D EE-MEMAZ-
2021-85, mediante la cual se sancionó a Carlos Eduardo Moreno Valencia
disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 10 años.

De otro lado, también consideró vulnerados tales derechos por parte del Juzgado
Quinto Administrativo de Manizales, al estimar que incurrió en mora judicial dentro
del trámite de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
17001-33-39-005-2022-00363-00.

1
Índice 2 de SAMAI, certificado 4D7AA7E25E7E3ACD 58F50540C857B213 0E1846E0C8287C58 8CC65BC82B9BADC2.
2
Índice 2 de SAMAI, certificado D5CF3491BF90FEED 1F70DAC1393EA7E2 B5139711757650D0 EB8EA41E45185D8E.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2. Hechos

2.1. El accionante manifiesta que Carlos Eduardo Moreno Valencia ingresó a la
Policía Nacional el 12 de diciembre de 2008 en el grado de patrullero y
posteriormente fue ascendido al grado de subintendente mediante la Resolución
02068 de 2020, cargo que ostentó hasta el momento de su desvinculación.

2.2. Señala que la Policía Nacional dio apertura a la etapa de indagación preliminar
identificada con el radicado EE-MEMAZ-2021-85, por la presunta incursión de
Carlos Eduardo Moreno Valencia en “prácticas sexuales durante la prestación del
servicio”. Desde el inicio de la actuación disciplinaria se dispuso el recaudo de
pruebas, entre ellas, testimonios, documentos, valoración sexológica y dictamen
técnico.

2.3. Agrega que, mediante fallo disciplinario del 21 de diciembre de 2021,
confirmado en segunda instancia el 12 de enero de 2022, el señor Moreno Valencia
fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.
Dicha sanción fue ejecutada por medio de la Resolución 1480 del 25 de mayo de
2022.

2.4. A raíz de ello, el señor Moreno Valencia interpuso demanda3 contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad
de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia del 21 de diciembre de
2021 y del 12 de enero de 2022, respectivamente, así como de la Resolución 01480
del 25 de mayo de 2022. A título de restablecimiento del derecho solicitó, entre otras
cosas, ordenar a la entidad demandada: i) reintegrarlo al cargo de subintendente o
a uno de superior jerarquía; ii) pagar, de forma indexada, los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro del servicio hasta el reintegro
efectivo a la Policía Nacional; iii) declarar que no existió solución de continuidad en
la prestación del servicio; y iv) pagar los perjuicios materiales y morales.

Posteriormente, la demanda fue subsanada mediante la aportación de los
documentos requeridos en el auto del 20 de enero de 2023, proferido por el Juzgado
Quinto Administrativo de Manizales.

3
Archivo denominado “004ED_Dda y anex [...]”, carpeta “cuaderno principal”, visible a índice 29 de SAMAI, certificado
D7D05BD8F04F99E0 8ED22EBA8BC3A643 91B98C11C6BC6387 D8A7335CD8D3B401.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
2.5. El 7 de diciembre de 2023, el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales
admitió la demanda.

2.6. Posteriormente, el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales profirió auto del
2 de octubre de 20244, en el que negó la medida cautelar solicitada por el señor
Moreno Valencia.

2.7. Luego, el actor advierte que después de 4 años, por medio de auto del 2 de
marzo de 20265, el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales declaró
“tardíamente” su falta de competencia funcional para conocer del asunto y, en
consecuencia, ordenó su remisión al Tribunal Administrativo de Caldas.

3. Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante sostuvo que:

3.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional vulneró los derechos
fundamentales invocados al sancionar disciplinariamente a Carlos Eduardo Moreno
Valencia con destitución e inhabilidad general por diez años mediante decisión del
21 de diciembre de 2021, confirmada en segunda instancia el 12 de enero de 2022,
dentro del radicado SIE2D EE-MEMAZ-2021-85, pese a que dicha determinación
carecía de sustento probatorio suficiente.

En efecto, afirmó que no existió prueba de fluido seminal que respaldara el cargo
por el cual fue sancionado. Agregó que el informe pericial de biología forense del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, identificado como DROCC-
LBIF-0000049-2022, concluyó expresamente que en la muestra analizada,
correspondiente al fragmento de chaqueta atribuido a la presunta víctima, “no se
detectó semen”.

3.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Manizales incurrió en mora judicial, pues,
aunque se promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 17001-33-39-005-2022-00363-00, solo después de cuatro años se
pronunció sobre la medida cautelar solicitada, en el sentido de negarla. Además,
declaró tardíamente su falta de competencia para conocer del asunto, al estimar

4
Archivo denominado “032ED_Anex [...]”, carpeta “cuaderno principal”, visible a índice 29 de SAMAI, certificado
D7D05BD8F04F99E0 8ED22EBA8BC3A643 91B98C11C6BC6387 D8A7335CD8D3B401.
5
Archivo denominado “034ED_Anex [...]”, carpeta “cuaderno principal”, visible a índice 29 de SAMAI, certificado
D7D05BD8F04F99E0 8ED22EBA8BC3A643 91B98C11C6BC6387 D8A7335CD8D3B401.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
que este debía ser tramitado por el Tribunal Administrativo de Caldas. A juicio del
actor, dicha actuación impidió que el medio de control ordinario tuviera una eficacia
real para la protección de los derechos invocados.

3.3. La demora en el trámite judicial ha ocasionado que la desvinculación del
servicio de Carlos Eduardo Moreno Valencia se prolongue durante varios años, con
afectación de su estabilidad económica, laboral, familiar y personal. Asimismo,
indicó que dicha situación ha repercutido en su núcleo familiar, no solo por los
señalamientos derivados de la sanción disciplinaria, sino porque no ha podido
atender adecuadamente sus compromisos económicos, dado que los ingresos que
obtenía como conductor de plataformas digitales resultaban insuficientes y dicha
actividad cesó tras el hurto de su vehículo en la ciudad de Bogotá durante el año
2023.

4. Pretensiones de la acción

Se solicitó:

“Pretensiones principales

PRIMERA: Que se ampare de manera inmediata los derechos fundamentales al
debido proceso, defensa, presunción de inocencia, acceso a la administración de
justicia, tutela judicial efectiva, trabajo, mínimo vital, igualdad, buena fe y dignidad
humana del señor CARLOS EDUARDO MORENO VALENCIA.

SEGUNDA: Que se declare que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales del accionante al expedir
y ejecutar la sanción disciplinaria sin una valoración integral, objetiva y suficiente
del material probatorio, especialmente de la prueba pericial de biología forense
con resultado negativo.

TERCERA: Que se declare que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Manizales vulneró los derechos fundamentales del accionante al acceso a la
justicia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva por la mora judicial
inexcusable en resolver la medida cautelar de urgencia y por la tardía definición
sobre competencia.

CUARTA: Que, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, se ordene a la Policía Nacional el reintegro inmediato del señor
CARLOS EDUARDO MORENO VALENCIA a un cargo igual o equivalente al que
desempeñaba al momento de su retiro, con restablecimiento provisional de sus
derechos laborales, salariales, prestacionales y de seguridad social.

QUINTA: Que se ordene a la Policía Nacional pagar provisionalmente los
salarios, prestaciones y aportes dejados de percibir desde la desvinculación, o al
menos reanudar el pago a partir de la notificación del fallo, sin perjuicio de la
liquidación definitiva que corresponda en el proceso contencioso administrativo.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

SEXTA: Que se disponga que la orden de reintegro y restablecimiento transitorio
permanezca vigente hasta que el Tribunal Administrativo de Caldas adopte
decisión de fondo dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

SEPTIMA: Que se ordene la remisión inmediata al Tribunal Administrativo
de Caldas, si aún no se ha efectuado, y que se imprima al trámite el impulso
procesal necesario para resolver de manera prioritaria el proceso dentro del
medio de control ya precitado.

Pretensiones subsidiarias

OCTAVA: Subsidiariamente, si el despacho considera que no procede ordenar
el reintegro transitorio pleno, se disponga al menos la suspensión provisional
de los efectos de la Resolución 01480 del 25 de mayo de 2022 y de los fallos
disciplinarios cuestionados, mientras el juez contencioso decide de fondo.”6.
(Resaltado original del texto).

5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición

5.1. Mediante auto del 19 de mayo de 20267 el despacho ponente admitió la acción
de tutela, vinculó al Tribunal Administrativo de Caldas, a la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Manizales, a la Inspección
Delegada Regional de Policía 3, a Leidy Jhoana Torres Betancourt y a las demás
partes demandantes del proceso 17001-33-39-005-2022-00363-00. También
dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.

5.2. El Juez Quinto Administrativo de Manizales8 sostuvo que el señor Moreno
Valencia instauró una acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones del
sub lite, la cual cursó ante el Tribunal Administrativo de Caldas y fue resuelta
mediante sentencia de primera instancia del 22 de mayo de 2026, que declaró su
improcedencia.

Por otro lado, realizó un recuento de las actuaciones surtidas en esa instancia y
señaló que, desde que asumió el cargo el 5 de mayo de 2025, ha priorizado el
impulso de los procesos pendientes y sin movimiento de vigencias anteriores a
2024, en particular los relacionados con medidas cautelares, recursos, decretos de

6
Índice 2 de SAMAI, certificado 4D7AA7E25E7E3ACD 58F50540C857B213 0E1846E0C8287C58 8CC65BC82B9BADC2,
fólios 9 y 10.
7
Índice 9 de SAMAI, certificado D40DB12E4E312390 9C13181ADA028922 46AF5B5B24CF4C7C 9421E7FC604B5E37.
8
Índice 17 de SAMAI, certificado 2013A3167A0FE778 33F2173CB00C3982 374043CE8ECE953B 7425D3D6F71261CF.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
pruebas, integración de litisconsorcios necesarios, llamamientos en garantía y
acciones constitucionales.

Informó que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la
implementación de un plan de mejoramiento para ese juzgado, por lo que el
despacho se comprometió a que, a más tardar en junio de 2026, se adelantara el
trámite de los procesos que no habían tenido movimiento antes de 2025. En
consecuencia, la mora judicial alegada no puede ser imputada al actual titular del
despacho, quien, desde su posesión, ha gestionado los procesos en la forma ya
indicada.

En concreto, señaló que actuó con diligencia para sanear el proceso, lo cual se
materializó en el auto del 2 de marzo de 2026, mediante el cual, en ejercicio del
control de legalidad, declaró la falta de competencia funcional y ordenó la remisión
inmediata del expediente al Tribunal Administrativo de Caldas. Por otro lado,
aseveró que el señor Moreno Valencia no interpuso recurso alguno contra las
providencias que ahora pretende cuestionar por vía de tutela; en específico, no
agotó el recurso procedente contra el auto del 2 de octubre de 2024 que negó la
medida cautelar, ni presentó oposición frente al auto del 2 de marzo de 2026.

Finalmente, sostuvo que la acción de tutela es improcedente por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad, toda vez que el señor Moreno Valencia cuenta con un
medio de defensa judicial idóneo y eficaz, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo
de Caldas.

5.3. El Tribunal Administrativo de Caldas9 envió contestación de la acción de tutela
de radicado 17001-23-33-000-2026-00121-00.

Por otro lado, informó10 que i) el proceso fue asignado por reparto a ese despacho
el 11 de marzo de 2026, bajo el nuevo radicado 17001-23-33-000-2026-00067-00;
y ii) tras superar las etapas previas de traslado de excepciones, el proceso se
encuentra pendiente de surtir la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del
CPACA. Inicialmente, esta se fijó para el 2 de junio de 2026; sin embargo, la

9
Índice 24 de SAMAI, certificado 3D6F905C42C6045A 8DDF68B82DBD9F06 EE0E7C8AFEA1CB1C 3D42B82DEE6B86D3.
10
Índices 28 y 31 de SAMAI, certificados 9FBB1D9B8CF42159 F332ECFE16FC2849 8A4751F43771D1FA
23FADD1F797BB35D y 9FBB1D9B8CF42159 F332ECFE16FC2849 8A4751F43771D1FA 23FADD1F797BB35D,
respectivamente.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
apoderada de la parte demandada solicitó su aplazamiento. Por lo tanto, se
reagendó para el 10 de junio de 2026 a las 9:00 a. m.

En suma, advirtió que no ha incurrido en mora judicial.

5.4. El jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento 5 de la
Policía Metropolitana de Manizales11 envió contestación de la acción de tutela de
radicado 17001-23-33-000-2026-00121-00.

Por otro lado, sostuvo12 que el señor Moreno Valencia interpuso una acción de tutela
ante el Tribunal Administrativo de Caldas, identificada con el radicado 17001-23-33-
000-2026-00121-00, la cual guarda identidad sustancial con la presente solicitud de
amparo en cuanto a las partes, los hechos, los derechos invocados y las
pretensiones. En ese sentido, recordó que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
regula la actuación temeraria y prevé que, cuando una misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o por su representante ante varios jueces o
tribunales, sin motivo expresamente justificado, las solicitudes deberán rechazarse
o decidirse desfavorablemente. Además, contempla consecuencias para el
abogado que promueva varias acciones con fundamento en los mismos hechos y
derechos.

En consecuencia, solicitó evaluar la eventual configuración de temeridad y las
consecuencias legales que puedan derivarse, en garantía de la recta administración
de justicia, la economía procesal, la seguridad jurídica y la lealtad al trámite
constitucional.

De su lado, afirmó que el proceso disciplinario se adelantó con plena observancia
de las garantías del debido proceso, en particular los derechos de defensa y
contradicción, así como los principios de congruencia, motivación, adecuada
valoración probatoria, tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad. El trámite se surtió
conforme al régimen vigente para la época de los hechos, esto es, la Ley 1015 de
2006, cuyo artículo 58 remitía al Código Disciplinario Único como procedimiento
aplicable a los destinatarios del régimen disciplinario policial.

11
Archivo denominado “Contestación de tutela […]”, carpeta “Respuesta a tutela […]”, visible a índice 25 de SAMAI, certificado
98291F8B446AD540 95D7B82B254A57A8 3C941A65F3F05B46 EF128A941EF5CDEB.
12
Índice 26 de SAMAI, certificado A33DDDFC48AEAFC3 3821C2175001C7B0 3098F2836B48C03B 7AC53B8AB0B6A65B.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Expuso que la celeridad en el trámite disciplinario no puede asimilarse, por sí sola,
a una vulneración del debido proceso. La actuación se desarrolló bajo una
modalidad procedimental concentrada y en audiencia, prevista por la Ley 734 de
2002 para determinados asuntos, lo que justifica la continuidad y agilidad de las
etapas procesales sin que ello implique indefensión.

Advirtió que la acción de tutela no constituye una instancia adicional para reabrir
debates probatorios ya resueltos dentro de un procedimiento disciplinario que
garantizó los principios de contradicción y doble instancia. Igualmente, dijo que la
acción de tutela es improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad, porque
el señor Moreno Valencia cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que, además, ya fue ejercido.

5.5. La Inspección Delegada Región 3 de Juzgamiento de la Policía Nacional13
sostuvo que existe inconformidad con la valoración probatoria efectuada en el
proceso disciplinario, circunstancia que, en su criterio, no habilita la formulación de
las pretensiones por conducto de la acción de tutela ni su utilización como una
tercera instancia.

Precisó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho constituye
el mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial, el cual ya fue ejercido, de manera
que la presente acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad.
Igualmente, señaló que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

Informó que el señor Moreno Valencia promovió una primera acción de tutela ante
el Tribunal Administrativo de Caldas de radicado 17001-23-33-000-2026-00121-00,
la cual guarda identidad de partes, hechos y pretensiones con el sub lite. En ese
contexto, la coexistencia de dos actuaciones constitucionales orientadas a obtener
igual resultado jurídico refuerza la configuración de una actuación temeraria, en los
términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.

Finalmente, indicó que se configura su falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la pretensión relacionada con la presunta mora judicial atribuida al
Juzgado Quinto Administrativo de Manizales.

13
Índice 27 de SAMAI, certificado BADF9C295734D046 70AFCD3B4F6BE315 A79B275D8C673A14 9C8B57FD68DB91ED

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
5.6. Leidy Jhoana Torres Betancourt no se pronunció.14

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Diego
Alejandro Muñoz Correa, en representación de Carlos Eduardo Moreno Valencia,
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Juzgado Quinto
Administrativo de Manizales, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Verificación del requisito de legitimación en la causa en el caso concreto

2.1. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en ser el titular del derecho
o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen,
y, de otra, en ser el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas.
Así estarían definidas la legitimación en la causa por activa y por pasiva,
respectivamente.

En materia de tutela, la legitimación en la causa tiene fundamento en el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991, que dispone que toda persona amenazada o vulnerada
en sus derechos fundamentales podrá ejercer la aludida acción, por sí misma o a
través de un representante judicial, o mediante un agente oficioso cuando el titular
de las prerrogativas no esté en condiciones de promover su propia defensa. Así
también, el artículo 13 del mismo cuerpo normativo señala que el mecanismo
constitucional se debe dirigir en contra de la autoridad pública que presuntamente
hubiere amenazado o vulnerado el derecho fundamental invocado.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por activa es
un requisito sine qua non para que el juez constitucional pueda pronunciarse de

14
Luego de efectuada la consulta en el sistema SAMAI, no se encontró registro alguno que evidencie que la señora Leidy
Jhoana Torres Betancourt haya rendido el informe solicitado, pese a que fue debidamente notificada por medios electrónicos,
conforme consta en el índice 15 de dicho sistema.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
fondo sobre el asunto puesto en su conocimiento15, y ha hecho énfasis en la
titularidad de los derechos fundamentales reclamados.16

Respecto de la acción de tutela en contra de providencias, son titulares del derecho
y, por ende, se encuentran legitimados en la causa por activa para promoverla,
quienes fueron parte17 en los procesos judiciales correspondientes. Sin embargo,
para que los profesionales del derecho que actuaron en tales asuntos puedan
invocar la causa tuitiva o representar a los reclamantes, requieren de un poder
especial18.

2.2. En el presente asunto, se tiene que las pretensiones, en su totalidad, están
enfocadas en la protección de los derechos de Carlos Eduardo Moreno Valencia.
Por ende, es el legítimo titular de las prerrogativas iusfundamentales que se
consideran conculcadas y que se pretenden salvaguardar con esta acción tuitiva.

No obstante, revisado el expediente, se observa que no obra mandato otorgado por
Carlos Eduardo Moreno Valencia a favor de Diego Alejandro Muñoz Correa para
interponer, específicamente, la acción de tutela objeto de estudio.

2.3. La Sala precisa que, a través de auto del 28 de abril de 202619, el despacho
ponente advirtió que si bien se arrimó poder20 conferido a Diego Alejandro Muñoz
Correa para representar al señor Carlos Eduardo Moreno Valencia, dicho mandato
no identificaba las autoridades accionadas ni el proceso judicial cuyas decisiones
se pretendían controvertir mediante esta acción de tutela. En consecuencia, se
requirió a la parte actora para que aportara un poder especial debidamente otorgado
a Diego Alejandro Muñoz Correa que lo facultara para promover el presente trámite
constitucional.

No obstante lo anterior, la parte actora guardó silencio.

15
Corte Constitucional, sentencia T-416 de 1997.
16
Corte Constitucional, sentencias T-086 de 2010, T-176 de 2011 y T-511 de 2017.
17
“Se ha dicho que el ‘concepto de parte tiene una doble acepción según se la examine desde el punto de vista puramente
procesal o teniendo en cuenta el derecho material en discusión. En el primer caso, son partes quienes intervienen en el
proceso como demandantes o demandados, en procura de que se les satisfaga una pretensión procesal, independientemente
de que les asista razón o no; de manera que desde este punto de vista la noción de parte es puramente formal. En sentido
material tienen la condición de partes los sujetos de la relación jurídica sustancial objeto de la controversia o motivo del
reconocimiento, así no intervengan en el proceso”. Corte Constitucional, auto 027 del 21 de agosto de 1997, M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
18
“[L]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder
específico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante
y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimación por activa”. Corte
Constitucional, sentencia T-658 del 15 de agosto de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
19
Índice 4 de SAMAI, certificado 5B6A82A1C4D62FEF 7CB1ECF9CD94CC49 E48E80533D27BEFC C8DADCAA3207F50C.
20
Índice 2 de SAMAI, certificado 71C7BBCDCC1AB86C B12A1754F3C3A9F7 80B9CF3D82239FB5 C87ECAD28B042960.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

2.4. Así las cosas, al revisar los medios de prueba, la Sala advierte que el contenido
del documento citado no tiene la calidad de poder especial para interponer,
específicamente, la acción constitucional objeto de estudio, pues no especifica las
autoridades accionadas contra quienes se presenta esta acción de tutela y tampoco
determina el radicado del proceso judicial cuyo trámite se cuestiona. En
consecuencia, no se encuentra acreditada la legitimación en la causa de Diego
Alejandro Muñoz Correa con base en el documento referido, pues no tiene la
suficiente claridad de un poder especial para interponer, específicamente, la acción
constitucional objeto de estudio.

De otro lado, aunque el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 permite agenciar
derechos fundamentales cuando su titular no esté en condiciones de ejercer su
propia defensa, y si bien se podría inferir la intención del señor Muñoz Correa de
actuar como agente oficioso, en el sub lite no se acredita el cumplimiento de los
presupuestos exigidos para ello. En particular, no está demostrada la imposibilidad
de Carlos Eduardo Moreno Valencia para acudir directamente a la administración
de justicia, ni dicha circunstancia fue alegada en el escrito de tutela, lo cual es una
condición sine qua non de la mencionada agencia oficiosa.

De esta manera, se impone la improcedencia del amparo por falta de legitimación
en la causa por activa.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03251-00
Accionante: Diego Alejandro Muñoz Correa, quien afirma representar a Carlos Eduardo Moreno Valencia
Accionado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salva voto

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