Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03259-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03259-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03259-00
Demandante NAPOLEÓN ÁLVAREZ LÓPEZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y
fáctico. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Declaratoria de insubsistencia por nombramiento de persona en lista
de elegibles. Condición de prepensionado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Napoleón Álvarez López de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de abril de 20261 el señor Napoleón Álvarez López, quien actúa por conducto
de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, con la sentencia del 2 de octubre de 2025, proferida en segunda
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 70001-23-33-000-2014-00237-00/02.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Se procura con esta acción, se ordene dejar sin efecto la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de fecha dos (2) de octubre de 2025, con
radicado No. 70001-2333-000-2014-00237-02 (0029-2025), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera, y, como consecuencia de ello se profiera una nueva sentencia en los términos que
corresponde, basada en una valoración objetiva y adecuada de las pruebas existentes en el
proceso, con plena observancia de las normas legales vigentes para la época y del precedente
jurisprudencial aplicable al respecto».
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relacionados con la actuación administrativa
2.1. El señor Napoleón Álvarez López fue nombrado en provisionalidad en el
empleo de registrador municipal de instrumentos públicos del círculo de
Sincelejo, Sucre, mediante el decreto 4121 del 10 de diciembre de 2004
proferido por el Presidente de la República y el Ministro del Interior y de
Justicia.
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Escrito de tutela radicado en el buzón de correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.
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Demandante: Napoleón Álvarez López
2.2. Mediante el Acuerdo 001 del 21 de febrero de 2013, el Consejo Superior de la
Carrera Registral convocó y fijó las bases del concurso de méritos para la
provisión de cargos de registradores de instrumentos públicos en propiedad e
ingreso a la carrera registral.
2.3. Luego de agotadas las etapas respectivas y adoptada la lista de elegibles, el
2 de diciembre de 2013 el actor informó a la administración su condición de
prepensionado y su estado de salud, solicitando se diera aplicación a la
garantía constitucional de estabilidad laboral reforzada.
2.4. Mediante oficio del 27 de diciembre de 2013 la Superintendencia de Notariado
y Registro dio respuesta a la petición del demandante en la que le manifestó
que el acceso en propiedad al cargo solo procedía por concurso de méritos y
que las figuras de encargo y provisionalidad no otorgaban estabilidad
definitiva.
Por su parte, la Superintendencia de Notariado y Registro negó tal petición
limitándose a invocar el principio de mérito.
2.5. Mediante decreto 336 del 19 de febrero de 2014 el señor Napoleón Álvarez
López fue declarado insubsistente y nombró en propiedad a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles.
Hechos relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 70001-23-33-000-2014-00237-00/02
2.6. De acuerdo con lo anterior, el señor Napoleón Álvarez López presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho demandando a la Nación,
Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Superintendencia de Notariado y
Registro con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo por el
que fue declarado insubsistente.
A título de restablecimiento del derecho solicitó su reintegro al cargo que venía
ocupando junto con el pago de los emolumentos dejados de percibir, desde su
retiro y hasta que fuera vinculado nuevamente.
2.7. En primera instancia el Tribunal Administrativo de Sucre (expediente 70001-23-
33-000-2014-00237-00/02) mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023
accedió a las pretensiones de la demanda.
Consideró que el actor era beneficiario de la condición de prepensionado al
haber adquirido su estatus de pensionado dentro de los 3 años siguientes a la
fecha en que fue declarado insubsistente además de haberlo puesto en
conocimiento de la administración junto con la manifestación de algunas
afecciones médicas que también padecía.
Sostuvo que en la provisión de los cargos en carrera administrativa se adelantó
en dos grupos y que el señor Rodolfo Machado Otálora, quien pasó a ocupar
el cargo desempeñado por el actor, obtuvo el sexto puesto en la lista de
elegibles. Sin embargo, no pasó desapercibido que el señor Napoleón Álvarez
López llevó a cabo las gestiones necesarias para que le permitieran de alguna
forma prevenir su desvinculación laboral, por lo que solicitó la aplicación de
medidas alternativas que le permitieran cumplir los requisitos de pensión por
los 3 años siguientes.
En esa línea, para el Tribunal las autoridades desconocieron los derechos y
garantías del actor que gozaba de la condición de prepensionado, cercenando
el acceso a una pensión digna y justa. Encontró que el acto administrativo
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demandado estaba falsamente motivado al no ajustarse completamente las
consideraciones a la realidad jurídica de quien fue afectado con la decisión.
En tal virtud, a título de restablecimiento del derecho no ordenó el reintegro del
actor al haber logrado para ese momento el reconocimiento pensional, por lo
que dispuso el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema
de seguridad social integral dejados de percibir desde la fecha de su retiro
hasta la fecha de inclusión en nómina de pensionados.
2.8. La decisión fue apelada por la Superintendencia de Notariado y Registro y por
el Ministerio de Justicia y del Derecho, entidades demandadas en el proceso
ordinario.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que, en sentencia del
2 de octubre de 2025 (notificada a las partes por correo electrónico el 11 de
noviembre de 2025) revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que de acuerdo con las pruebas que reposaban en el expediente, el
actor había adquirido el estatus pensional el 16 de noviembre de 2016 y que
para la fecha de su desvinculación, esto es, el 19 de febrero de 2014, contaba
con 59 años y 1.217 semanas cotizadas, por lo que tenía la condición de
prepensionado al faltarle menos de 3 años para el cumplimiento de los dos
requisitos.
Y aclaró que pese a su condición de prepensionado, el accionante no había
demostrado que luego de superado el concurso de méritos y expedida la lista
de elegibles, la administración contara con cargos vacantes de igual o superior
jerarquía en los que pudiera ser reubicado, cuando tenía la carga de la prueba.
El ad quem apoyado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a
sujetos de especial protección, como los prepensionados, las entidades
debían valorar la posibilidad de reubicación siempre que los cargos vacantes
fueran de igual o superior jerarquía al que ocupaba y conforme a su
experiencia, de manera que, en ausencia de esa prueba no era posible
hacerse el análisis de protección requerido.
Finalmente, señaló que la condición de prepensionado no otorgaba un derecho
a la inamovilidad absoluta en el empleo, sino un trato preferencial en la medida
de lo posible, ya que esta protección debía ser armonizada con el principio del
mérito y la prevalencia de la carrera administrativa y no hubo un perjuicio cierto
y comprobable derivado de la decisión de insubsistencia, ya que el actor pasó
a vincularse con la Alcaldía de Sincelejo, Sucre y continuó efectuando aportes
a pensión hasta alcanzar su estatus pensional.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora considera que al proferir la sentencia del 2 de octubre de 2025 en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-23-33-000-2014-
00237-00/02, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial:
3.1. Defecto sustantivo porque se aplicó de manera restrictiva y contraria el
precedente jurisprudencial que desarrolla la estabilidad laboral reforzada,
desconociendo que dicha garantía implicaba una obligación activa por parte
del Estado de adoptar medidas efectivas de protección previas a la
desvinculación, independientemente de la naturaleza del empleo y sin que
fuera absoluta la decisión de retiro por la existencia de un concurso de méritos,
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pues que adoptarse acciones positivas para hacer menos gravosa la situación
del prepensionado, todo lo cual en su criterio fue desconocido en la providencia
cuestionada.
Indicó que se desconoció el artículo 8º de la Ley 2040 de 2020 que se refiere
a la protección que debe existir de las personas a las que les faltaran 3 años
o menos para cumplir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o
vejez en caso de restructuración administrativa o provisión definitiva de
empleos.
3.2. Defecto fáctico en razón al indebido análisis integral y razonado de los
elementos de prueba obrantes en el expediente, concretamente aquellos que
acreditaban la condición de prepensionado y la necesidad de adoptar medidas
de protección laboral reforzada.
Además, por omitirse el análisis de un elemento esencial para determinar la
existencia del daño como lo fue el no haber confrontado el ingreso base de
cotización que tuvo con posterioridad a su desvinculación y aquel que habría
mantenido de haber permanecido en el cargo de registrador de instrumentos
públicos de Sincelejo, Sucre lo que consideró relevante para demostrar la
afectación real que tuvo con ocasión de su desvinculación y que la sentencia
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B se limitó a afirmar
que accedió a su pensión de vejez sin analizar si la prestación se había
reconocido en condiciones menos favorables.
3.3. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial frente al que
dijo que se desconocieron los precedentes jurisprudenciales constitucionales
y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le eran aplicables no
porque no se hubieran mencionado en la sentencia, sino porque no habían
sido aplicados siendo una persona de especial protección constitucional que
implicaba la adopción de medidas alternativas tales como la reubicación, entre
otras.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 5 de mayo de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Napoleón Álvarez López contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B; (ii) ordenó la notificación de las
partes; (iii) como terceros con interés dispuso vincular al Ministerio de Justicia
y del Derecho y a la Superintendencia de Notariado y Registro (entidades que
actuaron como demandadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho), al señor Rodolfo Machado Otálora, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, al Ministerio Público, al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y al Consejo Superior de la Carrera Notarial
(quienes fueron vinculadas en el proceso ordinario) y al Tribunal Administrativo de
Sucre (autoridad judicial que emitió la sentencia de primera instancia).
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B intervino por
conducto del magistrado ponente quien manifestó que la providencia
cuestionada contaba con una motivación suficiente, razonable y basada en el
análisis de los criterios jurisprudenciales frente a la condición de pre
pensionado y los criterios de protección relativa frente a la provisión en carrera
administrativa del empleo, así como el acervo probatorio aportado al proceso
valorado conforme con la sana crítica y la independencia judicial.
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Indicó que la tutela estaba siendo utilizada como una instancia adicional al
manifestar a través de la presente acción su inconformidad con lo resuelto en
la sentencia al no estar acorde con sus intereses personales.
4.3. El Tribunal Administrativo de Sucre por conducto de la magistrada ponente
de la decisión rindió informe en el que manifestó que el 30 de noviembre de
2023 emitió sentencia de primera instancia en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que accedió a las pretensiones de la
demanda, decisión que fue apelada y en consecuencia remitió el expediente
al Consejo de Estado.
4.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho por conducto de apoderado, indicó
que la tutela no justificaba los presuntos defectos anunciados por la parte
actora; que se trataba de la exposición de su inconformidad frente a lo resuelto
por el Consejo de Estado en la decisión de segunda instancia sin que esto
comportara una relevancia constitucional, por lo que pidió se declarara
improcedente la presente acción.
En todo caso, se pronunció en relación con los defectos propuestos por el actor
y sostuvo frente al defecto sustantivo que no era posible cuestionar lo
relacionado con la aplicación de la Ley 2040 de 2020 cuando el acto
administrativo había sido expedido con anterioridad a la vigencia de esta
norma, concretamente en el año 2014.
Del defecto fáctico señaló que el accionante se había limitado a manifestar su
inconformidad frente a la forma como se abordó el estudio del caso sin que
mencionara de manera concreta omisiones en la etapa probatoria o en
aspectos precisos que llevaran a un estudio distinto.
Por lo anterior, dijo que de estudiarse el fondo del asunto, debían negarse las
pretensiones de la demanda de tutela.
4.5. La Superintendencia de Notariado y Registro por intermedio de la jefe de la
oficina asesora jurídica de la entidad, presentó escrito de oposición en el que
manifestó que en el presente asunto se discutían aspectos de carácter legal
sin que se advirtiera la vulneración de derechos fundamentales de la parte
actora.
En criterio de la Superintendencia, los argumentos presentados por la parte
actora sugerían la tutela como una instancia adicional para reabrir debates ya
resueltos de manera definitiva y legítima, además, precisó que se trataba de
una sentencia proferida por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo
con pleno respaldo probatorio y jurisprudencial, razón por la que pidió se
declarara improcedente la presente acción.
4.6. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República quien
actuó por intermedio de apoderada judicial manifestó que la entidad no fue
parte del proceso ordinario y que no tenía competencia para revocar o
contradecir las decisiones judiciales en atención a la estructura de la Rama
Ejecutiva del Poder Público y que, la Rama Judicial era independiente.
Por lo anterior, pidió ser desvinculada del presente trámite constitucional al no
tener legitimación en la causa por pasiva.
4.7. El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, señor
Rodolfo Machado Otálora, se pronunció e informó que con ocasión del
concurso de méritos para proveer los empleos de registrador principal de
instrumentos públicos que superó satisfactoriamente, fue nombrado en el
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empleo que ocupaba el accionante quien igualmente participó en el concurso
sin que superara la prueba de conocimientos, por lo que en su criterio, no se
desconoció el derecho a la igualdad frente a la posibilidad de ocupar el empleo
de manera definitiva.
De otra parte indicó que debía darse prevalencia al derecho al mérito, pese a
que el actor puso de presente su condición de pre pensionado, además precisó
que el accionante estaba afiliado a la Administradora Colombiana de
Pensiones Colpensiones y que todos los empleos de registrador ya habían
sido provistos con las listas de elegibles.
4.8. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público,
no se pronunciaron en esta oportunidad no obstante haber sido notificados de
la existencia de la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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3. Solicitud de desvinculación
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pidió ser
desvinculado de la presente acción por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.
Respecto de lo anterior, la Sala precisa que según lo dispuesto en el auto admisorio
de la acción de tutela, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República fue vinculado al proceso constitucional en calidad de tercero con interés
y no como parte demandada. Lo anterior considerando que fue vinculado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 70001-23-33-000-2014-00237-
00/026, en el que se emitió la providencia cuestionada.
Así, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, al
mencionado departamento administrativo le asiste interés legítimo en el resultado
de este proceso constitucional, dada su calidad de sujeto procesal en el proceso
ordinario objeto de análisis, y por tal motivo debe permanecer vinculado a éste en
la calidad de tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las
cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.
4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes del caso y el escrito de tutela y teniendo en cuenta
que, como se dijo, se trata de una tutela contra providencia judicial deberá
verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedencia de tutela
contra providencia judicial.
De encontrarse acreditados, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la
providencia del 2 de octubre de 2025 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 70001-23-33-000-2014-00237-00/02 el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B incurrió en los defectos sustantivo y fáctico
en los términos propuestos por la parte actora.
De cara a un eventual estudio de fondo, se precisa que si bien en el escrito de tutela
el accionante se refiere a la presunta configuración de los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Sala se ocupará del
estudio de los dos primeros defectos, ya que frente al cargo por desconocimiento
del precedente jurisprudencial, no se cumplió con la carga mínima argumentativa
que lo sustentara, además que se reitera lo expuesto en el defecto sustantivo.
5. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial
En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, veamos:
(i) Versa sobre la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso
de la parte actora en relación con la sentencia de cierre emitida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
(ii) El actor agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y frente a los
cargos presentados no proceden los recursos extraordinarios.
(iii) Cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada pues
la decisión emitida en segunda instancia fue la providencia del 2 de octubre de
2025, notificada el 11 de noviembre de 2025 y la presente acción de tutela fue
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Conforme lo dispuso el Tribunal Administrativo de Sucre en providencia del 31 de octubre de 2014 por la que admitió la
demanda ordinaria. SAMAI, proceso ordinario, índice 005.
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interpuesta el 28 de abril de 2026 por lo que se encuentra dentro del lapso
entendido como razonable.
(iv) Se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y los
derechos afectados.
(v) No se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
(vi) El caso comporta relevancia constitucional en la medida que se invoca la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso y el actor expuso las
razones por las que la decisión de cierre eventualmente afectaría el núcleo de
este derecho dada su condición de pre pensionado y pese a ello haber sido
declarado insubsistente sin tener en consideración tal circunstancia puesta de
presente a la administración.
Adicionalmente, no se observa que pretenda hacer uso del presente
mecanismo constitucional como una instancia adicional pues la decisión de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre accedió a
las pretensiones de la demanda ordinaria y condenó a las demandadas al pago
de los salarios y emolumentos dejados de percibir sin reintegro al cargo al
estar actualmente pensionado el accionante, mientras que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B en la providencia de segunda
instancia revocó la decisión y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda, por lo que eventualmente podría discutir la configuración de algunos
de los defectos contra providencia judicial.
Por lo anterior la Sala considera pertinente analizar el caso conforme los
cargos propuestos.
6. Alcance del defecto sustantivo y análisis del caso concreto
6.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Ha dicho la Corte Constitucional7, que se genera, entre otras razones, (i)
cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable; (ii) la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o se aplica una norma jurídica de forma
manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la
interpretación jurídica aceptable la decisión judicial.
(iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos
erga omnes, (iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva
o contraria a la Constitución; (v) cuando la decisión se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras
disposiciones que regulan el caso o (vi) se desconoce la norma constitucional
o legal aplicable al caso concreto.
En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
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Sentencia SU-453 de 2019, entre otras.
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debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad. Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio
relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico.
6.2. En el caso bajo análisis el señor Napoleón Álvarez López presentó dos
argumentos, el primero, relacionado con el desconocimiento del precedente
jurisprudencial relacionado con la figura de la estabilidad laboral reforzada y
las medidas de protección que debían ser adoptadas y, el segundo, un
presunto desconocimiento del artículo 8 de la Ley 2040 de 2020 referido a la
protección de aquellas personas en condición de pre pensionado en casos de
restructuración administrativa o provisión definitiva de empleos.
6.3. Del primer argumento, no advierte la Sala que el accionante hubiera
sustentado el defecto en debida forma, es decir, que se hubieran señalado las
normas que hubieran podido ser desconocidas o indebidamente aplicadas por
parte de la instancia de cierre en la providencia cuestionada, así como
tampoco la eventual inobservancia de alguna providencia de
constitucionalidad de la Corte Constitucional que tuviera el carácter vinculante
frente al caso analizado por el juez natural.
De acuerdo con el escrito de tutela el actor hace una manifestación general
del desconocimiento del precedente jurisprudencial frente a la estabilidad
laboral reforzada de quienes como él se consideraban pre pensionados y las
consecuentes medidas que el Estado debía tomar para proteger tal condición
de estar próximos a pensionarse.
De la lectura hecha a la sentencia cuestionada proferida por la Sección
Segunda, Subsección B de esta Corporación, es posible verificar que en la
providencia cuestionada, el juez natural expuso los motivos por los que
consideró que el actor ostentaba la calidad de prepensionado y se refirió a las
medidas que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
debían ser adoptadas en orden a proteger los derechos de este tipo de
personas en condiciones especiales.
En la sentencia objeto de análisis, se incluyó un acápite denominado «Del
derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas próximas a pensionarse
(prepensionados)» en el que se expuso abundante jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional en relación con el derecho preferente
de quienes tienen derechos de carrera, los que deben ser respetados y, de la
situación de los prepensionados, pero concluyó que pese a tal calidad,
prevalece el derecho al mérito. Sostuvo lo siguiente:
«Emerge de tal recuento jurisprudencial, que los servidores públicos que ocupan en
provisionalidad un cargo de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica
que, únicamente pueden ser removidos por causas legales, que obran como razones
objetivas, que deben expresarse claramente en el acto de desvinculación, dentro de las que
se encuentra, la provisión del cargo que ocupaban, con una persona de la lista de elegibles,
conformada previo concurso de méritos. En esta hipótesis, la estabilidad laboral relativa de las
personas vinculadas en provisionalidad cede frente al mejor derecho, de quienes superaron
el respectivo concurso.
De acuerdo con esto, se deben prever medidas para no lesionar sus derechos, y en caso de
no adoptarse, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en provisionalidad en un cargo
similar o equivalente al que venían ocupando, de existir la vacante, demostrando su especial
condición».
Al momento de analizar el caso concreto del demandante, la autoridad judicial
accionada hizo las siguientes referencias jurisprudenciales en relación con la
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condición de estabilidad laboral de quienes tenían la condición de
prepensionados:
«De conformidad con la jurisprudencia constitucional (SU-917 de 2010, SU-446 de 2011, T-
373 de 2017, entre otras), si bien los servidores nombrados en provisionalidad gozan de una
estabilidad relativa, dicha condición se ve reforzada cuando se trata de sujetos de especial
protección constitucional, como los pre pensionados. En tales casos, el nominador está
obligado a motivar adecuadamente el acto de desvinculación y, además, a prever medidas de
acción afirmativa, que garanticen un trato preferencial, de manera que estos servidores, sean
los últimos en ser retirados o, de ser posible, reubicados en otro cargo equivalente, en
provisionalidad.
Por su parte la Sentencia SU-003 de 2018, “la pre pensión protege la expectativa del
trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de
una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la
continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,
para consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez”».
De acuerdo con el anterior recuento, la autoridad judicial accionada tuvo en
cuenta el antecedente jurisprudencial y las reglas que se han desarrollado para
casos como el del actor en los que se ven confrontados el derecho al mérito
de quienes superaron un concurso de méritos para la provisión de cargos de
carrera administrativa, y la protección laboral reforzada de las personas
próximas a pensionarse que ocupan los empleos en provisionalidad (quienes
gozan de una estabilidad laboral relativa).
6.4. Del segundo aspecto, relacionado con la inaplicación del artículo 8º de la Ley
2040 de 2020 basta señalar que se trata de una norma que no existía para el
momento en que se emitió el acto administrativo por el que se declaró
insubsistente el nombramiento del señor Álvarez López y que constituyó la
decisión demandada y analizada por los jueces de instancia, quienes debían
verificar el cumplimiento de la norma al momento de ocurrencia de los hechos
y la presunta configuración de las causales de nulidad que se presentaran en
la demanda contra el acto acusado.
Pese a ello y de cara a los argumentos que tuvo la Sección Segunda en su
decisión encuentra la Sala que el fundamento para negar las pretensiones de
la demanda no fue que no se hubiera respetado la condición de pre
pensionado o que existiera duda en cuanto a la circunstancia del actor de ser
un sujeto que debía ser considerado de manera específica, sino la ausencia
de prueba de las vacantes en las que eventualmente hubiera podido ser
ubicado de manera transitoria mientras cumplía los requisitos para acceder a
la prestación, lo que se resolvió con fundamento en la jurisprudencia y las
normas de la Ley 1437 de 2011 relacionadas con la carga de la prueba.
Conforme lo anterior, no advierte la Sala que la decisión cuestionada incurriera
en el defecto sustantivo propuesto.
7. Defecto fáctico y su análisis en el caso concreto
7.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona.
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En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en que se basó
el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado
para el caso concreto8.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional9 ha precisado que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios que tiene dos dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso9; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión 10; o (iii) no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo11.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión 12;
o (v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia12.
La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión13.
En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia14. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios 15.
7.2. En relación con este defecto, tampoco encuentra esta Sección que el
accionante hubiera señalado de manera concreta las pruebas indebidamente
valoradas o dejadas de valorar, simplemente hace de nuevo una referencia
general a la condición de pre pensionado y a la necesidad de adoptar medidas
de protección reforzada, aspecto que fue estudiado por el juez ordinario
conforme lo probado en el expediente y en el que quedó establecido que en
efecto, se trataba de una persona a quien le faltaban menos de 3 años para
cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios para obtener el
derecho a la pensión de jubilación.
De modo que el aspecto relacionado con la especial condición de estar
próximo a pensionarse no fue desconocida por el juez en instancia de cierre,
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
12
Ibidem.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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se reitera que, el argumento central para no acceder a las pretensiones de la
demanda fue el no haber probado el demandante la existencia de las vacantes
donde podía ser reubicado, siendo una carga procesal que debía cumplir sin
que lo hubiera hecho al interior del proceso ordinario. ‘
Dijo la sentencia en lo pertinente:
«En el presente asunto, no se demostró por el demandante; quien de conformidad con el
artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, tenía la carga de la prueba, que, superado el concurso
de méritos y expedida la lista de elegibles, la administración contara con cargos vacantes de
igual o superior jerarquía, en los que pudiera ser reubicado.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-061 de 2025, reiteró que frente a sujetos de
especial protección —como los prepensionados— las entidades deben valorar la posibilidad
de reubicación “siempre que existan cargos vacantes de igual o mejor jerarquía al que
ocupaba y conforme a su experiencia”. En ausencia de dicha prueba, no puede el operador
judicial, efectuar el análisis de protección requerido.
(…)
En el caso bajo examen, aun cuando el actor acreditaba la condición de prepensionado y, por
ende, era titular de una estabilidad laboral reforzada, dicha garantía no comporta una
inamovilidad absoluta en el cargo, pues debía armonizarse con el principio de mérito y con la
prevalencia de la carrera administrativa. En tal sentido, la protección especial cedió frente al
mejor derecho de la persona que superó el concurso público de méritos y obtuvo
legítimamente el nombramiento en propiedad, en aplicación directa del artículo 125 de la
Constitución.
En consecuencia, la Sala concluye que la desvinculación del actor se fundó en una causal
objetiva y válida, ajustada al principio del mérito y a la prevalencia de la carrera administrativa.
Al no haberse demostrado la existencia de cargos vacantes susceptibles de permitir su
reubicación, ni la configuración de un perjuicio cierto y real, no procede la declaratoria de
ilegalidad plena ni el reconocimiento de indemnización adicional alguna».
7.3. Ahora, frente a la demostración de la existencia del daño al no haber
confrontado la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación el ingreso
base de cotización que tuvo con posterioridad a su desvinculación y aquel que
habría mantenido de haber permanecido en el cargo de registrador de
instrumentos públicos de Sincelejo, Sucre es una afirmación que no tiene
relación directa con el debate del que se ocupó la sentencia, pues aspectos
tales como la base de cotización y la consecuente liquidación de su derecho
pensional frente a la expectativa que eventualmente tenía en el cargo de
registrador de instrumentos públicos no fue el punto de discusión que ocupó
la atención del juez natural.
Lo que se manifestó en relación con el posible perjuicio tuvo que ver con que
encontró probado que luego de desvinculado el actor, obtuvo otro empleo que
le permitió seguir cotizando y finalmente obtener la pensión pretendida,
completando así los requisitos que le faltaban. La providencia acusada se
refirió al punto en el siguiente sentido:
«Tampoco probó la existencia de un perjuicio cierto y comprobable, derivado de la decisión
de insubsistencia; toda vez que, posterior a su desvinculación como Registrador Principal de
Instrumentos Públicos de Sincelejo, se vinculó a la Alcaldía de Sincelejo Sucre y continúo
cotizando hasta alcanzar su estatus pensional.
La sola expectativa de permanecer en el empleo, hasta alcanzar su estatus pensional, en un
cargo en provisionalidad, no constituye en sí mismo un perjuicio, máxime cuando la
desvinculación obedeció a una causal objetiva y constitucionalmente legítima: la provisión del
empleo mediante concurso de méritos, en desarrollo del artículo 125 de la Constitución».
En este orden de ideas, la Sala tampoco advierte configurado el defecto fáctico
en la sentencia objeto de estudio por esta Sala.
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Demandante: Napoleón Álvarez López
8. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda
de tutela al no estar configurados los defectos sustantivo y fáctico expuestos por la
parte accionante contra la sentencia del 2 de octubre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por
las razones expuestas.
2. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por Napoleón
Álvarez López, de conformidad con las consideraciones hechas en esta
providencia.
3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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