Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03261-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03261-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03261-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03261-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ SILVESTRE
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
de 21 de mayo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Carlos Alberto Sánchez Silvestre solicitó, a través de apoderado judicial,
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, dignidad humana y seguridad social cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 9 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 17001-33-33-004-2019-
00629-00/02, así como a la Administradora Colombiana de Pensiones y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Informó
que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución núm. Sub 27566 de 30
de enero de 2019, por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez
con el 75% del promedio de los salarios y la totalidad de los factores salariales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
devengados durante el último año de servicios y, a título de restablecimiento del
derecho, se ordenara Colpensiones a reliquidar su pensión de vejez a partir del 1.° de
enero de 2019 con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicios, con la totalidad de los factores salariales consagrados en el art. 45
del Decreto 1045 de 1978.
2.2. Afirmóque el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Manizales, autoridad judicial que, mediante providencia
de 29 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Indicó que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo de Caldas, a través sentencia de 9 de junio de 2023, confirmó la decisión
supra.
2.4. Sostuvo que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra, por incurrir en un defecto sustantivo.
2.5. Señaló respecto del defecto sustantivo que “[…] en relación con la fuente formal y
en torno al método de interpretación, al aplicarse unas normas que no corresponden al
caso, por ser el único medio de defensa, por Principio de Imprescriptibilidad de la
Seguridad Social que permite la reliquidación de la pensión y por configurarse un Falso
Positivo Judicial Administrativo por la violación sistemática y generalizada de los
derechos fundamentales y desconocimiento del Precedente Constitucional de la
Sentencia T- 012/22 de la Corte Constitucional […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Tutelar los Derechos Fundamentales a la i)Dignidad Humana, a la
ii)igualdad, al iii)Debido Proceso, por violación al Principio de Seguridad Jurídica,
de legalidad, vulnerado por las Vías de Hecho del Estado, iv)a la Seguridad
Social, v)al Acceso a la Administración de Justicia; por desconocimiento del
Orden Jurídico, de los Principios Generales del Derecho, a los Derechos
Humanos de los diferentes Tratados de Derecho Internacional en materia laboral
ratificados por el Gobierno Colombiano y en especial por el Desconocimiento de
la Constitución Política de Colombia, la Primacía de la Constitución del Art. 4,
por configurándose un FALSO POSITIVO JUDICIAL ADMINISTRATIVO por la
sistemática violación de derechos fundamentales y por el desconocimiento del
Precedente Constitucional de la reciente Sentencia T-012/22 de la Corte
Constitucional, del Sr SANCHEZ SILVESTRE CARLOS ALBERTO, en
consecuencia.
2. Se declare la nulidad de la Sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío
(sic) de fecha 9/06/2023 por probarse falsa motivación, por basarse en normas
infundada, por error de apreciación normativa y falsa tesis al desconocer el
Status Pensional y el régimen especial del Personal del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional que ingresaron antes de la
vigencia del Dto. 2090/03, en consecuencia se orden una nueva sentencia en los
mismos términos y en la misma forma, por ser casos idénticos en fondo, forma y
material, al caso estudiado por la Corte Constitucional en Sentencia T-012/22
de la Sra. Cristina, al estar en las mismas condiciones de derecho y
3
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
situación laboral e idéntica problemática pensional y de liquidación
igualmente con la Sra. Ana Fabiola Castro Morales Exp.: 50 001 33 33 008
2023 – 00287 01 del 14/08/2025 del Tribunal del Meta y demás sentencia
citadas en acápite de pruebas y se conceda la reliquidación al Sr SANCHEZ
SILVESTRE CARLOS ALBERTO, conforme a derecho con todos los factores
salariales de que trata el Art. 45 del Dto. 1045/78 inclusive devengados el último
año de servicio.
3. Se ordene la Reliquidación de la Pensión del Sr SANCHEZ SILVESTRE
CARLOS ALBERTO a la luz de la Nueva Jurisprudencia de la Corte
Constitucional Sentencia T-012/2022 y de la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta, al configurase (sic) un Defecto Material Sustantivo, por
desconocimiento de los Principios Generales del Derecho, el Ordenamiento
Jurídico, lo ordenado por la Propia Constitución en el Inc. 7 y Parág 5 del Art. 48,
por Primacía de la Constitución en virtud del Art. 4 y por desconocimiento del
Precedente Constitucional de la Sentencia T-012/22 de la Corte
Constitucional y la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta
Radicados 50 001 33 33 005 2021 - 00015 01 del 30/11/2023, 50 001 33 33 007
2018 – 00277 01 del 28/09/2023 y ahora último Exp.: 50 001 33 33 008 2023
– 00287 01 del 14/08/2025, al prevalecer el principio de favorabilidad y no haber
cosa juzgada de cara al derecho irrenunciable a la seguridad social y por la
sistemática violación de derecho fundamentales […]”. [Negrilla del texto]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de abril de 2026 el magistrado sustanciador de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Asimismo, vinculó en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Manizales y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la
vinculada, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, indicó que la presente acción de tutela
no cumple con el requisito general de procedencia de este mecanismo constitucional
definido por la Corte Constitucional como inmediatez, “[…] en tanto la solicitud fue
radicada por la parte accionante dos años y medio después de emitida la decisión
en segunda instancia por esta Corporación en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el n° 17001-33-33-004-2019-00629-03
(sic) […]”.
5.2. El
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales solicitó “[…]
desestimar cualquier reproche dirigido contra la actuación de este Juzgado, por no
configurarse vulneración alguna de derechos fundamentales y declarar
improcedente o negar el amparo solicitado, en cuanto la acción de tutela pretende
reabrir un debate jurídico ya resuelto por la jurisdicción competente, sin que se
acrediten defectos constitucionalmente relevantes […]”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
5.3. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó que se
deniegue la acción constitucional por improcedente en el sentido que no cumple con
los requisitos de procedibilidad, así como tampoco se encuentra demostrado la
vulneración de los derechos reclamados por el accionante.
5.4. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario señaló que considerando que
la presente acción de tutela se “[…] predica contra la decisión adoptada por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO (sic), es claro, que la DIRECCIÓN
GENERAL DEL INPEC, carece de legitimación en la causa por pasiva, para atender
a lo pretendido por el accionante, como quiera que, solo las Autoridades Judiciales,
están llamadas a responder por las disposiciones que profieren, en el marco de la
legalidad […]”.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 21 de mayo de 2026, la Sección Quinta del
Consejo de Estado resolvió: i) “[…] DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y TENER
como tercero con interés a la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones […]” y ii) declarar improcedente la presente acción de tutela por no
cumplir con el requisito de inmediatez. Al respecto señaló lo siguiente:
“[…] Se pone de presente que el actor considera que sus derechos
fundamentales fueron transgredidos con ocasión de la sentencia del 9 de junio
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y notificada mediante
auto fijado en la misma fecha.
En ese sentido, los seis meses con los que contaba la actora para formular los
reparos contra el fallo que finalizó el trámite de nulidad y restablecimiento del
derecho, concluyeron en diciembre de 2023. Dado que la acción de tutela se
radicó hasta el 28 de abril de 2026, la Sala considera que se promovió con
incumplimiento del plazo que se considera como razonable para solicitar la
protección de derechos fundamentales mediante este mecanismo.
Finalmente, se pone de presente que la parte actora no demostró ninguna
condición especial que pueda ser analizada por este juez de tutela para
establecer si es procedente flexibilizar el requisito de procedibilidad de la
inmediatez para superarlo y estudiar la presunta vulneración de sus garantías
fundamentales. Aunado a ello, no se acreditó que concurra alguna de las
circunstancias que justifiquen el retardo de los usuarios de la administración de
justicia para acudir a alegar en sede de acción de tutela la trasgresión de sus
garantías fundamentales, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
7. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia así:
“[...] Realmente deja mucho que decir el presente fallo del consejo de estado, el
cual considero un insulto a la inteligencia de cualquier persona de mediano
entendimiento, pues a todas luces puede observarse que es inicuo, carente de
derecho y objetividad, de lógica jurídica, no es digno de una corporación que
5
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
imparte justicia; lo contestaron sí, pero por salir del paso, por contestar algo, por
decir que contestaron, pero realmente no se abordó lo primordial, lo principal, lo
verdaderamente importante que es la vulneración de los derechos
fundamentales violentados en forma sistemática por las vías de hecho de estado
en su abuso de liquidar en forma abusiva y arbitraria una pensión de régimen
especial a su arbitrio, como quisieron, desconociendo la Constitución Política de
Colombia en su Inc. 7 del Art. 48, al ser un régimen exceptuado, desconociendo
igualmente el Parág 5 del mismo artículo, descociendo los Principios Generales
del Derecho, desconociendo los Derechos Fundamentales, Desconociendo los
DDHH de los diferentes Tratados de Derecho Internacional en materia laboral
adoptados por el gobierno colombiano, CONFIGURÁNDOSE UN FALSO
POSITIVO JUDICIAL ADMINISTRATIVO por la reiterada y sistemática violación
de Derechos Fundamentales, de lo cual tampoco dijo nada el consejo de estado
[…]”. [Negrilla del texto].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194, modificado
por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VIII.2. Problemas jurídicos
9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado6, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
10. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso concreto.
1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
11. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
12. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que
proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto,
fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de
2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.
16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores
constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica
e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
17. El
criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
18. El señor Carlos Alberto Sánchez Silvestre solicitó, a través de apoderado judicial,
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, dignidad humana y seguridad social cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 9 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicación 17001-33-33-004-2019-
00629-00/02, así como a la Administradora Colombiana de Pensiones y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario.
19. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de inmediatez.
VIII.4.1. Del cumplimiento del requisito general de procedencia de la inmediatez
20. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración11. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”12.
21. Al respecto, la jurisprudencia constitucional13, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues
el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
11
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
12
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los
principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que
podrían comprometerse si la tutela contra providencias judiciales se
convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el
principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de
examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la
citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos” […]”14. [Negrilla
fuera del texto y cursiva original del texto].
22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a partir
de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el
siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”15. [Negrilla
fuera del texto].
23. La jurisprudencia constitucional16 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular17, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
9
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”18.
24. La Sala pone de presente que, para determinar si la presente acción de tutela
satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, se debe tener en
cuenta la fecha de notificación de la providencia controvertida. Ello en razón a que la
jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que el plazo razonable
se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la providencia acusada por vía
de tutela.
25. Confundamento en lo expuesto, la Sala estima oportuno precisar que: (i) la
providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela fue notificada por
estado núm. 099 el 13 de junio de 202319 y (ii) la presente solicitud de amparo fue
presentada el 27 de abril de 202620.
26. En razón a que la solicitud de amparo fue radicada el 27 de abril de 2026, la Sala
observa que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por esta
Corporación como por la Corte Constitucional.
27. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad de inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, proferida
por la Corte Constitucional.
28. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de mayo de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
18
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
19
Expediente núm. 17001333300420190062902, índice 7 de SAMAI. Y anexos allegados con la acción de tutela.
20
Expediente núm. 11001031500020260326100, Índice 2 de SAMAI.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03261-01
Accionante: Carlos Alberto Sánchez Silvestre
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.