Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03268-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03268-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03268-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03268-00
Demandante CAROLINA ARANGO URIBE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico,
sustantivo, procedimental y por violación directa de la Constitución
Política. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Encargo de persona en carrera administrativa en la planta de cargos
de la Procuraduría General de la Nación. Prueba de prórroga del
encargo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada por Carolina Arango Uribe de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de abril de 20261, la señora Carolina Arango Uribe, quien actúa por conducto
de apoderado especial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con la
sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 66001-33-33-003-2021-00071-00/01.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales de CAROLINA ARANGO URIBE a
la efectividad de los derechos (Art. 2°) debido proceso (art. 229) acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva (art. 229) y prevalencia del derecho sustancial (art. 228)
vulnerados por la sentencia del 19 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, radicado 66001-33-33-003-2021-00071-01 (A-1888-2023), dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
SEGUNDA. Que, como consecuencia del amparo, se deje sin efectos parcialmente la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
identificada en el punto anterior, en lo desfavorable; es decir, únicamente en cuanto revocó
el restablecimiento del derecho concedido por el A- quo, derivado de la nulidad del acto
administrativo acusado, manteniéndola en cuanto declaró la nulidad del acto administrativo
impugnado.
TERCERA. Que se mantenga y/o restablezca la eficacia jurídica de la sentencia de primera
instancia, en los mismos términos en que fue reconocida por el Juzgado 3° Administrativo del
Circuito de Pereira».
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Escrito de tutela radicado a través de la secretaría on line del aplicativo SAMAI.
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Demandante: Carolina Arango Uribe
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 5 de marzo de 2009, la señora Carolina Arango Uribe ingresó a la
Procuraduría General de la Nación en carrera administrativa, en el empleo de
Sustanciador, Código 4SU, Grado 11 de la Procuraduría 40 Judicial II para
asuntos penales en la ciudad de Armenia.
2.2. Mediante Decreto 525 del 12 de junio de 2020 la actora fue designada en
encargo como Procuradora 13 Judicial I de Asuntos del Trabajo y la Seguridad
Social de Pereira por el término de 6 meses.
Mediante el Decreto 1349 del 23 de diciembre de 2020, el encargo fue
prorrogado por 6 meses (hasta el 26 de junio de 2021).
Por Decreto 130 del 26 de enero de 2021 se dio por terminado su encargo de
manera anticipada por parte de la administración, decisión que le fue
comunicada el mismo día.
2.3. Mediante Decreto 131 del 26 de enero de 2021, la Procuraduría General de la
Nación nombró en provisionalidad a la señora Ingrid Carvajalino García.
2.4. Por lo anterior, la señora Carolina Arango Uribe en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Procuraduría
General de la Nación con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo por el que se dio por terminado el encargo como Procuradora
Judicial 13 de Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.
A título de restablecimiento del derecho, pidió ser reintegrada al cargo que
ocupaba en encargo y a que se reconocieran y pagaran las diferencias
salariales y prestacionales dejadas de percibir desde la fecha de terminación
del encargo hasta su reintegro.
2.5. En primera instancia conoció el Juzgado Tercero Administrativo de Pereira
(expediente 66001-33-33-003-2021-00071-00) que, en sentencia del 9 de agosto
de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda.
Consideró que la Procuraduría General de la Nación al expedir el decreto
demandado omitió motivar adecuadamente la decisión ya que solo se limitó a
sustentar que era por razones del servicio, lo que iba en contra de los principios
de la función pública.
Manifestó que acorde con lo indicado por la demandante, la entidad no realizó
convocatoria a concurso de méritos una vez conoció de la vacancia definitiva
del empleo, de modo que no había una causal legal u objetiva de terminación
del encargo.
La anterior decisión fue apelada por la parte demandada.
2.6. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión mediante
sentencia del 19 de marzo de 2026 (notificada a las partes por correo electrónico
el 20 de marzo de 2026) confirmó parcialmente la decisión de primera instancia.
Sostuvo que aun cuando el Procurador General de la Nación tenía la facultad
discrecional para nombrar en encargo o en provisionalidad una vacante
temporal o definitiva, esto no implicaba que la terminación de ese
nombramiento pudiera darse sin motivación alguna, ya que así como se
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requería nombrar en el cargo vacante a una persona que garantizara la
continuidad de las funciones, la desvinculación debe justificarse, pues si se
buscaba el mejoramiento del servicio, era indispensable que la decisión fuera
motivada al menos de forma sumaria.
Agregó que no obraba prueba de que el encargo hubiera sido objeto de
prórroga. Que en el expediente reposaba el Decreto 130 del 26 de enero de
2021 por el que se dio por terminado el encargo a partir de esa fecha, de
manera que lo que había sucedido era que mediante el citado acto
administrativo el encargo solo se había prorrogado por unos días y se había
dado por terminado a partir de esa fecha sin justificar ninguna de las dos
situaciones.
Agregó que el encargo inicialmente concedido no podía darse por prorrogado
de manera automática por el mismo tiempo inicialmente otorgado ya que la
actividad administrativa respondía al principio de legalidad y era reglada.
Ahora bien, explicó que si bien debía declararse la nulidad del acto
administrativo demandado, no había lugar al reintegro solicitado por la actora
ya que, como quedó dicho, no existía la prórroga automática del encargo en la
ley de carrera administrativa especial de la Procuraduría, de modo que ante la
temporalidad del encargo, no le asistía derecho a la señora Carolina Arango
Uribe a ser reintegrada.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora alegó que la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 66001-33-33-003-2021-00071-00/01
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y por violación directa de
la Constitución Política.
3.1. Defecto fáctico sostuvo que se dejaron de valorar pruebas relevantes tales
como la contestación de la demanda en la que la Procuraduría General de la
Nación se refirió al hecho cuarto de la demanda relacionado con la prórroga
del encargo y manifestó que era un hecho cierto, con lo que a su juicio, era
suficiente para probar la existencia del Decreto 1349 del 23 de diciembre de
2020.
Sostuvo que también obraba el certificado laboral aportado oportunamente al
proceso con la demanda en el que la Procuraduría hace constar que duró
encargada del 3 de julio de 2020 al 26 de enero de 2021, término que superaba
los 6 meses de duración inicial de todo encargo siendo el lapso posterior una
prórroga.
Admitió que en el expediente no obraba el Decreto 1349 del 23 de diciembre
de 2020, sin embargo, dijo que al no haber sido allegado por la entidad
demandada con los antecedentes administrativos, el Tribunal debió solicitar
que se allegara la documental completa y verificar si con los demás elementos
de prueba podía evidenciar la existencia de la prórroga de su encargo, lo que
no ocurrió.
Finalmente consideró que el Tribunal se desvió de la fijación del litigio sobre la
que giró la controversia desde el inicio del proceso y que se delimitó establecer
si era jurídicamente válido dar por terminado anticipadamente el encargo sin
motivar de manera adecuada el acto administrativo correspondiente.
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3.2. Defecto sustantivo frente al que sostuvo que se dio una aplicación parcial del
artículo 188 del Decreto 262 de 2000 en el que se indican dos supuestos: de
una parte, que el encargo debe ser por 6 meses y de otra, que el término
respectivo puede ser prorrogado por un lapso igual.
De este modo, indicó que el Tribunal se refirió a la imposibilidad de la prórroga
inmediata con lo que se evidenciaba que había escogido el segmento
equivocado de la norma.
Explicó que la interpretación que debía darse a la norma era que, en caso de
vencimiento del término del encargo la entidad podía alegar en caso de
demanda que no lo prorrogaba porque el vencimiento del término de su
vigencia era una causal de decaimiento del acto administrativo, mientras que
cuando se daba por terminado el encargo antes de su vencimiento debía
motivar la decisión por razones del servicio y que en el caso concreto la
Procuraduría jamás alegó en el proceso que se trataba de un encargo vencido
en su término como de manera oficiosa lo había acomodado la sentencia
cuestionada y con lo que había restringido el restablecimiento del derecho.
3.3. Defecto procedimental que sustentó en que el apelante no indicó que el
encargo se había dado por terminado por vencimiento del término pero que la
sentencia lo asumió de esa manera, que al ser una decisión lesiva a sus
intereses proferida en segunda instancia no tuvo la posibilidad de discutir el
punto ni presentar pruebas para enmendar el yerro teniendo en cuenta que el
juez no podía modificar su misma sentencia.
Insistió en que no atendió la fijación del litigio y resolvió un problema jurídico
distinto al que se había analizado en el curso del proceso con lo que quebrantó
la confianza legítima; además, que no imaginó que el fundamento del tribunal
fuera que el Decreto 1349 del 23 de diciembre de 2020 no obraba en el
expediente, afirmación que si bien era cierta no tenía relevancia porque el
decreto que se echó de menos podía verificarse con otros medios de prueba
como los anunciados en el defecto fáctico, esto es, la contestación de la
demanda y el certificado laboral que sí estaban en el expediente.
3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política se refirió al
derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución
Política y reiteró los argumentos presentados en los defectos citados en
precedencia.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 5 de mayo de 2026 el despacho ponente: (i) admitió la acción de
tutela interpuesta por la señora Carolina Arango Uribe contra Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión; (ii) ordenó la
notificación de las partes; (iii) como terceros con interés dispuso vincular a la
Procuraduría General de la Nación (entidad que actuó como demandada en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho), a la señora Ingrid
Carvajalino García (quien actuó en calidad de tercero con interés en el proceso), a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público
(quienes fueron vinculadas en el proceso ordinario) y al Juzgado Tercero
Administrativo de Pereira (autoridad judicial que emitió la sentencia en primera
instancia en el referido medio de control)
4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda intervino por conducto del
magistrado ponente quien luego de hacer un recuento de los motivos
expuestos en la decisión cuestionada, afirmó que la tutela no cumplía con el
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requisito de la relevancia constitucional al buscar insistir en los argumentos
que fueron resueltos con suficiencia en la providencia.
Dijo que en caso de que se entendiera superada la improcedencia por falta de
relevancia constitucional, no se configuraban los defectos propuestos pues
frente al defecto fáctico manifestó que era a la actora a quien le correspondía
probar la existencia del acto administrativo por el que asegura fue prorrogado
el encargo lo que no sucedió, del defecto sustantivo indicó que la decisión se
apoyó en las normas aplicables y finalmente, del defecto procedimental
precisó que la decisión cuestionada resolvió sobre los aspectos presentados
por la parte actora en el recurso de apelación.
4.3. La Procuraduría General de la Nación presentó informe por conducto de
apoderado judicial quien indicó que lo pretendido por la parte actora era
cuestionar lo resuelto por el Tribunal en su providencia pretendiendo que la
tutela se convirtiera en una instancia adicional.
Consideró que la sentencia resolvió todos los puntos puestos a consideración,
conforme las pruebas aportadas y las normas aplicables y aclaró que para que
procediera específicamente la causal de omisión o indebida valoración
probatoria esta debía ser ostensible, manifiesta, arbitraria y determinante en
la decisión adoptada lo que no ocurrió en el caso de la actora al haberse
pronunciado la sentencia acusada sobre la supuesta prórroga del encargo.
Explicó que si bien en la demanda se indicó una supuesta prórroga del
encargo, en el expediente no obraba prueba del acto administrativo que la
hubiera concedido de forma expresa y añadió que era deber de la parte actora
probarlo lo que no había ocurrido, además aclaró que la contestación de la
demanda no tenía por si sola la fuerza probatoria que pretendía asignarle la
accionante.
Por lo anterior, pidió que se declare la improcedencia de la acción, o en su
defecto, que se nieguen las pretensiones de la demanda.
4.4. El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira remitió el enlace de acceso
al proceso ordinario, no se pronunció del fondo del asunto.
4.5. La señora Ingrid Carvajalino García, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y el Ministerio Público, no se pronunciaron en esta oportunidad no
obstante haber sido notificados de la existencia de la presente acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991,2 fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
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2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes del caso y el escrito de tutela y teniendo en cuenta
que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá verificarse previamente
el cumplimiento de los requisitos de procedencia de tutela contra providencia
judicial.
De encontrarse acreditados los mismos, corresponderá a la Sala determinar si el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión al emitir la
providencia del 19 de marzo de 2026 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 66001-33-33-003-2021-00071-00/01 incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y procedimental en los términos propuestos por la parte
actora, y frente al defecto por violación directa de la Constitución Política no se
advierte una carga argumentativa que permita su estudio, solamente se citó por la
accionante el derecho al debido proceso sin ningún otro desarrollo razón por la que
no se hará un estudio en relación con este defecto.
4. Verificación de los requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial
Los requisitos generales de procedibilidad de la acción se encuentran satisfechos
por las siguientes razones:
Primero, la controversia alude a la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la
señora Carolina Arango Uribe, con la sentencia del 19 de marzo de 2026 que decidió
en segunda instancia el medio de control promovido por la hoy tutelante, para
cuestionar la terminación anticipada del encargo como procuradora judicial I que le
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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había sido concedido por parte de la Procuraduría General de la Nación por el
término de 6 meses.
Segundo, la parte actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y se
advierte que frente al caso no proceden los recursos extraordinarios.
Tercero, se cumplió con el requisito de inmediatez, ya que la acción se interpuso
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada,
pues la sentencia fue emitida el 19 de marzo de 2026, fue notificada por correo
electrónico a las partes el 20 de marzo de 2026 y la acción de tutela se presentó el
28 de abril de 2026 por lo que se encuentra dentro del lapso considerado como
razonable.
Cuarto, no se trata de una tutela contra sentencia de tutela.
Quinto, se identificaron razonablemente los hechos que generaron la vulneración y
los derechos afectados.
Y sexto, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional pues se cuestiona
la sentencia de cierre en la que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera
de Decisión si bien confirmó la decisión del juzgado de primera instancia que declaró
la nulidad del acto administrativo por el que se dio por terminado el encargo otorgado
a la actora, revocó lo relacionado con el restablecimiento del derecho, punto sobre
el que la parte actora considera se incurre en los defectos propuestos en la demanda
de tutela y que afecta sus derechos fundamentales, razón por la que considera la
Sala que no se trata de insistir en argumentos ya propuestos entendiendo la tutela
como una instancia adicional sino en la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales frente a la negativa del restablecimiento pretendido.
5. Defecto fáctico y su análisis en el caso concreto.
5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto, práctica o
valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En
este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión
que se cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto6.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. No debe
olvidarse que, si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria, fundada en los principios de la sana crítica, dicho poder
no puede ejercerse de manera arbitraria.
La Corte Constitucional7 ha precisado que el defecto fáctico es un error
relacionado con asuntos probatorios que tiene dos dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como (i) ignorar o
no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso9; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión8; o (iii) no
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-159 de 2002.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo9.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión12;
o (v) decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a
demostrar el hecho en que se basa la providencia10.
La Corte Constitucional ha sido enfática al indicar que la protección
constitucional por defecto fáctico sólo es posible cuando se identifique que el
juez de la causa en el ejercicio probatorio incurrió en un error ostensible y
flagrante que tenga indiscutible repercusión en el sentido de la decisión11.
En suma, el defecto fáctico, para ser declarado debe superar los requisitos de
razonabilidad y trascendencia12. Bajo esta premisa, se ha indicado que, en
atención a los principios de autonomía e independencia judicial la intervención
del juez de tutela frente a la posible ocurrencia de un defecto fáctico debe ser
de carácter «extremadamente reducido», dado que en el juicio de valoración
probatoria es donde adquieren mayor trascendencia estos principios13.
5.2. En el caso bajo estudio, la accionante sostiene que el encargo como
Procuradora 13 Judicial I de Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de
Pereira fue prorrogado por la Procuraduría General de la Nación y que, si bien
no se allegó el acto administrativo que daba cuenta de esa prórroga por un
término igual al inicialmente otorgado, en la contestación de la demanda en el
proceso, la entidad aceptó tal hecho, y además, aportó el certificado de tiempo
laborado en el que se relacionó la duración total del encargo que superaba los
6 meses inicialmente pactados.
Al respecto, debe decirse que aun cuando en la contestación de la demanda
la entidad demandada hubiera afirmado como cierto el hecho de la demanda
que mencionaba que el encargo había sido prorrogado, tal afirmación no
sustituye la exigencia probatoria que le asistía a la accionante frente a la
acreditación de su dicho, esto es, allegar el acto administrativo que mencionó
(Decreto 1349 del 23 de diciembre de 2020) y por el que aseguró, se prorrogó el
encargo que le fue concedido, por un lapso igual al inicial.
Lo que se indicó en la providencia fue lo siguiente:
«Ahora, si bien se afirma en el hecho cuarto de la demanda, que este encargo fue objeto de
una prórroga, lo cierto es que, de ello no obra prueba, y de acuerdo con el material probatorio
que reposa en el dosier, el acto que le siguió al encargo fue el Decreto 130 del 26 de enero
de 2021 “Por medio del cual se da por terminado un encargo y como consecuencia de ello se da por
terminado un nombramiento en provisionalidad” a partir de esa fecha y por tanto, con ese acto
administrativo se amplió (que no prorrogó) el plazo en unos días y al mismo tiempo lo da por
terminado, sin explicar o justificar ninguna de las dos situaciones; entonces, no es posible
afirmar que el encargo realizado a través del Decreto Nº 525 del 12 de junio de 2020 precitado,
haya sido prorrogado automáticamente, situación que no se puede simplemente presumir,
porque la actividad administrativa responde al principio de legalidad y es reglada; por esa
razón, debe ser objeto de prueba para establecer las condiciones fácticas como la
temporalidad de la prórroga, en caso de existir. Es decir, la prórroga de que trata el artículo
188 del Decreto Ley 262 de 2000, no es automática y de considerarse procedente, la autoridad
administrativa debe pronunciarse mediante acto administrativo motivado, lo cual no se observa
en el caso que convoca a esta sala de decisión».
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10
Ibidem.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU 251 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-060 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-392 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
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Demandante: Carolina Arango Uribe
El certificado laboral con el que, a juicio de la demandante, se podía evidenciar
la prórroga del encargo, sí constituye una prueba susceptible de ser valorada.
Frente a dicho medio de prueba, precisa la Sala que fue tenida en cuenta y
analizada por el Tribunal en la decisión cuestionada, en la que se indicó el
tiempo laborado como Procuradora 13 Judicial I para Asuntos del Trabajo y
Seguridad Social de Pereira soportado en el Decreto 525 del 12 de junio de
2020 por el que fue inicialmente encargada, sin que se mencionara el Decreto
1349 del 23 de diciembre de 2020 por el que asegura la actora se prorrogó su
encargo por parte de la Procuraduría General de la Nación por un lapso igual
al inicial, esto es, por 6 meses.
La sentencia justamente tuvo como soporte tal certificado como se evidencia
en la motivación de la sentencia de cierre que indicó lo siguiente:
«Luego, revisados los documentos que conforman el plenario, se advierte que, la demandante
se encuentra inscrita en carrera administrativa de la PGN en el cargo de Sustanciador, Código
4SU, Grado 11, desempeñándose en diferentes cargos en virtud de comisiones para
desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción y encargos (AE. 003 pág. 25-27),
particularmente para el caso que convoca así:
(…)
De lo detallado se advierte que, el encargo objeto de análisis tuvo una temporalidad material
por mandato de la ley (art. 188 del Decreto Ley 262 de 2000) y que se deriva del contenido
del propio acto administrativo de encargo, que debía transcurrir del tres (03) de julio de 2020
hasta el tres (03) de enero de 2021, pero que materialmente fue ampliada por la PGN hasta
el veintiséis (26) de enero de 2021, de conformidad con el Decreto 130 del 26 de enero de
2021, lo que se refleja en la certificación expedida por el jefe de la división de Gestión Humana
de la Procuraduría General de la Nación, en cita».
5.3. Las anteriores consideraciones permiten evidenciar que no se configura el
defecto fáctico propuesto por la actora y que la decisión estuvo soportada en
las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente que llevaron al juez
natural a concluir que al no haberse probado la existencia de una prórroga del
encargo otorgado a la señora Carolina Arango Uribe no procedía el
restablecimiento del derecho pretendido.
6. Defecto sustantivo y su estudio en el caso concreto.
6.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene
una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o
sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en
normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera
una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.
Ha dicho la Corte Constitucional14, que se genera, entre otras razones, (i)
cuando la decisión judicial se basa en una norma que no es aplicable; (ii) la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o se aplica una norma jurídica de forma
manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la juridicidad y de la
interpretación jurídica aceptable la decisión judicial; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que han definido su alcance con efectos erga omnes.
14
Sentencia SU-453 de 2019, entre otras.
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(iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a
la Constitución; (v) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso o (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso concreto.
En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad. Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio
relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran
el ordenamiento jurídico.
6.2. No advierte la Sala que este defecto se configure en el presente caso pues la
afirmación que hace la accionante es que se aplicó de manera parcial el
artículo 188 del Decreto 262 de 2000 en el que se indican dos supuestos: de
una parte, que el encargo debe ser por 6 meses y de otra, que el término
respectivo puede ser prorrogado por un lapso igual.
La norma que cita la parte actora indica lo siguiente:
«ARTÍCULO 188. Duración del encargo y del nombramiento provisional. El encargo y la
provisionalidad, cuando se trate de vacancia definitiva en cargos de carrera, podrán hacerse
hasta por seis (6) meses. El término respectivo podrá prorrogarse por un período igual.
Si vencida la prórroga no ha culminado el proceso de selección, el término de duración del
encargo y de la provisionalidad podrá extenderse hasta que culmine el proceso de selección.
Cuando la vacancia sea el resultado de ascenso que implique período de prueba, el encargo
o el nombramiento provisional podrán extenderse por el tiempo necesario para determinar la
superación del mismo».
La accionante discute el primer inciso de la norma que se refiere al término de
los encargos. Sin embargo, tal disposición no fue omitida o aplicada
parcialmente por la autoridad judicial accionada, precisamente el caso se
resolvió conforme con las normas de carrera administrativa especial de la
Procuraduría General de la Nación y de manera expresa quedó dicho en el
fallo que la razón para confirmar la decisión del juzgado fue la ausencia de
motivación de la terminación del encargo de la señora Arango Uribe.
Ahora bien, frente a la prórroga del encargo, tal como se afirmó al resolver el
defecto fáctico, lo relevante era que la interesada demostrara que la
administración en efecto hubiera prorrogado el encargo concedido, lo cual no
sucedió, por lo que el Tribunal accionado entendió que lo que ocurrió en el
caso de la señora Arango Uribe, fue una ampliación del término por unos días
sin que esto implicara prórroga automática:
«Se ha señalado en esta providencia la temporalidad del encargo y aquello deriva en dos
hipótesis “ordinarias” y la sui generis que se presentó en el caso concreto, la primera; en la
que se respeta el plazo otorgado en la ley y la contenida en el propio acto administrativo, lo
que desemboca en la terminación del mismo a la finalización de aquel y que no requiere acto
administrativo alguno adicional, la segunda, la terminación anticipada en cuyo caso se requiere
siempre la expedición de un acto administrativo motivado y la tercera, cuando después vencido
el plazo, la entidad emite un acto administrativo que de hecho amplía el término inicial del
mismo (pues no prorroga expresamente por un tiempo determinado dicho encargo) y al mismo
tiempo termina expresamente el encargo en una fecha diferente a la definida en el
ordenamiento jurídico, en dicho escenario se requiere siempre un acto administrativo
motivado, lo que no ocurrió para el asunto objeto del presente debate judicial.
En ese sentido, se advierte que la señora Arango Uribe fue encargada mediante Decreto Nº
525 del 12 de junio de 2020 “hasta por seis (6) meses (…) del cargo de Procurador Judicial I
Código 3PJ, Grado EG, de la Procuraduría 13 Judicial I para asuntos del Trabajo y Seguridad
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Social de Bucaramanga, con funciones en la ciudad de Pereira.”, cuyo acto de posesión fue
el 03 de julio de 2020, por lo que, el término o plazo del encargo vence el 03 de enero de 2021.
Ahora, si bien se afirma en el hecho cuarto de la demanda, que este encargo fue objeto de
una prórroga, lo cierto es que, de ello no obra prueba, y de acuerdo con el material probatorio
que reposa en el dosier, el acto que le siguió al encargo fue el Decreto 130 del 26 de enero
de 2021 “Por medio del cual se da por terminado un encargo y como consecuencia de ello se
da por terminado un nombramiento en provisionalidad” a partir de esa fecha y por tanto, con
ese acto administrativo se amplió (que no prorrogó) el plazo en unos días y al mismo tiempo
lo da por terminado, sin explicar o justificar ninguna de las dos situaciones; entonces, no es
posible afirmar que el encargo realizado a través del Decreto Nº 525 del 12 de junio de 2020
precitado, haya sido prorrogado automáticamente, situación que no se puede simplemente
presumir, porque la actividad administrativa responde al principio de legalidad y es reglada;
por esa razón, debe ser objeto de prueba para establecer las condiciones fácticas como la
temporalidad de la prórroga, en caso de existir. Es decir, la prórroga de que trata el artículo
188 del Decreto Ley 262 de 2000, no es automática y de considerarse procedente, la autoridad
administrativa debe pronunciarse mediante acto administrativo motivado, lo cual no se observa
en el caso que convoca a esta sala de decisión».
De modo que no se trató de una aplicación indebida o parcializada de la norma,
sino a la interpretación que debió hacerse en materia de encargos de cara al
caso concreto en la que se amplió el término y no se habló de prórrogas pese
a estar reglado en la mencionada norma, pues cada situación implica la
manifestación del nominador en orden a definir si acude a la figura de la
prórroga del encargo, lo que con suficiencia se explicó en el fallo cuestionado
indicando que no estaba probado que se hubiera acudido a esta figura, por tal
razón el defecto sustantivo tampoco prospera.
7. Defecto procedimental. Análisis en el presente asunto.
7.1. En principio, la relación existente entre el derecho al debido proceso y la
prevalencia del derecho sustancial es de complementariedad. No obstante, la
Corte Constitucional ha señalado que, en ocasiones, cuando la justicia
material queda subordinada a los procedimientos se presenta una tensión
entre ambos, de allí que el desarrollo del defecto procedimental como causal
específica de procedibilidad surgió con el fin de romper esa «tensión
aparente».
La Corte Constitucional ha señalado: «El defecto procedimental se causa por un
error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a seguir para la resolución de
una controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualquier defecto respecto de
las formas propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar
la materialización de los derechos fundamentales»15.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este defecto se configura por
dos modalidades diferentes. La primera ha sido denominada como defecto
procedimental absoluto. Se presenta cuando un funcionario judicial actúa
completamente al margen del procedimiento previsto en la ley. Esta situación
se puede configurar cuando se sigue un trámite ajeno al que se debió emplear
o cuando se «omiten etapas sustanciales del procedimiento establecido»16.
La segunda se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Modalidad que se configura «cuando el funcionario arguye razones formales a
manera de impedimento, las cuales constituyen una denegación de justicia»17. Sobre
esta modalidad, la Corte Constitucional ha dicho:
«El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en términos
generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2018.
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materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de
decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal,
el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para
adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el
ordenamiento jurídico.
Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por
el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección
de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no
puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la
medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material
que propenden»18 (Negrillas propias).
La jurisprudencia también ha indicado que el error en el trámite procesal debe
tener la entidad suficiente para que vulnere los derechos fundamentales de las
partes y que aquel no debe ser fruto del actor.
7.2. Finalmente, para la Sala este defecto tampoco se encuentra configurado pues
el Tribunal actuó conforme lo dispuso el procedimiento y resolvió la
controversia en segunda instancia conforme los recursos de apelación que
fueron interpuestos tanto por la Procuraduría General de la Nación en su
calidad de parte demandada como del Ministerio Público quien también
contaba con la facultad de presentar recurso de alzada contra la providencia
de primera instancia.
En esa línea, la sentencia determinó que conforme los argumentos de los
apelantes, la controversia y con el propósito de resolver el problema jurídico
delimitado por los recursos de alzada, se debían resolver 3 interrogantes:
«1. ¿Exigía el ordenamiento jurídico que la terminación anticipada del encargo estuviera
motivada en “razones del servicio” de forma expresa y verificable, o bastaba la decisión del
nominador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Decreto 262 de 2000?; 2.
¿La Procuraduría General de la Nación podía discrecionalmente escoger entre mantener el
encargo o efectuar un nombramiento provisional en el mismo cargo y, con base en ello, dar
por terminado el encargo antes del vencimiento?; 3. ¿Existe un derecho preferente del
empleado escalafonado a permanecer encargado “mientras se surte el concurso”, o dicha
preferencia no genera un mejor derecho frente a la opción de nombrar provisionalmente a un
tercero?; 4. ¿La falta de convocatoria y la temporalidad del encargo inciden en la legalidad de
la terminación anticipada?».
Estos interrogantes se desarrollaron a lo largo de la providencia sin que pueda
entenderse que el Tribunal actuara por fuera de la línea argumentativa
planteada desde el inicio del proceso, pues siempre se estuvo ante el estudio
del encargo que según afirmó la actora fue prorrogado; ahora bien, la
delimitación del estudio en segunda instancia tuvo que estar en armonía con
los recursos de apelación, pues es a estos que la autoridad judicial debe
ceñirse conforme lo dispone el artículo 320 del Código General del Proceso.
7.3. Las anteriores consideraciones resultan suficientes para entender que no se
actuó ni por fuera del procedimiento establecido ni fuera del marco de los
argumentos propuestos por los recurrentes en segunda instancia por lo que
este defecto no prospera.
8. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda
de tutela al no estar configurados los defectos fáctico, sustantivo y procedimental
propuestos por la accionante.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-061 de 2018.
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Demandante: Carolina Arango Uribe
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por Carolina Arango
Uribe, de conformidad con las consideraciones expuestas en la motivación
precedente.
2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad se pueden comprobar a través de la siguiente dirección
electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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