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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03269-00

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03269-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela Ricardo Oviedo Muñoz y otros contra el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia y Tribunal Administrativo del Caquetá por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03269-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-03269-00

Accionante: RICARDO OVIEDO MUÑOZ Y OTROS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ricardo Oviedo Muñoz y otros contra
el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, que profirió la sentencia de primera
instancia del 30 de septiembre de 2022, y contra el Tribunal Administrativo del Caquetá,
que profirió la sentencia de segunda instancia del 8 de octubre de 2025, dentro del
proceso de reparación directa1 promovido por Ricardo Oviedo Muñoz y otros contra la
Nación–Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

Ricardo Oviedo Muñoz y otros, actuando por intermedio de apoderado judicial, formularon
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, la igualdad y la libertad, que consideraron vulnerados por el Juzgado
Segundo Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, al haber
proferido las sentencias del 30 de septiembre de 2022 y del 8 de octubre de 2025,

1 Proceso identificado con número de radicación: 18001-33-33-002-2019-00969-00/01.

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Accionante: Ricardo Oviedo Muñoz y otros
Acción de tutela–Primera instancia

respectivamente, dentro del proceso de reparación directa promovido por Ricardo Oviedo
Muñoz y otros contra la Nación–Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
mediante las cuales se negaron las pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad de Ricardo
Oviedo Muñoz.

En virtud de la acción de tutela, la parte accionante solicitó textualmente:

«PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, igualdad,
acceso efectivo a la administración de justicia, libertad personal, honra y buen
nombre de los accionantes, consagrados en el artículo 29 de la Constitución
Nacional y a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 2, 6, 13, 83
y 230, vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE
FLORENCIA, representado por Juez LUIS CARLOS RODRIGUEZ ORTEGA,
quien profirió la Sentencia de Primera Instancia del 30 de septiembre de 2022
dentro del proceso judicial con radicado No. 180013333002-2019-00969-00 y
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ-SALA PRIMERA DE
DECISIÓN, representada por la Mag. EDITH ALARCÓN BERNAL, quien profirió la
sentencia de segunda instancia del 08 de octubre de 2025 dentro del proceso
judicial - Medio de Control de Reparación Directa con radicado No. 180013333002-
2019-00969-01, notificada vía electrónico el día 21 de octubre de 2025, la cual
quedo debidamente ejecutoriada el día 28 de octubre de 2025, siendo
demandantes los señores RICARDO OVIEDO MUÑOZ, DELFA MUÑOZ; FRANCI
DUFAY GODOY ROJAS; FRANCISCO OVIEDO MUÑOZ; CELMIRA OVIEDO
MUÑOZ; CRISTIAN ANDRES OVIEDO GODOY; PAOLA YULIETH ALMARIO
OVIEDO; OMAR ALEXIS ALMARIO OVIEDO; ANYI LORENA ALMARIO OVIEDO;
DIANA LORENA OVIEDO GODOY; MAYRA LIZETH OVIEDO ZAMBRANO;
SANDRA LILIANA OVIEDO LOPEZ; GUSTAVO OVIEDO MUÑOZ; JOSE
RICARDO OVIEDO GODOY; YEISON FRANCISCO OVIEDO ZAMBRANO;
MARLON FRANCISCO OVIEDO LOPEZ, y como demandados la FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL.

SEGUNDO: Dejar sin efecto las sentencias emitidas dentro del proceso judicial -
Medio de Control de Reparación Directa con radicado No. 180013333002-2019-
00969-01, siendo demandantes los señores RICARDO OVIEDO MUÑOZ, DELFA
MUÑOZ; FRANCI DUFAY GODOY ROJAS; FRANCISCO OVIEDO MUÑOZ;
CELMIRA OVIEDO MUÑOZ; CRISTIAN ANDRES OVIEDO GODOY; PAOLA
YULIETH ALMARIO OVIEDO; OMAR ALEXIS ALMARIO OVIEDO; ANYI LORENA
ALMARIO OVIEDO; DIANA LORENA OVIEDO GODOY; MAYRA LIZETH OVIEDO
ZAMBRANO; SANDRA LILIANA OVIEDO LOPEZ; GUSTAVO OVIEDO MUÑOZ;
JOSE RICARDO OVIEDO GODOY; YEISON FRANCISCO OVIEDO ZAMBRANO;
MARLON FRANCISCO OVIEDO LOPEZ, y como demandados la FISCALIA
GENERAL DE LA NACIÓN y la RAMA JUDICIAL.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Caquetá, o a la autoridad
judicial que corresponda, proferir una nueva sentencia en la que valore
integralmente el material probatorio, aplique el precedente constitucional sobre
privación injusta de la libertad, analice de manera autónoma los títulos de
imputación alegados de privación injusta, error judicial y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y resuelva de fondo la
responsabilidad patrimonial del Estado conforme a los artículos 29 y 90 de la
Constitución y 65, 66, 67 y 68 de la Ley 270 de 1996, atendiendo además las

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previsiones contendidas en esta acción de tutela y las recomendaciones que el H.
Consejo de Estado tenga a bien hacer.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

Que, como órgano de cierre de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se
profiera por parte del Honorable Consejo de Estado sentencia de segunda
instancia de reemplazo, como quiera que se aportan en su integridad el proceso
administrativo adelantado.»

2. Hechos relevantes

El señor Ricardo Oviedo Muñoz fue vinculado a una investigación penal por el presunto
delito de actos sexuales con menor de 14 años, a partir de hechos denunciados en el año
2012. Como consecuencia de dicha investigación, fue capturado el 14 de agosto de 2012
y posteriormente se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad,
permaneciendo recluido en establecimiento carcelario mientras avanzaba el proceso
penal.

Durante el trámite de la actuación penal se practicaron diversas pruebas testimoniales,
periciales y documentales relacionadas con los hechos objeto de investigación. En
particular, la menor presuntamente afectada rindió declaraciones dentro del proceso y se
incorporaron distintos elementos probatorios que fueron objeto de valoración por las
autoridades judiciales competentes. Finalmente, el proceso penal culminó con sentencia
absolutoria ejecutoriada a favor de Ricardo Oviedo Muñoz.

Los accionantes sostienen que en el desarrollo de la investigación y del proceso penal se
presentaron irregularidades relacionadas con la valoración de las pruebas, el recaudo de
los elementos de convicción y las decisiones adoptadas por las autoridades
intervinientes, circunstancias que, a su juicio, condujeron a la privación injusta de la
libertad de Ricardo Oviedo Muñoz y ocasionaron perjuicios tanto para él como para sus
familiares.

Ante ello, los demandantes promovieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación–Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con
el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por los
perjuicios que consideraron ocasionados con ocasión de la privación de la libertad de
Ricardo Oviedo Muñoz y de las actuaciones surtidas en el marco del proceso penal
adelantado en su contra.

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Acción de tutela–Primera instancia

El proceso fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia que,
mediante sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de 2022, concluyó que no
se configuraba la responsabilidad patrimonial de la Nación–Fiscalía General de la Nación
ni de la Nación–Rama Judicial por la privación de la libertad de Ricardo Oviedo Muñoz.
Consideró que, aunque se encontraba acreditado el daño consistente en la privación de
la libertad por más de cuatro años, este carecía de antijuridicidad, toda vez que la medida
de aseguramiento fue adoptada con fundamento en elementos materiales probatorios e
información legalmente obtenida que permitían inferir razonablemente la posible autoría
del procesado en el delito investigado. Asimismo, señaló que la absolución posterior,
proferida en aplicación del principio in dubio pro reo, no era suficiente por sí sola para
declarar la responsabilidad estatal, pues la medida restrictiva de la libertad había sido
legal, razonable y proporcionada a la luz de las circunstancias conocidas al momento de
su imposición. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

Posteriormente, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
del 30 de septiembre de 2022. Sostuvo que el juez de primera instancia realizó una
indebida valoración de la antijuridicidad del daño, al no tener en cuenta que la sentencia
penal condenatoria de primera instancia habría desconocido las reglas de la sana crítica
y efectuado una errónea apreciación del material probatorio, circunstancia que, a su
juicio, ocasionó la prolongación injustificada de la privación de la libertad del señor
Ricardo Oviedo Muñoz. Asimismo, argumentó que la absolución proferida en segunda
instancia obedeció a la aplicación del principio in dubio pro reo, por lo que procedía
declarar la responsabilidad estatal, y adujo que la sentencia administrativa omitió
pronunciarse sobre los perjuicios ocasionados al buen nombre y a la honra del
demandante como consecuencia de la condena penal inicialmente impuesta y de la
difusión pública de dicha decisión.

La segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo del Caquetá–Sala Primera
de Decisión, que mediante sentencia del 8 de octubre de 2025 resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante y confirmó la decisión adoptada por el
Juzgado Segundo Administrativo de Florencia. El Tribunal concluyó que no había lugar a
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad del señor
Ricardo Oviedo Muñoz, al considerar que el medio de control de reparación directa no
constituye una tercera instancia para revisar la valoración probatoria realizada por el juez

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penal y que la absolución posterior, fundada en la aplicación del principio in dubio pro
reo, no implicaba automáticamente que la privación de la libertad hubiese sido injusta.
Asimismo, estimó que la medida de aseguramiento impuesta fue legítima, razonable y
proporcional, pues se sustentó en elementos de convicción que permitían inferir la posible
responsabilidad del procesado y respondía al deber constitucional de protección
reforzada de los menores.

La providencia de segunda instancia dio lugar a la interposición de la presente acción de
tutela por parte del apoderado judicial de los accionantes.

3. Fundamentos de la acción

Los accionantes sostienen que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto fáctico
al omitir valorar integralmente el material probatorio obrante en el expediente de
reparación directa y desconocieron pruebas que, a su juicio, acreditaban la configuración
de la privación injusta de la libertad, el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

Asimismo, mencionan que existió un defecto procedimental, toda vez que las autoridades
judiciales desconocieron reglas procesales aplicables al análisis de la responsabilidad
estatal derivada de la privación de la libertad. En particular, cuestionan que las
providencias demandadas no efectuaron un estudio autónomo y completo de los distintos
títulos de imputación.

Finalmente, afirman que el Tribunal Administrativo del Caquetá desconoció la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa sobre privación injusta de la
libertad, particularmente aquella relacionada con la obligación del juez administrativo de
examinar de manera autónoma la responsabilidad estatal derivada de actuaciones
judiciales y de valorar integralmente las circunstancias que rodearon la privación de la
libertad. Para sustentar este cargo invocan, entre otras, la Sentencia SU-128 de 2021 y
la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado por error judicial y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

4. Trámite procesal

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Accionante: Ricardo Oviedo Muñoz y otros
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El 30 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela2 y se ordenó su notificación a los
accionantes, a las autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación–Rama
Judicial y a la Nación–Fiscalía General de la Nación, en calidad de terceros interesados.
Asimismo, se solicitó al Juzgado Segundo Administrativo de Florencia remitir copia digital
del expediente No. 18001-33-33-002-2019-00969-00 correspondiente al proceso de
reparación directa promovido por Ricardo Oviedo Muñoz y otros contra la Nación–Rama
Judicial y otro; se suspendió el término para decidir la tutela mientras se practicaban las
pruebas decretadas y, finalmente, se reconoció personería al abogado Yeison Mauricio
Coy Arenas como apoderado de los accionantes.

La Fiscalía General de la Nación contestó la acción de tutela3 y solicitó que se declarara
su improcedencia, al considerar que no se configuraba vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados. Sostuvo que carecía de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que las providencias cuestionadas fueron proferidas por las autoridades
judiciales accionadas y no por dicha entidad. Asimismo, señaló que la parte actora no
acreditó la configuración de las causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, que el asunto carecía de relevancia constitucional y que la acción
pretendía reabrir un debate jurídico ya resuelto mediante decisiones ejecutoriadas dentro
del proceso de reparación directa.

Por su parte, la Fiscalía Cuarta Seccional de Florencia, en su escrito de contestación4,
solicitó su desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa
por pasiva. Indicó que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, adelantó
la investigación penal seguida contra Ricardo Oviedo Muñoz por el delito de actos
sexuales con menor de catorce (14) años agravado y destacó que el proceso penal
culminó con una sentencia absolutoria proferida en segunda instancia por aplicación del
principio in dubio pro reo. Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela era
improcedente, por cuanto se dirigía a controvertir decisiones adoptadas por el juez
administrativo y el tribunal competente dentro del proceso de reparación directa, sin que
se evidenciara actuación alguna atribuible a dicha autoridad que comprometiera los
derechos fundamentales invocados.

2 Cfr. SAMAI, índice 4.
3 Cfr. SAMAI, índice 8.
4 Cfr. SAMAI, índice 9.

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Finalmente, el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, envió copia digital del
expediente del proceso ordinario5.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra las sentencias del
30 de septiembre de 2022 y del 8 de octubre de 2025, proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá, respectivamente,
mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida por Ricardo Oviedo Muñoz y otros contra la Nación–Rama Judicial y la
Nación–Fiscalía General de la Nación, encaminadas a obtener la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad de Ricardo Oviedo
Muñoz.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 6 . De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta

5 Cfr. SAMAI, índice 15.
6 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela7.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha indicado, desde
2014, los siguientes elementos para determinar si una acción de tutela cumple con el
requisito de relevancia constitucional8: i) que el actor cumpla una carga argumentativa
suficiente, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales,
sino que se deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; ii)
Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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«[…] la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de
la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal.»

Caso concreto

El señor Ricardo Oviedo Muñoz y otros promovieron acción de tutela contra las
sentencias del 30 de septiembre de 2022 y del 8 de octubre de 2025, proferidas por el
Juzgado Segundo Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá,
respectivamente, al considerar que dichas providencias vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la libertad personal y al acceso a la
administración de justicia, al negar las pretensiones de la demanda de reparación directa
promovida con ocasión de la privación de la libertad de Ricardo Oviedo Muñoz.

La Sala advierte que, la tutela promovida por Oviedo Muñoz y otros será declarada
improcedente, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Esto,
pues la Sala observa que lo que pretenden los accionantes es reabrir el debate que quedó
zanjado en sede de instancia.

Se observa que, como fundamentos de la acción de tutela, los accionantes sostuvieron
que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico, defecto procedimental
y desconocimiento del precedente, al omitir una valoración integral del material probatorio
y no analizar adecuadamente los títulos de imputación de privación injusta de la libertad,
pese a que Ricardo Oviedo Muñoz fue absuelto dentro del proceso penal adelantado en
su contra.

Al respecto se señala que, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-072 de
20189, analizó el alcance de la responsabilidad estatal y concluyó lo siguiente:

«Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la
absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del
principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se
acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser

9 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación
objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de
la cual se restringió́ preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto
erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996.»

De lo anterior se desprende que el precedente constitucional no impone al juez la
obligación de declarar automáticamente la responsabilidad objetiva del Estado en todos
los eventos en los que exista absolución penal o revocatoria de una condena. Por el
contrario, la Sentencia SU-072 de 2018 exige verificar, en cada caso concreto, si la
medida privativa de la libertad fue irrazonable, desproporcionada, arbitraria o contraria a
derecho, razón por la cual no le asistía razón al accionante al afirmar que el Tribunal
Administrativo del Huila estaba obligado a aplicar de manera automática un régimen
objetivo de responsabilidad por el solo hecho de que la sentencia condenatoria hubiera
sido revocada por falencias en la cadena de custodia y por insuficiencia probatoria.

De igual manera, la Sala advierte que en la providencia accionada, el Tribunal
Administrativo del Caquetá señaló lo siguiente:

«En este punto, es preciso subrayar que el medio de control de reparación directa
no tiene la finalidad de operar como una tercera instancia penal, ni constituye un
mecanismo para reabrir el debate sobre la validez de las decisiones judiciales
proferidas en el proceso penal. Su alcance no se centra en revisar la legalidad o
la corrección técnica de la sentencia, sino en determinar si la privación de la
libertad fue antijurídica en los términos del artículo 90 de la Constitución Política
y, en consecuencia, si surge para el Estado la obligación de reparar los perjuicios
ocasionados al ciudadano.

En reiterada jurisprudencia, el Consejo de Estado ha señalado que el análisis de
responsabilidad en asuntos como el actual debe enfocarse en verificar si la
afectación a la libertad obedeció a una carga que la persona estaba en el deber
jurídico de soportar o, por el contrario, constituyó una restricción desproporcionada
o injustificada, así:

Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no
es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez
determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente
debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia.
Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al
administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en
ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. (…)

En este sentido, cuando se constata que una persona fue privada de la libertad
sin que existiera una base probatoria suficiente, o que la medida se prolongó más
allá de lo estrictamente necesario, se configura una restricción arbitraria y, por
tanto, antijurídica, que activa la responsabilidad patrimonial del Estado.

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Sin embargo, el juez de lo contencioso administrativo no está llamado a sustituir
las competencias del juez penal, sino a examinar —a la luz de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad y respeto a los derechos fundamentales— si la
medida que restringió la libertad fue jurídicamente soportable o si, por el contrario,
generó un daño que el ciudadano no tenía la carga de soportar.

En procura de desatar los argumentos de apelación, debe en principio
considerarse que la legislación y la jurisprudencia hacen énfasis en el interés
superior del menor, de modo que es indudable el deber de protección especial que
asiste al Estado, incluidas las autoridades judiciales, quienes no resultan ajenas a
dicho fin; por ello, ante la existencia de posibles delitos contra menores, deben
desplegar las acciones necesarias para asistir a los niños.

La Corte Constitucional, luego de indicar los instrumentos internacionales en
donde se establece la protección a los menores y que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, en sentencia C-177 de 2014 indicó:

“5.4. Tratándose de menores de edad víctimas de cualquier clase de abusos,
existe la obligación de adoptar medidas adecuadas para protegerlos, más aún
cuando en procura de sus derechos o intereses hay lugar a adelantar cualquier
actuación judicial o administrativa, debiendo ser siempre protegidos en cualquiera
de sus etapas, claro está, sin que ello lleve indefectiblemente al detrimento de
otros valores o principios constitucionales, como ya se indicó. Se erigen así una
serie de garantías, no solo por la prevalencia de los derechos de los menores de
edad, sino en la imperiosa obligación de adoptar medidas para su protección en
todos los ámbitos, incluido el proceso penal, cuando sean víctimas de delitos
aberrantes (cfr. art. 8º Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en pornografía).”»

«Se insiste, si bien se produjo una sentencia absolutoria, esta circunstancia no
implica, siguiendo el derrotero del Consejo de Estado, per se, el carácter de injusto
de la privación de la libertad de que fue víctima Ricardo Oviedo Muñoz, pues para
el momento en que se definió esa situación jurídica, relacionada con la necesidad
de recluirlo en centro carcelario, el Estado contaba con el respaldo para esa
decisión, que no se percibía como desproporcionada, injusta o irracional.

Tal comprobación hace improcedente la prosecución del análisis pues, no
habiendo daño antijurídico, no hay posibilidad de declarar responsabilidad de la
administración.»

Se evidencia así que el Tribunal Administrativo del Caquetá aplicó los criterios fijados por
la Corte Constitucional, al reconocer que la absolución penal por aplicación del principio
in dubio pro reo no conduce automáticamente a la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado. En ese sentido, la autoridad judicial accionada examinó las
circunstancias concretas que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento y
concluyó que esta se encontraba respaldada por elementos de convicción que permitían
inferir razonablemente la posible responsabilidad del procesado, además de responder
al deber reforzado de protección de los derechos de la menor presuntamente afectada.
Por ello, determinó que la restricción de la libertad no podía calificarse como

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desproporcionada, arbitraria o carente de sustento jurídico, descartando así la
configuración de un daño antijurídico indemnizable.

En ese contexto, observa la Sala que lo planteado por los accionantes corresponde a un
mero desacuerdo con la sentencia de segunda instancia, en tanto pretende que el juez
constitucional imponga una determinada forma de analizar la responsabilidad estatal. Sin
embargo, tal pretensión desconoce que la definición del título de imputación y la
valoración de un daño antijurídico hacen parte del fuero interno del juzgador, siempre que
se encuentren debidamente motivadas, como ocurrió en el presente caso.

Asimismo, esta Sala advierte que el Tribunal realizó una completa valoración probatoria
al analizar las circunstancias que rodearon la imposición de la medida de aseguramiento,
el material probatorio que sirvió de fundamento para la vinculación penal de Ricardo
Oviedo Muñoz y los efectos de la sentencia absolutoria proferida en aplicación del
principio in dubio pro reo. Por lo tanto, dicho argumento tampoco reviste relevancia
constitucional, puesto que, la acción de tutela no procede para controvertir la apreciación
probatoria efectuada por el juez natural, salvo que se trate de una valoración caprichosa,
arbitraria o abiertamente irrazonable, lo cual no ocurre en el presente caso. En realidad,
lo que se evidencia es la inconformidad de los actores con el resultado del análisis
efectuado en sede ordinaria.

En consecuencia, la controversia planteada no evidencia una vulneración directa de
derechos fundamentales, sino una discrepancia de los accionantes con el ejercicio
legítimo de la función jurisdiccional y con el precedente en materia de privación injusta
de la libertad.

En suma, la Sala concluye que la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá
estuvo debidamente motivada, fue razonable, respetó los límites de la autonomía judicial
y aplicó correctamente el derecho sustancial. Los cargos formulados por los accionantes
en sede de tutela se limitaron a reiterar su desacuerdo con la interpretación adoptada y
a intentar reabrir un debate judicial ya resuelto de manera definitiva.

Dicho lo anterior, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe
la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es

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Radicación:11001-03-15-000-2025-03269-00
Accionante: Ricardo Oviedo Muñoz y otros
Acción de tutela–Primera instancia

una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales.

En razón de lo anterior, la Sala declará imporcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela Ricardo Oviedo Muñoz y otros
contra el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia y Tribunal Administrativo del
Caquetá por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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