Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03272-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03272-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03272-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03272-01
Accionante: REINALDO MARÍN SALAZAR
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Relación laboral encubierta. Tutela contra providencia judicial
— Confirma improcedencia, pero por no superar el requisito
de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de mayo de
20261 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 30 de abril de 20263, el a quo admitió la acción constitucional y,
mediante providencia del 31 de julio de 20264 concedió la impugnación. En
segunda instancia, mediante auto de 3 de septiembre5 de esta anualidad, se
declararon infundados los impedimentos manifestados por los magistrados Omar
Joaquín Barreto Suárez6 y Gloria María Gómez Montoya7.
I. ANTECEDENTES
1 Índice 20 Samai.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso la vinculación
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y al Servicio Nacional de
Aprendizaje en calidad de terceros con interés, y se requirió al Tribunal Administrativo de
Antioquia para que remita enlace de acceso al expediente con radicado núm. 05001-23-33-000-
2020-03294-00/01.
4 Índice 28 Samai.
5 Índice 11. Samai. En dicha decisión, se indicó que no se acreditó la configuración de la causal
del artículo 56.5 del Código de Procedimiento Penal.
6 Índice 4 Samai. En el expediente de referencia.
7 Índice 5 Samai. En el expediente de referencia
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Accionante: Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-01
1.1. Tutela
1. El señor Reinaldo Marín Salazar, por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela8 en contra de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas
y justas, y al principio de primacía de la realidad sobre las formas.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas en
atención a la decisión contenida en la sentencia del 26 de febrero de 20269,
proferida por la Subsección A demandada. Mediante esta providencia, se
confirmó el fallo del 28 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, donde se negaron las pretensiones del
accionante tendientes a obtener el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral sin solución de continuidad con el Servicio Nacional de
Aprendizaje (en adelante, Sena) y el consecuente pago de las prestaciones
sociales correspondientes. Lo anterior en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del Derecho de radicado 05001-23-33-000-2020-03294-00/01.
3. En concreto, la parte actora formuló en su escrito de tutela las siguientes
pretensiones10:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso, a la
Igualdad, al Acceso a la Administración de Justicia, al Trabajo en
Condiciones Dignas y Justas, y el principio constitucional de Primacía de la
Realidad sobre las Formas Art. 53 C.P. del señor REINALDO MARÍN
SALAZAR, los cuales fueron vulnerados por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la providencia del 26 de febrero de
2026.
SEGUNDA: DECLARAR LA NULIDAD y, en consecuencia, DEJAR SIN
EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 26 de febrero de 2026 por
la autoridad accionada, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho con radicado [Insertar Radicado], por configurar un defecto
fáctico derivado de una valoración arbitraria de las pruebas y un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente de unificación fijado en la
Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021.
TERCERA: ORDENAR a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que, en un término no mayor a quince (15) días
contados a partir de la notificación de este fallo, proceda a proferir una
nueva providencia de reemplazo. En dicho fallo, la autoridad deberá
observar estrictamente la regla de unificación vigente, reconociendo la
unidad vinculatoria derivada de los calendarios académicos y
absteniéndose de imponer cargas probatorias exorbitantes, que
desnaturalicen la protección al trabajador misional del Estado.
CUARTA: DEJAR SIN EFECTO de manera inmediata la condena en costas
impuesta a mi poderdante en la providencia accionada, por cuanto dicha
carga económica resulta desproporcionada, punitiva y constituye una
barrera infranqueable para el ejercicio legítimo del derecho de acceso a la
administración de justicia.
8 Radicada el 28 de abril de 2026. Índice Samai 2.
9 Notificada el 11 de marzo de 2026.
10 Transcrito literal de la Acción de Tutela. Puede contener errores.
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Se solicita la exoneración total de costas, dado que su imposición en este
escenario de asimetría procesal configura un obstáculo económico de
carácter inhibitorio.
1.2. Hechos
4. El señor Reinaldo Marín Salazar solicitó al Sena el reconocimiento de una
relación laboral y el pago de prestaciones, con ocasión de la prestación sucesiva
de servicios entre el 2 de septiembre de 2010 hasta el 12 de diciembre de 2017,
fecha en la que afirma «fue despedido sin justa causa». Mediante Oficio núm. 05-
2-2019-066459 del 11 de diciembre de 2019, la referida entidad negó su petición.
5. En consecuencia, el accionante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el objeto de que se declarara la nulidad del
mencionado oficio y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se
reconociera la existencia de una relación sin solución de continuidad con la
entidad y se ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
correspondientes.
6. El asunto fue conocido en primera instancia por la Sala Quinta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones en sentencia
del 28 de agosto de 2023, con fundamento en que no se acreditaron los
elementos constitutivos de una relación laboral, en especial, la subordinación, ni
se logró desvirtuar la legalidad del acto demandado. Dicha decisión fue apelada
por el demandante.
7. En segunda instancia, correspondió a la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado resolver el recurso. Mediante providencia del 26
de febrero de 2026, acogió los argumentos de la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal y confirmó la decisión.
8. En particular, estimó que, en el marco del proceso, no se demostró la
existencia de una relación laboral entre el demandante y el Sena, «como tampoco
se advirtieron los elementos de juicio de los que se extrajera con suficiencia y
claridad que el demandante estuviera imposibilitado de actuar de manera
independiente» en el desarrollo de la actividad para la cual fue contratado.
9. En consideración la autoridad judicial accionada, del análisis conjunto de
las pruebas no se determinó de manera clara que los funcionarios del Sena
ejercieran de forma decisiva dirección y control sobre las actividades del
demandante. Por lo tanto, no se probó la existencia del elemento de
subordinación.
1.3. Sustento de la vulneración
10. El accionante justificó la vulneración de sus derechos fundamentales en
atención a que, en su concepto, se configuró: i) defecto fáctico ii) defecto
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sustantivo iii) violación directa de la constitución y iv) desconocimiento del
precedente.
11. Respecto del defecto fáctico, aseguró que la subsección accionada
exigió una carga probatoria desproporcionada para acreditar la subordinación,
entre ellas, pruebas directas y formales como órdenes imperativas o sanciones
disciplinarias, pese a que, en su criterio, este tipo de evidencias difícilmente
existen cuando una relación laboral se encuentra encubierta bajo contratos de
prestación de servicios.
12. También afirmó que el fallo desconoció la asimetría entre el contratista y
administración y descartó elementos que consideró relevantes para demostrar la
subordinación, tales como los registros de la plataforma SOFIA PLUS, que
reflejaban una dedicación de 8 horas diarias, 40 semanales y un promedio de
160 mensuales, así como la ejecución de las mismas funciones desarrolladas por
instructores de planta durante varios años. Para el accionante, la autoridad
judicial calificó estos elementos como simples manifestaciones de coordinación
e ignoró la realidad material alegada.
13. Adicionalmente, el actor sostuvo que en el fallo reprochado se omitió
valorar pruebas determinantes que reposaban en los antecedentes
administrativos aportados por el propio Sena y que habían sido identificadas y
explicadas en los alegatos de conclusión y en la apelación.
14. Entre esas pruebas mencionó las certificaciones que daban cuenta de la
inexistencia de personal de planta suficiente y las resoluciones que establecían
los calendarios académicos del Sena. Por ello, adujo que la autoridad judicial
accionada incurrió en una valoración arbitraria y contraevidente de las pruebas,
al concluir que no existían elementos suficientes para acreditar horarios,
continuidad y subordinación.
15. En lo relativo al defecto sustantivo, argumentó que la autoridad judicial
desnaturalizó el concepto de subordinación al considerar como simples actos de
coordinación obligaciones, tales como sujetarse al modelo pedagógico del Sena,
evaluar aprendices mediante las plataformas institucionales y acatar los
reglamentos y directrices de la entidad.
16. Acerca de la violación directa a la Constitución, alegó la transgresión
del artículo 53 Superior al exigir pruebas propias de una relación legal y
reglamentaria, como sanciones o investigaciones disciplinarias formales, para
reconocer la existencia de un contrato realidad. En consecuencia, aseveró que
se desconocieron los principios de primacía de la realidad e in dubio pro operario,
pues toda la carga derivada de la presunta insuficiencia probatoria fue trasladada
al trabajador, pese a la existencia de múltiples contratos sucesivos y al
desempeño continuo de labores misionales para la entidad.
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17. Por último, se refirió al desconocimiento del precedente contenido en la
sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 al validar la utilización prolongada de contratos
de prestación de servicios para atender necesidades permanentes del Sena. Al
respecto, afirmó que el fallo reconoció que su vinculación se extendió durante
aproximadamente ocho años y que las labores desarrolladas correspondían a
una necesidad permanente de la entidad, pero aun así concluyó que era
jurídicamente admisible acudir a la contratación por prestación de servicios para
cumplir tales funciones.
18. Según la parte accionante, esta interpretación transformó una figura
excepcional en una regla general y terminó convalidando un presunto fraude a la
Ley 80 de 1993 y a las garantías laborales previstas en la Constitución.
1.4. Intervenciones
19. Sena11. Solicitó declarar improcedente la tutela, o en su defecto, negar las
pretensiones, porque el accionante no acreditó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y sus reparos fueron la reproducción de argumentos
expuestos en el proceso ordinario. En ese orden, estimó que lo pretendido
respondía a la búsqueda de una tercera instancia y reabrir un debate probatorio
decidido en las dos instancias.
20. Tribunal Administrativo de Antioquia12. Manifestó que la tutela era
improcedente, por cuanto no se configuró defecto alguno y, por el contrario, la
decisión dictada por esa corporación se fundamentó en la valoración integral y
conjunta del acervo probatorio, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Igualmente, aportó el expediente del proceso 05001233300020200329400.
21. Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado13. Solicitó
la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo, al considerar que la
intención del actor era convertir la acción de tutela en una instancia adicional para
insistir en argumentos resueltos en el marco del proceso ordinario. Agregó que
en la providencia cuestionada se revisaron los requisitos estructurales de la
relación laboral encubierta y se valoraron los elementos probatorios recaudados
en el proceso.
1.5. Sentencia de primera instancia
22. Mediante sentencia del 25 de mayo de 202614 la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
solicitado.
11 Índice Samai 13.
12 Índice Samai 16.
13 Índice Samai 15.
14 Notificada el 21 de julio de 2026. Índice Samai 24.
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23. Tal decisión respondió a la falta de legitimación en la causa por activa del
señor Wilson López Londoño para promover la acción de tutela en defensa de
los derechos fundamentales del señor Reinaldo Marín Salazar en atención a que
el señor López Londoño no acreditó el otorgamiento de poder especial para
actuar como su apoderado judicial en el trámite de tutela, pese a haber sido
requerido en el auto admisorio de la acción15.
24. Al respecto, indicó la Subsección que: «[e]n esas condiciones, la Sala
observa que el mencionado abogado no es titular de los derechos cuyo amparo
reclama, toda vez que el eventual afectado con la providencia objeto de tutela es
Reinaldo Marín Salazar, quien tenía la calidad de demandante dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que aquella fue proferida. En ese
contexto, corresponde únicamente a este promover la acción constitucional si
considera vulneradas sus garantías fundamentales»
1.6. Impugnación
25. Mediante memorial del 23 de julio de 202616, la parte actora, por intermedio
de apoderado judicial debidamente acreditado, presentó escrito de impugnación
a la sentencia de primera instancia en donde reiteró los argumentos del escrito
de tutela y propuso como pretensión que se revocara la providencia proferida el
25 de mayo de 2026 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado, y que, en su lugar, se realizara el estudio de fondo de la controversia.
26. En ese orden, solicitó que se conceda el amparo definitivo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad material, a la tutela judicial
efectiva y a la primacía de la realidad sobre las formas en favor del señor
Reinaldo Marín Salazar. Asimismo, pretendió que se declare que la providencia
del 26 de febrero de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, incurrió en un defecto fáctico por imposición de una carga
probatoria irrazonable y en un defecto sustantivo por desconocimiento de la regla
de unificación contenida en la Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021.
27. Como consecuencia de lo anterior, pidió que se dejara sin valor ni efecto
jurídico la providencia cuestionada y que se ordene a la autoridad judicial
accionada a dictar una decisión de reemplazo ajustada a los postulados
constitucionales y al precedente de unificación referidos en su escrito de tutela y
reiterados en el escrito de impugnación.
28. De manera subsidiaria, solicitó que se revoque y se deje sin efectos la
condena en costas procesales impuesta en la sentencia reprochada.
15 Auto admisorio del 30 de abril de 2026:
«se observa que el apoderado de la parte accionante no adjuntó el poder que lo facultara para
actuar en representación del accionante, por lo que será requerido para que lo aporte al presente
trámite. No obstante, en aras de garantizar sus derechos al debido proceso y de contradicción
será admitida la presente acción».
16 Índice Samai 26.
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II. CONSIDERACIONES
29. La Sala confirmará la decisión del 25 de mayo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo. No obstante, esta Sección sustentará
la improcedencia de la acción en la no superación del requisito de relevancia
constitucional exigido en la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
30. El Consejo de Estado17 y la Corte Constitucional18, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales19 y a la configuración de algún
defecto especial20 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
31. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
32. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
33. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
19 (i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
20 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
34. La Sala advierte que, en este caso, se satisface el requisito de legitimación
en la causa por activa, pues junto con el escrito de impugnación, el señor López
Londoño allegó el poder especial conferido por el señor Marín Salazar para
promover la presente acción de tutela. Así mismo, se constata este presupuesto,
en atención de que este último fue la parte demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia que se
cuestiona en esta oportunidad.
35. De igual forma, se advierte que la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado también está legitimada por pasiva por ser la autoridad judicial
que dictó la sentencia objeto de estudio.
36. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional21, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
37. En caso bajo estudio, el accionante cuestiona la decisión de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferida 26 de febrero de 2026
al considerar que vulneró sus derechos fundamentales, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, al trabajo en condiciones dignas y justas, y el
principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas
38. De acuerdo con la solicitud de amparo y el escrito de impugnación, dicha
providencia incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente. Lo anterior, por la imposición de
una carga probatoria, a su juicio irrazonable, para acreditar el elemento de
subordinación para probar la existencia de una relación laboral encubierta.
39. Asimismo, consideró que la Subsección se apartó de las reglas de
unificación fijadas en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del Consejo de Estado
y que, a su criterio, le eran aplicables.
40. En ese contexto, se advierte que la acción de tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional puesto que la parte actora presentó
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y, con ello,
reabrir la discusión ya zanjada por el juez ordinario.
41. Lo anterior, debido a que todos los argumentos y cargos planteados en la
acción de tutela están dirigidos a mostrar una inconformidad respecto de la
valoración probatoria del expediente, el razonamiento de los jueces de instancia.
42. En concreto, el accionante afirma en su escrito de impugnación que «La
imposición inconstitucional de una "tarifa legal encubierta" para la demostración
de la subordinación. La providencia de la Subsección A incurrió en un defecto
fáctico absoluto al imponer un estándar probatorio exorbitante, consistente en
exigir evidencias documentales de naturaleza disciplinaria, sancionatoria o de
imposición de órdenes directas e imperativas para tener por demostrada la
subordinación».
43. Bajo ese entendido, el reproche elevado no constituye un asunto de
relevancia constitucional, pues versa meramente de una discusión de carácter
probatorio, como lo es la demostración de la subordinación como elemento de la
relación laboral. Tal cuestión fue plenamente abordada en un primer momento
por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión y luego por el Consejo de Estado al resolver el recurso de
apelación.
44. Ciertamente, de la revisión del proceso ordinario, se logra constatar que,
en esa oportunidad, el accionante insistió en que se demostró el elemento de la
subordinación conforme a los requisitos establecidos en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021. Esto, porque: (i) fue contratado para prestar
sus servicios como instructor por más de 7 años; (ii) debía cumplir con un horario
en función de grupos de aprendices en las aulas asignadas, lo cual registraba en
la plataforma SOFIA PLUS; (iii) la Dirección General del Sena controlaba las
actividades que él ejecutaba, pues estas estaban sujetas a las directrices
emitidas por aquella; (iv) su rol era el mismo que desempeñaban los empleados
de planta, por lo que su labor hacía parte del objeto misional de la entidad; (v) su
contratación se extendió por más de 7 años, por lo que la prestación del servicio
no fue ocasional ni temporal.
45. Igualmente, consideró que los jueces debieron decretar pruebas de oficio
para probar la subordinación, comoquiera que «se presenta un desequilibrio tan
enorme entre un particular que pretende exigir el reconocimiento de unos
derechos laborales y una entidad del Estado».
46. Lo anterior evidencia que el debate planteado a través de la acción
constitucional sub judice no difiere de aquel que fue propuesto y resuelto por en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se negaron las
pretensiones del demandante al no evidenciar la configuración de la
subordinación como elemento de la presunta relación laboral encubierta a partir
del análisis del material probatorio obrante en el expediente. Entonces, cualquier
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decisión del juez de tutela tornaría este mecanismo en una instancia adicional del
proceso ordinario, lo que demuestra su falta de relevancia constitucional.
47. Al respecto, la Sala recuerda que la acción de tutela contra providencias
judiciales como un mecanismo excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. De
allí que esta se conciba como un «juicio de validez» y no como un «juicio de
corrección» del fallo cuestionado22.
48. Ello es así, en tanto su objeto no es constituir una nueva instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho
legislado que dieron origen a la controversia, puesto que las partes ya contaron
con los recursos judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir
las decisiones dictadas por las autoridades judiciales en el marco de su
autonomía e independencia23. Por tal motivo, pretender reabrir el debate
probatorio del proceso ordinario, desnaturaliza este mecanismo constitucional
excepcional, al emplearlo como un juicio de corrección o una tercera instancia.
49. En ese sentido, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental, máxime
cuando lo que se cuestiona es una decisión de una alta corte, como ocurre en
este caso.
50. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal, o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales de la causa.
2.2. Conclusión
51. En síntesis, la Sala encuentra que la acción de tutela interpuesta no
satisface el requisito general de relevancia constitucional exigido para la
procedencia del amparo contra providencias judiciales.
52. Por tal razón, la Sala confirmará la improcedencia de la solicitud de
amparo, por los motivos desarrollados en esta providencia, sin que resulte
necesario examinar la configuración de los defectos sustantivo, fáctico, violación
directa de la constitución y de desconocimiento del precedente invocados por la
parte actora.
22 Sobre este punto consultar Sentencias T-310 de 2009, T-126 de 2018 y T-016 de 2019.
23 Sentencia T-553 de 2012.
10
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Accionante: Reinaldo Marín Salazar
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03272-01
53. Por último, respecto del reproche elevado por el accionante en el escrito
de impugnación, relativo la condena en costas impuesta en su contra, considera
la Sala que, al no haber sido planteado desde un principio en el escrito de
amparo, corresponde a un hecho nuevo que no fue puesto de presente de
manera inicial; circunstancia que vulneraría los derechos de contradicción y de
defensa de las partes accionadas. Motivo de lo anterior, no habrá ningún
pronunciamiento sobre el particular.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 25 de mayo de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo, pero por los motivos expuestos en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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