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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03274-00

Fecha
28 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03274-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03274-00

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

28 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03274-00
Accionante: Jorge Alberto Vergara Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba y Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda de tutela presentada por el señor
Jorge Alberto Vergara Martínez en contra de la sentencia proferida el 10 de marzo de
2026 y los actos administrativos demandados en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona (i) la sentencia proferida el 10 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones y, en su lugar, negó las súplicas de la
demanda del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, (ii) la resolución núm.
01915 de 2015 y (iii) el acta núm. TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1. Se declara la
improcedencia de la demanda, en tanto no se superó el requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 28 de abril de 2026, el señor Jorge Alberto Vergara Martínez, mediante
apoderado judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna,
trabajo, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital y estabilidad
laboral reforzada, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados con ocasión de (i) la
sentencia proferida el 10 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
mediante la cual se revocó la decisión del 30 de junio de 2022 dictada por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Montería dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho núm. 23-001-33-33-007-2015-00302-00/01, por medio de la cual se
accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda, (ii) la resolución núm. 01915
de 2015, mediante la cual el accionante fue retirado del servicio activo de la Policía

1 Temas: Acción de tutela / Improcedencia / Relevancia constitucional / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Retiro de miembros de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03274-00
Accionantes: Jorge Alberto Vergara Martínez
Se declara la improcedencia de la demanda

Nacional por disminución psicofísica y (iii) el acta núm. TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1
emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por medio de la
cual se determinó una incapacidad permanente parcial, con disminución de la capacidad
laboral del 10.5%.

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

Que ésta Alta Dignidad conceda el Amparo Constitucional excepcional a éste patrullero
quien fue evaluado con una discapacidad mínima amparo que elevo invocando la
sentencia C-328/2022 disponiendo su reintegro y reubicación al violarle El Tribunal
Médico laboral y El H tribunal Administrativo de Córdoba los siguientes derechos
fundamentales :1.- El debido proceso, 2.- Derecho a La Estabilidad Laboral Reforzada.
3.- Derecho a la Vida Digna, 4.- El Derecho al Trabajo 5.- Acceso a La Administración De
Justicia, 6.- Derecho La Igualdad frente a los fallos de estabilidad laboral reforzada
emitidos en sentencias de unificación y de Tutela, 7.- Respeto a El Mínimo Vital y 8.- y a
La Seguridad Social y que como consecuencia del amparo se disponga

1.- Revocar el Acta del Tribunal Médico legal (en adelante)

2.- Revocar la Resolución de Retiro 01915 de 6 de mayo de 2015 (en adelante =)

3.- Revocar el fallo del H. Tribunal de Córdoba 7 que revocó el fallo de primera instancia
del Juzgado Séptimo Administrativo De Córdoba

4.- Se digne Proceder como se determinó en la C-328/22 y en las múltiples sentencias
que reiteran ese precedente a ordenar a la Entidad el reintegro reincorporación y
reubicación en actividades propias acorde con sus capacidades residuales, y si no tiene
capacidades proceda a capacitarlo como múltiples precedentes han determinado y a
indemnizarlo desde su retiro hasta su reintegro efectivo2. (Subrayado y negrillas del texto
citado)

B. Hechos

3. El señor Jorge Vergara se encontraba vinculado a la Policía Nacional en el grupo de
tránsito urbano de Montería en el cargo de patrullero.

4. El 14 de abril de 2012, sufrió un accidente de tránsito, por lo cual se adelantó
informativo prestacional por lesión núm. 0033 del 2012, mediante el cual se calificó su
lesión como accidente “en el servicio por causa y razón del servicio”.

5.En virtud del accidente, mediante acta núm. 1629 del 18 de noviembre de 2013, la
Junta Médico Laboral determinó que, debido a la fractura en T12 con colapso mínimo
del 5% con dolor residual originada en accidente de trabajo, se clasificó la incapacidad
permanente parcial, con calificación de apto y disminución de la capacidad laboral total
del 8.50%.

6. Inconforme con la decisión, el señor Jorge Vergara solicitó convocatoria ante el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, la cual fue autorizada el 21 de
abril de 2014 por el secretario general del Ministerio de Defensa Nacional.

7.Mediante acta núm. TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 del 13 de febrero de 2015
emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se declaró una

2 Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.

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Se declara la improcedencia de la demanda

incapacidad permanente parcial y se indicó que el señor Jorge Vergara no era apto para
el servicio, ya que tuvo una disminución de la capacidad laboral del 10.50%.

8. Mediante resolución núm. 01915 del 6 de mayo de 2015 expedida por el director
general de la Policía Nacional, se retiró del servicio activo al señor Vergara por
disminución de su capacidad psicofísica.

9. El señor Jorge Vergara presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución núm. 01915 del 6 de
mayo de 2015 y el acta núm. TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 del 13 de febrero de 2015
y, a título de restablecimiento, que la Policía Nacional lo reincorporara al cargo y grado
que tenía al momento del retiro o a uno de mayor categoría, además, que se
reconocieran y pagaran los emolumentos laborales dejados de percibir.

10. Por medio de sentencia del 30 de junio de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo
de Montería accedió a las pretensiones de la demanda, al determinar que los actos
administrativos demandados se expidieron con falsa motivación, por cuanto transcurrió
más de un año desde la realización de los exámenes hasta la fecha de la práctica del
Tribunal Médico Laboral, pese a que el Decreto núm. 1796 de 2000 indica que los
exámenes médicos tienen una validez de dos meses, contados a partir de la fecha en
que fueron practicados. Así debieron realizarse nuevos exámenes médicos al señor
Vergara y no sustentar el concepto de ortopedia en exámenes que ya habían perdido
validez y, consecuentemente, emitir la resolución núm. 01915 del 2015, mediante la cual
se retiró del servicio activo al patrullero.

11. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó recurso de apelación contra la
decisión del 30 de junio de 2022 y alegó, entre otros, que los actos administrativos
acusados cumplen con las exigencias legales requeridas, máxime cuando el patrullero
no reunía las condiciones psicofísicas exigidas para la prestación del servicio asignado.

12. Mediante sentencia del 10 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de Córdoba
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, tras concluir que los actos administrativos demandados se sustentaron, no
solo en el resultado del examen especializado practicado en el 2013, sino en la
valoración médica que estudió la evolución del estado de la patología del patrullero
realizado durante el trámite de revisión.

C. Fundamentos de la vulneración

13. El accionante señaló que la autoridad judicial cuestionada incurrió en los defectos
orgánico, fáctico, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución. A su vez, refirió que presenta la demanda de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, debido a que no cuenta con
ningún medio para mantener a su familia y atender la grave condición de salud de su
esposa.

14. Sobre el defecto orgánico, argumentó que se configuró por cuanto la autoridad
judicial accionada no evidenció que el Tribunal Médico Laboral emitió un acta el 13 de
febrero de 2015, mediante la cual consta que los médicos se reunieron para dictaminar

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Se declara la improcedencia de la demanda

la discapacidad el 30 de octubre de 2014, es decir, que ya había transcurrido más de
siete meses cuando se emitió la Resolución núm. 01915 del 6 de mayo de 2015, por lo
cual ese acto había perdido validez.

15. Indicó que el dictamen médico que sustentó el acta expedida el 30 de octubre de
2014 por el Tribunal Médico Laboral transgredió el precedente jurisprudencial contenido
en la sentencia de la Corte Constitucional T-165 del 2017, por medio de la cual se fijaron
los criterios que debe contener un dictamen médico legal.

16. En relación con el defecto fáctico, alegó que el Tribunal accionado no consideró que
el acta emitida por el Tribunal Médico Laboral careció de sustento probatorio, ya que no
satisfizo la carga requerida por la jurisprudencia constitucional, en particular, la
sentencia T-165 del 2017.

17. Asimismo, argumentó que ninguno de los profesionales del Tribunal Médico Laboral
se identificó como traumatólogo, no se analizó su hoja de vida ni se verificaron sus
capacitaciones o estudios y no hubo ninguna radiografía o examen del médico tratante
actualizado en el cual se haya brindado un concepto de traumatología, pues lo único
que existió fue un examen físico para determinar la discapacidad del 10.5%.

18. En cuanto a la decisión sin motivación, manifestó que los actos administrativos de
discapacidad y retiro no cumplieron con el fundamento necesario que ha establecido la
Corte Constitucional.

19. Respecto del desconocimiento del precedente, indicó que la sentencia del 10 de
marzo de 2026 desconoció las decisiones de tutela y las sentencias de unificación de la
Corte Constitucional, en particular, se refirió a las providencias judiciales C-318 de 2005,
T-190 de 2018, T-562 de 2017, SU-487 de 2024, T-503 de 2010, SU-061 de 2023 y SU
428 de 2023 que se refieren a la estabilidad laboral reforzada. Además, adujo que la
autoridad judicial accionada no se refirió a ningún argumento para sustentar las razones
por las cuales se apartó de los lineamientos jurisprudenciales descritos.

20. Se configuró un defecto por violación directa de la Constitución, en particular, se
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, vida digna, libre desarrollo de la
personalidad, trabajo y salud.

21. A su vez, se transgredieron los derechos contenidos en los artículos 47, 53 y 54 de
la Constitución, debido a que la Policía Nacional tiene el deber de adelantar políticas
para la previsión, rehabilitación e integración social. Indicó que debían capacitarlo para
ocupar otro cargo acorde con sus capacidades y no negarle una atención especializada,
tal como ocurrió en el caso concreto.

D. Trámite procesal

22. Mediante auto del 30 de abril de 20263, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Córdoba y a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y, en calidad de terceros con interés, al Juzgado Séptimo Administrativo
de Montería, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto de la demanda de

3 Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.

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tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

23. Mediante memorial del 5 de mayo de 20264, el apoderado de la parte accionante
allegó los elementos de prueba que estimó necesarios para resolver la solicitud de
amparo que presentó.

24. El Ministerio de Defensa – Policía Nacional5 (accionado) señaló que la Resolución
núm. 01915 del 6 de mayo de 2015 se emitió de acuerdo con los lineamientos legales
determinados por los Decretos núm. 1791 y 1796 del 2000. Asimismo, indicó que la
providencia judicial cuestionada se fundamentó en una correcta valoración objetiva y
conjunta del material probatorio presentado por las partes, considerando que los actos
administrativos controvertidos se expidieron conforme la normatividad vigente para el
caso, por lo cual no se configuraron los defectos alegados, más aún cuando carecen de
sustento fáctico, jurídico y probatorio.

25. Manifestó que la solicitud de amparo es improcedente, por cuanto no se evidencia
la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando el accionante ya hizo uso de
otras vías de defensa jurisdiccional para resolver la discusión que propone en el
presente trámite constitucional.

26. El Tribunal Administrativo de Córdoba6 (accionado) allegó copia del expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 23-001-33-33-007-
2015-00302-01.

27. El Juzgado Séptimo Administrativo de Montería7 (tercero con interés) remitió el
enlace del expediente digital núm. 23-001-33-33-007-2015-00302-00.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

28. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de tutela interpuesta por el señor Jorge Alberto Vergara Martínez
contra el Tribunal Administrativo de Córdoba y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

G. Cuestión previa

29. El escrito de tutela propone dos discusiones: una, respecto la sentencia del 10 de
marzo de 2026 y otra, en relación con la inconstitucionalidad de la resolución núm. 01915
de 2015 y del acta núm. TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1.

4 Índice 11 y 14 del expediente digital disponible en Samai.
5 Índice 15 del expediente digital disponible en Samai.
6 Índice 17 del expediente digital disponible en Samai.
7 Índice 19 del expediente digital disponible en Samai.

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30. La Sala advierte que el análisis se orientará a estudiar si la parte accionante superó
los requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela contra providencias
judiciales y, en tal caso, determinar si la sentencia del 10 de marzo de 2026, que negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en los
defectos alegados.

31. La Sala se abstendrá de estudiar los argumentos formulados en contra de los actos
administrativos que también se cuestionan en la demanda de tutela, en la medida en que
dichos reparos y las pretensiones elevadas contra la providencia judicial del Tribunal
Administrativo de Córdoba persiguen una misma finalidad, esto es, obtener una nueva
decisión judicial a partir de la cual se revoquen la resolución núm. 01915 de 2015 y el
acta núm. TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1. Por tanto, no resulta procedente abordar
nuevamente ese debate por la vía constitucional.

H. Sentido de la decisión

32. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela, debido a que no se
superó el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante propone
un debate de mera legalidad. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta
providencia no se hará la verificación de los requisitos generales de procedencia de la
demanda de tutela8.

I. El requisito de relevancia constitucional

33. La Corte Constitucional ha reconocido que la demanda de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.9 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada10, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

34. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la demanda de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del

8 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.

Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.11

35. En la sentencia SU-215 de 202212, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:

(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;

(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;

(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y

(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales

36. Para la Corte Constitucional13, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

37.Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea

11 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de

2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”14.

J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

38. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

39. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia proferida el 10 de
marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Córdoba, porque, a su juicio, incurrió
en los defectos orgánico, fáctico, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos fundamentales.

40. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”15.

41. El desconocimiento del precedente ocurre cuando un juez se aparta de un
precedente judicial (vertical u horizontal) sin proporcionar una carga argumentativa
razonada que justifique las razones por las cuales se aparta de la regla jurisprudencial
previa.

42. El defecto orgánico se configura cuando un funcionario judicial emite una decisión
sin tener competencia para ello, por lo cual se materializa la vulneración del derecho al
debido proceso.

43. La violación directa de la Constitución se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4° de la
Constitución Política16. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes
supuestos: (i) la autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta
aplicable al caso concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de
los postulados constitucionales.

44. La decisión sin motivación17 se presenta cuando los funcionarios judiciales emiten
una providencia sin explicar los fundamentos fácticos y jurídicos que motivan su
decisión, tal defecto se configura por cuanto la motivación constituye un deber de los

14 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-114 de 2002 y T-042 de 2024.

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jueces, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático.

K. El caso concreto

45.La Sala considera que la demanda de tutela no supera el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que la discusión que presenta el accionante se circunscribe en
un asunto de mera legalidad, mediante el cual pretende una instancia adicional para
cuestionar la interpretación y conclusión que adoptó el Tribunal Administrativo de
Córdoba.

46. En efecto, el accionante no propone una controversia constitucional autónoma,
debido a que sus argumentos están orientados a que se realice, nuevamente, por
conducto de la acción de tutela, un control de legalidad del acta núm. TML 14-0515
MDNSG-TML-41.1 emitida por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía,
porque, a su juicio, carece de fundamento técnico, probatorio y científico, con el fin de
que, a su vez, se controvierta la resolución núm. 01915 de 2015, mediante la cual el
accionante fue retirado del servicio y, en su lugar, se disponga su reintegro a la Policía
Nacional, no obstante, tal asunto ya fue debidamente analizado y resuelto por el juez
natural del asunto.

47. De hecho, mediante sentencia del 10 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo
de Córdoba se ocupó de establecer si la resolución núm. 01915 de 2015 y el acta núm.
TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 se encontraban o no viciados de nulidad por falsa
motivación o si, por el contrario, estaban ajustados a derecho. Al respecto, la autoridad
judicial accionada se refirió al marco normativo y jurisprudencia pertinente, en particular,
a los Decretos núm. 179118 y 1796 de 200019 y el núm. 094 de 198920, realizó un recuento
del material probatorio allegado al trámite y determinó:

Del análisis realizado, considera la Sala que la resolución No. 01915 del 06 de mayo de 2015
se encuentra ajustada a derecho, en la medida que, en la misma se dispuso retirar del
servicio activo de la Policía Nacional al patrullero Jorge Alberto Vergara Martínez por
disminución de la capacidad laboral del 10.5%, con fundamento el acta emitida por el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en la que se lo calificó con Incapacidad
Permanente Parcial - No Apto – No sugiere reubicación laboral.

Lo anterior, como quiera que dicha acta se emitió por el organismo competente - Tribunal
Médico Laboral de revisión - y de conformidad con los parámetros establecidos en los
Decretos 94 de 1989 y 1796 de 2000 para la evaluación de capacidad psicofísica y
determinación de pérdida de capacidad laboral en la última instancia; y, en su contenido se

18 Presidente de la República de Colombia. Decreto Ley 1791 de 2000. Por el cual se modifican las normas

de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.
19 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1796 de 2000. Por el cual se regula la evaluación de

la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades,
indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la
Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal
civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de
la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
20 Presidente de la República de Colombia. Decreto 094 de 1989. Por el cual se reforma el estatuto de la

capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas
de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

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Accionantes: Jorge Alberto Vergara Martínez
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plasmaron las razones que justifican la decisión basadas en el criterio técnico científico y el
diagnostico integral de salud, así como un análisis subjetivo de valoración de las habilidades,
destrezas o capacidades del calificado para arribar a la recomendación de no reubicación.
Se advierte que el Tribunal Médico revisó, no solo las valoraciones médicas y los resultados
consignados en el acta expedida por la junta médica en el año 2013, sino que analizó la
evolución del estado de la patología a través del examen físico realizado al paciente durante
la sesión de revisión.
De tal manera que el análisis de las lesiones y secuelas realizado por el Tribunal Médico, no
proviene únicamente del resultado del examen especializado de ortopedia practicado en el
2013 que evidenció la fractura en T12, como lo estimó el a quo, sino de la valoración médica
realizada por los integrantes del órgano evaluador al demandante (anamnesis y examen
físico), que permitió identificar y reclasificar el grado de pérdida de la capacidad laboral en
virtud de la apreciación del estado actual de secuelas de las lesiones y afecciones descritas
por el interesado durante el tiempo que estuvo en servicio activo, las cuales permitieron
identificar una condición sintomática persistente causada por las actividades del cargo pese
a las restricciones de peso, sin progresión de la secuela con manejo conservador de
analgesia que controla el dolor dorsal, y una limitación en últimos grados por dolor en flexión
y extensión.

(…)

Importa precisar que, si bien es cierto que la normatividad y la pauta jurisprudencial
constitucional, establecen una especial protección a las personas discapacitadas, en orden
a garantizar su rehabilitación e integración a la vida social en igualdad de condiciones que
los demás ciudadanos, también lo es que el desempeño de las funciones de los miembros
de la fuerza pública concierne a la prestación de un servicio especial, que comporta la
acreditación de capacidades tanto físicas como intelectuales, lo que impone que cada caso
sea valorado de forma particular, como en efecto lo hizo el Tribunal Médico Laboral de
Revisión, cumpliendo con la carga de motivación bajo criterio técnico que sustentó la
imposibilidad de recomendar la reubicación del patrullero, lo cual no resulta discriminatorio ni
contrarío a la constitución.

48. En ese sentido, el Tribunal accionado revocó la sentencia proferida el 30 de junio de
2022 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Montería y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, por cuanto los actos administrativos demandados se
expidieron de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia en la materia y se encontraron
ajustados a derecho, tal como argumentó la parte demandada en su escrito de apelación.

49. Incluso, en el trámite administrativo también se abordó la discusión que ahora plantea
el accionante en sede de tutela, pues en dicho escenario formuló los mismos reparos
frente a los actos administrativos que ahora pretende dejar sin efecto a través de los
argumentos planteados en contra de la sentencia de segunda instancia.

50. Así, mediante la reclamación que presentó contra el acta núm. 1629 del 18 de
noviembre de 2013 emitida por la Junta Médico Laboral, el accionante, entre otros,
solicitó:

4.1.1 Revóquese el acta N° 1629 de Junta Médico laboral de fecha 18 de noviembre de
2013.

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4.1.2 En consecuencia, sírvase CALIFICARME en el siguiente Numeral que contempla las
lesiones o afecciones que producen disminución de la capacidad laboral de conformidad
con lo establecido en el Art 71 Decreto 094/1989, modificado y adicionado por el Decreto
Ley 1796/2000, por consiguiente auméntese el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral y mi reubicación laboral, ya que en la actualidad por calificarme la Junta
Médico Laboral APTO, estoy laborando sin ninguna restricción médica y mi salud está
deteriorándose cada día más por mis fuertes dolores lumbar.

51. Por medio del acta núm. TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 del 13 de febrero de 2015,
el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía indicó:

Se procedió a ponerle de presente el documento contentivo de la solicitud de convocatoria
de Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía y se leyó el objeto de su
petición, ante lo cual el paciente se ratificó en ella y agregó: acudo ante el presente
Tribunal porque no me encuentro conforme con lo determinado desde la junta médico
laboral donde me asignan muy pocos índices por mi lesión en mi columna, siento que no
puedo cumplir mis funciones por lo que considero que se me debe aumentar los índices,
así mismo NO me considero apto para el servicio, porque el dolor persiste y me limita a
no llevar a cabo mi función al inclinarme. cargar peso, ni mantener una sola posición por
tiempo prologado, no puedo hacer actividad física y me duele la espalda al desplazarme
en moto, refiere que esta secuela le sucedió en Monteria 14 de abril del 2002, donde iba
en calidad de parrillero en una moto y otra moto. Los envistió donde fue llevado a la Clínica
De Trauma Y Fractura, donde me hace manejo inicial e imágenes, donde me ordenaron
salida y quede con dolor por lo que se me otorgo una incapacidad menor a una semana y
analgesia, pero de nuevo el dolor persistió donde me valora un ortopedista y me ordenan
una RMN de columna dorsal y me encuentra una lesión en la columna, por lo que me deja
con manejo de analgesia y una restricción para cargar peso, refiere que el ultimo control
fue hace 12 meses con consumo intermitente de analgésico meloxican, solo por presencia
de dolor. Actualmente cumple funciones de seguridad en casas fiscales de oficiales donde
lleva 2 años en dicha asignación.

Capacitaciones:

Refiere un curso de informática básica en el 2013 por el SENA y formación institucional
sin referir que cursos lleva a cabo, pero no presenta ningún tipo de documentación se le
solicita que las allegue pero hace una respuesta negativa a tal solicitud, se verifica en la
base de datos del SENA y no hay ningún registro sobre cursos realizados por el calificado.

52. En ese sentido, de acuerdo con la información y los medios de convicción aportados
al trámite, el Tribunal Médico Laboral determinó que el accionante no era apto para el
servicio de actividad policial y no era procedente su reubicación laboral. Lo anterior, en
virtud de su condición médica y lo que expresó ante el tribunal, pues manifestó que tiene
síntomas de dolor persistentes y crónicos que se causan por las propias actividades de
su cargo y grado, a pesar de desplegar sus funciones bajo las recomendaciones de
ortopedia, por lo cual la reubicación laboral expondría al señor Vergara a un riesgo
innecesario, comprometiendo su salud y bienestar, además, el peticionario no tiene la
capacidad ocupacional para desempeñarse en otras áreas.

53. Ahora bien, resulta evidente que el accionante pretende, a través del indebido uso
del mecanismo constitucional, obtener una instancia adicional para controvertir la

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decisión que adoptó el Tribunal Administrativo de Córdoba, sin embargo, tal como se
advirtió, esa discusión ya fue debidamente analizada por el juez natural del asunto.

54. Pese a que el accionante alegó la configuración de los defectos orgánico, fáctico,
desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y decisión sin
motivación como requisitos específicos de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales, lo cierto es que tales reparos no satisfacen la carga argumentativa requerida
para demostrar que la sentencia del 10 de marzo de 2026 se sustentó en criterios
arbitrarios o caprichosos en detrimento de sus garantías iusfundamentales.

55. Por el contrario, se evidenció que los reparos manifestados por el accionante no
superan la simple desavenencia e inconformidad con el sentido de la decisión, máxime
cuando en el trámite administrativo alegó que no se considera apto para el servicio y no
se acreditó ningún registro sobre los cursos realizados por el señor Vergara, cuestión que
también se estudió en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

56. La Sala recuerda que el mecanismo constitucional que se presenta contra
providencias judiciales comporta un juicio de validez y no de corrección, toda vez que su
finalidad está orientada a determinar si la sentencia cuestionada vulnera los derechos
fundamentales de la parte accionante, de conformidad con los defectos descritos en el
párrafo núm. 38 de esta providencia.

57. En ese sentido, no constituye una herramienta para sustituir el criterio del juez natural
ni desplazar la competencia preferente del juez de conocimiento, tal como lo pretende el
accionante en el caso concreto, pues la solicitud de amparo no está prevista como una
tercera instancia para reabrir debates propios de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

58. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional21 ha establecido la procedencia
excepcional de la demanda de tutela ante la posibilidad de que se configure un perjuicio
irremediable, sin embargo, en el caso concreto no se advierte la existencia de ese
supuesto, máxime cuando los actos administrativos que cuestiona ya fueron objeto de
estudio por parte del juez natural del asunto en el trámite ordinario.

59. Pese a que el accionante alegó que interpuso la solicitud de amparo como
mecanismo transitorio y señaló que no cuenta con los recursos necesarios para mantener
a su núcleo familiar y para atender la condición de salud de su esposa, la parte accionante
no superó la carga argumentativa requerida para demostrar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues no aportó ningún elemento de juicio que permitiera sustentar la
circunstancia que indicó, por lo cual tampoco es procedente habilitar la demanda de tutela
como mecanismo transitorio de protección.

60. En atención a lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la demanda de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, pues el accionante no presentó
una controversia constitucional autónoma, por el contrario, el fundamento de su escrito
de tutela se reduce a expresar la inconformidad frente a la sentencia proferida el 10 de

21 Corte Constitucional. Sentencias T-035 de 2025, T-149 de 2023; T-008 de 2026 y T-300 de 2025

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marzo de 2026. Además, tampoco se evidenció la posible configuración de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia excepcional de la demanda de tutela como
mecanismo transitorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por falta del requisito
de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: Una vez notificada, y si no fuese impugnada, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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