Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03274-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03274-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03274-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03274-01
Demandante: JORGE ALBERTO VERGARA MARTÍNEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial y acto administrativo.
Requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 28 de julio de 2026, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, declaró improcedente el mecanismo
constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Jorge Alberto Vergara Martínez, por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión y el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el propósito
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
vida digna, al trabajo, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al
mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada.
Consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 10 de marzo de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Córdoba, Sala Tercera de Decisión revocó el fallo del 30 de junio de 2022 del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 23001-33-33-007-2015-00302-00/01
para, en su lugar, negarlas dentro del proceso promovido contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.
Igualmente, el accionante controvierte la Resolución 01915 de 2015, mediante la
cual fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por disminución de su
1
Con escrito radicado el 28 de abril de 2026.
1
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Demandante: Jorge Alberto Vergara Martínez
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión y otros
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capacidad psicofísica, así como el Acta TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 emitida
por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por medio de la
cual se determinó una incapacidad permanente parcial, con disminución de la
capacidad laboral del 10.5%.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor elevó las siguientes súplicas:
Que ésta Alta Dignidad conceda el Amparo Constitucional excepcional a éste
patrullero quien fue evaluado con una discapacidad mínima amparo que elevo
invocando la sentencia C-328/20222 disponiendo su reintegro y reubicación al
violarle El Tribunal Médico laboral y El H tribunal Administrativo de Córdoba los
siguientes derechos fundamentales: 1.- El debido proceso, 2.- Derecho a La
Estabilidad Laboral Reforzada. 3.- Derecho a la Vida Digna, 4.- El Derecho al
Trabajo 5.- Acceso a La Administración De Justicia, 6.- Derecho La Igualdad frente a
los fallos de estabilidad laboral reforzada emitidos en sentencias de unificación y de
Tutela, 7.- Respeto a El Mínimo Vital y 8.- y a La Seguridad Social y que como
consecuencia del amparo se disponga
1.- Revocar el Acta del Tribunal Médico legal (en adelante) 3
2.- Revocar la Resolución de Retiro 01915 de 6 de mayo de 2015 (en adelante =)6
3.- Revocar el fallo del H. Tribunal de Córdoba 4 que revocó el fallo de primera
instancia del Juzgado Séptimo Administrativo De Córdoba
4.- Se digne Proceder como se determinó en la C-328/22 y en las múltiples
sentencias que reiteran ese precedente a ordenar a la Entidad el reintegro
reincorporación y reubicación en actividades propias acorde con sus capacidades
residuales, y si no tiene capacidades proceda a capacitarlo como múltiples
precedentes han determinado y a indemnizarlo desde su retiro hasta su reintegro
efectivo.5
1.3. Hechos
En el escrito de la tutela se hizo mención a los siguientes supuestos fácticos:
El señor Vergara Martínez relató que estuvo vinculado a la Policía Nacional como
patrullero en el grupo de tránsito urbano de Montería y que, el 14 de abril de 2012,
sufrió un accidente de tránsito. Por tal razón, se adelantó el informativo
prestacional por lesión 0033 de 2012, en el cual se calificó la contusión sufrida
como accidente «en el servicio por causa y razón del servicio».
Narró que, mediante Acta 1629 del 18 de noviembre de 2013, la Junta Médico
Laboral determinó que la fractura en T12 –con un colapso mínimo del 5% y dolor
2
«C-328/22 REVOCA la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Quinta de Decisión
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 24 de febrero del 2022, mediante la
cual se negó el amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral Ordena al Ministerio de
defensa por violar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la Teniente
accionante, acaecido al la entidad retirarla de manera permanente con base en un dictamen de
pérdida de capacidad laboral Mínima del 12% no aplicando el precedente que ha determinado que
De ser necesario, la entidad debe proveer ajustes razonables para el desempeño de la actividad y
capacitarla para ese desempeño durante el tiempo de retiro la FAC deberá cancelarle las
prestaciones sociales y salarios dejados de percibir por ella durante el tiempo que se mantuvo su
retiro de la institución. tomando las medidas necesarias para su reubicación a unas labores que
garantizaran su continuidad en el servicio y se ajustaran de forma razonable a su pérdida de
capacidad laboral».
3
«TML 14-0515 MDNSG -TML -41. 1 registrada al folio No. 122 del Libro de Tribunales Del 13 de
febrero de 2015».
4
«En adelante T.A. de Córdoba».
5
Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
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residual– constituía una incapacidad permanente parcial, calificándolo como apto
para el servicio y fijando una disminución de la capacidad laboral del 8.50%.
Indicó que, inconforme con dicha decisión, solicitó la convocatoria del Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, trámite que fue autorizado el 21 de
abril de 2014 por el secretario general del Ministerio de Defensa Nacional. Luego,
en el Acta TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 del 13 de febrero de 2015, el Tribunal
Médico Laboral concluyó que presentaba una incapacidad permanente parcial y
que no era apto para el servicio, al registrar una pérdida de la capacidad laboral
del 10.50%.
Puso de presente que, con fundamento en dicho dictamen, el director general de
la Policía Nacional ordenó su retiro del servicio activo por disminución de la
capacidad y aptitud psicofísica, mediante la Resolución 01915 del 6 de mayo de
2015, con fundamento en los artículos 54 y 55 del Decreto 1791 de 20006.
Adujo que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, con el
propósito de controvertir la legalidad de los actos administrativos mencionados y
obtener su reincorporación al cargo y grado que ostentaba, o a uno superior, junto
con el pago de los emolumentos dejados de percibir.
Expuso que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería,
en sentencia del 30 de junio de 2022, accedió a las pretensiones al considerar que
los actos demandados estaban falsamente motivados, pues transcurrió más de un
año entre la práctica de los exámenes médicos y la valoración del Tribunal Médico
Laboral, pese a que el Decreto 1796 de 2000 establece que dichos exámenes solo
tienen validez por dos meses.
Precisó que el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional interpuso recurso
de apelación bajo el argumento relativo a que los actos administrativos cumplían
con las exigencias legales y que el patrullero no reunía las condiciones
psicofísicas necesarias para el servicio.
Refirió que el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión,
mediante fallo del 10 de marzo de 2026, revocó el fallo del a quo y, en su lugar,
negó las súplicas de la demanda, al concluir que tanto el acta como las
resoluciones cuestionadas se sustentaron no solo en el examen especializado de
2013, sino también en valoraciones médicas posteriores que verificaron la
evolución de la patología durante el trámite de revisión.
1.4. Sustento de la petición
El accionante consideró que en la providencia controvertida se configuró un
defecto orgánico por cuanto la autoridad accionada no evidenció que el Tribunal
Médico Laboral expidió un acta el 13 de febrero de 2015, en la cual consta que los
médicos se reunieron para dictaminar la discapacidad el 30 de octubre de 2014,
es decir que había transcurrido más de siete meses cuando se emitió la
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«Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional».
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Resolución 01915 del 6 de mayo de 2015, por lo que ese acto administrativo había
perdido validez.
A su juicio, la sentencia en cuestión adolece de un defecto fáctico por la indebida
valoración del acta emitida por el Tribunal Médico Laboral, toda vez que carecía
de sustento probatorio, ya que no satisfizo la carga requerida por la jurisprudencia
constitucional, en particular, la sentencia T-165 del 2017.
Esto, debido a que no identificó a los médicos como especialistas en
traumatología, no analizó su hoja de vida ni capacitaciones y tampoco aplicó los
parámetros técnicos exigidos para dictámenes médico‑laborales, pues no se
realizó una radiografía del médico tratante actualizado.
El accionante aseguró que en el fallo objeto de debate se desconocieron
sentencias de unificación de la Corte Constitucional, en particular, se refirió a las
providencias C-318 de 2005, C-381 de 2005, T-190 de 2018, T-562 de 2017, SU-
487 de 2024, T-503 de 2010, SU-061 de 2023 y SU-428 de 2023, relacionadas
con la estabilidad laboral reforzada y los criterios técnicos para dictámenes
médico-laborales.
Además, invocó la violación directa de la Constitución dado que se vulneraron sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al libre desarrollo de la
personalidad, al trabajo y a la salud, junto con las garantías constitucionales
previstas en los artículos 47, 53 y 54, pues la Policía Nacional tenía el deber de
capacitarlo para ocupar otro cargo acorde con sus capacidades y no negarle una
atención especializada.
Por otro lado, estimó que los actos administrativos de discapacidad y retiro no
cumplieron con el sustento necesario que estableció la Corte Constitucional en la
sentencia T-165 de 2017, mediante la cual se establecieron los criterios mínimos
que debe cumplir una valoración médico-pericial.
Al respecto, indicó que promovía la acción de tutela como mecanismo transitorio
«para evitar un perjuicio irremediable por cuanto no dispone de un medio para
mantener su familia, atender la grave condición de salud de su esposa».
1.5. Actuaciones procesales en primera instancia
Mediante auto del 30 de abril de 2026, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B admitió la acción constitucional y ordenó notificar esta decisión al
accionante y como demandados a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba y al Ministerio de Defensa - Policía Nacional. De igual
forma, se vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Montería en calidad de tercero con interés en las resultas del presente trámite.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Jorge Alberto Vergara Martínez
Con memorial del 5 de mayo de 2026, el apoderado del accionante allegó los
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elementos de prueba que estimó necesarios para resolver la solicitud de amparo
que presentó.
1.5.2. Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
En el informe presentado la entidad destacó que la Resolución 01915 del 6 de
mayo de 2015 fue expedida conforme a los lineamientos previstos en los Decretos
17917 y 17968 de 2000. Igualmente, señaló que la providencia cuestionada se
apoyó en una valoración completa del acervo probatorio, a partir de la cual advirtió
que los actos administrativos demandados se ajustaron a las normas aplicables al
caso, por lo que no se configuraban los yerros planteados por el actor.
A su vez, hizo referencia a que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez
que no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando el
accionante ya acudió a los medios de defensa judicial para ventilar los mismos
asuntos que ahora pretende reabrir en sede constitucional.
1.5.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Montería remitieron el expediente digital con radicado
23001-33-33-007-2015-00302-00/01, sin pronunciarse respecto a la problemática
expuesta en la tutela.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia del 28 de
julio de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de la relevancia constitucional. Para arribar a dicha decisión, precisó que el
examen del caso debía circunscribirse exclusivamente a la providencia
cuestionada, toda vez que no era posible reabrir por vía constitucional el debate
relativo a los actos administrativos mencionados por el accionante pues fue el
asunto objeto de estudio en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese sentido, advirtió que el actor pretendía que se efectuara nuevamente un
control de legalidad del Acta TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1, tras considerar que
carecía de soporte técnico, probatorio y científico, con el propósito de controvertir
la Resolución 01915 de 2015 que dispuso su retiro y obtener, en su lugar, una
orden de reintegro. Sin embargo, el a quo recordó que tales aspectos ya fueron
analizados y resueltos por el juez natural, razón por la cual no era admisible su
revisión.
Igualmente, destacó que el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión, examinó la normativa aplicable, valoró integralmente el acervo
probatorio y explicó las razones por las cuales encontró ajustados a derecho tanto
el dictamen del Tribunal Médico Laboral como la resolución de retiro. Finalmente,
7
«Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional».
8
«Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad
laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes
administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de
Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de
Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».
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señaló que el tutelante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
habilitara la tutela como mecanismo transitorio.
1.7. Impugnación
Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 20269 el actor impugnó el fallo de
primera instancia, con respaldo en que la controversia planteada sí tiene
relevancia constitucional pues el tribunal accionado aplicó de manera
fragmentada y caprichosa la tesis fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-381 de 2005, según la cual un servidor de la Policía Nacional solo
puede ser retirado cuando se demuestre que no tiene ninguna capacidad
aprovechable en labores administrativas, docentes o de instrucción.
En su criterio, dicha omisión constituye, a su vez, la violación directa de la
Constitución y un yerro fáctico, pues en el acta del Tribunal Médico Laboral no
consta una valoración técnica que permitiera concluir la inexistencia de
capacidades residuales. Así que, en su caso se debió ordenar la rehabilitación,
readaptación y estabilidad laboral reforzada por tener una limitación en la
prestación del servicio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, el 28 de julio de 2026, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante con la sentencia proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 23001-33-33-007-
2015-00302-01 y, si esto lo hizo, el Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional con ocasión a que fue retirado del servicio activo.
2.3. Caso concreto
La problemática expuesta por el actor radica, de un lado, en que la sentencia del
10 de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión, adolece de varios yerros que atentan contra sus garantías
iusfundamentales y, por el otro, en las presuntas irregularidades en las que
incurrió el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional tras la expedición del
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Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó por medio de correo
electrónico enviado el 13 de agosto de 2026.
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Acta TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1, que determinó su pérdida de capacidad
laboral y la Resolución 01915 de 2015, en la cual se dispuso su retiro, lo cual se
resolverá de manera independiente.
2.3.1. Controversia relacionada con el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Tercera de Decisión
2.3.1.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201211, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1.2. Según se tiene, el a quo concluyó que no se cumple el requisito de la
relevancia constitucional en el caso en estudio, toda vez que el actor no planteó
un verdadero problema constitucional, sino que busca reabrir un debate de
legalidad ya resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En cuanto a este presupuesto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
2022 explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando
se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
«(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
En ese sentido, el alto tribunal constitucional precisó que la tutela implica un juicio
de validez y no una corrección de la providencia objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.
A su vez, la citada corporación indicó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Precisado lo anterior, se tiene que el señor Vergara Martínez le atribuye la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la providencia mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, revocó la
sentencia que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de
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Defensa Nacional - Policía Nacional, para en su lugar negarlas.
Así, el actor consideró que la providencia incurrió en los defectos i) orgánico, por
cuanto no se tuvo en cuenta que la Resolución 01915 de 2015 se expidió cuando
ya había vencido el plazo de siete meses desde que se emitió el dictamen del 30
de octubre de 2014, lo que hacía inválido el acto administrativo y ii) fáctico por la
indebida valoración del acta emitida por el Tribunal Médico Laboral, ya que no
tenía soporte técnico pues los médicos no eran traumatólogos, no se revisó su
hoja de vida y capacitaciones, ni se aplicaron los criterios técnicos exigidos para
emitir valoraciones médico‑laborales.
Igualmente, planteó iii) el desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional12 relativo a la estabilidad laboral reforzada de los miembros de la
fuerza pública con discapacidad y los criterios técnicos para dictámenes
médico‑laborales y iv) la violación directa de la Constitución, dado que se
transgredieron los derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al libre
desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la salud, así como los mandatos de los
artículos 47, 53 y 54, al no reubicarlo conforme a sus capacidades residuales.
En criterio de la sala, el demandante no cumplió con la carga argumentativa
exigida para superar el requisito en estudio, pues se limitó a invocar el defecto
orgánico13 sin exponer algún fundamento jurídico que soportara tal apreciación ni
precisar por qué el tribunal accionado carecía absolutamente de competencia para
conocer de la litis y proferir la sentencia cuestionada.
Ahora, al momento de invocarse la ocurrencia de un yerro fáctico por la indebida
valoración de las pruebas, es necesario que la parte actora indique con claridad: i)
cuáles fueron los elementos objeto de una apreciación irracional por parte del
funcionario judicial y ii) por qué en cada caso, las consideraciones del juez se
alejaron de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, al punto de
tornarse arbitrarias.
Sin embargo, los planteamientos del accionante no permiten evidenciar, prima
facie, que las consideraciones realizadas por la autoridad judicial en torno al Acta
TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 emitida por el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar y de Policía se apartaran de las reglas de la lógica, la experiencia
y la sana crítica.
Por el contrario, se advierte que lo pretendido por el actor consiste en reabrir la
discusión respecto de si el acta constituía un fundamento válido para ordenar su
retiro del servicio, pese a que dicho aspecto fue objeto de análisis por el tribunal
accionado. Situación distinta es que esa autoridad concluyera que tal documento
había sido emitido por el órgano médico‑laboral competente y conforme a los
parámetros técnicos previstos en la normativa aplicable.
12
Al respecto, se trajo a colación las sentencias C-318 de 2005, C-381 de 2005, T-190 de 2018, T-
562 de 2017, SU-487 de 2024, T-503 de 2010, SU-061 de 2023 y SU-428 de 2023.
13
Cargo que se expuso en los siguientes términos: «a. Defecto Orgánico: se presenta al no
observar el H. T. A de Córdoba que si el TML Creó una Acta de fecha 13/02 / 2015 y dentro de ella
consta que los médicos se reunieron para dictaminar la discapacidad el 30 de octubre del 2014
cuando el Director de la Policía expidió la resol # 01915 de 6 de mayo de 2015 ya habían
trascurrido más de siete meses estando ese acto caducado». Transcripción de conformidad con el
texto original, con posibles errores.
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Lo anterior, con respaldo en que el dictamen médico no se limitó a los exámenes
practicados en 2013, sino que incorporó una valoración física actualizada y un
análisis de la evolución de la lesión, a partir de los cuales se evidenció que el actor
presentaba sintomatología persistente que hacía riesgosa su reubicación y que no
contaba con la formación ni experiencia necesarias para desempeñar labores
administrativas, docentes o de instrucción, por ello, en la sentencia controvertida
se consideró debidamente sustentadas la calificación de no apto y la negativa de
reubicar al uniformado.
Es más, en la sentencia en discusión se puso de presente que el Acta TML 14-
0515 MDNSG-TML-41.1 registraba que el señor Vergara Martínez no presentó un
soporte de las capacitaciones, pues aunque hizo mención a un curso de
informática básica en el 2013 con el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, «no
existen registros de cursos realizados en la base de datos del SENA y el calificado
niega aportarlos».
Es oportuno resaltar que en las tutelas dirigidas contra providencias se exige la
observancia de una carga argumentativa mayor, sin que ello implique una técnica
hermenéutica específica, con el propósito de que se expongan los motivos por los
cuáles se origina la vulneración de los derechos fundamentales invocados, razón
por la que es necesario que se identifiquen las pruebas que fueron posiblemente
desconocidas.
La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo deprecado
se afectaría el principio de cosa juzgada del proveído censurado en sede de tutela,
estudio que solo tiene lugar cuando de la argumentación que la parte actora
realice se deduzca con claridad que lo resuelto es irrazonable y que ello quebranta
garantías constitucionales.
En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» y que
dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente para debatir
«asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En lo concerniente al desconocimiento del precedente, se observa que el señor
Vergara Martínez tan solo enunció las providencias que, a su juicio, contienen la
postura presuntamente desatendida, consistente en la estabilidad laboral
reforzada de los integrantes de la fuerza pública con discapacidad y los criterios
técnicos para dictámenes médico‑laborales lo que, por sí solo, no permite predicar
su carácter vinculante frente a la corporación accionada, ni acreditar la incidencia
que tendrían en el tema debatido.
En especial, cuando la autoridad judicial accionada destacó que, aunque la
normatividad y la pauta jurisprudencial constitucional establecen una protección
reforzada para las personas con discapacidad, el servicio policial exige
capacidades físicas e intelectuales especiales. De modo que cada caso debía
evaluarse individualmente, «como en efecto lo hizo el Tribunal Médico Laboral de
Revisión, cumpliendo con la carga de motivación bajo criterio técnico que sustentó
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la imposibilidad de recomendar la reubicación del patrullero, lo cual no resulta
discriminatorio ni contrario a la [C]onstitución».
Esto quiere decir que resultaba indispensable que se expusieran argumentos
orientados a demostrar que las sentencias a las que hizo referencia el actor
resolvieron casos que guardan similitud fáctica y jurídica con el asunto aquí
analizado, de manera tal que pudiera verificarse la existencia de una regla
aplicable y, eventualmente, omitida en la providencia objeto de reproche.
Finalmente, no se supera el presupuesto bajo estudio en lo relativo a la violación
directa de la Constitución, pues este cargo está dirigido a que se varíe el análisis
realizado por la corporación accionada, más allá de proponerse una discusión en
la que prima facie se evidencie que se prescindieron de los derechos
fundamentales del tutelante, en particular, al debido proceso.14
Nótese que el debate sugerido por el actor se centró en la discrepancia de criterios
en torno al raciocinio que sustentó la providencia cuestionada para concluir que el
acta que decidió la pérdida de capacidad laboral y lo determinó como «no apto -
no sugiere reubicación» estaba ajustada a derecho, mas no se señalaron reparos
que denotaran la existencia de una transgresión desmedida a una garantía
constitucional producto de una actuación arbitraria de la corporación accionada.
En este orden de ideas, se concluye que el accionante no propuso
cuestionamientos que permitan considerar que la problemática descrita contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de
Decisión tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución o
determinar el alcance de algún derecho fundamental. Por consiguiente, la sala
confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia de la solicitud de
tutela por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
2.3.2. Controversia planteada contra el Ministerio de Defensa Nacional -
Policía Nacional
Ahora bien, la sala advierte que lo expuesto por el señor Vergara Martínez
también se dirige a cuestionar la Resolución 01915 de 2015, mediante la cual fue
retirado del servicio activo de la Policía Nacional por disminución de su capacidad
psicofísica, así como el Acta TML 14-0515 MDNSG-TML-41.1 emitida por el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por medio de la cual se
determinó una incapacidad permanente parcial, con disminución de la capacidad
laboral del 10.5%.
En efecto, solicitó que se «revoque[n]» tales actos administrativos por considerar
que no cumplieron con el sustento necesario que estableció la Corte
14
Al respecto, en la sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional señaló que el núcleo
esencial de este derecho radica en «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las
personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en
derecho”[121]. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen
en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y pretender una decisión favorable”.» (Destacado por la
sala)
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Constitucional en la sentencia T-165 de 2017, mediante la cual se establecieron
los criterios mínimos que debe cumplir una valoración médico-pericial.
Sobre este punto, es oportuno indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de
procedencia de la tutela y determina que «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. 15
La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas
no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
Por lo tanto, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
Así las cosas, el juez constitucional no puede inmiscuirse en la discusión acá
señalada pues lo pretendido se dirige, en esencia, a la problemática relacionada
con el retiro del servicio del accionante, la cual ya fue planteada y definida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 23001-
33-33-007-2015-00302-00/01, mecanismo que era el idóneo y eficaz para esta
clase de controversias, dentro del cual el demandante obtuvo un pronunciamiento
del juez natural, sin que la tutela pueda convertirse en una vía paralela destinada a
obtener una nueva decisión sobre un asunto previamente debatido.
En lo concerniente a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno indicar
que la Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de un daño
o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos fundamentales, que
debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta probabilidad de su
ocurrencia»16 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para determinar su existencia:
(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la
configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en caso de
aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.17
15
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante».
16
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de 2022,
la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
17
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
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Sin embargo, en el asunto en estudio no se encuentra la configuración de una
situación de tal naturaleza, por cuanto los documentos aportados por el actor tan
solo evidencian aspectos que precisamente fueron objeto de reproche en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mas no una circunstancia
excepcional que obedezca a la necesidad de conjurar un riesgo cierto, actual e
inminente que atente contra los derechos fundamentales del accionante y amerite
la adopción de medidas urgentes e impostergables.
Así las cosas, escapa de la órbita funcional del juez de tutela acceder a la súplica
elevada por el actor contra el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por
no cumplir el requisito de subsidiariedad, debido a que este no es un medio de
protección de los derechos fundamentales que se pueda emplear para abordar
asuntos propios del juez natural y que ya fueron debatidos, máxime cuando no
existe una causa justificable para ello; razón por la que se confirmará el fallo
impugnado, pero por las razones descritas anteriormente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 28 de julio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por medio de la cual se declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jorge Alberto Vergara
Martínez, pero por los motivos señalados anteriormente.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
13
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