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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03279-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03279-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modificar el fallo del 12 de junio de 2026, por medio del cual, el Consejo de Estado, Sección Primera declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia para, en su lugar, denegar el amparo solicitado respecto de la vulneración al derecho a la igualdad y confirmar en lo demás. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03279-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03279-01
Demandante: JORGE BENDEK LÓPEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial. Modifica la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de
tutela, para denegar el amparo solicitado respecto de la
vulneración al derecho a la igualdad y confirmar en lo demás.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 12 de junio de 2026, por medio del cual, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia por
no cumplir el requisito de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Jorge Bendek López, en nombre propio, presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con
la finalidad que se protegieran sus derechos fundamentales a la dignidad humana,
a la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso
y a la nacionalidad.

La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión
de la sentencia del 21 de noviembre de 2025, proferida por la autoridad judicial
demandada en el medio de control de reparación directa identificado con el
radicado 11001-33-43-058-2023-00129-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

9.1.1.- Que se amparen los derechos fundamentales de EL ACCIONANTE
vulnerados por LA SEGUNDA SENTENCIA tales como: i) a la dignidad humana

1
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Demandante: Jorge Bendek López
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03279-01

(art. 1 Constitución Política); ii) a la personalidad jurídica (art.14 Constitución
Política); iii) al libre desarrollo de la personalidad (art.16 Constitución Política); iv) al
debido proceso (art. 29 Constitución Política); v) a la nacionalidad (art. 96
Constitución Política).

9.1.2.- Subsane LA SEGUNDA SENTENCIA respecto de la omisión de
pronunciamiento en atención a la protección de bienes constitucional y
convencionalmente protegidos;

9.1.3.- Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitir nueva
decisión respecto de la protección de bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, ajustada a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a la
jurisprudencia nacional e internacional, así como a la jurisprudencia reiterada de la
misma Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, proferida por ella en los casos ya citados en el presente memorial o
que en su defecto, disienta de dichos precedentes, apartándose de los mismos pero
cumpliendo las cargas de transparencia y argumentación exigidas por la Corte
Constitucional;

9.1.4.- Finalmente, que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
aplicar en su nueva decisión el criterio de argumentación atinente al amparo de
bienes constitucional y convencionalmente protegidos.

1.3. Hechos

La parte demandante sostuvo que es colombiano por filiación materna, de
conformidad con el artículo 96 de la Constitución Política, razón por la cual, la
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) le expidió su registro civil de
nacimiento y su cédula de ciudadanía.

Indicó que, en el marco de la política de depuración de registros civiles,
sustentada en la Resolución 7300 de 2021, la RNEC profirió la Resolución 14431
del 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual anuló su registro civil de
nacimiento y canceló su cédula de ciudadanía.

Expuso que, en virtud de lo anterior, fue privado de su nacionalidad colombiana,
en contravía de lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Política y el
artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Agregó que también se desconocieron sus vínculos familiares y su personalidad
jurídica, pese a la importancia del registro civil y la cédula como medios de
identificación, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Mencionó que esa situación afectó sus derechos políticos, reservados a los
nacionales y, además, al contar con nacionalidad venezolana, quedó en condición
de migrante irregular en Colombia, con riesgo de sanciones, deportación y multas
por parte de Migración Colombia, conforme al Decreto 1067 de 2015.

Señaló que, en el marco de una acción de tutela promovida en contra de la
RNEC, esta entidad expidió la Resolución 12709 de 2022, mediante la cual

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revocó directamente la precitada Resolución 14431 de 2021.

Precisó que esa decisión se fundamentó en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011,
al evidenciarse una vulneración de la Constitución y la ley, así como la existencia
de un agravio injustificado.

Refirió que, por lo anterior, promovió una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, con
el fin de que se declarara la responsabilidad extracontractual de esta entidad por
los daños ocasionados con la expedición de la Resolución 14431 de 2021.

Manifestó que la demanda fue asignada por reparto al Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el cual mediante sentencia del 31
de marzo de 2025 declaró la responsabilidad del Estado y condenó a la RNEC al
pago de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño
moral y, a su vez, denegó las demás pretensiones1.

Añadió que inconforme con la decisión anterior, presentó recurso de apelación, el
cual decidió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B mediante sentencia del 21 de noviembre de 2025, al confirmar
parcialmente la decisión de primera instancia porque encontró acreditado el daño
antijurídico, debido a que la anulación temporal del registro civil de nacimiento y la
cédula de ciudadanía para el demandante devino en contradicción con mandatos
de orden constitucional.

Indicó que en dicho proveído se modificó el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia recurrida, para ajustar el valor reconocido por daño
moral a 20 smlmv y frente a ello, se aclaró que, si bien de forma previa en un caso
similar2 se reconocieron los perjuicios en una suma mayor al presente, se
revaluaban las circunstancias del caso en concreto y su posición jurídica frente a
la misma para establecer el monto reconocido.

Agregó que en dicha decisión se indicó que no se efectuaría pronunciamiento
alguno respecto de otra clase de perjuicios porque no existían y porque dicho
punto no fue objeto del recurso de apelación.

1.4. Sustento de la petición

1.4.1. Decisión sin motivación:

La parte accionante manifestó que la providencia de segunda instancia
demandada omitió pronunciarse expresamente sobre la protección a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos (nacionalidad, libre desarrollo de la
personalidad, personalidad jurídica).

1
En cuanto al daño alegado relacionado con su honra y buen nombre.
2
«Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sub-Sección -B, Magistrado:
Franklin Pérez Camargo, Bogotá, 29 de noviembre de 2024. Expediente: 11001-33-36-031-2023-
00093-01.»

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Refirió que la falta de motivación ocurrió no como una simple omisión accidental,
sino como una ruptura en la estructura de la decisión, pues no se efectuó un
estudio integral del recurso de apelación.

1.4.2. Desconocimiento del precedente:

Agregó que con la expedición de la providencia acusada se desarticuló la regla
jurisprudencial previamente aplicada por la misma corporación y con ello se
incurrió en el desconocimiento de su propio precedente.

Añadió que, en casos similares, el mismo tribunal reconoció tanto el daño moral
como la afectación a bienes constitucionales, por lo que la decisión demandada le
generó un trato desigual e injustificado que amerita la intervención del juez
constitucional.

Hizo referencia a los procesos decididos por el tribunal demandado en los que
reconoció ambos daños: i) el moral (por 20 smlmv) y ii) por bienes
constitucionales (por 20 smlmv), así:

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1.5. Trámite

Mediante auto del 30 de abril de 2026, se admitió la demanda constitucional y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

Asimismo, se dispuso la vinculación del Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

1.6. Intervención

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado ponente de la providencia acusada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que, respecto de los casos
similares mencionados en la acción de tutela, en los que, según el accionante, se
habría reconocido el perjuicio reclamado, la sala de subsección, en ejercicio de su
autonomía e independencia judicial, modificó su posición a partir del 27 de febrero
de 2025.

Adujo que, por lo anterior, decidió reconocer los perjuicios morales en 20 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

1.6.2. Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Este despacho judicial remitió el expediente solicitado; sin embargo, no se
pronunció sobre los hechos y las pretensiones de la tutela.

1.6.3. Registraduría Nacional del Estado Civil

Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

Advirtió que pese a que no se formulan de manera expresa pretensiones
económicas, en la práctica la solicitud busca que el tribunal modifique la decisión
previamente adoptada con el fin de aumentar la condena impuesta a la entidad, lo
que implicaría un incremento en la reparación reconocida al accionante.

1.6. Sentencia de primera instancia

Mediante fallo del 12 de junio de 2026, el Consejo de Estado, Sección Primera
declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia por no
cumplir el requisito de la subsidiariedad.

Sostuvo que el actor contaba con el recurso extraordinario de revisión para
formular los cuestionamientos sobre los cuales sustentó la acción de tutela, bajo la
causal relacionada con la nulidad de la sentencia; sin embargo, este no fue
promovido por el actor.

Recordó que la nulidad originada en la sentencia como causal para la procedencia

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del recurso extraordinario de revisión se configura, entre otros eventos, cuando se
pretermite una instancia, y ello acontece en tres escenarios: a) se emite sentencia
sin motivación, b) se viola el principio de la non reformatio in pejus y c) se profiere
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

Expuso que el reproche relativo a la falta de pronunciamiento sobre la protección a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos, relacionados con la
nacionalidad, libre desarrollo de la personalidad, personalidad jurídica implicaba
una afectación al principio de congruencia, pues la parte actora lo solicitó en su
recurso de apelación.

Precisó que, el 15 de mayo de 2026, durante el trámite de la presente acción
constitucional, el tribunal accionado profirió una providencia mediante la cual
adicionó la sentencia de segunda instancia del 21 de noviembre de 2025.

Agregó que, dicha corporación se ocupó de uno de los cuestionamientos
formulados por la parte demandante en el recurso de apelación, concretamente el
relacionado con la ausencia de pronunciamiento respecto de la reparación del
daño al buen nombre y a la honra.

Señaló que el tribunal indicó que, aunque el demandante atribuyó a funcionarios
de la entidad demandada manifestaciones que, en su criterio, lesionaron tales
derechos, dentro del expediente no obraban elementos probatorios suficientes que
permitieran acreditar la configuración de dicho perjuicio.

Añadió que, con fundamento en ello, confirmó la negativa de reconocimiento de
ese daño y complementó el análisis efectuado en la sentencia inicialmente
proferida.

Advirtió que mediante providencia del 15 de mayo de 2026, de oficio, el tribunal
cuestionado dictó sentencia complementaria frente al daño inmaterial por la
afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados (buen nombre y honra). Esto, en el sentido de confirmar la sentencia
de primera instancia que negó su reconocimiento.

Resaltó que, aunque la autoridad emitió un pronunciamiento adicional, subsistía la
inconformidad del accionante frente a la presunta falta de decisión y de motivación
respecto de los demás bienes constitucional y convencionalmente protegidos cuya
reparación reclama y, por tanto, no se cumplía el requisito de la subsidiariedad.

1.7. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que la falta de
motivación no configura ninguna de las causales para que proceda el recurso
extraordinario de revisión.

Precisó que su inconformidad radica en que a pesar de que la sentencia
demandada fue objeto de complementación, los defectos alegados se mantienen a

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pesar de dicha adición, pues no hubo pronunciamiento alguno respecto del cambio
de criterio «sobrevenido».
Refirió que antes de emitirse la providencia acusada, la corporación cuestionada
dictó 9 providencias en las cuales reconoció el daño moral y el causado a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos, cada uno por 20 smlmv. Citó las
siguientes:

11001333603120230012301
11001333603120230012201
11001333603320240000101
11001334305920230009901
11001334306220230029201
11001334306520230024301
11001334306620230019701
11001334306220230018001
11001333603120230009301

Expuso que el 1° de diciembre de 2025, el tribunal acusado cambió el criterio
respecto de la reparación del daño a bienes constitucionalmente protegidos y no
los reparó, en los siguientes procesos:
11001333603720230041701
11001334305820230012900

Mencionó que, posteriormente, el 12 del mismo mes y año, dicha corporación
cambió el criterio al cuantificar la indemnización nuevamente en 20 salarios
mínimos mensuales vigentes, criterio que mantuvo en los siguientes procesos:

11001334306120230010201
11001334306320230027701
11001334306220230039801
11001334306020240027100

Señaló que, en su caso, no se ofreció una justificación suficiente, clara y razonada
respecto de la falta de reconocimiento de dicho daño a bienes constitucionalmente
protegidos, lo que refuerza la vulneración de sus derechos fundamentales.

Advirtió que en la providencia complementaria no se resolvió el fondo de la
afectación a la nacionalidad y personalidad jurídica bajo el estándar de reparación
integral que el mismo tribunal sí aplicó en los otros casos, por lo que, a su juicio,
actualmente se mantiene la omisión del análisis integral que demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra el fallo de tutela de primera instancia, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º

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del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20193.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
del 12 de junio de 2026, por medio del cual, el Consejo de Estado, Sección
Primera declaró la improcedencia de la acción constitucional de la referencia por
no cumplir el requisito de la subsidiariedad.

Por tanto, en el evento de superarse los requisitos generales de procedencia, se
analizará si se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora con
ocasión de la sentencia del 21 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en el medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-058-2023-
00129-00/01.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

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Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el
momento jurisprudencialmente …». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sala declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Por lo que, resulta necesario precisar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

2.4. Caso concreto

El señor Jorge Bendek López promovió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B pues consideró
que sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión de la sentencia del
21 de noviembre de 2025, proferida por la autoridad judicial demandada en el
medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-33-43-
058-2023-00129-00/01.

El accionante consideró que con dicha decisión se incurrió en una decisión sin
motivación y en un desconocimiento del precedente.

El a quo declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de
la subsidiariedad.

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La parte actora impugnó al reiterar sus argumentos iniciales.

Por lo expuesto, se resolverá el asunto bajo las siguientes consideraciones:

2.4.1. Demanda por la decisión sin motivación:

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones éstas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario, cuyo objeto es proteger, de
manera inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales
amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de
un particular.

Por tanto, no puede ser utilizada para sustituir recursos ordinarios o
extraordinarios, tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo
judiciales, ni para revivir con ella términos precluidos o acciones caducadas.

Adicionalmente, se precisa que el ejercicio de esta acción se encuentra
condicionado a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz
para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, lo cual hace procedente la
tutela como mecanismo transitorio.

En lo particular, se precisa que la parte accionante consideró que la providencia
acusada incurrió en una «decisión sin motivación» pues omitió pronunciarse
expresamente sobre la protección a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, ya que no efectuó un estudio integral del recurso de apelación.

Adicionalmente, el actor consideró que el tribunal demandado desconoció su
propio precedente que reconocía tanto el daño moral como la afectación a bienes
constitucionales y convencionales amparados y, por consiguiente, se generó un
trato desigual e injustificado.

A su vez, la parte accionante en su impugnación sostuvo que la vulneración
persistía a pesar de la sentencia complementaria dictada el 15 de mayo de 2026,
porque si bien esta se refirió al buen nombre y a la honra como bienes
constitucional y convencionalmente protegidos, no resolvió el fondo de la
afectación a la nacionalidad y personalidad jurídica. Además, sostuvo que el
tribunal demandado tampoco se pronunció sobre el cambio de criterio al resolver
su asunto.

Así las cosas, en atención a que para la parte impugnante existió una omisión
expresa respecto de: i) la protección de bienes constitucional y convencionalmente
protegidos que reclamó y ii) la motivación para el cambio de criterio al resolver el
asunto concreto por parte del tribunal demandado, además porque no efectuó un
análisis integral de la alzada, lo que resulta procedente es el recurso extraordinario
de revisión en tanto que se configura la causal consagrada en el numeral 5 del
artículo 250 de Ley 1437 de 2011, es decir, «…existir nulidad originada en la

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Demandante: Jorge Bendek López
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sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

En relación con la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión,
jurisprudencialmente se han señalado unos requisitos, entre ellos, que el vicio se
presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso, salvo que «…
ocurrida en momento anterior a la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo
ser advertida por el recurrente durante el curso del proceso»4.

En lo atinente al cargo de decisión sin motivación, se advierte que tal asunto es
susceptible del recurso extraordinario de revisión, bajo la citada causal, pues al
respecto, esta corporación ha considerado que aquella ocurre al « [p]retermitir la
instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de
la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por cantidad superior
o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii)
proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.»5

De manera que el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada, e
infirmarlas cuando se logre demostrar de forma inequívoca que tal decisión es
injusta por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.

Al respecto, la Sala Plena de esta corporación consideró que «…la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del
ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el
principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia
de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política»6.

También en esa oportunidad se señaló: «…el recurso extraordinario de revisión
conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias
ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite
cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada
material».

A su vez, la Corte Constitucional sostuvo que el recurso extraordinario de revisión
permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de
restablecer la justicia material del caso concreto7.

4
Consejo de Estado, sentencia del 5 de abril de 2016, con ponencia del magistrado Danilo Rojas
Betancourt, dentro del expediente con radicado 11001-03-15-000-2008-00320-00.
5
Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-
02091-00 (REV), actor: Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República,
magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce
Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000 2008 00320 00, Actor:
José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
6
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de
octubre de 2005, expediente REV-00226.
7
Sentencia C - 418 de 1994.

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Demandante: Jorge Bendek López
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03279-01

Así las cosas, se observa que el accionante cuenta con el recurso extraordinario de
revisión como mecanismo judicial idóneo y eficaz para controvertir la sentencia
cuestionada, en atención a los reproches formulados por la parte accionante
respecto de la falta de motivación de la decisión respecto del daños a los bienes
constitucional y convencionalmente protegidos, del análisis integral del recurso de
apelación y del cambio de criterio del tribunal demandado.

Por tanto, se recuerda que la acción de tutela al tener una naturaleza residual no
puede convertirse en una instancia adicional para desplazar los medios de
defensa extraordinarios establecidos por el legislador o para revivir etapas
procesales.

2.4.2. Demanda por la afectación al derecho a la igualdad:

Finalmente, la parte actora también cuestionó que, en casos similares, el mismo
tribunal reconoció tanto el daño moral como la afectación a bienes
constitucionales, por lo que la decisión demandada le generó un trato desigual e
injustificado que amerita la intervención del juez constitucional y, con ello, se
generó un desconocimiento de su propio precedente.

En lo particular, se advierte que, el accionante hizo mención de varios procesos
que a su juicio son similares al suyo, entre ellos al antecedente con radicado
11001-33-36-031-2023-00093-01, el mismo que citó el tribunal demandado para
indicar que en su caso se revaluaba el criterio acerca de los perjuicios
reconocidos.

En cuanto a este cuestionamiento, se encuentra que se cumplen los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, toda
vez que el asunto es relevante constitucionalmente porque se alegó una
vulneración al derecho a la igualdad en cuanto al cambio de criterio que venía
utilizando el tribunal demandado para definir esta clase asuntos. Por lo que, para
el accionante la identidad del caso refleja un tratamiento discriminatorio
irrazonable que afecta dicha garantía constitucional.

Asimismo, se acreditó el requisito de la inmediatez pues la sentencia demandada
del 25 de noviembre de 2025 se adicionó con proveído del 15 de mayo de 2026,
de manera que cobró ejecutoria tres días después de notificada esta última. Y de
igual manera, no se demandó una sentencia de tutela, sino una dictada en el
proceso de reparación directa.

Siendo así, se procederá al siguiente análisis de fondo:

En relación con la aludida garantía, se precisa que la Corte Constitucional en la
sentencia C-015 de 2014 señaló:

4.4.1. El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el
criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir,
precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se
compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el

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Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03279-01

plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii)
averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si
las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la
Constitución…
…

En lo particular, se encuentra que en relación con el daño inmaterial por afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, el
tribunal demandado en la sentencia acusada indicó lo siguiente:

73. Debe indicarse que la Sala en oportunidad anterior [cita], en un caso similar
reconoció los perjuicios en una suma mayor al presente; sin embargo, revalúa las
circunstancias del caso en concreto y su posición jurídica frente a la misma para
establecer el monto reconocido.

74. No existió reconocimiento de otra clase de perjuicios y la parte demandante
no presentó recurso de apelación contra dicha decisión, por tanto, la Sala no hará
pronunciamiento alguno.

De igual manera, se observa que para soportar el anterior argumento, la autoridad
judicial demandada citó precisamente uno de los procesos enlistados por el
demandante, a saber «6 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Sub-Sección -B, Magistrado: Franklin Pérez Camargo, Bogotá, 29 de
noviembre de 2024. Expediente: 11001-33-36-031-2023-00093-01».

Adicionalmente, se advierte que, en el caso del actor, mediante providencia del 15
de mayo de 2026, de oficio, el tribunal acusado dictó sentencia complementaria
frente al daño inmaterial por la afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados (buen nombre y honra) para
denegarlos ante la ausencia probatoria.

En este proveído se confirmó la decisión de primera instancia «…incluida la
negativa de los perjuicios por daño inmaterial por afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados (buen nombre y
honra)…».

Para ello, la autoridad judicial demandada hizo referencia al reconocimiento al
daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados y, para el caso concreto concluyó lo siguiente:

II. DE LA ADICIÓN

No obstante, la decisión proferida, verificado nuevamente el recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia
observa la Sala que en el referido escrito el apoderado de la parte demandante
se opuso al no reconocimiento del daño al buen nombre y a la honra sin que
haya existido decisión por parte de esta Corporación al respecto:
…
Descendiendo al caso concreto, se advierte, que el demandante solicitó
indemnización de perjuicios por los daños al buen nombre y la honra causados
como consecuencia que de las declaraciones recogidas por distintos medios

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nacionales e internacionales emitidas por el Registrador Nacional del Estado Civil
y el Director Nacional de Registro Civil de la Registraduría en las que sostuvieron
que el objeto de la cancelación de los registros civiles de nacimiento de personas
como el del demandante, había sido el depurar el censo electoral, en tanto que
ello ocurrió puesto que al momento de la inscripción se habían presentado
testigos y documentos falsos. Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro del
proceso no reposa prueba que acredite la afectación del buen nombre de la
acciona no hay lugar a su reconocimiento y por tanto habrá de confirmar la
decisión negativa de la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, hay lugar a la adición de sentencia de segunda instancia para
resolver el argumento de apelación frente a la negativa del daño al buen nombre
y a la honra, conforme lo descrito.

Pues bien precisamente, en ese proceso que sirvió de referencia para el cambio
de criterio -11001-33-36-031-2023-00093-01-, se dictó sentencia del 29 de
noviembre de 2024 y la sala de la subsección demandada estuvo integrada por los
mismos magistrados – que dictaron la providencia aquí cuestionada-, a saber:
Franklin Pérez Camargo (magistrado ponente), Henry Aldemar Barreto Mogollón8
y Clara Cecilia Suárez Vargas. En esta ocasión, se estableció en cuanto a los
bienes constitucional y convencionalmente protegidos, lo siguiente:

VIOLACIÓN DE BIENES CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE
PROTEGIDOS.

En este punto, precisa la Sala que, si bien no se realizaron pretensiones de
medidas de reparación de este tipo de daños, lo cierto es que no se puede
desconocer que la actuación de la entidad demandada, causó una violación a
derechos constitucional y convencionalmente protegidos como lo son el derecho
a la personalidad jurídica y a la nacionalidad, con las consecuencias que ello
acarrea.

Al respecto, recuerda la Sala que, en sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014, Expediente 32.988, se precisó sobre la reparación del daño a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados lo siguiente:…
…
Así las cosas, como quiera que la indemnización de este tipo de daños también
opera de forma oficiosa cuando se encuentren acreditados como en el caso
concreto, considera pertinente la Sala, reconocer en favor de la señora Estefany
Paola Cervantes Morales por la afectación a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, como sus derechos fundamentales a la
personalidad jurídica y la nacionalidad, el valor de 20 SMLMV.

A su vez, se observa que en la sentencia emitida en ese proceso anterior, se
resolvió:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 7 de junio de 2024 proferida por el
Juzgado 62 Administrativo de Bogotá conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

8
Ponente en el proceso ordinario del accionante.

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SEGUNDO: DECLARAR ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE
RESPONSABLE a la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil por el
daño antijurídico causado a la demandante Estefany Paola Cervantes Morales.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil a
pagar las siguientes sumas de dinero:

Por lo expuesto, se observa que, el tribunal demandado, en ejercicio de su
autonomía e independencia, señaló que revaluaría su posición jurídica respecto de
la cuantificación de los perjuicios por los daños en mención, pero luego, de oficio
abordó su análisis; no obstante, como no obraban los elementos probatorios
suficientes para acreditar la configuración de tales perjuicios, los denegó.

De modo que, no se encuentra una vulneración del derecho fundamental a la
igualdad en los términos que alega la parte actora, puesto que el tribunal acusado
inicialmente sostuvo que revaluaría las circunstancias del caso en concreto y su
posición jurídica frente a la misma para establecer el monto reconocido y, con la
providencia complementaria, de oficio, analizó el reconocimiento de dicho daño, en
cuanto al buen nombre y honra del accionante, esto para finalmente denegar su
reconocimiento.

Así las cosas, el accionante pretende un cambio en la forma en que la autoridad
judicial acusada resolvió de manera desfavorable el asunto en segunda instancia,
pues no está de acuerdo con la valoración probatoria que hizo el juez natural, pero
la argumentación de la presente acción no implica una vulneración al derecho a la
igualdad de cara a dicha apreciación de las pruebas.

En otros términos, lo que se pretende con la presente acción es cuestionar la
postura adoptada por la subsección específica del tribunal accionado porque no
fue favorable, pero no se brindó una argumentación que permita interpretar, aplicar
o desarrollar el alcance del derecho fundamental a la igualdad respecto de la
apreciación probatoria del juez natural.

En consecuencia, se modificará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la acción de tutela, para denegar el amparo solicitado respecto de la
vulneración al derecho a la igualdad y confirmar en lo demás.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Demandante: Jorge Bendek López
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Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03279-01

FALLA

PRIMERO: Modificar el fallo del 12 de junio de 2026, por medio del cual, el
Consejo de Estado, Sección Primera declaró la improcedencia de la acción
constitucional de la referencia para, en su lugar, denegar el amparo solicitado
respecto de la vulneración al derecho a la igualdad y confirmar en lo demás.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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