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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03280-00

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03280-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, conforme a la motivación. SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, presunción de inocencia, juez natural y acceso a la administración de justicia invocados por los señores Dylan Santiago Chacón Montaño; Néstor Raúl29, Ana María, Oscar Eduardo, Luis Enrique y Lina Paola Chacón Valencia; Kerly Maryuly Montaño Ortega30, Esmeralda Valencia, Eliana Marcela Chacón Sandoval, Luis Alfonso Ararat Castillo, Karen Dayana Ararat Belalcázar y Diana Marcela Ararat González, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 29 Quien obra en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad R.S.C.M. 30 Quien obra en nombre propio y en representación de su hijo R.S.C.M. 14 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03280-00 Accionantes: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03280-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03280-001
Accionantes : Dylan Santiago Chacón Montaño; Néstor Raúl2, Ana María,
Oscar Eduardo, Luis Enrique y Lina Paola Chacón Valencia;
Kerly Maryuly Montaño Ortega3, Esmeralda Valencia,
Eliana Marcela Chacón Sandoval, Luis Alfonso Ararat
Castillo, Karen Dayana Ararat Belalcázar y Diana Marcela
Ararat González
Accionado : Tribunal Administrativo del Cauca
Vinculados : Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Popayán y Nación
• Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y Fiscalía General de la Nación
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
privación de la libertad
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Dylan Santiago Chacón Montaño y otros contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, presunción de inocencia, juez natural
y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por los actores frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

1
Expediente digital disponible en Samai.
2
Quien obra en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad R.S.C.M.
3
Quien obra en nombre propio y en representación de su hijo R.S.C.M.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-03280-00
Accionantes: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

2. Los accionantes, quienes actúan a través de apoderado judicial, interpusieron el

presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, presunción de inocencia, juez natural
y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Cauca.

3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la sentencia de 4 de diciembre de

2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la
providencia de 30 de marzo de 2023, en la que el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Popayán negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación (expediente 19001-33-33-007-2020-00167-01). En su lugar, pidieron
que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva decisión en la que se
concedan las súplicas de ese asunto ordinario.

1.3 Hechos4.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

los accionantes, se puede evidenciar que, el 14 de diciembre de 2011 el Juzgado
Primero (1°) Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Puerto
Tejada (Cauca) le impuso medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario, entre otros, a los señores Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso
Ararat Castillo, por la presunta comisión del delito de receptación, en razón a que
la policía del Valle del Cauca había reportado el hurto de un tracto camión que
transportaba 34 toneladas de café, el cual, conforme a las coordenadas recibidas
por monitoreo satelital, fue hallado dentro de una bodega en la que ellos lo
estaban descargando; sin embargo, el 1° de septiembre de 2015 se realizó
audiencia de libertad por vencimiento de términos y el 31 de mayo de 2018 se
dictó fallo absolutorio.

5. Al considerar que la mencionada restricción de la libertad fue injusta, el 30 de

octubre de 2020 los actores instauraron demanda de reparación directa contra la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía
General de la Nación (expediente 19001-33-33-007-2020-00167-01), con el
propósito que se les declarara administrativamente responsables de los agravios
causados por la aprehensión de los señores Chacón Valencia y Ararat Castillo y se

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2

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Accionantes: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

ordenara la respectiva compensación económica.

6. Del asunto ordinario conoció el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Popayán

que, el 30 de marzo de 2023 negó las súplicas, al considerar que, «[…] es claro que
al momento de la imposición de medida de aseguramiento, el Juez de Control de Garantías,
conforme a los elementos materiales probatorios allegados por la Fiscalía General de la Nación,
contaba con una inferencia razonable de que el señor N[É]STOR RA[Ú]L CHAC[Ó]N VALENCIA y
LUIS ALFONSO ARARAT CASTILLO, entre otros, eran los autores del delito de receptación, debido
a que fueron capturados cuando se encontraban descargando bultos de café del camión que
previamente había sido hurtado».

7. Inconformes con esa decisión los accionantes interpusieron recurso de apelación,

desatado el 4 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cauca5, en
el sentido de confirmarla6, al estimar que, «[…] no se probó que el daño […] padeci[do] […]
fuera antijurídico, pues, al momento de la implementación de la medida preventiva se hallaron
satisfechos todos los requisitos exigidos para ese efecto ».

8. Sobre la precedente situación, los demandantes aducen que la providencia
objeto de censura incurre en defecto fáctico, por cuanto, de los elementos de
convicción aportados a las diligencias ordinarias no se infería que la medida de
aseguramiento impuesta a los señores Chacón Valencia y Ararat Castillo haya
sido razonable y proporcional, por el contrario, «[…] la agencia Fiscal no pudo demostrar
que […] conocieran que los bultos de café y el tractocamión tenían procedencia ilícita, […] [ni que]
su ánimo volitivo fuera el de prestar apoyo al patrocinador para el ocultamiento del producto
hurtado […] », lo que conllevó precisamente a que fueran absueltos.

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 4 de

mayo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Cauca; y, (ii) dispuso vincular al Juzgado
Séptimo (7°) Administrativo de Popayán y a la Nación - Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación, en los términos
del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.
5
M. P. Carlos Jaramillo Delgado.
6
Cabe precisar que, el magistrado Marino Coral Argoty presentó salvamento de voto, con fundamento en que, a su juicio,
«[…] debía declararse la responsabilidad de las entidades demandadas y proceder a reparar a la parte actora», puesto que,
«[…] la decisión de absolución determinó que en el caso de los imputados no se presentaba ninguno de los elementos del
tipo penal, los cuales no pudieron ser identificado por el órgano acusador porque no se agotó una adecuada labor de
investigación».
3

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Accionantes: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

10. 2.1.1 El Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Popayán 7 aportó el enlace

digital del expediente ordinario con radicado 19001-33-33-007-2020-00167-01 y
sostuvo que, «[…] realizó las actuaciones pertinentes conforme a derecho sin desconocer
garantía fundamental alguna, por lo que[,] […] solicit[ó] respetuosamente se declare improcedente
la acción de tutela, dado que lo pretendido por la parte actora es convertir[la] […] en una tercera
instancia para reabrir el debate probatorio que se surtió ante [ese] Despacho y el superior funcional
y con ello desnaturalizar [su] esencia […]».

11. 2.1.2 La Fiscalía General de la Nación8 deprecó su desvinculación del presente

trámite constitucional al carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que, «[…] la actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente
instructor […] [y] supera su competencia».

12. 2.1.3 La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial9 explicó que «[…] la acción de tutela formulada por la parte actora no está dirigida a
proteger derechos fundamentales, sino a cuestionar el fondo de una decisión judicial que le resulta
desfavorable, pretendiendo convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia, lo cual
resulta improcedente y contrario a [su] naturaleza misma ».

13. 2.1.4 El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio en la oportunidad

prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos

7
Índice 00009 de Samai.
8
Índice 00010 de Samai.
9
Índice 00011 de Samai.
4

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cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa por pasiva.

16. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha

considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

17. La Fiscalía General de la Nación, en el escrito de intervención solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto «[…] la
actuación y/o omisión cuestionada no está directamente relacionada con e[se] ente instructor […]
[y] supera su competencia».

18. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico.

19. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 4
de diciembre de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Cauca
confirmó la providencia de 30 de marzo de 2023, en la que el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Popayán negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida por los tutelantes contra la Nación - Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación (expediente 19001-33-33-007-2020-00167-01); y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
igualdad, presunción de inocencia, juez natural y acceso a la administración de
justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

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20. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 10 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 11, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

21. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

22. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error

10 Sentencia C-590 de 2005.
11 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.
6

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inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

23. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de los
actores, en una indebida valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría
a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
presunción de inocencia, juez natural y acceso a la administración de justicia; (ii)
contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en
cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 21 de enero de 202612 y
la solicitud de amparo se presentó el 28 de abril siguiente, es decir, dentro de los
seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.

24. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por los
demandantes.

3.5.1 Defecto fáctico.

25. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »13.

12
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
13
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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26. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra14.

3.6 Análisis del caso concreto.

27. En el asunto sub examine, la parte demandante aduce que la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque, de los elementos de convicción
aportados a las diligencias ordinarias no se infería que la medida de
aseguramiento impuesta a los señores Chacón Valencia y Ararat Castillo haya
sido razonable y proporcional, por el contrario, «[…] la agencia Fiscal no pudo demostrar
que […] conocieran que los bultos de café y el tractocamión tenían procedencia ilícita, […] [ni que]
su ánimo volitivo fuera el de prestar apoyo al patrocinador para el ocultamiento del producto
hurtado […] », lo que conllevó precisamente a que fueran absueltos.

28. No obstante, antes de proceder a realizar el estudio de fondo de este trámite

constitucional, debe advertirse que el artículo 9015 de la Constitución Política se
constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del Estado, pues es
su «cláusula general»16, toda vez que prevé los elementos que deben concurrir para
que se configure, los cuales son: (i) un daño antijurídico, esto es, un perjuicio que
la persona no está en la obligación de soportar; (ii) una acción u omisión de los
servidores públicos concernientes al cumplimiento de sus funciones; y (iii) una
relación causal entre el hecho dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.

29. En virtud de dichos presupuestos, resulta acertado afirmar que hay lugar a
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado cuando sus agentes, en
acatamiento de sus funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una
persona que no debe resistirlo.

14
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
15
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de
la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste».
16
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8

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30. Ahora bien, el artículo 65 17 de la Ley 270 de 1996 18 establece tres (3) hechos

generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de cuestiones
judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la libertad y (iii)
defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia.

31. Por su parte, en el artículo 68 de la referida ley se consignó que, «[q]uien haya sido

privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios»; no

obstante, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 199619, analizó su
constitucionalidad y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad,
no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si
existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido.

32. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 201820, a

través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo estableció un régimen de
responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por
lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada,
razonable y proporcionada21.

22
33. A su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 , la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de
casos; sin embargo, dicha providencia quedó sin efectos por vía de tutela 23, por lo
que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo24, este
último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de
manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, en la que se
sostuvo que en los casos de privación injusta de la libertad debía examinarse la
actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este derecho fundamental, sin
que resultara viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos.

17
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la
omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
18
«Estatutaria de la administración de justicia».
19
M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
20
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas, exps: T-
6.304.188 y T-6.390.556.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, expediente 25000-23-26-000-2010-
00642-01 (58.473), M. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 15
de agosto de 2018, C.P: Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 46.947.
23
Mediante fallo de tutela dictado el 18 de noviembre de 2019, por la Subsección B de la Sección Tercera de esta
Corporación, exp: 2019-00169-01 (AC).
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de agosto de
2020, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 46.947.
9

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34. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada, en el fallo objeto de censura,

concluyó:

[…] procede el Despacho a resolver el presente asunto, destacando que el Consejo de
Estado, unificó su criterio en torno a la responsabilidad estatal por la privación de la
libertad, estableciendo los parámetros bajo los cuales el juez administrativo debe
analizar cada caso concreto con el fin de aplicar el régimen de responsabilidad que
encuentre demostrado, y que si bien corresponde por regla general al régimen objetivo
de responsabilidad, en caso de encontrar acreditada la falla del servicio, nada impide
aplicar el referido régimen subjetivo de responsabilidad25.

De acuerdo al precedente jurisprudencial, la absolución del procesado o la preclusión
de la investigación en materia penal, no implica necesaria y automáticamente que deba
declararse la responsabilidad estatal, salvo que efectivamente se verifique la existencia
de actuación arbitraria, irracional, desproporcionada o ilegal.

Consecuencialmente, corresponde al operador judicial establecer si la limitación a la
libertad impuesta dentro del proceso penal, está viciada de ilegalidad, arbitrariedad o
si resulta desproporcionada o ilegal, por lo que debe remitirse al análisis que frente a
la imposición de la medida de aseguramiento se realizó en el proceso penal, para
determinar si se realizó conforme a las normas aplicables, las pruebas allegadas al
momento de la decisión y en todo caso, si se ajusta a los requisitos establecidos en la
Ley y al principio de proporcionalidad.

Además, en los casos en los que resulte procedente, debe analizar el Juzgado si fue
la conducta determinante de los procesados la que dio origen al inicio y trámite del
proceso penal; y por tanto, a la imposición de la medida de aseguramiento que los privó
de la libertad, lo que implica realizar un análisis de la conducta bajo la óptica del dolo o
culpa grave en los términos del artículo 63 del Código Civil 26.

[…]

Adicional a ello, para esta instancia la imposición de medida de aseguramiento, fue una
decisión razonable y ajustada a derecho, que se encontraba en su momento
respaldada por los elementos materiales probatorios suficientes para considerar la
posible autoría del delito de receptación, por los señores N[É]STOR RA[Ú]L CHAC[Ó]N
VALENCIA y LUIS ALFONSO ARARAT CASTILLO, entre otros, pues efectivamente el
14 de diciembre de 2011, se había presentado el hurto de un tractocamión identificado
con la placa SUL 386 que transportaba café y fue ubicado al interior de una bodega el
sitio conocido como "El Trapiche”, ubicado en la Vereda “Las Brisas” del Municipio de
Puerto Tejada- Cauca, donde los policiales llegaron y [los] encontraron descargando el
camión, […] para luego verificarse en el juicio oral cuáles eran las circunstancias en
que dichos sujetos se encontraban en dicho lugar.

[…]

Fue así como el juez consideró que se cumplían los requisitos exigidos por la norma
procedimental, conforme al conjunto de elementos materiales probatorios allegados en
la audiencia preliminar de legalización de captura e imposición de medida de
aseguramiento en centro carcelario, etapa que no exige plena prueba que conduzcan
a la certeza, sino la inferencia razonable de la probabilidad de responsabilidad del
imputado. En cambio, la certeza en cuanto a la responsabilidad penal es el grado de

25
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iuranovit curia, puede
encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso
concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello”.
26
ARTICULO 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que
consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero,
es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o
descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado
ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de
culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la
administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste
en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.
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Accionantes: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca

convicción que resulta necesario para proferir sentencia condenatoria; razón por la cual
finalmente se decidió absolver por duda a los procesados.

Se concluye que no se presentó ninguna actuación que pueda considerarse como
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales por parte de
la Nación- Fiscalía General de la Nación y/o de los Juzgados Penales de conocimiento
y control de garantías; es decir, las decisiones relacionadas con la imposición de la
medida de aseguramiento en centro carcelario, fue plenamente justificadas, acordes a
los elementos materiales recaudados en su momento, lo que determinó el inicio de la
investigación penal y la imposición de la medida de aseguramiento en su contra.

[…]

Por otra parte, si bien es cierto se absolvió a los procesados por duda, la Fiscalía
General de la Nación, fundamentó la solicitud de privación de la libertad […] conforme
el informe satelital, [en el que] se precisó el lugar donde se encontraba el camión que
había sido hurtado y al llegar [allí], […] se concluyó que estaban frente al delito de
receptación del café, procediendo a capturarlos en flagrancia; por lo tanto, la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN no podía adoptar una decisión distinta que solicitar la
restricción de la libertad, […] como finalmente fue decretada por el Juez de Control de
Garantías.

[…]

En conclusión, los pedimentos del presente medio de control no están llamados a
prosperar, dado que se encuentra acreditada en el presente proceso, la excepción de
culpa exclusiva de la víctima y culpa de un tercero, que rompe el nexo causal y permite
exonerar de responsabilidad a las entidades demandadas; por consiguiente, se
negarán las pretensiones de la demanda, sin necesidad de hacer pronunciamientos
adicionales al respecto.

35. De lo expuesto se colige que, la autoridad accionada determinó que no había

lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso de
reparación directa con radicado 19001-33-33-007-2020-00167-01, toda vez que, se
justificaba la medida de aseguramiento que se le impuso a los señores Néstor Raúl
Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat Castillo, pues, de los elementos de
convicción aportados al mencionado expediente contencioso-administrativo, se
infería que ellos pudieron cometer el delito por el que se les investigó, comoquiera
que, fueron capturados cuando se encontraban descargando bultos de café del
camión que previamente había sido reportado como hurtado.

36. Con base en lo anterior, la autoridad accionada en la sentencia objeto de
reproche concluyó que, la imposición de la medida de aseguramiento no fue
arbitraria, sino que, por el contrario, «[…] fue una decisión razonable y ajustada a derecho,
que se encontraba en su momento respaldada por los elementos materiales probatorios suficientes
para considerar la posible autoría del delito de receptación », aunado a que, «[…] en la audiencia
preliminar de legalización de captura e imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario,
[…] no [se] exige plena prueba que conduzcan a la certeza, sino la inferencia razonable de la
probabilidad de responsabilidad del imputado».

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37. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de

una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que, sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario, de las que era dable deducir la eventual
comisión de los delitos por los que fueron investigados los señores Chacón
Valencia y Ararat Castillo (captura en flagrancia), motivo por el cual se concluye
que no se configuró el defecto fáctico alegado.

38. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Cauca ya había resuelto

los alegatos planteados por los tutelantes en el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo de 30 de marzo de 2023, en el que el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Popayán negó las pretensiones formuladas en la demanda de
reparación directa promovida contra la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General
de la Nación (expediente 19001-33-33-007-2020-00167-01), que reiteraron en esta
acción de tutela (para lo cual invocaron la causal de defecto fáctico), lo que denota
que su intención, más allá de manifestar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una instancia
adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

39. Por otra parte, resulta oportuno indicar que el hecho que la autoridad judicial

accionada no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendían los actores,
no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de
sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el expediente,
así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de
manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el
asunto materia de controversia.

40. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de

una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional27 sostuvo:

27
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e
independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.

El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

[…]

Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el
juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto.

41. Finalmente, se aclara que, como se expuso en la sentencia objeto de reproche,

el hecho que en las diligencias penales no reposaran elementos materiales
probatorios que dieran certeza de que los señores Néstor Raúl Chacón Valencia y
Luis Alfonso Ararat Castillo cometieron las conductas delictivas que se les endilgó
(por lo que no se desvirtuó su presunción de inocencia), no significa que se debiera
acceder a las pretensiones del medio de control de reparación directa con radicado
19001-33-33-007-2020-00167-01, toda vez que la naturaleza del proceso penal
dista de la del contencioso administrativo, lo que habilita que en este se puedan
analizar pruebas obrantes en aquel de manera diferente, por cuanto ello no tiene
incidencia en el derecho punitivo, tal como lo indicó el Consejo de Estado 28, al
precisar:

La premisa de apertura a este análisis viene marcada por el reconocimiento a la
intangibilidad de la presunción de inocencia que fue blindada en el escenario de la
investigación penal, y que, ni puede ser controvertida ni alcanzada por las valoraciones
que aquí se hagan. Esa hermeticidad, a su vez, facilita el ejercicio de interpretación que
le corresponde al juez de lo contencioso y le permite asumir una exploración axiológica
amplia, pues en últimas, nada de lo que aquí se diga tiene por objeto abatir la decisión
penal. De esta forma, las valoraciones de la Sala son por completo autónomas e
independientes y se reservan a los fines y efectos de esta jurisdicción.

[…] No obstante, al quedar la presunción de inocencia excluida del objeto que
corresponde a esta jurisdicción, no puede asumirse inoponible a otros principios, que
dentro del sistema jurídico –visto como un todo- cobran protagonismo.
Como se trata de principios que –ab initio- están hechos de la misma molécula jurídica
y, por ende, del mismo peso, cada jurisdicción, conforme a las reglas que la gobiernen,
debe valorar aquellos cuya relevancia sea inobjetable a los fines y propósitos que a
cada una corresponde.

[…]

Más aún, el estándar de valoración de dichos principios, impone a la Sala el deber de
realizar dentro del marco normativo correspondiente, una estimación propia del material

28
Sección tercera, subsección B, sentencia de 14 de diciembre de 2016, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 17001-
23-31-000-2008-00305-01.
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probatorio, conforme a los fines y presupuestos autónomos.

42. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

43. La Sala considera que en el presente asunto los actores no acreditaron que la

providencia de 4 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, hubiere incurrido en defecto fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de
amparo.

44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la
Nación, conforme a la motivación.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, presunción de inocencia, juez natural y acceso a la administración de
justicia invocados por los señores Dylan Santiago Chacón Montaño; Néstor Raúl29,
Ana María, Oscar Eduardo, Luis Enrique y Lina Paola Chacón Valencia; Kerly
Maryuly Montaño Ortega30, Esmeralda Valencia, Eliana Marcela Chacón Sandoval,
Luis Alfonso Ararat Castillo, Karen Dayana Ararat Belalcázar y Diana Marcela
Ararat González, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

29
Quien obra en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad R.S.C.M.
30
Quien obra en nombre propio y en representación de su hijo R.S.C.M.
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CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15

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