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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03280-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03280-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, y en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Dylan Santiago Chacón Montaño y otros contra el Tribunal Administrativo del Cauca. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03280-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

3 de septiembre de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03280-01
Demandante: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03280-01
Demandante: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Temas: Contra providencia judicial de reparación directa – privación de
la libertad. Relevancia constitucional.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 12 de junio de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:

«PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación,
conforme a la motivación.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, presunción de inocencia, juez natural y acceso a la administración de justicia
invocados por los señores Dylan Santiago Chacón Montaño; Néstor Raúl, Ana María,
Oscar Eduardo, Luis Enrique y Lina Paola Chacón Valencia; Kerly Maryuly Montaño
Ortega30, Esmeralda Valencia, Eliana Marcela Chacón Sandoval, Luis Alfonso Ararat
Castillo, Karen Dayana Ararat Belalcázar y Diana Marcela Ararat González, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.. […]»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de abril de 2026, los demandantes, a través de apoderado, interpusieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de la
justicia, a la igualdad y a la presunción de inocencia. En consecuencia, formularon
las siguientes pretensiones:

«(…) solicito al Honorable Juez Constitucional dejar sin efecto la Sentencia No. 229 de
fecha cuatro (04) de diciembre de 2025, del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA, con ponencia del Honorable Magistrado CARLOS II. JARAMILLO DELGADO,
y le hacen sala los Honorables Magistrados: MARINO CORAL ARGOTY Y NAUN
MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ, la cual confirmó la Sentencia de primera instancia, con
salvamento de voto del Honorable Magistrado MARINO CORAL ARGOTY, Radicado
No. 19001-33-33-007-2020-0016701;

Cuarto. Consecuencialmente se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA,
que en un término prudencial profiera una nueva sentencia, donde se garantice los
Derechos fundamentales invocados por mis poderdantes NESTOR RAUL CHACON
VALENCIA Y OTROS, a través del suscrito»

2. Hechos

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03280-01
Demandante: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Causa penal

El 14 de diciembre de 2011, la empresa Asegurar Limitada reportó el hurto de un
tracto camión de placa SUL385 que transportaba 34 toneladas de café. Ubicado el
vehículo por la Policía Nacional a través de las coordenadas proporcionadas por la
citada compañía, se capturó a los señores Jhon Eduard Campo Peña, Hernán
Guejia Guegue, Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat Castillo y dos
menores de edad que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes
por el delito de receptación.

El 15 de diciembre de 2011, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Puerto Tejada (Cauca) realizó las audiencias preliminares
de legalización de la captura, de formulación de imputación e impuso medida de
aseguramiento preventiva intramural en la Cárcel del Circuito de Puerto Tejada.

El ingreso al establecimiento carcelario de los señores Néstor Raúl Chacón Valencia
y Luis Alfonso Ararat Castillo se efectuó el 16 de diciembre de 2011.

El 10 de febrero de 2012, la Fiscalía 003 Seccional de Puerto Tejada presentó el
escrito de acusación y el 5 de marzo 2012, se realizó la audiencia de formulación
de acusación; el 2 de agosto de 2012 se agotó la audiencia preparatoria.

Luego de que los indiciados solicitaran libertad por vencimiento de términos, el 1.º
de septiembre de 2015, el Juzgado Segundo Penal Municipal realizó la audiencia
donde accedió a lo solicitado y recuperaron su libertad el 18 de septiembre de 2015.

El 19 de septiembre de 2012, se dio inicio al juicio oral, el cual culminó con la
sentencia absolutoria del 31 de mayo de 2018, por aplicación del principio de indubio
pro reo.

Proceso de reparación directa (19001-33-33-007-2020-00167-00/01)

Por estos hechos, los tutelantes presentaron demanda contra la Nación – Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación a través del medio de control de reparación
directa, y le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo de
Popayán con el número de radicado 19001-33-33-007-2020-00167-00, con el
objeto de que se le indemnizaran los perjuicios morales y materiales por la privación
de su libertad.

La parte actora, sostuvo que el daño se encuentra acreditado en la privación injusta
de la libertad sufrida por Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat Castillo
durante tres años, nueve meses y cuatro días, como consecuencia de una
investigación y proceso penal por el delito de receptación que culminó con sentencia
absolutoria, esto último, por cuanto la Fiscalía no logró demostrar que los
procesados conocieran el origen ilícito del tractocamión y la mercancía
transportada, ni que tuvieran participación dolosa en la conducta investigada,
circunstancia reconocida por el juez penal al concluir que existía una duda
insalvable sobre su responsabilidad.

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Demandante: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros

Con fundamento en lo anterior, la parte actora concluyó que se configuró un daño
antijurídico que las víctimas y sus familiares no estaban obligados a soportar,
derivado de una restricción injustificada de la libertad imputable a la actuación de
las autoridades estatales.

El citado Juzgado, en sentencia del 30 de marzo de 2023, negó las pretensiones de
la demanda, al considerar que la medida de aseguramiento impuesta a los señores
Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat Castillo no fue controvertida
mediante recursos ni se solicitaron pruebas adicionales para desvirtuarla.
Asimismo, destacó que la captura se produjo en flagrancia, razón por la cual los
procesados debían asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por la
jurisdicción penal.

En consecuencia, concluyó que no se demostró una actuación irregular, arbitraria,
desproporcionada o irrazonable por parte de las autoridades, por lo que no era
procedente declarar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad.
Además, coligió que, si bien en el juicio oral no se alcanzó el grado de certeza
requerido para proferir una condena, lo cierto es que ello no afectó la legalidad de
las decisiones adoptadas durante la investigación, lo que permitió que se adoptara
la medida de aseguramiento por lo que esta fue razonable y proporcional, motivo
por el cual negó las pretensiones de la demanda.

Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación.
Sostuvo que la decisión de primera instancia fue equivocada, pues los señores
Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat Castillo realizaban labores de
cargue y descargue de café, sin conocimiento de que la mercancía hubiese sido
objeto de hurto.

Argumentó que el delito de receptación exige el conocimiento del origen ilícito del
bien lo que no se configuró en el caso, circunstancia que pudo advertirse desde las
etapas iniciales del proceso.

Asimismo, señaló que sí se interpuso recurso de apelación contra la medida de
aseguramiento, aunque posteriormente fue desistido debido a la demora
injustificada en su resolución.

En su criterio, la privación de la libertad fue desproporcionada e irrazonable, ya que
no existían pruebas suficientes para sustentar la imputación y debieron aplicarse
desde las audiencias preliminares principios como la presunción de inocencia, la
sana crítica y el in dubio pro reo. También afirmó que no se demostró la culpa
exclusiva de las víctimas y que la juez de primera instancia no justificó debidamente
esa conclusión.

Recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Cauca, quien, en
sentencia del 4 de diciembre de 2025, confirmó el fallo de primera instancia, al
considerar que, aunque los señores Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso
Ararat Castillo permanecieron privados de la libertad por más de tres años y
posteriormente fueron absueltos del delito de receptación, el daño sufrido no tenía
carácter antijurídico, ya que la medida de aseguramiento fue adoptada de manera
legal, razonable, proporcional y necesaria con base en los elementos probatorios
existentes al momento de su imposición.

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Demandante: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros

3. Argumentos de la acción de tutela

El demandante afirmó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cauca incurrió en un defecto fáctico por avalar la medida de aseguramiento sin
examinar los fundamentos concretos que tuvo el juez de control de garantías para
imponerla. Tanto el juez de primera instancia del proceso de reparación directa
como el Tribunal hicieron referencia al riesgo de no comparecencia al proceso o de
incumplimiento de una eventual sentencia, pero no identificaron los elementos
materiales probatorios o evidencias que respaldaban dicha conclusión. De esta
manera, consideró que se omitió el análisis exigido por el parágrafo del artículo 308
del Código de Procedimiento Penal (CPP) y se desconoció los principios de
necesidad y razonabilidad que deben sustentar toda restricción de la libertad.

En el mismo sentido, el tutelante anotó que el Tribunal accionado dio por acreditado
el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 295, 296, 306 y siguientes
del CPP, sin efectuar una valoración crítica de los hechos, de los elementos
materiales probatorios, de las evidencias físicas ni de los indicios existentes. A su
juicio, el demandante se limitó a considerar suficiente la inferencia razonable de
autoría, sin verificar si realmente se cumplían los presupuestos legales para la
imposición de una medida de aseguramiento intramural, con lo que desconoció
además el principio de presunción de inocencia y las reglas de la sana crítica.

De otro lado, la Fiscalía no logró demostrar que Néstor Raúl Chacón y Luis Alfonso
Ararat tuvieran conocimiento de que el tractocamión y la carga eran producto de un
hurto, elemento indispensable para la configuración del delito de receptación. Según
el demandante, la investigación debió orientarse a establecer ese aspecto esencial
y no partir de suposiciones, máxime cuando los implicados fueron contratados
únicamente para realizar labores de descarga de la mercancía.

También cuestionó la insuficiencia de la actividad investigativa, en tanto los mismos
elementos materiales probatorios y evidencias presentados en las audiencias
preliminares fueron utilizados posteriormente en juicio, sin que la Fiscalía adelantara
actuaciones tendientes a corroborar la información obtenida. Pese a conocer la
existencia de personas que huyeron del lugar de los hechos, el ente investigador no
realizó diligencias adicionales que permitieran esclarecer plenamente la ocurrencia
del delito y la eventual responsabilidad de los involucrados.

En criterio del demandante, estas falencias condujeron a la captura, imposición de
medida de aseguramiento, acusación y juzgamiento de los señores Néstor Raúl
Chacón y Luis Alfonso Ararat, con lo que se configuró un error judicial y un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que les ocasionó
perjuicios materiales, morales y afectaciones a su vida de relación.

4. Trámite previo

En providencia del 4 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela,
ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo del Cauca en
calidad de demandado, y como terceros interesados en las resultas del proceso a
la Nación –Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

5. Oposiciones

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El Tribunal Administrativo del Cauca guardó silencio.

6. Intervención de terceros

El Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán indicó que el proceso de
reparación directa identificado con radicado 19001-33-33-007-2020-00167-00 fue
tramitado conforme a derecho.

Señaló que, mediante sentencia del 30 de marzo de 2023, negó las pretensiones
de la demanda al encontrarse probadas las causales de culpa exclusiva de la
víctima y hecho de un tercero, decisión que fue apelada y posteriormente
confirmada por el Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 4 de
diciembre de 2025. Por ello, sostuvo que no se vulneró ningún derecho fundamental
y solicitó declarar improcedente la tutela, al considerar que los accionantes
pretenden utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia para
reabrir el debate probatorio ya resuelto por las autoridades judiciales competentes.

La Fiscalía General de la Nación expuso que el proceso de reparación directa fue
examinado y resuelto por las autoridades judiciales competentes.

Sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, al no ser la autoridad
que profirió las providencias judiciales cuestionadas.

Adicionalmente, la entidad argumentó que no se cumplen los requisitos
excepcionales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues
los accionantes no demuestran la existencia de defectos específicos en las
decisiones cuestionadas, no acreditan una vulneración concreta de derechos
fundamentales, por lo que pretenden reabrir un debate jurídico ya definido por los
jueces naturales del proceso. En consecuencia, concluyó que no se vulneró los
derechos fundamentales de los demandantes y solicitó declarar improcedente la
acción de tutela.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
destacó que no tiene legitimación en la causa para intervenir en el trámite como
entidad vinculada y en representación de la Nación-Rama Judicial.

Explicó que el origen de la controversia se encuentra en un proceso de reparación
directa por presunta privación injusta de la libertad, cuyas pretensiones fueron
negadas en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán y
posteriormente confirmadas por el Tribunal Administrativo del Cauca tras el análisis
integral de los hechos, las pruebas y la normativa aplicable.

Argumentó que los accionantes no demostraron la configuración de los defectos
fáctico, sustantivo o de desconocimiento del precedente que alegan, pues la
sentencia cuestionada contiene una valoración probatoria razonada, una
interpretación jurídica coherente y una motivación suficiente.

Afirmó que no se evidenció vulneración alguna del debido proceso ni de los demás
derechos fundamentales invocados, y que la tutela pretende convertir un
mecanismo excepcional de protección constitucional en una tercera instancia para
reabrir un debate jurídico y probatorio ya resuelto por los jueces competentes. Por
tal razón, solicitó negar el amparo solicitado.

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7. Sentencia primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 12 de junio
de 2026, negó las pretensiones de amparo.

Destacó que la sentencia cuestionada no obedeció a una valoración caprichosa de
las pruebas. Por el contrario, encontró que la decisión estuvo debidamente motivada
y sustentada en el material probatorio allegado al proceso, el cual permitía deducir
la eventual comisión del delito investigado. En consecuencia, determinó que no se
configuró el defecto fáctico alegado por los accionantes.

También observó que los argumentos expuestos en la tutela ya habían sido
analizados por el Tribunal Administrativo del Cauca al resolver la apelación dentro
del proceso de reparación directa. Por ello, concluyó que la acción de tutela
pretendía reabrir un debate probatorio ya decidido y convertir este mecanismo
excepcional en una instancia adicional para obtener una decisión favorable, lo cual
es incompatible con la naturaleza de la tutela.

Recordó que las diferencias en la valoración de las pruebas no constituyen por sí
mismas un defecto fáctico. Reiteró que corresponde al juez natural apreciar los
elementos de convicción con autonomía e independencia, siempre que lo haga
conforme a las reglas de la sana crítica. Además, precisó que la absolución en el
proceso penal no genera automáticamente el derecho a ser indemnizado, pues la
jurisdicción contencioso-administrativa puede valorar los mismos hechos y pruebas
con una finalidad distinta, sin afectar la presunción de inocencia. Por estas razones,
negó el amparo solicitado.

8. Impugnación

La parte accionante impugnó la anterior y discutió que la sentencia de primera
instancia respaldara la conclusión según la cual la sola circunstancia de encontrar
a los accionantes descargando café de un vehículo hurtado justificaba la imposición
de la medida de aseguramiento. Anotó que las decisiones judiciales omitieron
analizar integralmente los requisitos legales y constitucionales exigidos para
restringir la libertad personal.

Asimismo, cuestionó que el Tribunal Administrativo del Cauca limitara su examen a
la denominada inferencia razonable de autoría, dejando de estudiar otros
presupuestos previstos en el Código de Procedimiento Penal. También advirtió que
no fueron individualizados los elementos materiales probatorios y la evidencia física
que respaldaban la restricción de la libertad.

Sostuvo que las decisiones cuestionadas ignoraron circunstancias relevantes como
la absolución penal, la prolongada duración de la detención, las falencias
investigativas advertidas en el proceso penal y el contenido del salvamento de voto
presentado en el Tribunal Administrativo del Cauca. A juicio del impugnante, las
autoridades judiciales fundamentaron indebidamente sus decisiones únicamente en
la circunstancia de la captura en flagrancia.

Argumentó que el verdadero debate constitucional no se centraba en la facultad del
juez administrativo para examinar la legalidad de la medida de aseguramiento, sino

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en la posibilidad de negar toda reparación patrimonial atribuyendo culpa exclusiva
a quienes habían sido absueltos.

Igualmente sostuvo que la sentencia SU-072 de 2018 fue aplicada de manera
fragmentaria, al reducirse únicamente a la regla según la cual la absolución no
genera automáticamente el derecho a ser indemnizado. Manifestó que el
precedente exigía un examen concreto de la legalidad, necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida de aseguramiento, así como de la antijuridicidad del
daño.

Señaló que la sentencia SU-054 de 2025 había establecido que la jurisdicción
contencioso-administrativa no podía reabrir el debate penal para atribuir
responsabilidad a una persona absuelta. En criterio del recurrente, la declaración
simultánea de culpa exclusiva de la víctima y culpa de un tercero, desconoció dicha
regla y terminó atribuyendo implícitamente una conducta delictiva que nunca fue
demostrada.

También sostuvo que el juez constitucional omitió confrontar expresamente la
providencia cuestionada con el precedente vigente. A su juicio, de haberse aplicado
correctamente la SU-054 de 2025, habría sido necesario determinar si la
declaración de culpa exclusiva reabrió indebidamente la discusión penal, si se
respetó la absolución y si existía prueba autónoma suficiente para acreditar dolo o
culpa grave de los accionantes.

De igual manera afirmó que existió defecto sustantivo, porque las autoridades
judiciales equipararon la legalidad inicial de la medida de aseguramiento con la
juridicidad de todo el daño sufrido durante varios años de privación de la libertad.

Argumentó que omitieron determinar si la medida continuó siendo necesaria y
proporcional a lo largo del tiempo y si realmente existieron elementos suficientes
para justificar la restricción prolongada de la libertad.

Resaltó además que la inferencia razonable exigida para imponer una medida
cautelar no podía confundirse con una justificación definitiva del daño causado.
Sostuvo que el Tribunal aplicó un estándar propio de una etapa preliminar del
proceso penal para concluir que los accionantes estaban obligados a soportar todos
los efectos derivados de la privación de su libertad.

Afirmó la existencia de un defecto fáctico, tanto por omisión como por indebida
valoración probatoria. Alegó que las autoridades judiciales omitieron valorar
adecuadamente la sentencia absolutoria, la libertad por vencimiento de términos, la
prolongada duración de la detención, las falencias investigativas y el salvamento de
voto que se dio en el trámite de la primera instancia del proceso de reparación
directa.

Sostuvo que la flagrancia y la presencia de los accionantes descargando sacos de
café recibieron un valor probatorio excesivo, dado que, tales circunstancias
únicamente permitían formular una hipótesis investigativa inicial, pero no
justificaban la conclusión según la cual ellos conocían el origen ilícito de la
mercancía ni la atribución de culpa exclusiva por el daño sufrido.

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Finalmente, argumentó que las decisiones cuestionadas vulneraron directamente la
Constitución al afectar la presunción de inocencia, la igualdad, la seguridad jurídica
y el acceso efectivo a la administración de justicia. Sostuvo que las providencias
reprodujeron valoraciones incompatibles con la absolución penal y omitieron el
estudio completo de las vulneraciones constitucionales alegadas

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, es preciso señalar que, de manera excepcional, se reconoce la
procedencia cuando se evidencia la afectación manifiesta de los derechos
constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los argumentos de la impugnación,
hay lugar a revocar o modificar la sentencia de primera instancia y, para ello, si la

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.

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autoridad judicial demandada desconoció los derechos fundamentales invocados
por los accionantes en la providencia del 4 de diciembre de 2025.

La Sala anticipa que se revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, se declarará
la improcedencia del amparo porque la acción de tutela no cumple el requisito
general de relevancia constitucional, por cuanto, reproduce los mismos argumentos
expuestos dentro del proceso de reparación directa, por lo tanto, pretende configurar
una tercera instancia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos; (i) del
requisito de relevancia constitucional; y (ii) del análisis del requisito de relevancia
constitucional en el caso concreto.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un

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sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la sala plena del consejo de estado. radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (ij). actor: alpina productos alimenticios s.a. consejero ponente: jorge octavio ramírez ramírez.
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ibidem.

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Demandante: Dylan Santiago Chacón Montaño y otros

mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

En la tutela los accionantes alegaron que la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cauca incurrió en defecto fáctico al avalar la medida de aseguramiento sin
examinar los fundamentos concretos que tuvo el juez de control de garantías para
imponerla, pues las autoridades judiciales aludieron al riesgo de no comparecencia
o de incumplimiento de una eventual sentencia sin identificar los elementos
materiales probatorios que respaldaban esa conclusión, con desconocimiento del
artículo 308 del CPP y de los principios de necesidad, razonabilidad, presunción de
inocencia y sana crítica.

Agregó que la sentencia incurrió en defecto sustantivo al dar por acreditados los
requisitos de los artículos 295, 296, 306 y siguientes del CPP con sustento
únicamente en la inferencia razonable de autoría, y que la Fiscalía no demostró que
Néstor Raúl Chacón y Luis Alfonso Ararat conocieran el origen ilícito del
tractocamión y de la mercancía, elemento indispensable del delito de receptación;
además de que, a su entender, la investigación fue insuficiente.

En la impugnación reiteró esos reproches y añadió que el Tribunal limitó su examen
a la inferencia razonable de autoría, sin individualizar los elementos materiales
probatorios ni valorar la absolución penal, la prolongada duración de la detención,
las falencias investigativas y el salvamento de voto.

Sostuvo, además, que existió defecto sustantivo al equipararse la legalidad inicial
de la medida con la juridicidad de todo el daño, aplicación fragmentaria de la
sentencia SU-072 de 2018 y desconocimiento de la SU-054 de 2025 al declararse
la culpa exclusiva de la víctima frente a personas absueltas, con vulneración directa
de la Constitución.

Al respecto debe indicarse que la parte demandante presentó demanda a través del
medio de control de reparación directa, en procura de que se declarara la
responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de los señores
Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat Castillo durante tres años, nueve
meses y cuatro días, en el marco de una investigación penal por el delito de
receptación que concluyó con sentencia absolutoria, por cuanto la Fiscalía no
acreditó que los procesados conocieran el origen ilícito del tractocamión y de la
carga, ni que hubieran actuado con intención de participar en la conducta delictiva.

En el trámite de primera instancia, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Popayán negó las pretensiones de la demanda, al advertir que la medida de

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aseguramiento impuesta a Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat
Castillo no fue objeto de recursos ni de solicitudes probatorias encaminadas a
cuestionar su procedencia y que la captura se produjo en situación de flagrancia.
Por ello, concluyó que no se acreditó una actuación irregular, arbitraria,
desproporcionada o contraria a derecho por parte de la Fiscalía o de la Rama
Judicial y que, aunque el proceso penal culminó con sentencia absolutoria al no
alcanzarse el grado de certeza requerido para proferir una condena, ello no
desvirtuaba la legalidad de las decisiones adoptadas durante la investigación ni de
la medida de aseguramiento, la cual fue razonable y proporcional conforme a las
circunstancias del caso.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la referida decisión con
fundamento en que la decisión del Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán
desconoció que los señores Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat
Castillo únicamente desempeñaban labores de cargue y descargue de café y que
no existía evidencia de que conocieran el origen ilícito de la mercancía. Añadió que
ese conocimiento, exigido por el delito de receptación, nunca fue demostrado y su
ausencia podía advertirse desde las primeras etapas del proceso penal.

Igualmente, manifestó que la medida de aseguramiento sí fue objeto de apelación,
aunque el recurso fue posteriormente desistido debido a la demora en su trámite.

En ese sentido, afirmó que la privación de la libertad resultó irrazonable y
desproporcionada, toda vez que no existían pruebas suficientes para sustentar la
imputación, por lo que debieron prevalecer desde un inicio principios como la
presunción de inocencia, la valoración probatoria conforme a la sana crítica y el
principio in dubio pro reo. También cuestionó la culpa exclusiva a las víctimas, por
no haber expuesto la juez de primera instancia razones suficientes que la
sustentaran.

Se trae en cita dichos argumentos:

«Resaltar que los elementos material probatorio aportado desde el inicio es
básicamente el mismo que serviría al Juicio, luego no puede decirse que no podía
avizorarse la poca posibilidad de condena en este caso. El descargue fue en una
bodega, las cuales son para ello, el conocimiento o no de que el tractocamión y el café
era hurtado solo podría estar en la parte volitiva de los indiciados, luego entonces
dentro de los actos urgentes bien pudo la Fiscalía, por ejemplo, solicitar un
interrogatorio del artículo 282 del C.P.P., a los indiciados, a efectos de conocer, si
deciden hablar rompiendo el silencio ¿Cuál era la razón por la cual se encontraban en
ese lugar, quien los contracto, y dar cuenta de las características de quien se voló
dejando abandonado el carro Mazda, y con ello determinar objetivamente (art. 115
C.P.P.), si era viable judicializar o no, y al judicializar pudo haberlo hecho sin solicitar
la imposición de medida. […]
La apreciación anterior es errada, los hechos facticos hasta allí conocidos no permitían
establecer que estuviesen ocultando el resultado del delito del hurto, para poder
enmarcar con mayor claridad que se encontraban en el delito de receptación,
recuérdese que los jueces deben hacer uso de la sana critica (la lógica y la experiencia),
para poder entender que cualquier persona pueda ser utilizada para descargar sin
saber del delito antecedente (hurto). La función del Juez de garantías, es garantizar
para el detenido que su limitación a la libertad esté ajustada, y no cumplió a cabalidad
con su rol.
Si bien, en audiencia preliminar, el señor NESTOR RAUL CHACON VALENCIA Y LUIS
ALFONSO ARARAT CASTILLO, no se allanaron a los cargos, no se puede perder de
vista que su defensa no presentó recurso de apelación en contra de la decisión de

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imposición de medida de aseguramiento y finalmente fueron absueltos por duda,
debido a que la Fiscalía solo logró presentar como prueba el testimonio de los
patrulleros HAROLD EDUARDO TABARES Y DANIEL GARCIA GONZALEZ, quienes
en sintesis, expusieron, lo siguiente como se consignó como hechos objeto de
investigación […]
La defensa si presentó apelación a la medida, solo que por falta de pronta decisión y al
juntarse con otras solicitudes de libertad, por ejemplo, por vencimiento de términos,
este decidió desistir de la alzada. […]
Si la Fiscalía al solicitar la medida, y el Juez al imponerla tuvieron como fin garantizar
la comparecencia, ello implicaba que estaba demostrado con prueba que los imputados
podían volarse, escaparse, y no se observa en la documentación presentada por el
ente Fiscal, y por ende en los hechos facticos, nada que pudiera inferirlo no
comparecencia. […]
No es cierto, no fue una decisión razonable y ajustada a derecho, debió hacer un mejor
estudio del tipo penal de la receptación, y complementar los actos urgentes con
entrevistas a personas del lugar, e interrogatorio a indiciados, y luego la aplicación de
la presunción de inocencia, de la sana critica, de la duda, el hecho de existir un carro
abandonado, que permitía pensar que los verdaderos implicados huyeron, todas ellas
aplicables desde las preliminares. […]
La prueba a buscar en esa etapa, no es entorno a la responsabilidad, es en cuanto a
la medida, como, por ejemplo, una vez capturado que intentara escaparse, para con
ello establecer que dejándosele en libertad es probable que no estaría dispuesto a
comparecer al proceso.
No es cierto, la imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario, no fue
plenamente justificada, y no fue acorde a los elementos materiales recaudados en su
momento, no podía predicarse una inferencia razonable de ser coautores del delito de
receptación, no se averiguo si hubo acuerdo de voluntades o no, si conocían o no el
delito inicial (hurto), para poder hablar de receptación. […]
No se discute las circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco que los policiales
capturaran a quienes tenían contacto directo con la cosa hurtada al momento en que
llegan, corresponde al Fiscal ejercer la acción penal, y esta por regla general se surte
estando en libertad el imputado, excepcionalmente se debe privar de la libertad (art.
295 C.P.P.), entonces si la excepción es privar la libertad, es errado que la señora Juez
afirme “por lo tanto, la FISCALIA GENERAL DE LA NACION no podía adoptar una
decisión distinta que solicitar la restricción de la libertad”. […]
Con el respeto que me caracteriza, debo decir, que ninguna de esas eximentes tiene
cabida en este proceso, los argumentos del despacho no dan lucidez, de cómo aplica
la culpa exclusiva de la víctima, cuando la ubica en el desistimiento de la apelación
oportunamente invocada y sustentada, pero que el Juez de conocimiento no resolvió
en un tiempo razonable, y por la demora estaba perjudicando el normal avance del
proceso, esa culpa vista desde esa orbita, es atribuible al mismo Estado. […]
Con todo respeto, el análisis realizado para despachar desfavorables las pretensiones
son carentes de fundamento, contrarían el precedente jurisprudencial, o lo aplica
equivocamente, pues los elementos relevantes para tomar decisiones en torno a la
privación o no de la libertad estuvieron siempre presente desde la génesis del proceso,
y sin embargo tanto la Fiscalía como el Juez de garantías dejaron de considerar que la
flagrancia no implica automáticamente responsabilidad, que el delito de receptación
admite la buena fe, que no estaba visto el: Ocultamiento; Tampoco el dolo o la culpa;
Tan poco el acuerdo para hablar de coautoría; Que debía acudirse a la sana critica; a
la presunción de inocencia; a la duda. Si hubiesen mirado todo ello, habrían concluido
que dicho proceso podía llevarse con los imputados estando en libertad. […]»

El Tribunal al confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
y se impuso condena en costas a la parte demandante en lo que interesa, consideró:

«Ahora bien, conforme con la orientación jurisprudencial que impera en la actualidad, la
Sala debe determinar si tal daño tiene la entidad de ser antijurídico o no, para lo cual

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habrá de establecerse si la privación desconoció los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y necesidad. Del análisis de las pruebas, se puede advertir en primera medida que el presente asunto
no corresponde a aquellos frente a los que la jurisprudencia actual acepta que
eventualmente se pueden estudiar bajo el régimen objetivo, pues, los actores no fueron
exonerados porque la conducta era objetivamente atípica o el hecho no existió, sino
porque se dio una atipicidad subjetiva por ausencia de la demostración del dolo (conocer
y querer realizar el hecho ilícito), que conllevó a la aplicación del indubio pro reo y por
consiguiente a dictar sentencia absolutoria. Así lo consideró el Juzgado Penal: […]
En efecto, se advierte que, a lo largo de la actuación penal seguida en contra de los
demandantes, nunca se puso en duda que el vehículo tractocamión había sido hurtado,
sino que realmente el debate versó sobre si ellos conocían o no que dicho bien tenía un
origen ilícito, duda que se resolvió a su favor. […]
Así, por ejemplo, en los eventos donde se investiga el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, que, como el de receptación, solo se materializa de forma
dolosa, la Corte Suprema de Justicia ha establecido la distinción entre la demostración
objetiva de la ocurrencia en la realidad material de la conducta ilícita y, la acreditación
del elemento subjetivo: el dolo, que se da por el conocimiento del autor sobre tal hecho;
razón por la que se ha aclarado que se configura atipicidad subjetiva cuando una
persona transporta las sustancias prohibidas, pero desconoce que lo está haciendo, lo
que se explicó de la siguiente manera en la sentencia SP148-2023 del 26 de abril de
2023:[…]
Por ende, al quedar claro que en el presente asunto los actores fueron exonerados por
la atipicidad subjetiva respecto del delito de receptación, se itera, porque no se pudo
establecer que obraron con dolo cuando fueron descubiertos bajando los bultos del
tractocamión hurtado, de ahí que el régimen de responsabilidad que gobierna la
responsabilidad del Estado en este caso es el régimen subjetivo, y por ello debe
verificarse si la medida preventiva de privación de la libertad fue impuesta atendiendo a
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, aspectos sobre los que
es necesario indagar lo exigido en los artículos 306 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
[…]
Entonces, se aprecia como satisfecho el primero de los requisitos, esto es, que al
momento de la imposición de la medida se pudiera inferir razonablemente que los
señores ALFONSO ARARAT CASTILLO y NESTOR RAÚL CHACÓN VALENCIA
fueran los autores de una conducta delictiva, si no se olvida que se encontraron bajando
los bultos de café del tractocamión hurtado, lo que hizo inferir a los uniformados de la
Policía Nacional y a la autoridades penales que asumieron las decisiones preliminares
sobre la posible comisión de un delito de su parte. […]
En el presente caso, la Sala observa que, al momento de la imposición de la medida
cautelar, existían pruebas suficientes para inferir razonablemente la comisión del delito
imputado. La inferencia exigida por el artículo 308 CPP no demanda certeza propia del
juicio, sino un grado de probabilidad, y en este caso se cumplía porque se encontró a
los actores bajando bultos de café de un tracto camión hurtado que transportaba 34
toneladas de café, que luego de ser robado fue seguido satelitalmente por uniformados
de la Policía Nacional, por lo que tales elementos superan el estándar mínimo para la
imposición de la medida, en el marco del principio de progresividad penal 18, según el
cual, cada fase del proceso penal va exigiendo un mayor grado de conocimiento del
objeto de investigación, matizado as; de la posibilidad, luego la probabilidad, hasta
llegar a la certeza.

Policías del Valle reportaron el hurto de un tracto camión que transportaba 34 toneladas
de café, vehículo que era monitoreado satelitalmente, una vez se recibieron las
coordenadas procedieron a dirigirse al lugar donde llegaron a eso de las 22:14 horas,
concretamente, en la vereda “Las Brisas” del municipio de Puerto Tejada- Cauca, sitio
conocido como “El Trapiche”, procediendo a realizar un barrido, inicialmente
encontraron un vehículo Mazda de placa de BAD 343 y averiguaron sobre el propietario
con resultados negativos, luego lograron observar la carpa de un vehículo y al escuchar
el sonido de un motor se acercaron al lugar y dentro de una bodega encontraron a JHON
EDUAR CAMPO PEÑA, HERNÁN GUEJIA, LUIS ALFONSO ARARAT, JAIR GUEJIA y
NESTOR RAÚL CHACÓN VALENCIA, que terminaban de descargar el automotor, y

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una vez que se constataron que se trataba del vehículo reportado como hurtado,
procedieron a dar captura a los sujetos mencionados. […]
De otra parte, se halla que, conforme al artículo 447 de la Ley 599 de 2000 – Código
Penal-, que la pena a imponer para el tipo penal de receptación de vehículos -medios
motorizados- era de, mínimo, 6 años de prisión, por lo que también se superaba el
requisito de que la pena fuera igual o mayor a 4 años, establecido en el numeral 2 del
artículo 313 de la Ley 906 de 2004 y; sumado a que el delito en mención se constituía
en una amenaza para la seguridad pública.
Así las cosas, la medida se observa proporcional y adecuada a la realidad probatoria
del momento, partiendo de la inferencia razonable que se configuró, el riesgo que
representaba el delito en comento para la comunidad, y la situación de flagrancia.
Precisa la Sala que si bien es cierto hubo sentencia absolutoria, no puede perderse de
vista que el estándar probatorio al momento de dictar sentencia (probabilidad de verdad)
no es el mismo que el que se necesita para decretar la medida de aseguramiento
(inferencia razonable), de ahí que resulta factible que la sentencia absolutoria no afecte
la validez inicial de la medida de aseguramiento, adoptada con […]
Así las cosas, la Sala colige que no se probó que el daño que padeció el actor fuera
antijurídico, pues, al momento de la implementación de la medida preventiva se hallaron
satisfechos todos los requisitos exigidos para ese efecto.
Finalmente, en relación con el cargo del apelante sobre la falta de pronunciamiento
acerca de la culpa exclusiva de la víctima, la Sala precisa que dicha causal, prevista en
el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, constituye un mecanismo de exoneración, mas no
un presupuesto indispensable para determinar la legalidad de la medida de
aseguramiento. La regla jurisprudencial vigente, fijada por la Corte Constitucional (SU-
072 de 2018, SU-363 de 2021) y acogida por el Consejo de Estado, indica que el análisis
principal recae en establecer si la medida fue razonable, proporcional y necesaria al
momento de su imposición, conforme al estándar de inferencia razonable previsto en el
artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.
Así, la privación injusta de la libertad no se define por la sola absolución penal, sino por
la existencia de un daño antijurídico derivado de una actuación estatal inapropiada,
irrazonable o desproporcionada. Solo en los casos en que la absolución obedezca a
que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, es posible aplicar un
régimen objetivo; mientras que, cuando la absolución se da por atipicidad subjetiva —
como ocurre en este caso, por ausencia de dolo—, el régimen aplicable es subjetivo, lo
que exige verificar la razonabilidad de la medida y, adicionalmente, si se configura la
culpa exclusiva de la víctima.
Sobre este último aspecto, la jurisprudencia ha precisado que la culpa exclusiva debe
entenderse desde la óptica civil, como dolo o culpa grave del afectado. Se trata de una
actuación procesal o comportamiento determinante que sustituya la decisión judicial
como causa material del daño. En el sub examine, si bien los actores aceptaron un
trabajo informal sin verificar su licitud, no se demostró que obraran con dolo ni con una
imprudencia grave que indujera la imposición de la medida, por lo que no se configura
esta causal.
No obstante, aun cuando no se acredite la culpa exclusiva de la víctima, ello no
desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, que se adoptó con base en una
inferencia razonable, en situación de flagrancia y con elementos probatorios suficientes
para justificarla. En consecuencia, el cargo se desestima. […]»

De lo expuesto, se evidencia que los argumentos presentados en esta acción de
tutela no difieren sustancialmente de los que fueron planteados en el proceso de
reparación directa cuestionado.

La parte actora fundamentó sus alegatos en errores fácticos, sin embargo, esos
argumentos ya fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Cauca, que
concluyó que, aunque Néstor Raúl Chacón Valencia y Luis Alfonso Ararat Castillo
permanecieron privados de la libertad por más de tres años y luego fueron absueltos
del delito de receptación, no existió un daño antijurídico indemnizable, pues la

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medida de aseguramiento fue impuesta de manera legal, razonable y proporcional
con fundamento en las pruebas disponibles. Además, señaló que fueron capturados
en flagrancia descargando un tractocamión hurtado con un cargamento de café y
que la absolución obedeció a la falta de prueba del dolo, resuelta bajo el principio in
dubio pro reo, sin que se demostrara una falla en la actuación de la autoridad
judicial.

Siendo así, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que la providencia
objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados, lo cierto es que la
parte demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia para
insistir en los mismos argumentos expuestos en el trámite ordinario, los cuales ya
fueron resueltos por el juez natural. Queda demostrado, entonces, que la acción de
tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional y que lo que realmente se
evidencia es la inconformidad de la parte actora con las conclusiones a las que llegó
el juez natural.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo, porque la acción de tutela no cumple los requisitos de procedencia que
habiliten el estudio del cargo por parte del juez constitucional. En esa medida, la
Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará improcedente la
acción de tutela interpuesta por el señor Dylan Santiago Chacón Montaño y otros
contra el Tribunal Administrativo del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, y en su lugar, declarar improcedente la acción
de tutela interpuesta por el señor Dylan Santiago Chacón Montaño y otros contra el
Tribunal Administrativo del Cauca.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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