Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03284-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03284-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Diez (10) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-03284-011
Accionante : Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F y otros2
Vinculados : Nación – Ministerio de Educación Nacional y otros3
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra sentencia de tutela
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil veintiséis (2026), proferido por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A4, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El señor Rito Antonio Ortiz Villamil, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y a la salud, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Bogotá y Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
3
Escuela Normal Superior Antonia Santos, Secretaría de Educación Departamental de Santander, y Defensoría del Pueblo.
4
C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
Subsección F, el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Bogotá y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)5.
3. Por consiguiente, solicitó:
[…] [se] ordene a – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP., mi
Derecho a una Justa Liquidación de Indemnización de Pensión de Vejez. (sic para toda
la cita).
1.3 Hechos6
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, mediante Resolución RDP 000050 del Trece
(13) de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025), la UGPP le reconoció al señor Rito
Antonio Ortiz Villamil una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por valor
de un millón ochocientos veinticinco mil seiscientos treinta y siete pesos ($
1.825.637), para lo cual tuvo en cuenta 325 semanas de servicio laboradas por el
accionante. Contra el anterior acto administrativo, el interesado interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de confirmar la decisión recurrida.
5. Según el actor, dicha prestación fue liquidada por un valor inferior al que le
correspondía, pues, afirmó que, laboró durante 7 años y medio y efectuó aportes
por 350 semanas. Agregó que, el certificado inicialmente expedido registraba en
cero algunos factores salariales y no reflejaba adecuadamente el último salario
devengado.
6. Con ocasión de lo anterior, el señor Ortiz Villamil interpuso acción de tutela
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, la Escuela Normal Superior
Antonia Santos, la Secretaría de Educación Departamental de Santander y la
UGPP, con el propósito de obtener la inclusión en su historia laboral de los ciclos
correspondientes a noviembre y diciembre de 1983 y de enero a julio de 1984, así
como, la reliquidación de la indemnización sustitutiva.
5
En adelante, la UGPP.
6
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
7. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Veinticinco (25)
Administrativo de Bogotá7, que mediante sentencia del Ocho (8) de Septiembre de
Dos Mil Veinticinco (2025), negó el amparo al considerar que, respecto del reproche
formulado contra la UGPP, no se satisfacían los presupuestos legales para decretar
la nulidad de los actos administrativos expedidos por la entidad. En cuanto a las
demás accionadas, señaló que, la Escuela Normal Superior Antonia Santos corrigió
el certificado de tiempos laborados con fundamento en la información aportada por
el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se ajustaron los meses de noviembre
y diciembre de 1983 y se incluyeron enero y febrero de 1984. Asimismo, precisó
que, no procedía incorporar el periodo comprendido entre marzo y julio de ese año,
dado que el actor laboró hasta el Quince (15) de Febrero de Mil Novecientos
Ochenta y Cuatro (1984).
8. Inconforme con esa decisión, el accionante la impugnó. En providencia del
Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F confirmó lo resuelto por el a
quo, al estimar que, «[…] para el momento en que fue expedida la Resolución No. RDP00050
del 13 de enero de 2025, a través de la cual se reconoció la indemnización sustitutiva, ya se habían
incorporado los ciclos de noviembre de 1983 a febrero de 1984. Respecto del periodo comprendido
entre marzo y julio de 1984, le asiste razón al a quo al sostener que no debe ser incluido, teniendo
en cuenta que el accionante presentó renuncia ante la referida institución educativa, la cual fue
aceptada a partir del 15 de febrero de ese mismo año, como se acredita con el escrito de renuncia y
el telegrama mediante el cual se comunica su aceptación […]».
9. Contra la anterior decisión, el señor Ortiz Villamil promovió la presente acción de
tutela, al considerar que, «la justicia» vulneró sus derechos fundamentales al no
ordenar a la UGPP corregir el presunto error en la liquidación de la indemnización
sustitutiva de la pensión. Al respecto, sostuvo que, el pago «[…] por valor de $1.825.637
pesos, no se ajusta a la verdad del tiempo laborado como empleado Público […]» .
1.4 Contestación de la acción
10. 1.4.1 La UGPP8 manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva,
pues, las pretensiones de la acción de tutela se dirigen contra la sentencia proferida
7
Proceso núm. 11001-33-35-025-2025-00331-00/01
8
Índice 14 de SAMAI del expediente de primera instancia.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite.
11. 1.4.2 La Secretaría de Educación de Santander9 sostuvo que la acción de tutela
no satisfacía el requisito de subsidiariedad, pues, el accionante pretendía
controvertir la liquidación efectuada por la UGPP y obtener su modificación respecto
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, asunto que podía debatirse
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Agregó que, el actor no acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que permitiera flexibilizar dicho
presupuesto. Finalmente, manifestó que carecía de legitimación en la causa por
pasiva y solicitó su desvinculación.
12. 1.4.3 El Ministerio de Educación Nacional10 solicitó su desvinculación del
trámite, al considerar que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues, no
profirió la sentencia objeto de cuestionamiento.
13. 1.4.4 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F11 se opuso a las pretensiones, al estimar que, la acción de tutela era
improcedente por dirigirse contra decisiones proferidas en un trámite de la misma
naturaleza. De otro lado, señaló que, la providencia cuestionada sí valoró el
certificado CETIL núm. 20241189020562400099002, en el cual se incluyeron las
remuneraciones correspondientes a los ciclos comprendidos entre noviembre de
1983 y febrero de 1984. Respecto de los meses de marzo a julio de ese año, precisó
que no procedía su incorporación, debido a que el vínculo laboral del actor finalizó
el Quince (15) de Febrero de Mil Novecientos Ochenta y Cuatro (1984), fecha en la
que le fue aceptada la renuncia.
14. 1.4.5 La Escuela Normal Superior Antonia Santos12 pidió su desvinculación ya
que, no tiene legitimación en la causa por pasiva en la diligencia.
9
Índice 16 de SAMAI del expediente de primera instancia.
10
Índice 18 de SAMAI del expediente de primera instancia.
11
Índice 27 de SAMAI del expediente de primera instancia.
12
Índice 28 de SAMAI del expediente de primera instancia.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
15. 1.4.6 El Juzgado Veinticinco (25) Administrativo de Bogotá guardó silencio
en la oportunidad prevista para el efecto. No obstante, remitió el expediente de tutela
solicitado.
1.5 Providencia impugnada13
16. Mediante sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia al considerar que, la solicitud de amparo estaba dirigida
contra una sentencia de la misma naturaleza y no cumplía con los requisitos para
su procedencia «[…] máxime, porque se encamina a controvertir las decisiones de fondo y no
expone situaciones de fraude o cosa juzgada fraudulenta que pudieran haber afectado sus derechos
fundamentales».
1.6 La impugnación14
17. Inconforme con esa determinación, el demandante la impugnó sin exponer las
razones que sustentaban el recurso.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
18. En virtud de los artículos 3215 del Decreto Ley 2591 de 199116 y 2517 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201918 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
13
Índice 31 de SAMAI del expediente de primera instancia.
14
Índice 36 de SAMAI del expediente de primera instancia.
15
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
16
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
17
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
18
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico
20. Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad y, en caso afirmativo, si es dable, a través de este mecanismo
constitucional, examinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales que
pueda comportar la providencia del Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, confirmó la decisión de primera instancia que negó el
amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y a la
salud del señor Rito Antonio Ortiz Villamil.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales y las dictadas en otras
acciones de tutela
21. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 19 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado20, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, los cuales, deben satisfacerse
plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al
examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la
actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
22. Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
19 Sentencia C-590 de 2005.
20 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
23. Ahora bien, en lo relativo al último requisito, en sentencia SU-627 de 201521, la
Corte Constitucional dispuso que, para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de otro proceso de tutela, «se debe comenzar por distinguir si ésta
se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella» .
24. En ese sentido, la referida jurisprudencia determinó que, si la acción de tutela se
dirige contra la sentencia de tutela, «la regla es […] que no procede». No obstante, tuvo
en cuenta dos circunstancias a saber: (i) esta directriz «[…] no admite ninguna excepción
cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela […]», pues, en tal situación, solo es admisible el incidente
de nulidad, que debe promoverse ante la Corte Constitucional; y (ii) si el fallo de
tutela se profirió por otro juez o tribunal de la República, procede de manera
excepcional, cuando exista fraude y, por tanto, se configure «el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta», situación que exige, además del cumplimiento de los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, que «(i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación».
25. De otra parte, si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del trámite
constitucional diferentes a la sentencia, se debe identificar si estas acaecieron con
anterioridad, o de manera posterior al fallo. En el primer escenario, es decir, antes
21
Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia SU-627 de 2015. Primero (1) de octubre de 2015.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
de la sentencia, y «consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar
o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela» , sí es procedente la
tutela, siempre y cuando cumpla con los requisitos generales de procedibilidad de
aquella, ello, «incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión» ;
no obstante, en el evento que la actuación se dirija a asuntos posteriores a la
sentencia, y que trate de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta,
«la acción de tutela no procede». Pero, si lo que se pretende es «obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional».
26. Así las cosas, la acción de tutela contra providencias dictadas en otra acción de
tutela, solo puede abrirse paso si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que ha sido vulnerado por una actuación arbitraria del juez de amparo
y, en todo caso, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
27. El escenario descrito es, naturalmente, un estado de cosas extraño al mecanismo
de amparo constitucional, toda vez que, no se espera que la autoridad judicial
llamada a garantizar derechos fundamentales, precisamente, incurra en la
vulneración de estos durante el trámite de la acción.
28. Por lo tanto, es viable colegir que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en otra acción de tutela comporta una eventualidad
especialísima y de riguroso examen, con el fin de remediar situaciones complejas
ocasionadas por graves o serias irregularidades acaecidas durante el trámite o
decisión del mecanismo de amparo de derechos fundamentales.
2.5 Caso concreto
29. En el asunto sub judice, la Sala advierte que, la inconformidad del accionante
recae en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F el Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco
(2025), en la acción de tutela con radicado núm. 11001-33-35-025-2025-00331-
00/01, por medio de la cual, se confirmó la decisión de primera instancia que negó
el amparo de sus derechos fundamentales.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
30. Sobre el particular, conviene aclarar, tal como se dejó sentado en la sentencia
SU-627 de 2015 la Corte Constitucional, que, para cuestionar una providencia
proferida en sede de tutela, no solo deben cumplirse los requisitos generales y
específicos dispuestos en la sentencia C-590 de 2005, sino que, también, debe
demostrarse que, en las sentencias de tutela existió fraude y, por tanto, se está ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta.
31. Ahora bien, en el escrito de tutela, el accionante no sustentó la procedencia
excepcional del amparo a partir de la existencia de fraude en la providencia atacada.
Su inconformidad se limitó a sostener que, la autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales al no ordenar a la UGPP corregir el presunto error en la liquidación
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
32. Al respecto, la Corte Constitucional22 ha precisado que el fraude
[…] hace referencia a la existencia de razones de peso para considerar que la decisión
pudo obedecer a actuaciones irregulares. Sin embargo, la Corporación no exige que
estén demostradas en procesos sancionatorios, penales o disciplinarios. Este aspecto
puede ser determinado de manera definitiva por los órganos competentes, pues la
misión central de la Corte es asegurar que las decisiones de tutela respeten y
desarrollen los mandatos constitucionales y no determinar responsabilidades o imponer
sanciones.
33. En consecuencia, al no haber expuesto razonablemente en qué consistiría el
posible fraude cometido por el juez de tutela, se advierte que, el demandante tiene
como propósito reabrir la discusión ya planteada ante el primer juez constitucional,
con el fin de obtener un pronunciamiento a su favor sobre los mismos reparos que
en su momento fueron puestos en conocimiento con la primera acción.
34. Así, al no cumplir con los requisitos especiales para la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra tutela, la Sala no hará el estudio de los requisitos
generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
pues, quedó acreditado que, en el asunto de la referencia, no es procedente la
acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.
35. Finalmente, en este punto, la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela
no habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales, ni
interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente
22
Corte Constitucional, sentencia SU-245 de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03284-01
Accionante: Rito Antonio Ortiz Villamil
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y otros
vulneración al debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil
veintiséis (2026), proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión a la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.