Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03290-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03290-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03290-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., primero (1°) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho por retiro del servicio activo / Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial / Inmediatez
Decisión: Negar el amparo y declarar improcedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Mario Andrés Peñuela Rodríguez, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Mario Andrés Peñuela Rodríguez promovió solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-35-022-2023-
00013-01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía
Nacional, con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos
mediante los cuales se le retiró del servicio por medio de la facultad discrecional
[llamamiento a calificar servicios].
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «15ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
2.2. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia del 12 de septiembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que se cumplieron los presupuestos para que operara el retiro por la
causal de llamamiento a calificar servicios, esto es, el tiempo para hacerse acreedor
a la asignación de retiro [más de 15 años de servicios] y el concepto previo de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares. En
contra de esta decisión presentó recurso de apelación.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
en sentencia del 10 de diciembre de 2025 confirmó la decisión del a quo, al concluir
que no logró probar que su retiro obedeció a causas distintas a las consideradas en
la ley, pues al momento de proferir el acto, la entidad demandada contaba con
concepto previo emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las
Fuerzas Militares en el cual se recomendó su retiro por llamamiento a calificar
servicios, además, acumulaba el tiempo necesario para ser beneficiario de
asignación mensual de retiro.
2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto fáctico por la negatoria del decreto y práctica de pruebas que
resultaban relevantes para demostrar el concepto de violación del acto administrativo
demandado, y la falta de valoración de las decretadas.
2.5. Lo anterior por cuanto, negó el decreto y práctica de pruebas, tales como: i) el
testimonio del coronel Edilson Fernández Sierra, el cual era de vital importancia para
demostrar el nexo causal entre la inclusión errónea de cuatro pruebas de poligrafía y
la decisión de promover su retiro de las Fuerzas Militares; ii) la declaración como
prueba trasladada rendida por el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda
dentro del proceso disciplinario IUS 2022-551486 por acoso laboral, la cual resultaba
conducente para establecer el nexo causal entre la decisión de llamarlo a calificar
servicios y las diferentes situaciones referentes a la denuncia por acoso sexual y
laboral de que fue víctima junto con su núcleo familiar al interior de la institución; iii)
su declaración de parte con la que pretendía ejercer su derecho a ser escuchado.
2.6. Igualmente, se omitió hacer referencia en la sentencia, a las pruebas
documentales decretadas y enunciadas en el escrito inicial y subsanación de la
demanda2, que resultaban ser relevantes a la decisión, ya que demostrarían la falta
2 Al respecto refirió la copia de respuesta al derecho de petición por parte de la Central de Contra
Inteligencia del Ejército, la copia chats de conversaciones del mayor Mario Peñuela con el General
Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda Comandante del Ejército, la copia plantilla de evaluación del
comité de evaluación de llamamiento a curso de estado mayor CEM 2021, la copia plantilla de
evaluación del comité de evaluación de Mayor a teniente coronel junio 2022, la copia de
comunicaciones y la notificación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, la copia del trámite de la
resolución de la medalla Francisco José de Caldas otorgado al primer puesto curso de Estado Mayor
CEM 2021, la copia del informe por acoso sexual con No. Radicado. 2022301000943372, y al
comunicado a la opinión pública del señor Mayor Mario Andrés Peñuela Rodríguez del día 02 de junio
de 2022.
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Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión de su retiro frente a los
fundamentos jurídicos que le sirvieron de excusa.
2.7. En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional3 en el
sentido de que restringió el ejercicio de control judicial al acto administrativo
discrecional de llamamiento a calificar servicios, al exigir prueba del concepto de
violación sin permitir la práctica de pruebas y valoración deficiente de las decretadas,
lo que configura una carga probatoria imposible. Así como del Consejo de Estado4 el
cual ha establecido que corresponde en sede judicial, verificar si la decisión
administrativa satisface los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, esto es, si
existió coherencia y correspondencia entre el ejercicio de la facultad discrecional y la
finalidad que la justifica, consistente en el mejoramiento del servicio, lo cual no
ocurrió.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] Se amparen mis derechos fundamentales en cita, en consecuencia
1. Se ordene dejar sin efectos la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2025 expediente
11001-33-35-022-2023-00013-0 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda-Subsección ¨C¨ por ser vulneradora de mis derechos fundamentales al
debido proceso art 29 CP, acceso efectivo a la administración de justicia art 229 de la CP,
y aplicación del precedente judicial, respecto de los cuales se demanda protección
inmediata.
2. En consecuencia con lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección ¨C¨ proferir una nueva decisión judicial que contemple
previamente el decreto y práctica las pruebas testimoniales y documental trasladada que
fueron negadas, así también, la valoración integral de las pruebas documentales
decretadas a las que no se hizo referencia en la sentencia, para que se han valoradas de
manera integral en contexto con los hechos de la demanda y tenidas en cuenta en la nueva
sentencia. […]» [sic].
1.1.1. Informes rendidos en el proceso
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C5 luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-
procedimentales surtidas al interior del proceso contencioso, solicitó que se negara
la petición de amparo ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por cuanto no se incurrió en ninguna causal de las que viabilizarían la
tutela, pues decidió con motivación suficiente los fundamentos de la demanda,
profundizó sobre los hechos probados y sus argumentos de derecho dentro del
debido proceso y conforme a las normas aplicables.
3 Al respecto citó la sentencia SU091/16.
4 Al respecto citó: sentencia de unificación CE-SUJ-SII-26-2022.
5 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «19RECIBEMEMORIAL_RespuestaTutelaConse(.pdf)
NroActua 11».
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Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
5. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá6
posterior a reiterar las actuaciones surtidas en el medio de control cuestionado, refirió
que todas las decisiones y actuaciones se surtieron con el debido respeto a los
derechos y garantías de las partes.
6. Los terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia de la
tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis
de la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20217 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
2.2. Cuestión previa
9. En este punto, la Sala aclara que si bien la pretensión principal del demandante
está dirigida a dejar sin efectos la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2025 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 11001-33-35-022-2023-00013-01, lo cierto es que uno de sus argumentos
principales tiene que ver con «la negatoria del decreto y práctica de pruebas que
resultaban relevantes para demostrar el concepto de violación del acto administrativo
demandado» por parte de la autoridad judicial demandada.
10. Circunstancia respecto de la cual, el tribunal demandado precisó en la
sentencia enjuiciada lo siguiente:
«[…] mediante Auto del veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025), se resolvió
el recurso de apelación contra la providencia proferida por el Juzgado de primera instancia
el ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), que negó la práctica de las pruebas
referidas.
Examinadas las pruebas que fueron decretadas por el A quo, se determinó que el
expediente contaba con el acervo probatorio necesario para esclarecer los hechos materia
6 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado
«21RECIBEMEMORIAL_11001333502220230001(.zip) NroActua 13».
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
de controversia, específicamente en lo relacionado con el procedimiento que dio lugar al
retiro del señor Mario Andrés Peñuela Rodríguez que corresponde al objeto del proceso.
[…]» [sic].
11. Por lo anterior, la Sala, además de analizar la sentencia enjuiciada, también
centrará su análisis en la providencia del 23 de octubre de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C8 confirmó
«el Auto del 8 de septiembre de 2023, proferido en audiencia inicial, por el Juzgado Veintidós
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual negó el decreto
de las pruebas testimoniales solicitadas por el apoderado del demandante». Al respecto,
se recuerda que, en dicha audiencia el a quo determinó:
12. Lo anterior, por cuanto el demandante consideró que dicha determinación
afectó sus derechos fundamentales, sin embargo, la misma no se tomó en la
sentencia de segunda instancia, sino que, se insiste, fue con anterioridad. Razón por
la cual, se harán las precisiones correspondientes.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
13. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
8 Ver el expediente 11001-3335-022-2023-00013-02.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
14. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
15. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar, además, contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
16. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
17. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.
18. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problemas jurídicos
19. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir si:
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
19.1. ¿el Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los
derechos fundamentales de Mario Andrés Peñuela Rodríguez con ocasión de la
sentencia del 10 de diciembre de 2025, a través de la cual confirmó la decisión del a
quo, que negó las pretensiones tendientes a lograr el reintegro al servicio activo, con
la que incurrió, presuntamente, en defecto fáctico y desconocimiento del precedente
judicial?
19.2. ¿la solicitud de tutela presentada por Mario Andrés Peñuela Rodríguez
satisface el requisito de procedencia general de la inmediatez, frente a la providencia
proferida el 23 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
20. En este punto, la Sala aclara que, encuentra superados los requisitos de
procedibilidad de la solicitud de tutela frente a la sentencia proferida el 10 de
diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto fáctico
21. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional15, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
22. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»16, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»17. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»18.
23. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
18 Sentencia T-538 de 1994.
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Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
2.5.3. Desconocimiento del precedente judicial
24. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
25. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
26. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
27. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.4. Sobre el caso concreto
28. Mario Andrés Peñuela Rodríguez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C mediante la cual confirmó la
decisión del a quo, que negó las pretensiones tendientes a lograr el reintegro a su
cargo, con ocasión de su desvinculación por llamamiento a calificar servicios.
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28.1. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto fáctico, por cuanto, negó
el decreto y práctica de pruebas, tales como: i) el testimonio del coronel Edilson
Fernández Sierra, el cual era de vital importancia para demostrar el nexo causal entre
la inclusión errónea de cuatro pruebas de poligrafía y la decisión de promover su
retiro de las Fuerzas Militares; ii) la declaración como prueba trasladada rendida por
el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda dentro del proceso disciplinario
IUS 2022-551486 por acoso laboral, la cual resultaba conducente para establecer el
nexo causal entre la decisión de llamarlo a calificar servicios y las diferentes
situaciones referentes a la denuncia por acoso sexual y laboral de que fue víctima
junto con su núcleo familiar al interior de la institución; iii) su declaración de parte con
la que pretendía ejercer su derecho a ser escuchado.
29. En este punto, dada la controversia a decidir y en concordancia con lo
precisado en la aclaración previa, la Sala recuerda que la autoridad judicial
demandada19 en la providencia del 23 de octubre 2025, confirmó el auto del 8 de
septiembre de 2023, proferido en audiencia inicial, por el Juzgado Veintidós
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante el cual negó el decreto de las
pruebas testimoniales solicitadas por el apoderado del demandante.
30. A juicio de la Sala, una vez analizados los hechos y las pruebas aportadas al
expediente, se observa que la providencia acusada fue notificada mediante edicto del
24 de octubre de 202520, y, la solicitud de tutela fue radicada el 29 de abril de 2026,
lo cual permite concluir, que el demandante acudió ante el juez constitucional
después de haber transcurrido más de seis meses de encontrarse ejecutoriada la
providencia que considera vulneradora de sus derechos fundamentales.
31. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio, en lo referente a
dicha providencia, no satisface el requisito de la inmediatez, en tanto fue presentada
de manera tardía de cara al término de los seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia para ello. Lo cual impide hacer un análisis de fondo frente a la negativa
de decretar dichas pruebas.
32. Ahora bien, por otra lado, se recuerda que la parte demandante consideró que
la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C incurrió en defecto fáctico por
cuanto omitió hacer referencia a las pruebas documentales decretadas y enunciadas
en el escrito inicial y subsanación de la demanda21, que resultaban ser relevantes
19 Visible en el índice 3 de Samai en el expediente 11001333502220230001302.
20 Visible en el índice 5 de Samai en el expediente 11001333502220230001302.
21 Al respecto refirió la copia de respuesta al derecho de petición por parte de la Central de Contra
Inteligencia del Ejército, la copia chats de conversaciones del mayor Mario Peñuela con el General
Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda Comandante del Ejército, la copia plantilla de evaluación del
comité de evaluación de llamamiento a curso de estado mayor CEM 2021, la copia plantilla de
evaluación del comité de evaluación de Mayor a teniente coronel junio 2022, la copia de
comunicaciones y la notificación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, la copia del trámite de la
resolución de la medalla Francisco José de Caldas otorgado al primer puesto curso de Estado Mayor
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Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
para la decisión, ya que demostrarían la falta de proporcionalidad y razonabilidad de
la decisión de su retiro frente a los fundamentos jurídicos que le sirvieron de excusa.
33. Al respecto, para mayor claridad del asunto, la Sala estima pertinente recordar
las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la
providencia cuestionada, mediante las cuales examinó la procedencia del
llamamiento a calificar servicios como causal de desvinculación. En particular, verificó
la concurrencia de los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos por el ordenamiento
para su aplicación, y concluyó que estos se encontraban debidamente acreditados,
en los siguientes términos:
«[…] En el caso sometido a consideración de la Sala, se advierte que el demandante en
su condición de Oficial del Ejército Nacional fue retirado del servicio por la causal de
llamamiento a calificar servicios, a través de la Resolución 4514 del 11 de julio de 2022,
proferida por el Ministro de Defensa Nacional en ejercicio de las facultades establecidas
en los artículos 99 y 100, literal a), numeral 3º del Decreto Ley 1790 de 2000.
En este punto, la Sala considera que, como se analizó en acápites anteriores, que el acto
administrativo por medio del cual, se retira a un uniformado por llamamiento a calificar
servicios no requiere motivación adicional a la establecida en la ley.
Tal como lo consagran los artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, para el retiro
del servicio por llamamiento a calificar servicios de un Oficial, se requiere que, haber
cumplido los requisitos para obtener derecho a la asignación de retiro y tener un concepto
previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.
Contrario sensu, si no cumple los requisitos para la asignación de retiro o no se cuenta
con el concepto referido, no sería posible efectuar el llamamiento a calificar servicios.
A continuación, dichas exigencias que se pasan a revisar, así:
a) Requisitos para reconocimiento de asignación de retiro.
[…]
Es así como, el Ministerio de Defensa en la Resolución 4514 del 11 de julio de 2022, se
ajustó a lo regulado en los artículos 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, dado que ordenó
el retiro del servicio del demandante al encontrar acreditado el tiempo de servicio
necesario para obtener la asignación de retiro teniendo en cuanta que contaba con 20
años, 4 meses y 12 días, por lo tanto, había superado los 15 que exige el artículo 235 del
Decreto 1211 de 1990, que le permitía a la entidad retirarlo por llamamiento a calificar
servicios.
b) Concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas
Militares
Como quedó visto, de conformidad con el artículo 99 del Decreto 1790 de 2000, los retiros
de Oficiales deben someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para las Fuerzas Militares, excepto cuando se trate de Oficiales Generales o de
Insignia; es decir, para el caso de la demandante, era necesario ese concepto previo.
Para resolver, se observa que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para
las Fuerzas Militares, en sesión ordinaria de fecha del 14 de junio de 2022, registrada en
el Acta No. 8, presidida por el Ministro de Defensa Nacional y con la participación de 55
CEM 2021, la copia del informe por acoso sexual con No. Radicado. 2022301000943372, y al
comunicado a la opinión pública del señor Mayor Mario Andrés Peñuela Rodríguez del día 02 de junio
de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
Generales Oficiales del Insignia, después de estudiar la propuesta sometida a su
consideración por parte del señor Mayor General Comandante del Ejército Nacional y
teniendo en cuenta que los oficiales relacionados cumplían con lo dispuesto en los
artículos 100, numeral 3º y 103 del Decreto 1790 de 2000, dispuso llamar a calificar
servicios a unos Oficiales, entre ellos a la demandante, cumpliendo así con el segundo de
los requisitos normativamente previstos.
[…]
Si bien, el demandante tuvo un muy buen desempeño profesional en el Ejército Nacional,
como lo orientó el Consejo de Estado, esto no le genera un derecho automático a
permanecer en el servicio activo.
[…]
Por otra parte, el demandante el recurso de apelación indica que, no se tuvo en cuenta el
informe que el Mayor Mario Peñuela le entregó al Comandante del Ejército respecto al
presunto acoso sexual por parte del General Javier Ayala contra la esposa del Mayor, a
lo que, el juez adujo no ser relevante. Refiere, que lo que se le quería explicar es que, era
el único inconveniente que había tenido, esa situación incómoda por el grado de poder
que ostentaba un General de la Republica sobre un subalterno y quería dejar en evidencia
que a los 6 días que se presentó el informe, el Presidente de la Republica ordenó llamar
a calificar servicios al actor.
Sobre el particular, se observa que en la demanda inicial en el acápite de hechos, se hizo
mención a que, el actor conoció en una reunión al General Javier Ayala Amaya y
posteriormente en una cena con sus esposas, inició un “plan amoroso” hacía la esposa
del actor que en principio se pensó era una amistad y, de ahí en adelante se presentaron
diferentes situaciones de acoso hacía ella y sucesos que a su juicio se convirtieron en una
persecución para su familia.
Ahora bien, como se indicó en párrafos anteriores la demanda fue subsanada y en los
hechos en que fundamenta sus pretensiones ya no expone los relatados en precedencia,
no obstante, en el recurso de apelación refiere que no se tuvo en cuenta, que el
demandante presentó un informe al Comandante del Ejército respecto al presunto acoso
sexual por parte del General Javier Ayala contra su esposa y, dice que, a los seis días fue
llamado a calificar servicios.
Al proceso fue aportado un escrito con fecha 24 de mayo de 2022, en el que el actor le
expone al Comandante del Ejército General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, los
hechos ya referidos y situaciones que se habían presentado con su esposa y el General
Javier Ayala desde octubre de 2021.
Al respecto, se tiene que, la sesión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de las
Fuerzas Militares, registrada en el Acta 08 del 10 de septiembre de 2015, corresponde a
una recomendación que, no tiene la naturaleza de un acto administrativo definitivo, esta
no crea, ni reconoce una situación particular, es un acto preparatorio que no es pasible de
control judicial.
En cuanto al acto enjuiciado, la Resolución 4514 del 11 de julio de 2022, podía o no,
acoger la recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de las Fuerzas
Militares de retirar del servicio al actor por llamamiento a calificar servicios al demandante.
De tal manera que, los argumentos que aduce el demandante no prueban que haya
existido una retaliación que llevara a la Junta Asesora a recomendar su retiro por
llamamiento a calificar servicios, por la situación que expone o alguna en particular.
Por otra parte, tampoco se probó que se haya demostrado en el proceso respectivo, la
existencia de los actos de acoso mencionados. Por ende, no se puede aseverar, que fuera
retirado del servicio por el Ministro de Defensa Nacional como represalia por la situación
expuesta, violando las normas que regulan el retiro por llamamiento a calificar servicios.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
Ahora si bien, el Comandante del Ejército Nacional, ante quien presentó el informe
exponiendo la situación del referido acoso, asistió a la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa, no se puede establecer que tuviera una animadversión en su contra que fuera
decisiva para recomendar su retiro, toda vez que, tal recomendación se hizo de manera
unánime por los 55 Generales que hicieron parte de la misma.
No consta que se presentara oposición a tal recomendación. Tampoco que participara en
la decisión el General Javier Ayala en la decisión que menciona fue la persona con la que
se presentó la situación de acoso.
[…]
En este caso, de las pruebas aportadas al proceso no se llega al convencimiento pleno
de que la administración al expedir el acto administrativo, se apartó de los fines
constitucional o legalmente previstos. Tampoco que se haya desmejorado el servicio con
su retiro.
Así las cosas, del análisis de las pruebas documentales acorde con el principio de la sana
crítica, no se logró probar la desviación de poder endilgada por la actora, pues no se
demostró que la intención del nominador fue diferente a la que tuvo en cuenta el legislador
al atribuirle la competencia discrecional respecto al retiro por llamamiento a calificar
servicios, o que el demandante hubiera sido desvinculado por motivos ocultos o adversos,
como la animadversión o las presuntas retaliaciones hacia él.[…]» [sic].
34. A juicio de esta Sala, contrario a lo afirmado por la parte demandante, la
autoridad judicial demandada sí valoró de manera integral y razonada el material
probatorio allegado al proceso, en particular la Resolución 4514 del 11 de julio de
2022, el Acta No. 8 de la sesión de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para
las Fuerzas Militares y los demás documentos relacionados con el retiro de Mario
Andrés Peñuela Rodríguez por llamamiento a calificar servicios. Caso distinto es que
dicho análisis no resultara favorable a sus intereses, pues a partir de tales elementos
concluyó que la decisión administrativa se ajustó a los requisitos previstos en los
artículos 99, 100 y 103 del Decreto Ley 1790 de 2000, al encontrarse acreditado tanto
el tiempo de servicio necesario para acceder a la asignación de retiro como la
existencia del concepto previo emitido por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
35. Asimismo, examinó los argumentos relacionados con el presunto acoso
atribuido al General Javier Ayala y el informe presentado por el demandante ante el
comandante del Ejército, lo cual permitió concluir que tales circunstancias no
demostraban que el acto de retiro hubiera obedecido a una retaliación o a una
finalidad distinta de la prevista por el legislador para el ejercicio de la facultad
discrecional de llamamiento a calificar servicios. En particular, destacó que no se
acreditó la ocurrencia de los hechos denunciados ni la existencia de una relación
causal entre la presentación del referido informe y la posterior recomendación
efectuada por la Junta Asesora.
36. En ese mismo sentido, si bien la autoridad judicial demandada no hizo mención
expresa a todas las pruebas22 referidas en el escrito de tutela, lo cierto es que no se
22 Derecho de petición por parte de la Central de Contra Inteligencia del Ejército, copia chats de
conversaciones del Mayor Mario Peñuela con el General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda
Comandante del Ejército, copia plantilla de evaluación del comité de evaluación de llamamiento a
curso de estado mayor CEM 2021, copia plantilla de evaluación del comité de evaluación de Mayor a
teniente coronel junio 2022, copia de comunicaciones y la notificación del Instituto de Casas Fiscales
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
evidencia que las mismas tuvieran la entidad suficiente para variar la decisión, por
cuanto el llamamiento a calificar servicio constituye una causal objetiva de retiro del
servicio, y, en este caso, el demandante acreditaba todos los requisitos para ello,
pues no puede entenderse esta figura como un castigo.
37. Lo anterior, en razón a que dichas pruebas estaban encaminadas a demostrar,
de una parte, la inexistencia de investigaciones en su contra y, de otra, las razones
por las cuales, a su juicio, no fue recomendado para ascenso en junio de 2022;
aspectos que no estaban en discusión. De igual manera, pretendían reiterar los
planteamientos relacionados con el presunto acoso laboral, cuestión que, como se
explicó previamente, fue objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la
autoridad judicial demandada
38. En el mismo sentido, también estaban orientadas a demostrar su buen
desempeño al interior de la institución, aspecto frente al cual, en la providencia
enjuiciada se le precisó «si bien, el demandante tuvo un muy buen desempeño profesional
en el Ejército Nacional, como lo orientó el Consejo de Estado, esto no le genera un derecho
automático a permanecer en el servicio activo».
39. Con fundamento en ello, para la Sala no existe irregularidad alguna por parte
de la autoridad judicial demandada, ya que las pruebas obrantes en el expediente no
permitían desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado ni acreditar la
desviación de poder alegada, pues no se demostró que la administración hubiera
perseguido fines distintos a los constitucional y legalmente establecidos para el retiro
por llamamiento a calificar servicios, ni que la decisión hubiera estado motivada por
animadversión, represalias o consideraciones ajenas al mejoramiento del servicio.
40. Por otra parte, el demandante consideró que se incurrió en desconocimiento
del precedente judicial de la Corte Constitucional23 en el sentido de que restringió el
ejercicio de control judicial al acto administrativo discrecional de llamamiento a
calificar servicios, al exigir prueba del concepto de violación sin permitir la práctica de
pruebas y valoración deficiente de las decretadas, lo que configura una carga
probatoria imposible. Así como del Consejo de Estado24 el cual ha establecido que
corresponde en sede judicial, verificar si la decisión administrativa satisface los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, esto es, si existió coherencia y
correspondencia entre el ejercicio de la facultad discrecional y la finalidad que la
justifica, consistente en el mejoramiento del servicio.
41. Frente al anterior argumento, la Sala aclara que, la autoridad judicial demanda
dentro de su sentencia sí hizo referencia a la sentencia SU-091-2016 a efectos de
precisar el régimen legal del llamamiento a calificar servicios y las reglas
jurisprudenciales, lo cual, además, se reiteró en la decisión también citada en la
del Ejército, copia del trámite de la resolución de la medalla Francisco José de Caldas otorgado al
primer puesto curso de Estado Mayor CEM 2021, comunicado a la opinión pública del mayor Mario
Andrés Peñuela Rodríguez del día 02 de junio de 2022.
23 Al respecto citó la sentencia SU091/16.
24 Al respecto citó: sentencia de unificación CE-SUJ-SII-26-2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
providencia, esta es, la SU-217/16. Al respecto, reiteró: «la sentencia SU-091 de 2016
unificó una regla jurisprudencial que determinó que los actos de llamamiento a calificar
servicios, si bien están sometidos a la eventualidad de un control judicial posterior como todos
los actos administrativos, no requieren de una motivación más allá de la extratextual
contemplada en las normas sobre la materia. Así, no se le impone una carga excesiva a la
administración, se promueve la necesaria renovación de los cuadros de mando en la Fuerza
Pública y se observan todas las garantías procesales y sustanciales de los oficiales que son
objeto de esta medida que, a diferencia del retiro por voluntad de la Dirección General o del
Gobierno, no es una sanción sino una manera decorosa de culminar la carrera militar o
policial».
42. En concordancia con lo anterior, contrario al decir de la parte demandante, no
se observa que la autoridad judicial demandada haya restringido el ejercicio del
control jurisdiccional sobre el acto administrativo de llamamiento a calificar servicios
ni impuso una carga probatoria imposible de satisfacer. Por el contrario, adelantó el
trámite con observancia de las garantías procesales, decretó y valoró las pruebas
que consideró pertinentes para la resolución de la controversia y, con fundamento en
el material obrante en el expediente, concluyó que no se encontraba acreditada la
desviación de poder alegada.
43. En el mismo sentido, si bien la autoridad judicial demanda no hizo alusión
expresa a la sentencia del Consejo de Estado referida por la parte demandante, mal
podría predicarse de ello un desconocimiento al precedente judicial, por cuanto,
fundamentó su decisión robustamente en la jurisprudencia del máximo órgano de lo
contencioso25 para efectuar el análisis del marco jurídico y jurisprudencial del
llamamiento a calificar servicios en cuanto a sus requisitos y a su motivación, el cual,
le permitió concluir que la autoridad administrativa ejerció de manera ajustada a
derecho la facultad discrecional de retiro del servicio activo, en armonía con el marco
normativo y la jurisprudencia que regulan dicha potestad.
44. Así las cosas, se observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
alguno, debido a que fue proferida de conformidad con las normas y jurisprudencia
que regulan la materia, apoyada en el material probatorio aportado al proceso
ordinario, todo lo cual le permitió concluir que el acto administrativo de retiro se
encontraba ajustado a derecho, comoquiera que acató los presupuestos de los
artículos 99, 100 y 103 del Decreto 1790 de 2000, en la medida que, previo a emitirlo,
se verificó la acreditación de los requisitos referidos, única motivación que exige la
norma, lo cual, además, correspondió con las exigencias jurisprudenciales que han
establecido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
45. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
25 Al respecto en su providencia citó las siguientes sentencias: i) del 15 de julio de 2021, C.P. Rafael
Francisco Suarez. Radicado No. 25000-23-42-000-2014- 00658-01(0062-19); ii) Consejo de Estado,
sentencia del 7 de septiembre de 2023, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Radicado 25000-23- 42-
000-2019- 01477-01; iii) Sección Segunda. Subsección B, radicado: 25000-23-42-000- 2013- 01997-
01(0631-15). Bogotá, D.C., 31 de octubre de 2018.Referencia: Llamamiento a calificar servicios.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, lo cual impone negar
la solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
46. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
47. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Mario Andrés Peñuela Rodríguez en
la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C.
48. Declarará improcedente, por no acreditar el requisito general de la inmediatez,
la solicitud de amparo presentada por Mario Andrés Peñuela Rodríguez en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en lo
que a la providencia del 23 de octubre de 2025 se refiere.
49. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Mario Andrés Peñuela
Rodríguez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
Segundo. Declarar improcedente, por no acreditar el requisito general de la
inmediatez, la solicitud de amparo presentada por Mario Andrés Peñuela Rodríguez
en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, en lo que a la providencia del 23 de octubre de 2025 se refiere.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03290-00
Demandante: Mario Andrés Peñuela Rodríguez
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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