Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03295-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03295-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-03295-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
28 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03295-01
Accionante: Hernán Zambrano Muñoz
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de
procedibilidad – relevancia constitucional. Decisión: Se confirma el fallo de primera instancia.
La Sala decide la impugnación 1 presentada, en calidad de accionante, por Hernán
Zambrano Muñoz en contra del fallo de tutela proferido el 11 de junio de 2026 2 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El accionante radicó tutela3 en procura de la protección de sus garantías fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la garantía
de la carrera judicial, las que considera vulneradas con la sentencia proferida el 19 de
marzo de 2026 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se
confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda que promovió en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramitada bajo el radicado
No. 76001233300020140081800/01.
1 Obra el escrito de impugnación en el archivo digital subido en Samai, en el índice 40, con certificado
CF74FCA7E05D6CBD 7A0A9255C6C93146 D05114C42B9FF679 54A6AB54BFD9EA31.
2 Obra el escrito de sentencia en el archivo digital subido en Samai, en el índice 32, con certificado
0E10C7A7E716ECCA E8D97F42FCF8BEC5 7895CAFD73D6FACA EB7C14CE67CB2E36.
3 Obra el escrito de tutela en el archivo digital subido en Samai, en el índice 2, con certificado EF0F882A4F5EF88E
906F8876B1618290 6312659C6717D1E5 825AD94341658681.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03295-01
Accionante: Hernán Zambrano Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
1.2.- Hechos
1.2.1.- Hernán Zambrano Muñoz prestó sus servicios a la Rama Judicial entre el 2 de
febrero de 1987 y el 3 de marzo de 2014. El último cargo que desempeñó fue el de juez
primero civil del circuito de Cali, que ocupó desde el 1º de enero de 1999. Durante ese
último ejercicio fue destinatario de 3 sanciones disciplinarias, según el certificado de
antecedentes de funcionarios4.
1.2.2.- El 14 de junio de 2013 el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
puso en consideración del Tribunal Superior de Cali la situación del funcionario, con el fin
de que adoptara las medidas correspondientes. En consecuencia, el aludido tribunal
expidió la Resolución No. 0149 del 12 de diciembre de 2013, que declaró insubsistente
el nombramiento y se justificó en las 3 sanciones aludidas. Esa decisión fue recurrida en
reposición; no obstante, se resolvió desfavorablemente mediante la Resolución No. 030
del 27 de febrero de 20145.
1.2.3.- Con base en esas circunstancias Zambrano Muñoz promovió, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda en contra de la
Rama Judicial, en la que solicitó la nulidad de las dos resoluciones y, a título de
restablecimiento, su reintegro sin solución de continuidad al cargo o a otro de igual o
superior categoría, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir y
los intereses moratorios. El proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca bajo el radicado No. 76001233300020140081800.
1.2.4.- Por sentencia del 28 de abril de 2023 el a quo negó las súplicas de la demanda.
Consideró que el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 sí es aplicable a los
jueces de la República, porque sus disposiciones se dirigen a todos los servidores
públicos; que, conforme a la sentencia C-544 de 2005, la inhabilidad derivada de la 3ª
sanción disciplinaria en 5 años no constituye una nueva sanción sino una medida de
protección de la administración, de modo que el Tribunal Superior de Cali no carecía de
competencia; que sí obraba el certificado de antecedentes expedido por el Consejo
4 A folios 18-19 del archivo digital subido en Samai, en el índice 2, con certificado 3579A8AE4E3AED85
F853FA6AE706C9BF 70D5086FA4896F89 CD411E7C091F7439.
5 Ibidem.
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Accionante: Hernán Zambrano Muñoz
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Superior de la Judicatura; que la decisión se adoptó por mayoría; y que, no obstante las
presuntas irregularidades en la notificación del acto primigenio, el demandante pudo
sustentar su inconformidad al recurrir en reposición6.
1.2.5.- Inconforme, la parte demandante apeló la decisión. Por sentencia del 19 de marzo
de 20267 la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión del tribunal.
Para ello, reiteró que la inhabilidad del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002
sí es aplicable a los servidores judiciales. Añadió que el parágrafo del artículo 150 de la
Ley 270 de 1996 dispone que los nombramientos respecto de los cuales surja inhabilidad
serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada. Concluyó que la
decisión cuestionada no fue fruto del ejercicio de una potestad disciplinaria ni representó
una sanción. Acotó que, si conforme al numeral 3º del artículo 172 de la Ley 734 de 2002
los nominadores son competentes para ejecutar las sanciones disciplinarias, también lo
son para hacer efectiva la inhabilidad sobreviniente; que el Tribunal Superior de Cali tenía
plena competencia para declarar la insubsistencia; y que tampoco hubo abuso de poder.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, pues la sentencia
atacada incurrió en un defecto procedimental por ausencia de procedimiento previo, al
validar una actuación en la que no se adelantó trámite administrativo anterior sujeto al
debido proceso, no se formularon cargos, no se garantizó la contradicción probatoria y
no existió oportunidad de defensa técnica antes de la decisión administrativa de
insubsistencia. Precisa que la actuación se limitó a permitir un recurso posterior, lo que
resulta insuficiente a la luz del artículo 29 de la Constitución, e invoca las sentencias C-
341 de 2014 y T-515 de 2025 sobre la exigencia de garantías reales previas en
actuaciones que afectan derechos.
El convocante también alega la violación directa de la Constitución por desconocimiento
del debido proceso reforzado propio de la carrera judicial. Sostiene que la decisión
cuestionada se apoyó en la sentencia C-544 de 2005 para partir de la premisa según la
6 Ibidem, a folio 16.
7 Obrasentencia en el archivo digital subido en Samai, en el índice 2, con certificado 3579A8AE4E3AED85
F853FA6AE706C9BF 70D5086FA4896F89 CD411E7C091F7439.
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Accionante: Hernán Zambrano Muñoz
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cual la insubsistencia no constituye sanción disciplinaria, y que esa interpretación
desconoce que la medida produce efectos equivalentes a una sanción y que implica la
desvinculación definitiva de un funcionario de carrera, sujeta a la Ley 270 de 1996 en
concordancia con la Ley 734 de 2002, vigentes para la época de los hechos, y no a las
leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021. Con apoyo en las sentencias C-181 de 2002 y C-
163 de 2009, agrega que la desvinculación de funcionarios de carrera exige garantías
estrictas y que el debido proceso debe ser previo, sin que pueda suplirse con mecanismos
posteriores.
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicitó (i) amparar los derechos fundamentales cuya
trasgresión se alega; (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida por el Consejo de Estado;
y (iii) ordenar a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión que garantice
un procedimiento previo pleno y respete el estándar constitucional de debido proceso
reforzado en relación con la carrera judicial.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 29 de abril de 2026 la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y vinculó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Posteriormente, mediante auto del
22 de mayo de 2026, vinculó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali,
Valle del Cauca.
2.2.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que la
decisión cuestionada se ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales sobre la
desvinculación del servicio por inhabilidad sobreviniente, pues la determinación no
provino del ejercicio de una potestad disciplinaria del Tribunal Superior de Cali ni
constituyó una sanción. Además, señaló que esa corporación tenía plena competencia
como nominadora; lo procedente era declarar insubsistente el nombramiento mediante
acto motivado; y no se configuró abuso de poder. Añadió que el escrito de tutela evidencia
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el inconformismo del demandante con la sentencia, sin que de ello pueda concluirse la
transgresión de sus derechos.
2.3.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió negar las pretensiones, al no
existir vulneración a los derechos fundamentales invocados. También alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva.
2.4.- La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, Valle del Cauca, acotó
que no se vulneraron los derechos del accionante y que, frente a las decisiones judiciales
de jueces y magistrados, no tiene injerencia.
2.5.- Por auto del 11 de junio de 2026 el magistrado ponente declaró infundadas las
manifestaciones de impedimento presentadas por los consejeros Omar Joaquín Barreto
Suárez y Gloria María Gómez Montoya.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de junio de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. Indicó que un asunto carece de trascendencia cuando se trata de una
controversia legal o económica con connotaciones particulares o privadas que no
representen un interés general. Adujo que la discusión planteada se limita a cuestionar
el criterio interpretativo y valorativo del Consejo de Estado, sin involucrar un derecho
fundamental. Añadió que el accionante, más allá de proponer un debate sobre la posible
vulneración de una garantía superior, expuso su discrepancia con la decisión, basado en
lo que en su criterio era el procedimiento que debió adelantarse para aplicar la inhabilidad
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, asunto netamente legal zanjado por los jueces
naturales de la causa, quienes concluyeron que la declaratoria de insubsistencia no
constituyó una sanción disciplinaria sino la materialización de una inhabilidad
sobreviniente.
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4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida el accionante presentó impugnación, bajo el
argumento de que la primera instancia incurrió en una indebida valoración del contenido
de la solicitud, pues el problema planteado nunca consistió exclusivamente en una
discusión sobre competencia administrativa o interpretación legal, sino en determinar si
resulta compatible con el artículo 29 de la Constitución Política que un funcionario de
carrera judicial sea desvinculado definitivamente mediante un acto administrativo
expedido sin procedimiento previo pleno y sin las garantías propias de un debido proceso
reforzado. Agregó que la controversia supera su interés individual por sus consecuencias
sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales de carrera; que sí satisfizo la carga
argumentativa, pues explicó la ausencia de procedimiento previo, la inexistencia de
formulación de cargos, la ausencia de contradicción probatoria, la insuficiencia de los
recursos posteriores y la necesidad de un estándar reforzado derivado de la carrera
judicial; y que la improcedencia se declaró mediante una valoración preliminar que
anticipó una conclusión propia del análisis de fondo, al confundir la procedibilidad con el
examen sustancial y descartar la relevancia al considerar ciertas las conclusiones
jurídicas controvertidas en la tutela.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 11 de junio de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
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3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de tutela
en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos requisitos
de procedibilidad y de procedencia con el fin de determinar si se vulneraron o no los
derechos de orden superior.8
4.- El requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
4.1.- Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”9.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la
acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual
fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional
está constituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia
que el actor tenga frente a la decisión judicial10.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202211, al pronunciarse
sobre el requisito de relevancia constitucional, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
8 De acuerdo con la Sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
10 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
11 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que la sentencia del 19 de
marzo de 2026 incurrió en un defecto procedimental absoluto, al validar una actuación
administrativa que se surtió sin trámite previo sujeto al debido proceso y a la defensa
técnica, sin formulación de cargos, sin contradicción probatoria y sin oportunidad de
defensa antes de la declaratoria de insubsistencia; y en una violación directa de la
Constitución Política, por desconocer el artículo 29 superior al no aplicar el debido
proceso reforzado propio de los funcionarios de carrera judicial, pese a que la medida,
aunque formalmente no constituyó una sanción disciplinaria, produjo efectos equivalentes
a una de esa naturaleza.
4.3.- Para la Sala se torna evidente que los cargos elevados por la parte actora no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un
medio dirigido a revivir el análisis jurídico efectuado por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 76001233300020140081800/01, como si este mecanismo fuera una
instancia adicional a ese trámite, según se explicará.
4.4.- Al verificar los argumentos de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026, se
dilucida el siguiente análisis textual:
“52. Pues bien, se destaca que la parte actora no discute las sanciones que motivaron la inhabilidad
sobreviniente aplicada por el ente nominador, sino la competencia de este para ordenar su desvinculación
laboral.
53. En primer lugar, se dirá que, contrario a lo argüido por el demandante, las inhabilidad sobreviniente
establecida en el numeral 2.° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 si es aplicable a los servidores judiciales,
porque:
i) El artículo 25 de esa normativa establece que sus disposiciones se aplican a todos los servidores del
Estado, sin hacer distinciones y/o establecer excepciones al respecto.
ii) El citado artículo 38 ejusdem contempla, en general, otra serie de inhabilidades para desempeñar
«cargos públicos», término universal que abarca a los servidores de la Rama Judicial.
iii) En el Título XII de la Ley en cita se contiene el régimen disciplinario de los funcionarios judiciales. Así,
mientras en el artículo 195 -que trata el tema de la integración normativa- se establece que en «[…] la
aplicación del régimen disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán […] las normas aquí
contenidas […]»; en el artículo 222 ib. se prevé que «[l]os aspectos no regulados en este Título, se regirán
por lo dispuesto para el procedimiento ordinario y verbal según el caso, consagrados en este Código.», lo
que reafirma que las reglas del CDU también se aplican a estos servidores.
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54. Adicionalmente, se resalta lo establecido en el parágrafo del artículo 150 de la Ley 270 de 1996, según
el cual «[l]os nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y
aquéllos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados
insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre
escalafonado en la carrera judicial.»
55. Tal previsión reconoce que, durante el ejercicio como servidor judicial pueden surgir inhabilidades
sobrevinientes, entre ellas, la regulada en el citado artículo 38 del CDU. Por tanto, se autoriza al nominador
que, ante la configuración de esta, se ordene el retiro del servicio.
56. Superado lo anterior, es claro que la decisión cuestionada no fue fruto del ejercicio de una potestad
disciplinaria por parte del Tribunal Superior de Cali y, por ende, tampoco representó la imposición de una
sanción de esa misma naturaleza. Antes bien, la aludida determinación no es más que la concreción
material de una inhabilidad sobreviniente emanada de las restricciones disciplinarias impuestas al
demandante en los últimos cinco años de ejercicio laboral. (…)
60. Por lo que sigue, si de conformidad con lo previsto en el numeral 3.° del artículo 172 de la Ley 734 de
2002, los nominadores son los competentes para ejecutar las sanciones disciplinarias, esas mismas
autoridades también están facultadas para hacer efectiva la inhabilidad sobreviniente regulada en el
numeral 2.° del artículo 38 ejusdem.
61. En el caso actual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, como nominador del demandante -
numeral 7.° del artículo 131 de la Ley 270 de 1996-, tenía plena competencia para emitir la declaratoria de
insubsistencia que ahora se reprocha, decisión que, se reitera, no comporta el ejercicio de ninguna potestad
disciplinaria, sino por el contrario, el cumplimiento irrestricto de la ley.
62. Finalmente, tampoco le asiste razón al recurrente cuando asegura que la decisión cuestionada es reflejo
de un abuso de poder, en tanto que, si bien el proyecto presentado por el magistrado Carlos Alberto Oliver
Gale fue estudiado en varias oportunidades por la Sala Plena del mencionado tribunal, nunca tuvo la
connotación de derrotado; por el contrario, ante la divergencia de criterios se aplazó su votación hasta que
se alcanzara una mayoría decisoria, lo cual ocurrió el 12 de diciembre de 2013.
63. Así las cosas, al no prosperar los cargos planteados por el recurrente, se impone confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda”12.
4.5.- En atención a lo anterior, la Sala advierte que la Sección Segunda de esta
corporación identificó con precisión los reparos planteados en la apelación, que se
referían a la competencia del nominador para hacer efectiva la inhabilidad sobreviniente,
y determinó, con fundamento en el Código Disciplinario Único, el alcance universal de la
expresión “cargos públicos” de su artículo 38, la regla de integración normativa de sus
artículos 195 y 222 y, de manera contundente, el parágrafo del artículo 150 de la Ley 270
de 1996, que ordena declarar insubsistentes los nombramientos respecto de los cuales
surja una inhabilidad sobreviniente aunque el funcionario esté escalafonado en la carrera
judicial. Sobre esa base concluyó que los actos administrativos que declararon la
insubsistencia del actor no fueron producto de una potestad disciplinaria ni constituyeron
una sanción, sino la concreción material de la inhabilidad. También concluyó que el
12A folios 20-23 del archivo digital subido en Samai, en el índice 2, con certificado 3579A8AE4E3AED85
F853FA6AE706C9BF 70D5086FA4896F89 CD411E7C091F7439.
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nominador era competente para declararla y que no hubo abuso de poder, pues la
ponencia nunca fue derrotada sino aplazada hasta alcanzar la mayoría decisoria.
4.6.- Resulta claro, entonces, que el peticionario pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si la tutela se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio,
la autoridad accionada estudió los argumentos del recurrente y explicó, con el debido
sustento normativo, por qué el nominador podía declarar la insubsistencia y por qué esa
determinación no comportaba el ejercicio de una potestad disciplinaria. Lo que el escrito
de tutela plantea es que esas disposiciones han debido interpretarse de otro modo y que
la medida ha debido ser precedida de un trámite con formulación de cargos y
contradicción probatoria; esto es, una discrepancia sobre la interpretación de la ley
aplicable y sobre el procedimiento que ella impone, que corresponde definir al juez natural
de la causa.
Ahora bien, el reparo puntual relativo a la ausencia de procedimiento administrativo previo
fue resuelto en el proceso ordinario. Ese cuestionamiento se formuló desde la demanda
inicial, en la que el actor adujo que el Tribunal Superior de Cali no efectuó la notificación
de la apertura del procedimiento administrativo, no formuló cargos, no puso a su
disposición las pruebas ni le concedió términos para ejercer la defensa técnica. El a quo
ordinario lo resolvió de manera expresa, al concluir que, a pesar de las presuntas
irregularidades en la notificación del acto primigenio, el demandante tuvo la oportunidad
de exponer y sustentar sus inconformidades. En la apelación el reproche se reformuló
bajo el desconocimiento del debido proceso disciplinario, con el argumento de que los
actos se expidieron sin una decisión previa de la autoridad disciplinaria competente, y en
esos términos lo abordó la Sección Segunda, que descartó que la insubsistencia fuera
producto de la potestad disciplinaria y precisó que correspondió a la concreción material
de una inhabilidad sobreviniente, cuya efectividad competía al nominador. De ahí que la
censura que ahora se propone no recaiga sobre un asunto omitido por el juez natural,
sino sobre una discusión que se surtió en las instancias correspondientes del proceso
ordinario y que el actor pretende reabrir por vía de tutela.
Por otra parte, se debe destacar el reproche que la impugnación dirige contra el juicio de
relevancia efectuado en primera instancia. El recurrente alega que se confundió la
procedibilidad con el examen de fondo, al descartar la relevancia con base en las
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conclusiones jurídicas que la tutela controvertía. Sin embargo, la verificación de este
requisito exige, por definición, confrontar los cargos con lo que efectivamente se decidió
y con las razones que se dieron para decidirlo, sin que ese contraste equivalga a zanjar
la controversia sustantiva. Y el hecho de que el accionante enuncie su reparo en clave
constitucional no basta para dotarlo de relevancia, pues esta no se acredita con la sola
invocación de las garantías superiores, sino con la demostración de que la decisión
judicial las comprometió de manera arbitraria o desproporcionada, carga que aquí no se
satisfizo.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
4.7.- Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatorio o de
interpretación del derecho, que se resolvieron previamente por el juez de la causa13.
5.- En consecuencia, se advierte que los cargos incoados en la solicitud de amparo no
superan el requisito genérico de relevancia constitucional y esto hace que el depreco
constitucional resulte improcedente. En ese sentido, se confirmará la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
13 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2026-03295-01
Accionante: Hernán Zambrano Muñoz
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
III.- RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 11 de junio de 2026 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
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