Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03304-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03304-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03304-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03304-01
Accionante: Eleuterio Guzmán Posada
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Tema: Derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Daño causado a reclusos, por otros internos- causal de eximente
de responsabilidad – hecho de un tercero. REVOCA –NIEGA
AMPARO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Eleuterio Guzmán Posada,
mediante apoderada, en contra de la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se
declaró improcedente la tutela por carecer de relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
El accionante pretende que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso, a «la correcta administración de justicia» y al principio de seguridad
jurídica, los cuales considera vulnerados con la sentencia del 20 de febrero de 2026,
proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm.
27001-33-33-003-2017-00302-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el 4 de octubre de 2014, fue privado de la libertad y recluido en la Cárcel
Anayancy de Quibdó, en el Patio núm. 3.
Que el 13 de mayo de 2017, varios internos del Patio núm. 1 ingresaron al sitio de
reclusión del accionante y le propinaron una golpiza que le produjo la pérdida de
tres (3) dientes de su maxilar superior y fractura grave del tabique, por lo que fue
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sometido a una cirugía correctiva para su mejoramiento, todo ello debido a que el
señor Guzmán Posada se negó a entregarles cuatro (4) cuchillas de afeitar para «el
jefe» del patio; debido a que con esa mercancía se «rebuscaba» el dinero para la
manutención de su familia.
Que luego de haber sido agredido, fue recluido en la celda de castigo, bajo el
pretexto de su seguridad, lo cual calificó como medida de revictimización en su
contra; y, tuvo que movilizar a su familia, de Quibdó a otro lugar, porque los tenían
amenazados.
Que presentó demanda de reparación directa en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), para que fuera declarado responsable por los
daños padecidos al interior del establecimiento carcelario.
Que el 8 de septiembre de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó accedió a las pretensiones; sin embargo, el 20 de febrero de 2026, el
Tribunal Administrativo del Chocó revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, declaró probada de oficio la excepción de hecho de un tercero como causal
eximente de responsabilidad.
Considera que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, porque ratificó la
responsabilidad extracontractual de la entidad, sin embargo, la excluyó al acreditar
el hecho de un tercero; sin tener en cuenta que ese tercero son otros reclusos que
también están bajo un régimen de especial relación de sujeción y que no pueden
obrar a su libre albedrio lesionando a otros reclusos.
Que tampoco es de recibo el argumento del juez según el cual, el accionante no
informó previamente de amenazas, pues estos hechos se generaron de manera
repentina, aprovechando la deficiente vigilancia de los servidores del INPEC.
Que el Tribunal dijo que no encontró demostrada la falla en el servicio de la entidad,
cuando «en su decisión dejó marcada la postura del régimen de responsabilidad
objetivo, relevando al demandado de demostrar diligencia y cuidado frente a los
hechos de la demanda».
Que desconoció los precedentes jurisprudenciales frente a los tópicos de lesiones
a reclusos causados por otras personas privadas de la libertad.
PRETENSIONES
Solicita que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 20 de febrero de 2026, proferida dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 27001-33-33-003-2017-00302-00/01; y, en
consecuencia, se ordene al Tribunal Administrativo del Chocó emitir una nueva
decisión, donde tenga en cuenta lo probado en el proceso y desestime la excepción
de hecho de un tercero.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
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El 30 de abril de 2026, se admitió la acción; se vinculó al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la CPMSQUI Cárcel y Penitenciaría de Media
Seguridad de Quibdó – Cárcel Anayancy, al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Quibdó, al Ministerio Público y a los señores Juan Esteban
Guzmán Posso, Orlinda Posso Meneses, Sebastián Andrés Taborda Posso, Yeiry
Paola Guzmán Posada, como terceros con interés; y se ordenó notificar a las partes
y vinculados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Chocó adujo que con las historias clínicas de los
hospitales San Francisco de Asís e Ismael Roldán Valencia y los reportes de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) se tuvo por acreditado la
existencia del daño antijurídico. Abordó el análisis de la imputación bajo el régimen
objetivo aplicable a personas privadas de la libertad, debido a la posición de garante
del Estado, derivada de la relación de especial sujeción.
Precisó que luego de revisar todo el material probatorio encontró que no obraba
prueba en el expediente que demostrara que el señor Guzmán Posada hubiese i)
puesto en conocimiento de las autoridades penitenciarias la existencia de
amenazas en su contra; ii) solicitud de protección; o iii) registro institucional previo
que permitiera inferir la existencia de un riesgo individualizado.
Que analizó la conducta del establecimiento, lo que le permitió concluir que el daño
tuvo como causa directa la conducta de terceros (otros internos) y que no se
acreditó falla del servicio ni incumplimiento de los deberes de custodia,
configurándose así la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho
exclusivo de un tercero, lo que conlleva necesariamente a la ruptura del nexo
causal.
A su juicio, los argumentos que plantea el accionante constituyen una manifestación
de inconformidad con la decisión judicial, lo que evidencia el uso de la acción de
tutela como una tercera instancia, por lo que pide que se niegue el amparo
solicitado.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El titular del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó
informó las gestiones que adelantó tendientes a intentar comunicarse con los
señores Juan Esteban Guzmán Posso, Orlinda Posso Meneses, Sebastián Andrés
Taborda Posso y Yeiry Paola Guzmán Posada, a fin de notificarles el auto admisorio
de la tutela.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que el Tribunal
Administrativo del Chocó es el competente para pronunciarse sobre las presuntas
vulneraciones reclamadas por el accionante.
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Por otro lado, pidió que se declarara la nulidad de todo lo actuado desde el auto
admisorio de la tutela y, en su lugar, se remitieran las diligencias a la autoridad
judicial competente para conocer de la acción de tutela contra autoridad del orden
nacional.
Los demás vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 28
de mayo de 2026, resolvió rechazar la solicitud de nulidad que promovió el INPEC
y declaró improcedente la tutela por carecer de relevancia constitucional.
Frente a la petición de nulidad, dijo que en el presente asunto se cuestiona la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó
el 20 de febrero de 2026; por lo que, en atención a las reglas de reparto establecidas
en el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.1.2.1., numeral 58, el conocimiento de la
presente acción correspondía a esta corporación. De igual forma, indicó que no se
encuentra que hubiese existido un reparto caprichoso o arbitrario de la acción de
tutela, pues, precisamente, en esta instancia el Consejo de Estado es el superior
funcional de la autoridad judicial accionada.
Por otro lado, consideró que los argumentos que expone el actor no plantean un
juicio de validez constitucional de la providencia, sino que se dirigen a controvertir
los fundamentos adoptados, de modo que, el juez constitucional adopte un criterio
diferente respecto a la actuación de los terceros agresores que lo atacaron durante
su reclusión en el establecimiento carcelario Anayancy en Quibdó, aspecto que fue
examinado y decidido por la autoridad judicial competente en el proceso de
reparación directa.
IMPUGNACIÓN
El accionante sostiene que la conclusión del juez constitucional de primera instancia
en el sentido de que los cuestionamientos formulados corresponden exclusivamente
a una discrepancia con la valoración efectuada por el juez natural, desconoce el
verdadero alcance de la controversia planteada, pues este mecanismo no busca
obtener una nueva valoración probatoria ni convertir al juez constitucional en una
tercera instancia.
Que por el contrario, se dirige a cuestionar el hecho de que la autoridad judicial
accionada terminó equiparando a dichos reclusos con verdaderos terceros extraños
a la órbita estatal, desconociendo que todos los internos se encuentran sometidos
a una relación especial de sujeción frente al Estado y que, precisamente por ello, la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa han reconocido un deber
reforzado de protección respecto de su vida e integridad personal.
En otras palabras, su inconformidad radica en que la providencia utilizara una
excepción de oficio, para desconocer la obligación constitucional de protección que
recae sobre el Estado respecto de quienes se encuentran privados de la libertad.
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Por lo anterior, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se conceda el amparo solicitado.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
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implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
La Sala considera que, contrario a lo determinado en primera instancia, la acción sí
supera la exigencia general de la relevancia constitucional, puesto que lo pretendido
por el accionante es lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados con
la sentencia del 20 de febrero de 2026, proferida por la autoridad judicial accionada,
por la incursión en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente, mas no
plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la autonomía e independencia
judicial del juez natural de la causa o convertir este mecanismo en una instancia
adicional a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
En efecto, el solicitante del amparo procura demostrar la incursión en alguna de las
causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, la cual sustentó
de forma que resulta comprensible sus desacuerdos respecto a la providencia
controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una incidencia en la
decisión adoptada.
También se encuentran satisfechos los requisitos de a) inmediatez, pues la acción
se instauró el 29 de abril de 2026, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la sentencia, la cual ocurrió el 2 de marzo de 2026, teniendo en cuenta
que la notificación fue efectuada por mensaje de datos enviado el 23 de febrero del
año en curso; b) ) el actor no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí
expuesto; y, c) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal precisó que frente a daños ocasionados a personas que se encuentran
privadas de su libertad por razón de condena penal impuesta en su contra o,
detención preventiva como medida cautelar, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sido pacífica y reiterativa en sostener que deben ser estudiados con base
en el régimen objetivo de responsabilidad, dada la relación de especial sujeción
entre la persona detenida y el Estado.
Encontró acreditado que el 13 de mayo de 2017, el señor Guzmán sufrió lesiones
físicas mientras se hallaba recluido en la Cárcel Anayancy de Quibdó, bajo custodia
del INPEC; analizó el informe de novedad del 15 de mayo de 2017 suscrito por los
dragoneantes González y Alarcón y concluyó que de este, no se pueden establecer
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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con claridad las circunstancias específicas en que se produjo la riña, quién la inició,
si se trató de una agresión unilateral o de una confrontación recíproca, ni cuáles
fueron las dinámicas concretas que rodearon el hecho.
Indicó que no obra prueba en el expediente que de que el señor Guzmán hubiera
puesto en conocimiento previo de las autoridades penitenciarias la existencia de
amenazas en su contra, que hubiera solicitado protección, ni denuncia institucional
relacionada con presuntas actividades de extorsión que permitiera inferir la
existencia de un riesgo individualizado conocido por la administración. Estimó que
la sola afirmación consignada en el informe de novedad carece de respaldo
probatorio adicional dentro del expediente y no resulta suficiente para concluir que
el INPEC tuvo conocimiento previo de una situación concreta de peligro que exigiera
medidas específicas de prevención.
Que tampoco se probó que el personal de custodia hubiese omitido protocolos de
seguridad, desatendido llamados de auxilio o incumplido de manera concreta sus
deberes de vigilancia. Por el contrario, del mismo informe se desprende que, una
vez conocida la situación, el interno fue conducido de inmediato a enfermería y
posteriormente reubicado bajo medidas de seguridad, lo que evidencia una reacción
institucional frente al hecho ya consumado.
Señaló que está acreditado que las lesiones fueron ocasionadas por los internos
Mosquera Palacios José Yefer, Ríos Palacios Carlos Alberto y Hurtado Rodríguez
Jhonatan; de manera que, se configura el hecho exclusivo de un tercero como
causal eximente de responsabilidad, circunstancia que rompe el nexo causal entre
el daño y la entidad demandada.
Por lo anterior, decidió revocar la decisión de sentencia de primera instancia y, en
su lugar, declarar probada de oficio la excepción denominada hecho de un tercero
como causal eximente de responsabilidad.
El actor afirma que el Tribunal se contradice, pues, primero dijo que se aplica el
régimen de responsabilidad objetivo, y luego, señaló que no encontró demostrada
la falla en el servicio.
Al respecto, es necesario aclarar que en el régimen de responsabilidad objetivo se
analiza cuál fue la acción u omisión del Estado, sin importar si esta se hizo con culpa
o dolo; el daño y el nexo causal. Este último, permite establecer la imputabilidad del
daño.
Precisado lo anterior, la Sala observa que el Tribunal en la sentencia cuestionada
dijo que el régimen de responsabilidad del Estado aplicable en eventos de
afectación a la integridad psicofísica de los reclusos es el objetivo; lo cual no puede
excluir el examen de la causa del daño. En tal sentido, el análisis realizado estuvo
encaminado a hallar la acción u omisión en la que supuestamente incurrió el INPEC,
a efectos de verificar si se configuraban los elementos del régimen de
responsabilidad objetivo.
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En relación con el argumento de que el hecho exclusivo de un tercero no es
aplicable en el asunto, habida cuenta que esos terceros son otros reclusos que
también están bajo un régimen de especial relación de sujeción con el Estado; es
pertinente tener en cuenta la posición pacífica y reiterada de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en estos temas:
«(…) en tratándose de las lesiones o del homicidio del cual puedan ser víctimas
los reclusos por razón de la acción ejecutada por otros detenidos por el mismo
Estado, en principio no tendrá cabida la causal de exoneración de
responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, puesto que tal como
se analizó anteriormente, el carácter particular de la relación de especial
sujeción implica que el Estado debe respetar y garantizar por completo la vida
e integridad del interno respecto de los daños producidos, precisamente, por
otros reclusos, por terceros particulares o por parte del propio personal oficial 7
(…)
En efecto, aunque está acreditado que el señor Gustavo Vargas Morelo, falleció
como consecuencia de una herida con arma cortopunzante causada por otro
interno y que la investigación penal adelantada por la Fiscalía, se precluyó
porque quien hirió al señor Vargas Morelo, actuó amparado en la causal de
justificación de legítima defensa, lo cierto es que tal aspecto no puede
considerarse como eximente del Instituto Nacional Penitenciario, -INPEC-
por cuanto los internos se encuentran bajo su especial sujeción y cuidado.
Razón por la que debe garantizar la seguridad de los mismos mientras están
sometidos a su cuidado y evitar la presencia de elementos que puedan ser
utilizados para causar daños a los demás internos, como en el caso que
convoca el estudio de la Sala, pues, en la institución carcelaria no tendría
por qué haber elementos cortopunzantes que sirvieran, como en este
caso, para causar daño». (negrilla fuera de texto original).
Significa que la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho
de un tercero no es aplicable en todos los casos de daños ocasionados a personas
que se encuentran privadas de su libertad, sino que el juez debe estudiar las
particularidades de cada asunto a efectos de determinar si procede o no.
En el caso concreto, el Tribunal no encontró prueba en el expediente que le diera
claridad sobre las circunstancias en las que se originó la riña, con qué elementos le
causaron daño al actor y demás aspectos que le permitieran inferir si el INPEC
cometió una omisión en la vigilancia y seguridad de los internos y que esta
circunstancia hubiera contribuido a la causación del daño. Diferente a lo ocurrido en
el caso citado, donde se determinó el tipo de arma utilizada y la omisión en el deber
de vigilancia de la entidad, que permitió el ingreso de ella al Centro penitenciario.
Así las cosas, no se observa que la decisión cuestionada sea arbitraria, irracional o
que carezca de sustentación fáctica o jurídica; por el contrario, se evidencia que la
autoridad judicial accionada realizó un análisis juicioso del asunto.
En consecuencia, se revocará la sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y, en su lugar, se negará el
amparo solicitado.
7 Ver sentencia del 4 de marzo de 2019, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, consejera ponente
María Adriana Marín, radicado 68001-23-31-000-2010-00597-01(48110)
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia del 28 de mayo de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A y, en su lugar,
Segundo. NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Eleuterio Guzmán
Posada
Tercero. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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