RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03306-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03306-00

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03306-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por la señora Rosalba Espinosa Rivas y el señor Luis Suárez Flórez, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo. 21 Artículo 86 de la Carta Política. 11 Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00 Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro Accionado: Tribunal Administrativo del Huila SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a la motivación. TERCERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los señores Uriel Perdomo Castro y Alexander Arenas Toro contra el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03306-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Catorce (14) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes : Uriel Perdomo Castro y Alexander Arenas Toro
Accionado : Tribunal Administrativo del Huila
Vinculados : Municipio de Neiva, Secretaría de Gobierno, Subdirección de
Espacio Público; Consejo de Estado, Sección Primera; y Martha
Cecilia Rodríguez Mora
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial – medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos - uso del
espacio público
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada
por Uriel Perdomo Castro y Alexander Arenas Toro contra el Tribunal Administrativo del
Huila, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna,
igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
las partes accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará
lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. Los accionantes, quienes actúan en nombre propio, interpusieron la presente acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida
digna, igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, y que, como consecuencia de
ello, se disponga:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

1. Se suspenda la ejecución del fallo judicial [del 30 de septiembre de 2003] en Acción
Popular con radicado 41001233100020030022100 de fecha de ejecutoria 2004-09-17
proferida por el DESPACHO 000 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SIN SECCIÓN – ORAL
M.P Dr. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ mediante la cual se ordenó al
Municipio de Neiva - Huila SECRETARIA DE GOBIERNO y DIRECCIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO la recuperación del espacio público en la carrera 3 entre calle 8 y 9 ocupada por
vendedores informales de bienes.

2. En consecuencia se ordene al Municipio de Neiva Huila SECRETARIA DE GOBIERNO
y DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO no acatar lo ordenado en fallo judicial hasta tanto
se encuentren alternativas justas concertadas para ubicarnos en situaciones similares o
mejores en las que están los vendedores informales ubicados en la carrera 3 entre 8 y 9 de
la ciudad de Neiva.

1.3 Hechos

3. En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
la señora Martha Cecilia Rodríguez Mora presentó demanda contra el municipio de
Neiva, con el propósito de obtener el amparo de los derechos colectivos al goce del
espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como, a la
seguridad y salubridad pública, presuntamente vulnerados por el mencionado ente
territorial.

4. De ese asunto conoció el Tribunal Administrativo del Huila 1 que, mediante sentencia
del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Tres (2003), accedió a las pretensiones y
ordenó reubicar en el Centro Comercial Los Comuneros de Neiva a los vendedores de
mercancías ubicados en la carrera 3ª, entre las calles 8ª y 9ª de esa ciudad. Para tal
efecto, concedió a la administración municipal un plazo de 7 meses, con el fin que
adoptara las medidas necesarias para garantizar la reubicación, salvaguardara el
derecho al trabajo de los vendedores y restableciera el acceso a la comunidad al espacio
público ocupado por ellos.

5. Contra esa decisión, el Ministerio Público y la actora interpusieron recurso de
apelación; sin embargo, la decisión fue confirmada parcialmente por la Sección Primera
del Consejo de Estado el Veintinueve (29) de Julio de Dos Mil Cuatro (2004). No
obstante, la modificó para ampliar a un año el plazo otorgado al municipio para la

1
Proceso núm. 41001-23-31-000-2003-00221-00.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

reubicación de los vendedores. Además, la adicionó respecto de ordenar al ente territorial
que una vez restablecido el espacio público del sector en disputa se tomaran medidas
tendientes a impedir que los vendedores reubicados fueran sustituidos por nuevos
vendedores.

6. Ahora bien, los accionantes expusieron que, el Dieciocho (18) de Noviembre de Dos

Mil Veinticinco (2025), el municipio de Neiva dio respuesta al requerimiento formulado
por el Tribunal mediante auto del 6 del mismo mes y año. En dicha providencia, se solicitó
a la administración municipal explicar las razones por las cuales, no había efectuado la
reubicación efectiva de los vendedores, indicar si la dificultad obedecía a la negativa de
estos a trasladarse y precisar alternativas viables para que se cumpliera con la orden
judicial de reubicación.

7. De otro lado, manifestaron que, la Secretaría de Gobierno municipal y la Dirección de

Espacio Público, al elaborar el censo, no tuvieron en cuenta a las personas con «especial
protección como es mi caso en condición de discapacidad» , ni su calidad de padres cabeza de

familia y responsables del sustento de sus respectivos núcleos familiares.

8. Afirmaron que, «[l]a orden judicial de reubicación solo afecta a quienes trabaja[n] de manera informal

en la carrera 3 entre 8 y 9» de Neiva, circunstancia que, a su juicio, vulnera su derecho a la

igualdad, pues otros vendedores informales podrían continuar ejerciendo su actividad en
el centro de la ciudad, mientras ellos serían trasladados a un sector en el que no podrían
obtener los ingresos necesarios para garantizar condiciones de vida dignas a sus
familias. En particular, señalaron que en «[…] cumplimiento al fallo judicial la Alcaldía propone
reubicarnos en un barrio denominado Caracolí en un espacio donde no hay afluencia de público en
consecuencia no habría a quien venderles nuestros productos» .

II. TRÁMITE PROCESAL

9. Por satisfacer los requisitos formales, el Despacho sustanciador mediante auto del

Veinticinco (25) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)2, admitió la acción de tutela y
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Huila como accionado y al municipio de
Neiva - Secretaría de Gobierno, Subdirección de Espacio Público, al Consejo de Estado,

2
Lo anterior, en atención a que el Consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez, mediante auto del 12 de mayo de 2026,
dispuso remitir el proceso a este Despacho, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Sección Primera y a la señora Martha Cecilia Rodríguez Mora como terceros interesados
en las resultas de este proceso.

2.1 Contestación de la acción

10. El Tribunal Administrativo del Huila, por conducto de la magistrada titular del
despacho ponente en el proceso popular, solicitó que, se declarara improcedente la
acción de tutela, al considerar que los accionantes no identificaron los defectos
específicos en los que habría incurrido la providencia cuestionada y que, en realidad,
pretendían reiterar las pretensiones formuladas en el proceso ordinario. Agregó que, la
decisión censurada se sustentó en las pruebas recaudadas y en la normativa y
jurisprudencia aplicables al asunto.

11. El municipio de Neiva, manifestó que ha adelantado actuaciones administrativas que

conlleven a dar cumplimiento a la sentencia proferida dentro del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos y no vulnerar los derechos
fundamentales de los accionantes. En ese sentido, explicó que, realizó censos y
caracterizaciones socioeconómicas de los vendedores informales ubicados en la carrera
3ª, entre las calles 8ª y 9ª, con el propósito de evaluar alternativas de reubicación que
les permitieran continuar su actividad económica. Asimismo, indicó que, desarrolló varias
jornadas de socialización y concertación, en las cuales informó el contenido de la orden
judicial, escuchó las propuestas de los interesados y presentó como alternativa su
traslado al sector del parque Caracolí, opción que contaba con concepto técnico
favorable. No obstante, sostuvo que, los vendedores se opusieron a las alternativas
propuestas, circunstancia que dificultó materializar la reubicación.

12. Finalmente, señaló que, sus actuaciones se orientaron exclusivamente al
cumplimiento de la orden judicial, con respeto del debido proceso y mediante un
procedimiento concertado.

13. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó su desvinculación del trámite, al

considerar que, no vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
Expuso que, la sentencia del Veintinueve (29) de Julio de Dos Mil Cuatro (2004) fue
proferida dentro de sus competencias, al resolver los recursos de apelación interpuestos
en la acción popular, y que actualmente no existe actuación pendiente en segunda

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

instancia. Además, señaló que, la tutela incumple el requisito de inmediatez, pues fue
presentada el Veintinueve (29) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026), cuando la decisión
de segunda instancia se notificó el Doce (12) de Agosto de Dos Mil Cuatro (2004).

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333
de 2021.

3.2 La acción

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestiones previas

3.3.1 Legitimación en la causa por pasiva

16. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional3, ha considerado
que, «[l]a legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental […]».

3
Sentencia T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

17. La Sección Primera del Consejo de Estado, en su escrito de intervención, solicitó su

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, a su juicio no
vulneró derecho alguno de los actores.

18. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad

de tercero con interés, por haber proferido la decisión que resolvió los recursos de
apelación interpuestos contra el fallo de primera instancia. Por lo tanto, en aras de
garantizar su derecho a la defensa y contradicción, se negará su solicitud.

3.3.2 Solicitud de coadyuvancia

19. La señora Rosalba Espinosa Rivas y el señor Luis Suárez Flórez presentaron solicitud

de coadyuvancia, al indicar que les asiste interés en este mecanismo constitucional, dado
que, también son vendedores informales ubicados en la carrera 3ª, entre las calles 8ª y
9ª de Neiva.

20. Al respecto, se advierte que la coadyuvancia es una figura procesal por medio de la

cual alguien acude a una controversia judicial, con el objeto de apoyar la prosperidad de
las aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir, acompañar al
demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo con el inciso 2º 4 del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 715 del Código General del Proceso
(CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de los artículos 46 del Decreto 306 de
19927 y 2.2.3.1.1.38 del Decreto 1069 de 20159 y de lo precisado por la Corte
Constitucional10.

21. En ese orden de ideas, comoquiera que las aludidas personas están habilitadas para

intervenir en el presente asunto, puesto que, tienen interés en el trámite popular y
expusieron las razones por las cuales se deben atender las pretensiones, se accederá a
su solicitud de coadyuvancia.

4
«Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
5
«Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia,
pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya
dictado sentencia de única o de segunda instancia [...]».
6
«Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán
los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto».
7
«Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991».
8
«Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán
los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto».
9
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
10
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

3.4 Problema jurídico

22. Se contrae a determinar si resulta procedente la acción de tutela y, en caso afirmativo,

si es dable examinar si la sentencia del Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil Tres
(2003), mediante el cual el Tribunal Administrativo del Huila ordenó la reubicación de los
vendedores informales ubicados en la carrera 3ª, entre las calles 8ª y 9ª de Neiva, es
violatoria de los derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, seguridad jurídica y
confianza legítima invocados por los accionantes.

3.5 Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

23. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la

Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos de defensa

judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos
antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el constituyente buscó
que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en la
correspondiente regulación común11.

24. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar

la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o
judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico12. Esto
porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos
ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario
que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia 13.

25. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:

[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los
derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la

11
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
12
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto,
una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
13
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo 14.

26. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del

afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.

27. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por
lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito
de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el
juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las
consideraciones de índole formal15.

28. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,

considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que, un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado16.

29. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,

cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio
judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez constitucional es
necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable
se caracteriza:

(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;
(ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar
que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad 17.

14
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
16
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
17
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

3.6 Solución al caso concreto

30. En el asunto sub judice, la Sala evidencia que, los actores cuestionan la determinación

de reubicarlos para recuperar el espacio público que ocupan como vendedores
informales ubicados en la carrera 3ª, entre las calles 8ª y 9ª de la ciudad de Neiva, en
virtud de la decisión adoptada en el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos con radicado 41001-23-31-000-2003-00221-00, porque, pese a que
ello se dispuso desde el 2003, actualmente no se ha podido llegar a un consenso, debido
a que, a su juicio, la medida de trasladarlos al «[…] barrio denominado Caracolí en un espacio
donde no hay afluencia de público […]» disminuirá sus ventas con lo cual se afectarían sus

derechos.

31. Ahora bien, verificado el sistema de gestión judicial SAMAI, se observa que, dentro

del trámite popular, el Tribunal Administrativo del Huila, con auto del Seis (6) de
Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)18 requirió a la Secretaría de Gobierno y
Dirección de Espacio Público de Neiva para que informara las razones por las cuales
«[…] no se ha efectuado la reubicación efectiva de los vendedores informales ubicados en la carrera 3
entre calles 8 y 9, indicando expresamente si la dificultad obedece a la negativa de los propios vendedores
a trasladarse, y, (ii) precisando las alternativas viables que el Municipio contempla para cumplir la orden
judicial, adjuntando copia del cronograma de actividades a ejecutar, con el fin de llevar a cabo el respectivo
proceso de reubicación y formalización de los vendedores ambulantes».

32. En atención a lo anterior, la mencionada dependencia dio respuesta19 en la que
manifestó que se dieron a conocer a los vendedores «[…] las alternativas actualmente
disponibles para llevar a cabo la reubicación, informándoles que la Administración únicamente cuenta con
locales disponibles en los mercados minoristas del complejo MercaNeiva […] [f]rente [a lo cual] ,
expresaron de manera enfática no estar de acuerdo con las alternativas de reubicación ofrecidas por la
administración, manifestando que tales alternativas no responden a las condiciones reales de su necesidad
económica teniendo en cuenta que es un espacio muy retirado y por lo cual sus ventas se verían
directamente afectadas». Además, aportaron el cronograma para la reubicación ordenada,

así:

18
Índice 59 del expediente 41001-23-31-000-2003-00221-00.
19
Índice 66 del expediente 41001-23-31-000-2003-00221-00.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

33. Al respecto, es oportuno precisar que, esta Subsección20 al resolver un asunto similar

relacionado con la inconformidad respecto del cumplimiento de la sentencia proferida
dentro del trámite popular que acá se cuestiona, precisó que, los accionantes, «[…] pueden
formular su inconformidad dentro del mencionado trámite incidental […] y deprecar las medidas cautelares
que estimen necesarias para suspender su reubicación hasta llegar a un consenso con la Administración
[…]», cuestiones que escapan de la órbita de este mecanismo constitucional.

34. Dicho criterio es plenamente aplicable a este asunto, puesto que, las pretensiones son

similares: que no se dé cumplimiento a la sentencia proferida en el marco de la acción
popular que ordenó la recuperación del espacio público y su consecuente reubicación.
Dicho propósito, como lo señaló la Sala en dicha oportunidad, no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, puesto que, en el marco del cumplimiento de la
sentencia, los accionantes están habilitados para exponer sus inconformidades ante el

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de tutela del 21 de abril de 2025, proceso núm. 11001-03-15-000-
2025-00928-00, C. P, Jorge Edison Portocarrero Banguera.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

comité de verificación, escenario en el cual, el juez conserva la competencia para tomar
las medidas necesarias para la adecuada ejecución de la providencia, conforme al
artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

35. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que, guarda
estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a la cual la
acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial»21.

36. Resulta oportuno señalar que, ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la

acción de tutela, es indispensable que, quien depreca el amparo de un derecho
fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa judicial que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la acción, lo cual,
se reitera, en este caso no ocurrió.

37. Además, en este punto la Sala destaca que, el ejercicio de la acción de tutela no

habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni
administrativos ni interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una
evidente vulneración al debido proceso, lo que, no fue acreditado en este asunto,
situación que impide asumir que los medios ordinarios de defensa resultan ineficaces
para proteger las prerrogativas de los demandantes y evitar un daño inminente.

IV. DECISIÓN

38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por la señora Rosalba
Espinosa Rivas y el señor Luis Suárez Flórez, de acuerdo con la parte considerativa de
este fallo.

21
Artículo 86 de la Carta Política.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03306-00
Accionantes: Uriel Perdomo Castro y otro
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

SEGUNDO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Sección Primera del Consejo de
Estado, conforme a la motivación.

TERCERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por los
señores Uriel Perdomo Castro y Alexander Arenas Toro contra el Tribunal Administrativo
del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.