Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03313-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-03313-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03313-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03313-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03313-01
Accionante: Wilson Neber Arias Castillo y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Tema: Derechos al debido proceso, libre expresión y libertad de información. Medida
cautelar que ordena al presidente de la República rectificar y abstenerse
de emitir afirmaciones sin evidencia sólida y razonable sobre el proceso
electoral. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por los señores Yuly Esmeralda
Hernández Silva y Wilson Neber Arias Castillo, accionantes, y el presidente de la
República, coadyuvante, en contra de la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se declaró la falta de
legitimación en la causa por activa.
ANTECEDENTES
Los señores Yuly Esmeralda Hernández Silva y Wilson Neber Arias Castillo
pretenden que se protejan sus derechos fundamentales a la libertad de expresión,
de información y de participación «en el ejercicio y control del poder público», al
debido proceso, al control «político legislativo» y «demás garantías derivadas del
bloque de constitucionalidad», los cuales consideran vulnerados con el auto del 10
de abril de 2026 proferido dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos con radicado 25000-23-41-000-2025-01675-00.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el señor Ramiro Bejarano Guzmán interpuso acción popular contra la
Presidencia de la República al considerar que el presidente Gustavo Petro Urrego
«(…) ha vulnerado o puesto en grave riesgo los derechos e intereses colectivos a
1
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la trasparencia del proceso
electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas, mediante
las declaraciones públicas que anuncian presunta corrupción o fraude en las
próximas elecciones sin sustento técnico, probatorio ni institucional».
Que el 10 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, decretó medida cautelar en la que le ordenó al presidente
de la República i) rectificar las afirmaciones realizadas en la plataforma «X», sobre
la ocurrencia de fraude electoral en los comicios para Senado de la República 2014
y 2022, así como respecto de las elecciones legislativas de 2026; y, ii) abstenerse
de emitir afirmaciones iguales o similares sin evidencia sólida y razonable «con
respecto al proceso electoral del 8 de marzo de 2026 y a los venideros de 2026
(primera vuelta presidencial, 31 de mayo de 2026, y eventual segunda vuelta
presidencial, 21 de junio de 2026) dirigidas a cuestionar la confiabilidad de la
Organización Electoral integrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral».
Que el presidente interpuso recurso de apelación contra el auto citado, el cual está
pendiente de resolver.
Consideran que el Tribunal incurrió en los siguientes defectos:
i) sustantivo, «por aplicar una facultad judicial declarada inexequible por la
Sentencia C-284 de 2014, por desbordar el catálogo cautelar del artículo 25 de la
Ley 472 de 1998 y por desconocer los elementos constitutivos del derecho colectivo
a la moralidad administrativa».
Que las afirmaciones presidenciales que fueron restringidas simplemente
reprodujeron hechos declarados judicialmente probados por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en sentencia de 8 de febrero de 2018 dentro del expediente
11001-03-28-000-2014-00117-00, así como en autos del Tribunal accionado del 5
de mayo de 2022, en el acta 0021 de 9 de octubre de 2023 de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en la resolución 21B de la Comisión Escrutadora de
Pereira del 19 de marzo de 2022 y en el comunicado oficial de la Dirección Nacional
de Inteligencia del 7 de marzo de 2026.
ii) violación directa de la Constitución, pues los ordinales tercero y cuarto del auto
del 10 de abril de 2026 quebrantan los artículos superiores 20 y 180 numeral 10°,
tanto en el plano del emisor como en el del receptor, por cuanto configuran las dos
modalidades de censura que la jurisprudencia constitucional y la convencional han
proscrito de manera uniforme.
iii) procedimental absoluto, el auto impugnado no satisface aspectos como la
motivación reforzada y compatible con el estándar convencional, esto es, debe
cumplir con una «precisión normativa en términos de legalidad estricta, finalidad
legítima del catálogo del artículo 13.2 de la Convención Americana, y necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto con identificación expresa de medidas menos
lesivas».
2
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
Que en el auto del 10 de abril de 2026 se realizó un examen pormenorizado de la
jurisprudencia y del derecho comparado en relación con la «veracidad» de las
expresiones del presidente, por lo que dicha decisión se convirtió en un
pronunciamiento de fondo y no cautelar.
iv) fáctico, porque el Tribunal concluyó que las manifestaciones del presidente
carecen de evidencia, sin analizar de manera integral las pruebas que este
mencionó, como lo son: sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018,
Acta 0021 de la Registraduría y comunicado de la Dirección Nacional de Inteligencia
del 7 de marzo de 2026.
v) desconocimiento del precedente, la autoridad judicial accionada inobservó
«doctrina consolidada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los
casos Olmedo Bustos, Herrera Ulloa, Kimel, Ricardo Canese y Tristán Donoso, así
como en la Opinión Consultiva OC-5/8529, es de obligatoria aplicación por los
jueces colombianos en virtud del control de convencionalidad y del bloque de
constitucionalidad».
Las sentencias C-010 de 2000, T-391 de 2007 y C-551 de 2003 de la Corte
Constitucional; del 6 de diciembre de 2024 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, dentro del expediente 11001-03-15-000- 2024-05899-0033; del auto del 16
de noviembre de 2017 proferido en el expediente 25000-23-41-000-2017-01744-
0034 y del auto de 5 de mayo de 2022 dictado en el expediente 25000-23-41-000-
2022-00437-0035.
PRETENSIONES
Solicitaron que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos los ordinales
tercero y cuarto del auto del 10 de abril de 2026 proferido dentro del medio de
protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 25000-23-41-000-
2025-01675-00; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que
«en cualquier decisión futura sobre la materia, analice expresamente la prohibición
absoluta de censura previa consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política
y los estándares interamericanos aplicables», y resuelva con expresa consideración
del material documental disponible sobre el sistema de escrutinio electoral, incluida
la sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018, el Acta 0021 de 2023
y el comunicado de la Dirección Nacional de Inteligencia del 7 de marzo de 2026.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 30 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela; se vinculó a las partes e
intervinientes del expediente 25000-23-41-000-2025-01675-00; y se ordenó notificar
a las partes y vinculados.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
expuso que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque
3
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
actualmente se surte el trámite de apelación de la medida cautelar en el marco de
la acción popular.
Indicó que los accionantes no intervinieron en las audiencias públicas que se
adelantaron, a efectos de coadyuvar en el proceso; motivo por el cual el despacho
no ha tenido ningún contacto procesal con ellos, por lo que es claro que no son parte
dentro de la acción popular y no se les ha afectado algún derecho fundamental.
Precisó que el Acta 0021 del 9 de octubre de 2023 sobre limitaciones de auditoría,
el comunicado de la Dirección Nacional de Inteligencia del 7 de marzo de 2026 y el
Protocolo de Auditoría de la Misión de Observación Electoral mencionados en el
escrito de tutela, no fueron arrimados al expediente y por tanto no constituyeron
acervo probatorio, y, por el contrario, fueron analizadas todas las pruebas
incorporadas por el despacho, tanto testimoniales como documentales, entre otras.
Agregó que la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito Judicial de
Rionegro, proferida en la acción de tutela con radicado 05615-31-03-002-2026-
00059-00, no se encuentra en el expediente de la medida cautelar y tampoco fue
mencionada, por lo tanto, no había lugar a pronunciarse al respecto.
Señaló que, mediante auto aclaratorio del 23 de abril de 2026, particularmente en
las páginas 47 a 54 de la providencia, el despacho se refirió a la sentencia del 8 de
febrero de 2018.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El señor Ramiro Bejarano Guzmán y la Registraduría Nacional del Estado Civil
argumentaron que los accionantes carecen de legitimación en la causa por activa,
porque no han actuado en el trámite de la acción popular y tampoco han recibido
poder por parte del presidente de la República para actuar en su representación,
con el fin de alegar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Además, la acción tampoco supera el presupuesto de la subsidiariedad, dado que
se encuentra pendiente de resolver la apelación contra la providencia que decretó
medidas cautelares en el proceso popular, es decir, no se han agotado los
mecanismos ordinarios previstos en la ley para ejercer la defensa de sus intereses.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
presidente de la República coadyuvaron los argumentos de la tutela. Resaltaron
que tratándose de discusiones vinculadas con procesos electorales, transparencia
institucional y garantías democráticas, la circulación de información y opiniones
provenientes de distintos actores públicos constituye un elemento esencial para la
deliberación ciudadana. De ahí que cualquier restricción judicial sobre ese tipo de
expresiones deba ser objeto de un examen estricto desde el punto de vista
constitucional.
Memorial adicional
4
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
El apoderado del presidente allegó el Oficio 2026200000186702 del 15 de abril de
2026, suscrito por el vicefiscal General de la Nación, con el propósito de que se
tenga como soporte o prueba de las manifestaciones hechas por el presidente de la
República, las cuales han sido objeto de censura en la acción popular.
En dicho oficio la Fiscalía refirió las siguientes actuaciones:
• Compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado que dio origen a la Noticia
Criminal 11001-60-00-050-2018-11539, hoy activa en etapa de indagación bajo
conocimiento de la Fiscalía 295 delegada ante Jueces del Circuito, Unidad de
Administración Pública.
• Ante la Dirección Especializada contra la Corrupción bajo el radicado 11001-60-
00-101-2022-00038, se han proferido dos (2) sentencias condenatorias en firme,
hay un trámite en etapa de juicio, dos (2) principios de oportunidad aplicados a
personas vinculadas y dos acercamientos adicionales con miras a la celebración de
preacuerdo.
• La Fiscalía conformó un grupo de tareas especiales integrado por fiscales con
experiencia en delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de
participación democrática e informáticos, al que se le encomendó verificar el Informe
Pericial núm. 11-171581 de 2017 sobre las condiciones del software electoral, así
como los contratos suscritos por la Registraduría entre los años 2020 y 2022 y la
verificación del Contrato 071 del 15 de septiembre de 2021 con la Unión Temporal
Disproel, controlada por la familia Bautista Palacios, por valor de un billón
doscientos cuarenta mil millones de pesos.
SENTENCIA IMPUGNADA
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 4 de junio de 2026,
declaró la falta de legitimación en la causa porque ninguno de los accionantes se
constituyó como coadyuvante o intervino en las oportunidades procesales, que
consagran los artículos 12 y 24 de la Ley 472 de 1998.
Destacó que la Corte Constitucional de manera pacífica sostiene que la legitimación
en la causa por activa en sede de tutela exige una relación directa, sustancial y
particular entre la providencia judicial acusada y la esfera jurídica personal de quien
acude al amparo1.
Expuso que la investidura parlamentaria de los accionantes no los faculta para
ejercer «acción pública de tutela» en defensa de las prerrogativas comunicativas
del presidente de la República. Admitir que la restricción cautelar impuesta a un
tercero (el jefe de Estado) lesiona directamente los derechos de los senadores bajo
el argumento de ser receptores institucionales desnaturaliza el carácter subjetivo
del amparo constitucional, convirtiéndolo en un mecanismo de control abstracto
improcedente por esta vía.
1 Sentencia T 552 de 2006
5
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
Agregó que la función de control político no confiere un interés jurídico cualificado
ni un derecho subjetivo para irrumpir, penetrar o invadir en litigios ajenos de carácter
judicial a través de la acción de tutela; en síntesis, la condición de congresista no
equivale a un mandato de representación judicial de los ciudadanos ni de otras
ramas del poder público en todos los procesos judiciales.
Precisó que la medida cautelar que exige veracidad al presidente de la República
no limita, suspende ni cercena la facultad de los senadores para deliberar, legislar
o ejercer control sobre la organización electoral. Al mantener intactas todas sus
atribuciones parlamentarias, la afirmación de que el ordenamiento judicial interfiere
con sus funciones carece de un correlato fáctico y normativo que configure un
interés legítimo para demandar la providencia.
Por otro lado, dijo que el presidente de la República presentó recurso de apelación
en contra del auto que se está cuestionando y se encuentra pendiente de resolver,
de manera que, tampoco se encuentra satisfecho el requisito de la subsidiariedad.
IMPUGNACIÓN
Los señores Yuly Esmeralda Hernández Silva y Wilson Neber Arias Castillo
impugnaron la decisión y alegan que sí tienen legitimación en la causa por activa,
teniendo en cuenta que: i) la legitimación no se mide por la titularidad nominal del
derecho subjetivo, sino por la verificación de un interés constitucional cualificado y
la existencia de afectación real al accionante; ii) la libertad de expresión consagrada
en el artículo 20 de la Constitución tiene una dimensión receptiva, que habilita a los
receptores de información política para defenderla cuando es indebidamente
restringida; iii) la investidura parlamentaria no es un mero título honorífico; es
habilitación constitucional para representar al pueblo y para ejercer control político
sobre la organización electoral, según los artículos 114 y 138 superiores; iv) la
coadyuvancia en acción popular del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 no es vía
sustituta de la tutela contra providencia judicial, sino un mecanismo procesal
distinto; v) la apelación de la medida cautelar protege intereses del presidente como
demandado, no los intereses de los receptores institucionales del discurso
silenciado; y vi) la sentencia incurre en defecto sustantivo al aplicar a la tutela las
reglas de la Ley 472 de 1998.
El presidente de la República, mediante apoderado, impugnó la decisión del juez
constitucional de primera instancia, expresando como petición que se «revise la
tutela como si la hubiera radicado el Presidente (sic). (…) examine el fondo
constitucional del litigio en cuanto él fue afectado por la denegatoria y por la ratio
decidendi del ad quo. Si la primera instancia desconoció el interés jurídico directo
del Presidente (sic) al cerrar el caso por legitimación de los senadores, esta Sala
tiene el deber de remediarlo». En lo demás reitera los argumentos de la tutela.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
6
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: I)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; III) legitimación en la causa por activa; y, iv) análisis del caso
concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/053. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
7
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»4
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada5.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela7.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.
8
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Legitimación en la causa por activa en tutela
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela; la
norma indica que esta puede ser presentada: i) directamente por la persona que
considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; ii) a través de
su representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; iv) por agente oficioso;
y, v) mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien radica
la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser así deberá
declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del asunto.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir si en el presente asunto se cumplen los
requisitos de legitimación en la causa por activa y subsidiariedad, que no se
encontraron satisfechos en primera instancia, pues, solo de ser así, y de superarse
las demás exigencias generales, habría lugar a efectuar un estudio de los
desacuerdos expuestos por los recurrentes.
Se observa que el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos, con el radicado 25000-23-41-000-2025-01675-00, fue instaurado por el
señor Ramiro Bejarano Guzmán, en nombre propio, contra la Presidencia de la
República, al considerar que las declaraciones públicas que anuncian presunta
corrupción o fraude en las próximas elecciones sin sustento técnico, probatorio ni
institucional, vulneran los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa, la seguridad jurídica y la trasparencia del proceso electoral, así como
la confianza legítima en las instituciones democráticas.
Los señores Wilson Neber Arias Castillo y Yuly Esmeralda Hernández Silva
pretenden que a través de esta acción de tutela se deje sin efectos los ordinales
tercero y cuarto del auto del 10 de abril de 2026, por medio del cual el Tribunal
accionado decretó como medida cautelar:
«(…) ORDENAR al señor Presidente (sic) de la República que dentro de los 3
días siguientes a la notificación de la presente providencia rectifique por el
mismo medio utilizado (red social X) y con características similares las
afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral en los comicios para
Senado de la República 2014 (partido Mira) y 2022 (coalición Pacto Histórico) y
elecciones legislativas de 2026.
CUARTO. ORDENAR al señor Presidente (sic) de la República que se abstenga
de emitir afirmaciones iguales o similares a las referidas en el ordenamiento
anterior, sin evidencia sólida y razonable, con respecto al proceso electoral del
9
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
8 de marzo de 2026 y a los venideros de 2026 (primera vuelta presidencial, 31
de mayo de 2026, y eventual segunda vuelta presidencial, 21 de junio de 2026)
dirigidas a cuestionar la confiabilidad de la Organización Electoral integrada por
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral».
Los accionantes argumentan que tienen legitimación para actuar, con fundamento
en lo siguiente:
«(…) Acudimos para proteger derechos propios y actuales que la Constitución
nos reconoce en razón de nuestra investidura y de nuestra condición ciudadana:
el derecho a recibir información oficial relevante para el control político sobre la
Organización Electoral y sobre el cumplimiento de la sentencia del Consejo de
Estado de 2018; el derecho a ejercer sin interferencias indebidas las
competencias de control del Congreso que los artículos 114 y 138 superiores
nos asignan; y el interés constitucional directo en preservar las condiciones
deliberativas mínimas de una democracia electoral, que dependen de que la
ciudadanía y sus representantes conozcan, de manera oportuna, los riesgos y
las medidas institucionales sobre el sistema que computa la voluntad popular.
Cuando una providencia cautelar silencia al jefe de Estado sobre un asunto
electoral estructural y lo obliga a rectificar en un sentido predeterminado,
además de afectar al emisor, altera el equilibrio entre las ramas del poder
público y restringe, de manera material, el ejercicio del control político y el
derecho ciudadano a un debate informado».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional8 y de la Corte Suprema de Justicia9 han
establecido que cuando la presunta violación de los derechos fundamentales
dimana de una decisión judicial, la legitimidad en la causa por activa recae en las
personas que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa
su vinculación a éste, no fueron citadas, de ahí que, en principio, carecen de
vocación jurídica para activar la jurisdicción constitucional, con el fin de cuestionar
una actuación judicial, quienes no fueron parte en ella.
Además, destacan que los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen
como presupuesto que quien pretenda instaurar una acción de tutela tenga un
interés que legitime su intervención.
Al revisar el expediente de la acción popular no se observa que los accionantes
sean partes, coadyuvantes o intervinientes dentro de dicho proceso.
No se observa de qué manera la medida cautelar que exige veracidad al presidente
de la República limita, suspende o cercena la facultad de los senadores para
deliberar, legislar o ejercer control sobre la organización electoral; tampoco se
evidencia que la medida impartida por el Tribunal le viole a los accionantes los
derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la libertad de información, de
participación y al debido proceso, cuando la orden no recae en ninguno de ellos.
Los accionantes en calidad de ciudadanos o parlamentarios pueden exponer los
argumentos aquí planteados a través de la figura y la oportunidad procesal que
consagra el artículo 24 de la Ley 472 de 1998.
8 Ver sentencias SU 454 de 2016, SU 292 de 2021, y T 151 de 2024
9 Ver sentencias Sala Civil, STC5671-2020; CSJ STC, 11 ago. 2011, rad. 00087 01, citada entre otras muchas
en STC11074-2020, 4 dic. 2020, rad. 00418-01; y, CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 00795-01, citada en STC176-
2021, 22 ene. 2021, rad. 00142-01
10
Ra d ic a d o: 11001-03-15-000-2026-03313-01
Por otro lado, la acción tampoco satisface el presupuesto de la subsidiariedad,
debido a que el recurso de apelación que presentó el presidente de la República en
contra del auto objeto de cuestionamiento está pendiente de resolver.
Frente a la impugnación que presentó el presidente de la República, este se tiene
como coadyuvancia del recurso principal, dada su calidad de coadyuvante en la
acción de tutela, además, se evidencia que reitera los argumentos de la tutela.
En conclusión, no se satisfacen los requisitos de legitimación en la causa por activa
y de subsidiariedad de la acción, por lo que no hay lugar a realizar un estudio de
fondo sobre las inconformidades manifestadas.
En consecuencia, se confirmará el fallo del 4 de junio de 2026 que declaró
improcedente la tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.