Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03320-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-03320-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03320-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03320-00
Demandante: MARCO JAVIER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tema: Tutela - Presunta mora judicial – Niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.1
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Marco Javier Hernández Sánchez, actuando en nombre propio, instauró
acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del Meta, a efectos de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y la aplicación del principio de celeridad procesal.
Lo anterior, por la supuesta mora judicial injustificada en que ha incurrido la autoridad
judicial accionada para emitir la decisión de segundo grado al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 50001-33-33-005-
2015-00344-00/01 formulado contra la E.S.E Hospital Departamental de Granada,
Meta y la Cooperativa de Trabajo Asociado- COOASTCOM.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] SEGUNDO: Ordenar que el accionado Tribunal Administrativo del Meta, proceda a
proferir sentencia de fondo respecto al recurso de apelación instaurado contra la
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Radicada el 23 de abril de 2026 con secuencia: 4994
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Demandante: Marco Javier Hernández Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03320-00
sentencia de fecha 18 de junio de 2018, atendiendo que a la fecha se encuentran
superados los términos que para tal fin establece el artículo 247 del CPACA3.
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Marco Javier Hernández Sánchez formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la E.S.E Hospital Departamental de Granada,
Meta y COOASTCOM con el fin de obtener el reconocimiento de la relación laboral
encubierta desarrollada entre julio de 2013 y septiembre de 2014.
El 18 de junio de 2018, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Villavicencio profirió sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones
y condenó en costas a favor de la parte demandada. Contra esa decisión, el
demandante presentó recurso de apelación, el cual fue concedido el 3 de agosto de
2018.
Posteriormente, el 2 de mayo de 2019 el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
alzada y finalmente el 15 de julio de 2019, luego de surtidos los traslados, ingresó el
proceso al despacho para proferir sentencia, siendo esa su actual ubicación.
Asimismo, la apoderada del actor ha elevado solicitudes de celeridad procesal4 sin
que a la fecha de radicación de la tutela se haya proferido la respectiva providencia,
cabe aclarar que en ninguno de los aludidos escritos se solicitó prelación de legal.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
Para la parte actora, el Tribunal Administrativo del Meta vulneró las garantías
invocadas, ante la mora injustificada en resolver el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, pues han transcurrido más de 6 años desde que se
apeló el fallo de primer grado, sin que resuelva su asunto.
Señaló que, la falta de decisión de fondo afecta de manera directa su situación jurídica
y patrimonial toda vez que se trata de un conflicto en materia laboral donde se discute
la vulneración de sus derechos por parte de la demandada quien disfrazó la verdadera
relación contractual entre las partes.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El 7 de mayo de 20265, la Magistrada Ponente admitió la acción de tutela y ordenó
3 Transcripción literal del texto original, con posibles errores.
4Solicitudes radicadas los días 28 de abril de 2022, 5 de julio de 2023 y 23 de febrero de 2024.
5Índice 004 de Samai.
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notificar a la parte accionante6 y como accionada a la Magistrada Nilce Bonilla
Escobar, integrante del Tribunal Administrativo del Meta7.
1.6. Intervención
1.6.1. Tribunal Administrativo del Meta8
La titular del despacho accionado manifestó que el expediente ingresó al despacho
para proferir sentencia de segunda instancia el 15 de julio de 2019 con turno 341, sin
embargo, ante la evacuación de los asuntos que le precedían, actualmente se
encuentra en el turno 34, según el cuadro de turnos que para el efecto tiene.
Puso de presente que diariamente debe evacuar los procesos de primera instancia,
así como todas las acciones de trámite especial como acciones de tutela y otros
asuntos. Igualmente, aludió a las situaciones administrativas del Despacho judicial
004 y precisó que se posesionó como titular de ese sede judicial el 27 de marzo de
2026, recibiendo el cargo al Magistrado Carlos Enrique Ardila Obando con un
inventario total de 877 procesos, de los cuales 732 se encuentran sin decisión de
fondo y 145 en trámite posterior, por lo que procedió a reorganizar el equipo de trabajo
e impartió directrices con el fin de dar trámite a todos los asuntos a cargo, incluyendo
el expediente que da origen a la presente acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sección Quinta es competente para conocer de la acción constitucional del
asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto
la tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Meta.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
• ¿El Tribunal Administrativo del Meta incurrió en mora judicial al no resolver el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
50001-33-33-005-2015-00344-00/01?
6Índice 007 de Samai. La notificación fue remitida al correo:
notificacionesaccionesdetutela@gmail.com.
7Índice 007 de Samai. La notificación fue remitida a los siguientes correos:
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, tadmin04met@notificacionesrj.gov.co y
nbonille@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Índice 011 de Samai.
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Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada, y (iv) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable9.
2.4. Derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica
de los artículos 229 de la Constitución10, del derecho fundamental al debido proceso11
y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al
derecho de acceso a la administración de justicia12.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que
resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»13.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces,
9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará
en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
11 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
12 Sentencia T-006 de 1992.
13 Sentencia T-476 de 1998.
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o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los
asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca
de los hechos materia de su decisión […]»14.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”15, y de otro lado,
“la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la
necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»16.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 202417, y con sustento en los principios de celeridad,
eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director
del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado
Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica
irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá
de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»18.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
15 Corte Constitucional C-796 de 2006. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
16 Ibidem.
17 ARTÍCULO 1o. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> La administración de justicia es la parte de la función
pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> La administración de justicia es un servicio público esencial.
Deberá garantizarse su prestación mediante las herramientas, recursos y mecanismos conforme a los
parámetros señalados en la ley.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo, se deberán aprovechar las tecnologías de la
información y las comunicaciones, así como de los recursos que permitan garantizar la prestación
continua del servicio de justicia, asegurando el acceso, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la
reserva de los datos personales y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de conocimiento
público.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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2.5. La mora judicial injustificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes.19
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»20.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de
dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente
y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en
relación con la existencia de mora judicial21, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.
2.6. Caso concreto
El señor Marco Javier Hernández Sánchez alegó que sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia se vulneran por parte del
Tribunal Administrativo del Meta, con ocasión a la presunta mora judicial injustificada
19 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
21 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-
01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. M.P.: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-
00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
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en la que ha incurrido para decidir sobre el recurso de apelación presentado contra la
sentencia dictada el 18 de junio de 2018 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Villavicencio, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el radicado 50001-33-33-005-2015-00344-00/01.
En el informe allegado por la autoridad judicial accionada a la presente acción
constitucional, la magistrada encargada explicó que ha venido desplegando las
actuaciones necesarias para la evacuación de los asuntos que tiene a su cargo en el
estricto orden de turnos, impartiendo para ello las directrices a su equipo de trabajo
desde la fecha en que se posesionó como titular del despacho. Indicó que el proceso
del accionante se encuentra actualmente en el turno 34 para decidir, tras haberse
enlistado para tal fin el 15 de julio de 2019 en el turno 341.
Puso de presente la congestión y alta carga laboral, pues manifestó que tiene a su
cargo un total de 877 expedientes de los cuales 732 se encuentran sin decisión de
fondo y 145 en trámite posterior.
Cabe advertir que la Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que
configura la violación del derecho fundamental al debido proceso, se caracteriza por
(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar actuación por
parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones
en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo
razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden
contrarrestar.
De las actuaciones obrantes en Samai y en el expediente compartido, se evidencia lo
siguiente respecto del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia:
Fecha Actuación
Se remite el proceso al Tribunal Administrativo del Meta.
23 de agosto de 2019
Auto que admite recurso de apelación contra la sentencia de
2 de mayo de 2019
primer grado, notificado por estado del día hábil siguiente.
Auto que dispone prescindir de la audiencia prevista en el artículo
5 de junio de 2019 247 del CPACA y corre traslado a las partes para alegatos de
conclusión. Notificado en estado del día hábil siguiente.
Constancia secretarial de ingreso a despacho una vez finalizado
15 de julio de 2019 término para alegatos de conclusión, con pronunciamiento del
extremo demandante en tal sentido.
Constancia secretarial de ingreso a despacho de memorial con
27 de enero de 2020
poder allegado por la parte demandante.
28 de abril de 2022, 5 de
Solicitudes de impulso procesal formuladas por la apoderada del
julio de 2023 y 23 de febrero
demandante.
de 2024
Como se observa, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se remitió al
Tribunal Administrativo del Meta el 23 de agosto de 2019, y desde esa fecha se han
desplegado una serie de actuaciones procesales, como la admisión del recurso de
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apelación contra la sentencia de primera instancia y el traslado a las partes para
alegatos de conclusión.
Ahora bien, pese a que no se ha emitido la sentencia que resuelve la alzada, el
despacho accionado explicó, en el informe allegado al presente trámite, que los
asuntos sometidos a su conocimiento se deciden en orden de acuerdo con la
antigüedad, el trámite y turno asignado; que en este caso el proceso del demandante
se encuentra actualmente en el turno 34, por lo que llegado el mismo se proyectará el
fallo.
Así las cosas, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada adelantó el trámite
correspondiente al proceso, en tanto se admitió el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, corrió traslado para alegar de conclusión e ingresó el
expediente al despacho el 15 de julio de 2019 para proferir la providencia que pone
fin a la instancia
Cabe resaltar que, aunque la actuación reclamada por el actor aún no se ha
desplegado por la autoridad judicial accionada, esto no sugiere por sí mismo que la
mora endilgada sea injustificada pues, tal como se advirtió, para la época en que el
proceso ingresó a despacho para fallo [15 de julio de 2019] le fue asignado en estricto
orden el turno 341, lo que evidencia que durante el tiempo transcurrido hasta la fecha
de esta acción se ha evacuado de fondo 307 procesos, pese a la elevada carga e
inventario que reporta la actual magistrada ponente.
Aunque se advierte la existencia de mora judicial por parte del Despacho accionado,
se deben analizar los eventos en que dicha situación da lugar a una orden de
protección por el juez de tutela. Así, la Corte Constitucional ha sido enfática en que la
mora judicial que comporta una vulneración a derechos fundamentales es aquella que
se caracteriza por:
«(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el
concepto de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del
asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad
competente y el análisis global de procedimiento; (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora22».
En la sentencia SU-076 de 2022, la Corte indicó que el concepto de plazo razonable
se deriva del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos que
establece que toda persona «tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable». En tal sentido, la Corte indicó23 que el derecho fundamental al debido
proceso se desconoce en la medida en que la autoridad judicial desatiende dicho
lapso, pero para determinar su configuración deberá analizarse:
22 Sentencia T-297 de 2006
23 SU-333 de 2020
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(i) La complejidad del asunto;
(ii) la actividad procesal del interesado; y,
(iii) la conducta de las autoridades judiciales.
En ese orden, aunque es claro que el asunto no reviste mayor complejidad por cuanto
el debate no requiere un arduo debate probatorio y se supera ampliamente el plazo
para su resolución, también es evidente que la parte actora no solicitó prelación del
fallo ni puso en conocimiento del tribunal alguna circunstancia que le permitiera
flexibilizar los turnos que se deben seguir para dictar las providencias judiciales.
Únicamente, ha radicado el apoderado del demandante solicitudes de impulso
pidiendo celeridad en el asunto.
En punto de la actividad procesal del interesado, en sentencia T-1154 de 2024, la
Corte Constitucional consideró que cuando la actitud del accionante es diligente, en
el sentido de estar pendiente de las etapas del proceso y que se cumplieran a
cabalidad «no sería justo que dada la negligencia del funcionario judicial al hacer caso
omiso a su obligación de impulsar debidamente el proceso, se vea perjudicado con la
prescripción del mismo», cuestión que no logra acreditarse en el asunto de la
referencia, ello porque no se presentó solicitud de prelación del fallo.
Se insiste en que los procesos judiciales se resuelven conforme al sistema de turnos,
mecanismo de ordenación y racionalización de las actuaciones judiciales que
garantizan el derecho a la igualdad entre las personas que acuden a la administración
de justicia, por lo que, en principio, la acción de tutela no puede ser utilizada como un
medio para alterar el turno de decisión, excepcionalmente lo podrá hacer si la tardanza
«puede derivar directamente en una afectación definitiva de un derecho fundamental»24,
aspecto que no es del caso, pues lo controvertido en el proceso ordinario corresponde
a una discusión contractual para develar la existencia de una posible relación laboral.
De otra parte, no se observa la existencia de un perjuicio irremediable de la parte
actora, que amerite la intervención del juez constitucional para ordenar la agilización
de las diligencias, máxime cuando la ley le exige seguir el orden, pues alterarlo
conlleva a la posible configuración de faltas disciplinarias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 446 de 199825.
24 Corte Constitucional, sentencia T-945 de 2018. Ver también, sentencia SU-179 de 2021.
25 El artículo 18 de la Ley 446 de 1998 dispuso: «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias
exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que
dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo,
en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también
podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio
Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.
La alteración del orden de que trata el inciso precedente constituirá falta disciplinaria. En estos casos,
el Consejo Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales, en lo de su competencia, solicitarán
al Juez o Ponente la explicación pertinente para efectos administrativos y disciplinarios. El Consejo
Superior de la Judicatura o los Consejos Seccionales obrarán de oficio o a petición de quienes hayan
resultado afectados por la alteración del orden».
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Demandante: Marco Javier Hernández Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03320-00
Por lo expuesto, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado ya que no
evidencia una situación de dilación injustificada o indebida, pues no se ve que la
autoridad judicial accionada haya actuado de manera negligente o que su
comportamiento sea el resultado de una omisión en el cumplimento de sus funciones.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Marco Javier
Hernández Sánchez contra el Tribunal Administrativo del Meta, de conformidad con
lo expuesto en la parte considerativa.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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