Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03321-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-03321-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-03321-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
4 de junio de 2026
Demandante: Distrito de Santiago de Cali
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03321-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03321-00
Demandante: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2004.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 29 de abril de 2026, el Distrito de Santiago de Cali, por
conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la defensa.
Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de los autos del 23
de octubre de 2025 y 6 de noviembre de 2024, proferidos, en su orden, por las
autoridades judiciales accionadas, que rechazaron la demanda por no haber
agotado la actuación administrativa, «requisito de procedibilidad para poder acudir
a la jurisdicción». Todo en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2024-00703-00/01,
que promovió en contra de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
(en adelante CVC).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el distrito accionante elevó las siguientes pretensiones:
[…] respetuosamente solicito que se protejan los derechos fundamentales del Distrito de
Santiago de Cali al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
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Demandante: Distrito de Santiago de Cali
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otro
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En consecuencia, que se ordene a la Sección Cuarta del Consejo de Estado que expida auto
de reemplazo en el que se admita la demanda y se proceda a continuar con el proceso hasta
tener sentencia que resuelva de fondo del asunto.
1.3. Hechos
La autoridad tutelante sustenta la solicitud de amparo en los siguientes hechos que,
a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta
sentencia:
Relató que el Concejo de Cali, por Acuerdo 0575 de 2023, estableció el porcentaje
de la sobretasa ambiental con destino a la CVC en el 1.5 por mil sobre el avalúo de
los bienes que sirvan de base para liquidar el impuesto predial unificado, tal como
lo consagra el inciso 2 del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1339 de
1994.
Narró que, en el Acuerdo 469 de 2019, se modificó parcialmente el Estatuto
Tributario de Santiago de Cali y se autorizó al alcalde para determinar los
descuentos por pronto pago.
Señaló que, para la vigencia fiscal 2023, el alcalde de Santiago de Cali estableció
un descuento del 10% al 15% por pronto pago para los contribuyentes del impuesto
predial unificado, e incluyó los valores correspondientes a la sobretasa ambiental.
Refirió que efectuó el recaudo de la sobretasa ambiental del año 2023, y la trasladó,
sin incurrir en mora, a la CVC, una vez se descontaron los porcentajes por pronto
pago.
Expuso que, no obstante haber cumplido, la CVC expidió la Resolución 0400 0450-
376-2024 del 28 de junio de 2024, que le ordenó pagar la suma de $12.558.705.512
por descuentos efectuados a los contribuyentes por pronto pago y de $328.803.912
por intereses moratorios.
Puntualizó que la directora financiera de la CVC, por Oficio 0450-84082024 del 25
de septiembre de 2024, se abstuvo de dar trámite al recurso de reconsideración que
interpuso contra la decisión anterior, porque no es procedente si se atiende que la
sobretasa ambiental no es un tributo.
Precisó que acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Indicó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por auto del 6 de noviembre de 2024, rechazó
la demanda, con fundamento en el siguiente recuento:
El recurso de reconsideración no subsana la omisión de agotar el recurso de apelación
obligatorio en vía administrativa, ni habilita a la entidad distrital para acudir a la jurisdicción.
El artículo 3º de la resolución 0400 0450-376-2024 del 28 de junio de 2024 especificó que contra
lo decidido procedía el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual se podía
interponer ante el mismo funcionario o el director general de la corporación.
Como no se interpusieron los aludidos recursos, el acto quedó ejecutoriado el 31 de julio de
2024, fecha en que se remitió el expediente a la Oficina Jurídica para que adelante las acciones
jurídicas para lograr el pago.
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La Oficina Jurídica de la CVC en sus conceptos y orientaciones ha indicado que la sobretasa
ambiental no es un tributo, por ello no procede el recurso de reconsideración.
La entidad distrital no cumplió con el requisito de procedibilidad de interponer el recurso de
apelación obligatorio antes de acudir a la jurisdicción, por ello rechazará la demanda conforme
lo prevé el numeral 2º del artículo 169 del CPACA.
Indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante proveído del 23 de
octubre de 2025, confirmó lo resuelto por el a quo, luego de hacer un análisis sobre
la naturaleza de la sobretasa ambiental y el procedimiento general aplicable a la
actuación de la CVC, el cual no consagra el recurso de reconsideración.
1.4. Sustento de la vulneración
El distrito actor aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Especificó que el recurso de reconsideración que interpuso no fue caprichoso, sino
el resultado de un análisis juicioso sobre la naturaleza de la Resolución 0400 0450-
376-2024 de 2024 y la aplicación preferente de los procedimientos especiales.
Arguyó que con la expedición de dicho acto quedó obligado a sufragar, de forma
solidaria, un tributo (sobretasa ambiental) que no le correspondía.
Explicó que el rechazo de la demanda vulnera sus derechos fundamentales, si se
considera que el tema planteado era tributario y la reconsideración interpuesta era
procedente.
Argumentó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca limitaron su acceso a la administración de justicia, por cuanto,
sin mayor rigor, consideraron que los actos administrativos cuestionados (resolución
y oficio) no son de naturaleza tributaria y, por lo mismo, no se rigen por un
procedimiento especial, sino por el general del CPACA.
Insistió en que la CVC debió conocer el recurso de reconsideración que interpuso,
pues el contenido de la Resolución 0400 0450-376-2024 es tributario si se atiende
que lo convirtió en un sujeto pasivo de la sobretasa ambiental.
Alegó que los cuestionamientos que presentó en el recurso de reconsideración y en
la demanda «ameritaban un pronunciamiento expreso al respecto, o, al menos, que
se discutiera de fondo el asunto y no que se rechazara de plano la demanda». En
esa línea, añadió que «las dudas respecto del “indebido agotamiento de la vía
administrativa” pudieron postergarse para que dicha situación fuera definida en la
sentencia».
Puso de relieve que el auto cuestionado del 23 de octubre de 2025, fue objeto de
un salvamento de voto, en el que se evidenció que la Sección Cuarta de esta
Corporación no tenía competencia para conocer del recurso de apelación, por
cuanto la sobretasa ambiental no es un tributo. Lo que revela una contradicción.
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Puntualizó que, en todo caso, la falta de discusión del fondo del asunto implica para
el distrito despojarse de ingresos de su presupuesto dirigidos a atender sus
necesidades y entregarlos injustificadamente a la CVC.
Sostuvo que la decisión de rechazo cuestionada valida, de fondo, que las
corporaciones autónomas regionales impongan cargas tributarias a los municipios
y a los distritos sobre valores no recaudados por concepto de sobretasa ambiental.
Estimó que los autos cuestionados adolecen de defectos: sustantivo, exceso ritual
manifiesto, orgánico y violación directa de la constitución, por cuanto anticipar una
decisión para descartar sin rigor el carácter tributario del asunto puesto en
conocimiento limita el acceso a la administración de justicia y privilegia lo formal
sobre lo sustancial.
Adujo que «la procedencia y oportunidad o no del recurso interpuesto dentro de la
actuación administrativa ha sido el tema determinante, y se ha constituido en un
obstáculo insalvable que no ha permitido resolver de fondo un asunto de suma
trascendencia que tiene implicaciones no solo entre el Distrito de Santiago de Cali
y la CVC, sino en la totalidad de los municipios y distritos que hayan establecido la
sobretasa ambiental».
1.5. Trámite y contestación
A través de providencia del 30 de abril de 2026, se inadmitió la presente acción de
tutela con el fin de que la parte actora allegara el poder especial debidamente
concedido con los requisitos establecidos en los artículos 5º de la Ley 2213 de 2022
y 74 de la Ley 1564 de 2012, requerimiento que fue atendido oportunamente.
Por auto del 20 de mayo de 2026, se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar, en calidad de demandados, a los magistrados que integran la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Mediante escrito del 3 de junio de 2026, la magistrada Gloría María Gómez Montoya
manifestó impedimento para conocer y tramitar el presente asunto. Lo anterior, tras
considerar que podría estar incursa en la causal del numeral 5º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal1.
Por medio de auto de 4 de junio de 2026, se declaró infundado el referido
impedimento, porque no se configura el supuesto de hecho de la causal invocada.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el enlace del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-
2024-00703-00.
1
Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista amistad íntima o
enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
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Afirmó que este mecanismo no se dirige a cuestionar una actuación arbitraria o
caprichosa de las autoridades judiciales, sino simplemente a expresar desacuerdo
con las conclusiones jurídicas emitidas dentro del proceso ordinario.
Iteró que la acción de tutela es improcedente, por cuanto se utiliza para «seguir
discutiendo interpretaciones y/o apreciaciones de aspectos jurídico-fácticos que ya
fueron debatidos y decididos».
1.5.2 La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que este mecanismo no
cumple el requisito de relevancia constitucional por cuanto busca una instancia
adicional y estructurar defectos a partir de un salvamento de voto.
Advirtió que «lo pretendido por la entidad territorial es que se realice un nuevo
estudio sobre la aplicación del estatuto tributario, a fin de que se establezca que el
recurso de reconsideración contra la decisión de la CAR era procedente. Sin
embargo, en la decisión cuestionada se explicó de manera clara el concepto legal y
jurisprudencial de la sobretasa ambiental, y la aplicación del estatuto tributario para
su cobro por parte de las Corporaciones Autónomas a las entidades territoriales.
Bajo ese escenario, la tutela se torna improcedente, pues se trata de una
inconformidad del actor con el análisis realizado por la Sección Cuarta y no porque
se haya incurrido en defecto alguno».
Detalló que en el auto cuestionado se explicó que la «sobretasa no constituye un
tributo autónomo, sino una transferencia con destinación específica a favor de las
corporaciones autónomas regionales, razón por la cual no resultaba aplicable el
procedimiento tributario nacional ni el recurso de reconsideración previsto en el
artículo 720 del Estatuto Tributario. Por el contrario, al no existir una norma especial
aplicable al trámite adelantado por la autoridad ambiental, correspondía acudir al
régimen general del CPACA, en el que los recursos procedentes eran la reposición
y, obligatoriamente para acceder a la jurisdicción, la apelación».
Aseguró que (i) su competencia se sustentó en las reglas del CPACA,
«particularmente en los artículos que le atribuyen el conocimiento de los recursos
de apelación contra autos que rechazan la demanda»; y (iii) no privilegió la forma
sobre lo sustancial, sino que aplicó de manera estricta una exigencia legal
indispensable para habilitar el control judicial.
Aclaró que los argumentos expuestos en el salvamento de voto carecen de fuerza
vinculante y no constituyen precedente judicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20192.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.2. Cuestión previa
Si bien el escrito inicial de este mecanismo está dirigido contra lo decidido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, la sala se centrará solo en el auto del 23 de octubre de 2025 que confirmó
el rechazo de la demanda y, por ende, puso fin al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el Distrito de Santiago de Cali,
el material probatorio recaudado y los informes presentados, la sala deberá
establecer si la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró los fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la defensa, con ocasión
del proveído del 23 de octubre de 2025, proferido dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2024-00703-
00/01.
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos
adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y
(iii) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
3 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
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legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto que ocupa a la sala, el Distrito de Santiago de Cali presentó acción de
tutela en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque en el auto del
23 de octubre de 2025, confirmó la decisión de rechazo de la demanda.
Según el distrito accionante, la autoridad judicial aludida no trasladó las dudas
existentes sobre el indebido agotamiento de la vía gubernativa a la sentencia y, con
ese proceder, descartó, sin rigor, el carácter tributario del asunto planteado, lo cual
a la postre repercute en (i) la limitación de su acceso a la administración de justicia;
(ii) el traslado de recursos de su presupuesto a la CVC, sin justificación alguna; (iii)
la prevalencia de lo formal sobre lo sustancial; y (iv) la asunción de competencias
por parte de la Sección que, paradójicamente, no eran suyas.
Para descender al caso concreto, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante auto del 23 de septiembre de 2025, confirmó el rechazo de la
demanda porque no se agotó el requisito de interponer el recurso de apelación
obligatorio antes de acudir a la jurisdicción. Lo anterior, con fundamento en el
siguiente recuento:
De conformidad con los artículos 125, 150 y 243-1 del CPACA, es competente para decidir el
recurso de apelación formulado contra la providencia que rechazó la demanda por indebido
agotamiento de la actuación administrativa.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional 4 ha sostenido que la sobretasa ambiental es un
recurso con destinación específica, no autónomo, que no constituye un nuevo tributo, sino una
asignación adicional sobre un impuesto ya existente, con fines ambientales y que su aplicación
debe respetar los principios constitucionales de igualdad, planeación y finalidad.
En esa línea, la Sala de Consulta y Servicio Civil5 respecto a la sobretasa ambiental indicó que
se «está en presencia de una “transferencia” que los municipios hacen a las corporaciones
autónomas regionales, y no de un tributo u obligación fiscal a su cargo, y que por lo mismo estos
recursos no les pertenecen, sino que son ingresos propios de las corporaciones autónomas
regionales, sobre los cuales las entidades territoriales son meros recaudadores».
La sobretasa ambiental es una transferencia que los municipios realizan a favor de las
Corporaciones Autónomas Regionales (en adelante CAR), con lo cual, para su cobro no puede
aplicarse el procedimiento tributario nacional. Además, no existe una disposición legal que
habilite a las CAR para aplicar el procedimiento tributario al trámite relacionado con el cobro de
la sobretasa ambiental. En esa medida, no le asiste razón al demandante al señalar que la CVC
debió aplicar el artículo 720 del Estatuto Tributario, que regula el recurso de reconsideración en
materia tributaria.
A la actuación administrativa iniciada por la CVC le son aplicables las normas previstas en la
Ley 1437 de 2011, régimen de procedimiento administrativo general.
La Resolución 0400 0450-376-2024 del 28 de junio de 2024 precisó que los recursos
procedentes eran el de reposición y apelación.
4 Sentencias C-013 de 1994 y T-197 de 2018.
5 Concepto de 12 de mayo de 2005 (expediente 1637; CP. Enrique José Arboleda Perdomo).
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La CVC debió adecuar el recurso que interpuso, ya que, si bien es cierto que lo denominó
reconsideración, también lo es que, de fondo, pretendía cuestionar el acto administrativo que
dispuso el cobro de la diferencia de la sobretasa ambiental.
Si se considerara que el recurso interpuesto fue el de apelación, no se puede soslayar que fue
extemporáneo. Lo anterior, «en vista de que la Resolución 0400 0450-376-2024 fue notificada
el 15 de julio de 2024, por lo que, los 10 días para interponer el recurso de apelación6 (art. 76
CPACA) vencían el 29 del mismo mes y año, pero el mismo fue interpuesto por el ente territorial
el 13 y 16 de septiembre de 2024».
Al haberse presentado de manera extemporánea el recurso de apelación, se establece que el
Distrito de Santiago de Cali no agotó en debida forma la actuación administrativa, requisito de
procedibilidad para poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa.
Sobre el particular, la sala encuentra que los argumentos que expone el tutelante
están encaminados a controvertir las conclusiones a las que arribó la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, incluso con lo planteado en el salvamento de voto
de que fue objeto el proveído del 23 de octubre de 2025.
En efecto, se hace evidente que el actor busca imponer su criterio, esto es, que se
debió disponer el trámite de la demanda para que en la sentencia se definieran
aspectos trascendentales como la naturaleza de la resolución controvertida y la
procedencia del recurso de reconsideración interpuesto, máxime si se tiene en
cuenta que esa autoridad justificó la competencia que le asistía, las razones por las
cuales la sobretasa ambiental no se considera un tributo y que la actuación
adelantada por la CVC se rige por las normas del CPACA y no por el procedimiento
tributario nacional.
En este punto, resulta pertinente señalar que la administración de justicia garantiza
que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus
decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus
decisiones vía acción de tutela.
En ese orden de ideas, se tiene que los señalamientos del actor no pretenden
evidenciar una actuación arbitraria o irracional en el auto cuestionado que denote
una afectación prima facie de sus garantías ius fundamentales, sino, por el contrario,
lo que busca es que la acción de tutela opere como una instancia adicional en la
que se imponga una valoración del caso distinta a la que utilizó el juez natural.
Ahora, no es suficiente que el interesado refiera que con el proveído cuestionado
se transgredieron determinadas garantías superiores, ya que es menester que
quien se considera afectado cumpla con el deber de ahondar en el concepto de la
violación que se deriva de una decisión jurídica en abierta contradicción de los
postulados constitucionales.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, dictada por una corporación de cierre, requieren con mayor énfasis que el
accionante ejecute una exposición que demuestre, de forma coherente, el
engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible afectación de las
garantías fundamentales en su núcleo esencial.
6 Se entiende que la adecuación debía hacerse al recurso de apelación, en atención a que es el recurso
obligatorio para acudir a la jurisdicción.
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Demandante: Distrito de Santiago de Cali
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y Otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03321-00
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación
iusfundamental alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la providencia dictada por
la autoridad censurada.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
Distrito de Santiago de Cali por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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