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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03329-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03329-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 1 de junio de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03329-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (03) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-015-000-2026-03329-01
Demandante: Yesly Nataly Marín Hernández
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Declaración de insubsistencia.
Estabilidad laboral reforzada de mujer embarazada. Licencia de
maternidad. Periodo de lactancia. Fuero de maternidad. Defecto
fáctico. Defecto sustantivo. Decisión sin motivación.
Desconocimiento del precedente. Violación directa de la
constitución.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia de 1 de junio de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 30 de abril de 2026, la parte actora presentó, a través de apoderado
judicial, acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, estabilidad laboral reforzada por maternidad y lactancia, igualdad,
no discriminación y equidad de género en la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
05001-33-33-010-2018-00294-01.

2. A título de amparo, solicitó que se dejara sin efectos la Sentencia de 29 de
octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en
consecuencia, se ordenará que, en el término de 15 días hábiles contados a partir
de la notificación, se profiriera una nueva providencia.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que el 17 de julio de 2018 interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura,
con el propósito de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 002 de 5 de
febrero de 2018, mediante la cual se le declaró insubsistente en el cargo de citadora
grado 3 y, en consecuencia, se ordenará su reintegro, así como el pago de los

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Demandante: Yesly Nataly Marín Hernández

salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde la expedición de dicho
acto administrativo.

4. El 25 de abril de 2023, el Juzgado 10 Administrativo de Medellín declaró la
nulidad de la Resolución No. 002 de 5 de febrero de 2018 y, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura a reintegrar a la hoy accionante al cargo de citadora grado
3 del Juzgado 7 Laboral del Circuito de Medellín o a uno de igual o semejante
categoría. Ordenó el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejados
de percibir desde el momento de la declaratoria de insubsistencia hasta el reintegro
efectivo al cargo, sin solución de continuidad.

5. El 8 de mayo de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, tras considerar que la Resolución No. 002 de 5 de febrero de 2018 gozaba
de presunción de legalidad, en tanto había sido expedida en cumplimiento de los
objetivos de la administración pública y en desarrollo del sistema de administración
de personal, cuyo propósito era asegurar la prestación eficiente del servicio.
Sostuvo que el adecuado funcionamiento de la administración de justicia exigía
responsabilidad por parte de los empleados, tanto en el desempeño de sus labores
como en su conducta laboral, por lo que el nominador no solo estaba facultado para
retirar del servicio a quien no resultara apto para desempeñar el cargo, sino que
tenía el deber de garantizar la prestación del servicio público de administración de
justicia en condiciones óptimas.

6. El 29 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la
Sentencia de 25 de abril de 2023 y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, al concluir que los motivos por los cuales se declaró insubsistente a la
hoy accionante no obedecían a su estado de embarazo o al periodo de lactancia,
sino a una serie de incumplimientos significativos que ocurrieron con anterioridad a
dicho periodo de gestación ya que se encontraba acreditado, mediante prueba
documental y testimonial, que se efectuaron varios requerimientos y que se realizó
una jornada de descongestión en su puesto de trabajo, así como una reasignación
de las funciones que estaban a su cargo. Advirtió que, respecto de la alegada
desviación de poder, la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que la
jurisprudencia imponía a quien la alegaba. Expuso que, si bien allegó 3 testimonios
con el propósito de demostrar que el acto administrativo estaba verdaderamente
motivado en la enemistad con la juez y sus compañeros, el Tribunal consideró que
tales declaraciones se habían sustentado en lo que los testigos creían que había
motivado la decisión. Estimó que esas apreciaciones subjetivas no podían valorarse
como hechos ciertos y que, en consecuencia, no resultaban suficientes para generar
una convicción plena que permitiera desvirtuar los argumentos expuestos por el
nominador.

7. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico, toda vez que no
prestó atención ni realizó una valoración integral de las pruebas testimoniales

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allegadas al proceso y omitió efectuar un análisis bajo un enfoque diferencial desde
la perspectiva de género. Cuestionó que el Tribunal hubiera descartado las
declaraciones de Estefanía Marín Hernández, Sandra Liliana Delgado Pérez y
Julián Cadavid Jaramillo, mediante la consideración genérica de que constituían
«apreciaciones subjetivas» que «no podían valorarse como hechos ciertos» y que
«no bastaban para generar una convicción plena para desestimar los argumentos
del nominador».

8. Señaló que dicha valoración desconocía que los referidos testimonios
habían sido coincidentes y concordantes al describir las condiciones hostiles a las
que fue sometida la hoy accionante desde la notificación de su embarazo y que sus
relatos encontraban respaldo en la prueba documental, particularmente en la
historia clínica, las incapacidades médicas, las recomendaciones laborales y la
atención psicológica por estrés laboral. Agregó que el Tribunal también omitió
valorar integralmente circunstancias relevantes del caso, como la concentración de
los requerimientos laborales después de la notificación del embarazo, la falta de
redistribución de funciones pese a las restricciones médicas, la realización de
labores de desarchivo en condiciones que resultaban incompatibles con su estado
de salud y el hecho de que la declaratoria de insubsistencia hubiera sido notificada
el mismo día en que debía reintegrarse después de su licencia de maternidad.

9. Alegó que la providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente, al apartarse de los criterios jurisprudenciales invocados en relación con
la protección reforzada de la mujer embarazada y lactante, así como la obligación
de incorporar la perspectiva de género en la valoración de las pruebas. Reprochó
que el Tribunal hubiera concluido que la presunción de despido discriminatorio no
resultaba aplicable por cuanto la declaratoria de insubsistencia ocurrió después del
término que contemplaba la protección legal, sin atender a la jurisprudencia
constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada de la mujer durante el embarazo
y el periodo de lactancia1. Sostuvo que el Tribunal omitió aplicar la perspectiva de
género al valorar los medios de prueba, pese a que el asunto involucraba a una
mujer embarazada y posteriormente lactante, respecto de quien se había alegado
un patrón de hostigamiento laboral iniciado luego de comunicar su estado de
gestación.

10. Afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en falta de motivación, pues
luego de descartar de manera genérica las declaraciones testimoniales, no efectuó
un análisis suficiente de los restantes medios de prueba ni se pronunció de manera
integral sobre los demás vicios alegados contra el acto administrativo. Sostuvo que
la providencia no explicó de manera suficiente por qué las incapacidades médicas,
las recomendaciones laborales, la falta de redistribución de funciones y los demás
elementos probatorios no permitían cuestionar la motivación de la Resolución No.
002 de 2018, ni justificó adecuadamente la conclusión según la cual los
incumplimientos atribuidos a la accionante obedecían exclusivamente a razones de
servicio y no guardaban relación con las circunstancias que rodearon su embarazo

1 Sentencia T-169 de 2025

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y posterior licencia de maternidad. Añadió que tampoco se realizó un análisis
suficiente de la alegada desviación de poder ni de la posible incidencia del acoso
laboral denunciado en la expedición del acto de insubsistencia.

Intervenciones2

11. El Juzgado 10 Administrativo de Medellín envió el expediente digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-010-2018-
00294-00.

12. El Tribunal Administrativo de Antioquia envió el expediente digital del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-010-2018-
00294-01.

13. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que
no se cumplía con la carga argumentativa de relevancia constitucional necesaria
para someter nuevamente el asunto a un análisis jurídico y, con ello, revivir
instancias procesales ya agotadas. Expuso que, en atención a la autonomía judicial
y al carácter excepcionalísimo de la acción de tutela contra providencias judiciales,
no bastaba con manifestar inconformidades frente a las decisiones objeto de
censura ni con alegar, de manera general, la configuración de los requisitos
especiales de procedencia, pues la controversia planteada se circunscribía a
asuntos de mera legalidad que no trascendían al ámbito constitucional.

14. Insistió en que la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales era de carácter residual y no podía utilizarse para desconocer los
principios de autonomía e independencia judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica.
Sostuvo que este mecanismo estaba concebido como un «juicio de validez» y no
como un «juicio de corrección» de la providencia cuestionada, por lo que no podía
emplearse indebidamente como una nueva instancia para reabrir discusiones de
carácter probatorio o relacionadas con la interpretación del derecho, ya resueltas
dentro del proceso ordinario.

Sentencia impugnada

15. El 1 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva, estabilidad laboral
reforzada, igualdad, no discriminación y equidad de género invocados por la hoy
accionante, al considerar que el Tribunal no había desconocido que aquella se
encontraba en periodo de lactancia para la fecha de la declaratoria de
insubsistencia. Concluyó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de

2 Mediante Auto de 6 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y se vinculó al Juzgado 10 Administrativo de Medellín, la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura y a las demás partes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 05001-33-33-010-2018-00294-00, en calidad de terceros con interés.

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Justicia, específicamente las Sentencias SL4280 de 2017 y SL1118 de 2021,
existían 2 momentos de protección para la mujer lactante: uno inicial, dentro de los
3 meses siguientes al parto, durante el cual operaba la presunción de despido por
embarazo o lactancia; y otro posterior, en el que la protección se mantenía, pero
correspondía a quien alegara la discriminación demostrar que la desvinculación se
había producido por esa causa.

16. Explicó que la desvinculación del servicio de una mujer amparada por el
fuero de maternidad no vulneraba, por sí sola, sus derechos fundamentales,
siempre que la separación del cargo no tuviera relación con su estado de embarazo
o con el goce de la licencia de maternidad y en el expediente se encontrara
acreditado que la decisión obedecía a una razón general y legítima, esto es, a una
causa razonable. Sostuvo que la autoridad judicial accionada advirtió que la
Resolución No. 002 de 2018 no se sustentó en la condición de madre lactante de la
hoy accionante, sino en el incumplimiento de las funciones asignadas, el cual, según
el acto administrativo y el material probatorio valorado, se presentó desde antes del
periodo de gestación.

17. Señaló que la conclusión del Tribunal no se había fundado únicamente en
la inexistencia de la presunción de despido discriminatorio para la fecha de
expedición del acto, sino también en la existencia de una motivación objetiva para
la declaratoria de insubsistencia. Indicó que la autoridad judicial accionada había
estimado que las irregularidades atribuidas a la tutelante no surgieron con ocasión
del embarazo ni de la lactancia, sino que correspondían a retrasos y omisiones
acumulados con anterioridad, circunstancia que permitía descartar que la
desvinculación hubiera tenido como causa determinante su condición de madre
lactante. Sostuvo que, aunque la hoy accionante se encontraba en periodo de
lactancia, la declaratoria de insubsistencia no desconocía sus derechos
fundamentales, pues estaba sustentada en una razón objetiva relacionada con el
servicio y no en un criterio discriminatorio asociado a la maternidad.

18. Explicó que, frente a los testimonios, si bien la accionante reprochaba que
hubieran sido descartados como simples «apreciaciones subjetivas», lo cierto era
que el Tribunal sí se pronunció sobre ellos y explicó las razones por las cuales no
les había atribuido entidad suficiente para demostrar que la insubsistencia obedecía
a un supuesto acoso laboral. Concluyó que dicha valoración no lucía arbitraria,
caprichosa ni abiertamente irrazonable, en la medida en que el juez ordinario podía
ponderar la fuerza demostrativa de los testimonios frente a la prueba documental
que daba cuenta de los incumplimientos de las funciones asignadas a la accionante,
de los requerimientos previos y de las medidas adoptadas para atender la
congestión. Añadió que la discrepancia de la actora con la conclusión probatoria del
Tribunal no habilitaba, por sí sola, la intervención del juez constitucional, pues la
acción de tutela no constituía una tercera instancia destinada a reabrir la valoración
del expediente ordinario.

19. Estimó que, frente al defecto sustantivo, la autoridad judicial accionada sí
examinó los hechos sobre los cuales la actora sustentó el reproche de acoso laboral

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y discriminación, pues valoró las declaraciones rendidas en el proceso y los demás
elementos obrantes en el expediente, aunque había concluido que estos no tenían
la entidad suficiente para demostrar que la insubsistencia hubiera obedecido a tales
motivos. Afirmó que tampoco se advertía que la providencia censurada se hubiera
fundado en una norma inaplicable, inexistente o contraria a la Constitución. Señaló
que, aunque la accionante había echado de menos la aplicación de la Ley 1010 de
2006, el Tribunal sí había valorado los hechos en los que aquella sustentaba el
presunto acoso laboral y la discriminación y, sin embargo, había concluido que tales
supuestos no fueron acreditados en el proceso.

20. Manifestó que tampoco se configuraba el desconocimiento del precedente
contenido en las Sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018, en las cuales se
había reconocido la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante y lactante y
se habían fijado reglas de protección frente a decisiones de retiro asociadas a la
maternidad. Sostuvo que de dichas providencias no se derivaba una prohibición de
desvincular a una trabajadora cuando se acreditara la existencia de una razón
objetiva, legítima y ajena al embarazo o a la lactancia, máxime cuando, en el caso
concreto, el Tribunal había considerado que esa razón existía, dado que la
declaratoria de insubsistencia se sustentó en incumplimientos significativos
anteriores y no en la condición de madre lactante de la actora.

21. Advirtió que tampoco se vislumbraba que la providencia censurada hubiera
desconocido la perspectiva de género. Expresó que, aunque la accionante sostenía
que el Tribunal había omitido dicho enfoque, lo cierto era que la autoridad judicial
accionada examinó su estado de embarazo, el periodo de lactancia, las
incapacidades, los requerimientos laborales, la prueba testimonial y la motivación
del acto acusado, circunstancias que no evidenciaban un análisis estereotipado,
arbitrario o contrario al precedente constitucional invocado. Agregó que la condena
en costas había tenido sustento en el numeral 4 del artículo 365 del Código General
del Proceso.

Impugnación

22. El 15 de julio de 2026, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia,
al considerar que la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado había incurrido en contradicciones internas y había
convalidado una interpretación de la protección reforzada de la mujer lactante que
desconocía el precedente constitucional aplicable y vaciaba de contenido dicha
garantía. Sostuvo que la sentencia impugnada había reconocido, con fundamento
en la Sentencia T-333 de 2025, que durante el periodo de lactancia las mujeres
gozaban de un fuero de protección laboral reforzada que impedía su remoción, salvo
que mediara causal legal para la disolución del vínculo; sin embargo, al resolver el
caso concreto, había avalado la aplicación de una regla conforme a la cual la
presunción de despido discriminatorio operaba únicamente durante los 3 meses
siguientes al parto. Afirmó que dicha conclusión resultaba contradictoria con el
marco jurídico previamente construido por la propia providencia y que no se había

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explicado la razón por la cual se había acudido a un estándar de protección distinto
y más restringido.

23. Señaló que la interpretación según la cual la presunción de despido
discriminatorio se agotaba dentro de los 3 meses posteriores al parto vaciaba de
contenido la protección de la maternidad y la lactancia, pues, en el caso concreto,
el hijo de la accionante había nacido el 1 de octubre de 2017, la licencia de
maternidad se había extendido hasta el 4 de febrero de 2018 y la declaratoria de
insubsistencia había sido expedida y notificada el 5 de febrero siguiente, esto es, el
mismo día en que debía reincorporarse al servicio. Sostuvo que, bajo el
entendimiento acogido por la sentencia impugnada, la presunción habría vencido
durante el disfrute de la licencia de maternidad, de manera que no habría protegido
a la trabajadora durante ningún día de trabajo efectivo posterior a su reintegro.
Agregó que la providencia tampoco valoró la coincidencia temporal entre la
culminación de la licencia y la expedición de la resolución de insubsistencia, pese a
que constituía un indicio relevante de discriminación.

24. Reprochó el desconocimiento del precedente constitucional, al considerar
que la autoridad judicial había fundado su regla de decisión en las Sentencias
SL4280 de 2017 y SL1118 de 2021 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, pese a que estas habían sido proferidas en el ámbito de las
relaciones laborales privadas. Sostuvo que, para el caso de una servidora pública
vinculada en provisionalidad, resultaban aplicables las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en las Sentencias SU-070 de 2013 y SU-075 de 2018, conforme a
las cuales la protección reforzada de la mujer gestante y lactante se extendía a las
distintas modalidades de vinculación laboral y se activaba, entre otros supuestos,
cuando el nominador conocía el estado de embarazo de la trabajadora. Cuestionó
que la sentencia impugnada se hubiera limitado a afirmar que tales precedentes no
impedían una desvinculación sustentada en una razón objetiva, sin examinar si, en
el caso concreto, la razón invocada había sido sometida al escrutinio reforzado que
exigía el precedente constitucional.

25. Sostuvo que, en cuanto al defecto fáctico, la sentencia de tutela había
reproducido el yerro atribuido al Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar
razonable su valoración probatoria sin examinar los indicios que permitían
establecer la existencia de una desviación de poder y de discriminación. Afirmó que
no habían sido valorados la notificación de la insubsistencia el mismo día del
reintegro posterior a la licencia de maternidad; la ocupación inmediata del cargo por
otro empleado en provisionalidad; el aumento de los requerimientos laborales a
partir de marzo de 2017, luego de la notificación del embarazo; las
recomendaciones médico-laborales que restringían la realización de esfuerzos
físicos y que no fueron acatadas por la nominadora; así como las más de 20
incapacidades médicas y la atención psicológica recibida por estrés laboral. Añadió
que dichos elementos tampoco habían sido ponderados frente a la motivación del
acto administrativo y que, por ello, la sentencia impugnada había omitido una
valoración integral del acervo probatorio.

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26. Cuestionó la aplicación de la perspectiva de género, pues consideró que la
sentencia impugnada había reducido dicho enfoque a la simple constatación de que
no existiera un análisis estereotipado. Afirmó que, tratándose de un caso de posible
discriminación contra una mujer embarazada y lactante, dicho enfoque exigía una
valoración diferencial de la prueba, que atendiera a los indicios, al contexto y a los
patrones de conducta y evitara imponer a la víctima una carga de acreditar de
manera directa la intención discriminatoria del nominador. Sostuvo que, pese a la
concurrencia de distintos elementos que evidenciaban un patrón de hostigamiento
posterior a la notificación del embarazo, tanto el Tribunal como la sentencia
impugnada habían descartado las declaraciones testimoniales mediante una
fórmula genérica y se habían limitado a enumerar algunos de los medios de prueba,
sin efectuar una valoración conjunta con perspectiva de género.

27. Cuestionó la condena en costas, al considerar que la sentencia impugnada
había avalado su imposición con fundamento exclusivamente en el numeral 4 del
artículo 365 del CGP, sin atender al criterio valorativo que exigía el artículo 188 del
CPACA. Sostuvo que no se había acreditado una conducta temeraria o dilatoria de
su parte ni la efectiva causación de gastos, máxime cuando sus pretensiones habían
prosperado en primera instancia. Afirmó que la condena en costas también
configuraba un defecto sustantivo y una decisión carente de motivación en ese
aspecto.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

28. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción, si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales invocados por la accionante al proferir la Sentencia de 29
de octubre de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 05001-33-33-010-2018-00294-01.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

30. La Sala advierte que, en el escrito de impugnación, no se formularon
reparos concretos frente al análisis efectuado por el juez de primera instancia
respecto de la procedencia de la acción de tutela. Además, revisado nuevamente el
expediente, se observa que se encuentran satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad del mecanismo constitucional. En consecuencia, se abordará el
estudio de fondo de los argumentos planteados por la parte actora.

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Análisis de la vulneración alegada: estudio de defecto

31. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de
amparo incoado por Yesly Nataly Marín Hernández, por las razones que pasan a
explicarse:

32. En el asunto bajo examen, esta Subsección coincide con lo señalado por el
juez constitucional de primera instancia, en cuanto advirtió que la controversia
constitucional no se contrae a establecer si la accionante se encontraba amparada
por la protección reforzada derivada de su condición de mujer lactante, circunstancia
que, de hecho, no fue desconocida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. El
problema consiste en determinar si, a partir del régimen de protección aplicable al
momento de la desvinculación, la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos alegados al concluir que la declaratoria de insubsistencia obedeció a
razones relacionadas con el servicio y no a la condición de madre lactante de la
demandante.

33. En primer lugar, es necesario distinguir entre la protección laboral reforzada
por maternidad y lactancia con la presunción de que la desvinculación tuvo origen
discriminatorio. Se trata de garantías estrechamente relacionadas, pero no
equivalentes. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el fuero de
maternidad constituye una manifestación del derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada y tiene por finalidad impedir que la mujer sea desvinculada por
razón de su embarazo o lactancia. En esa medida, su ámbito de protección no se
agota en el término específico durante el cual opera la presunción de despido
discriminatorio. La propia Sentencia SU-075 de 2018 precisó que, aun cuando
desaparece la presunción, permanece la protección de la mujer lactante y cambia
la distribución de la carga probatoria respecto del móvil de la desvinculación.

34. Como fue señalado por el juez a quo, precisamente, la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SL1118 de 2021, explicó
que el numeral 2 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo establece una
presunción de que el despido obedece al embarazo o a la lactancia cuando ocurre
dentro de los 3 meses posteriores al parto; superado ese término, la protección a la
trabajadora lactante subsiste, pero corresponde a quien alega la discriminación
acreditar que la desvinculación obedeció a esa circunstancia. Así, lo que
desaparece con el vencimiento del término presuntivo no es la protección
constitucional, sino el efecto probatorio favorable que releva a la trabajadora
acreditar que la desvinculación estuvo motivada por su condición de madre lactante.

35. Esta distinción resulta determinante en el caso concreto, pues como
reconoció el Tribunal, la accionante dio a luz el 1 de octubre de 2017 y la Resolución
No. 002 fue expedida y notificada el 5 de febrero de 2018, fecha en la que debía
reincorporarse al cargo después de la licencia de maternidad. El Tribunal, con
fundamento en la jurisprudencia que consideró aplicable, estimó que la presunción
operaba hasta el 1 de enero de 2018 y que, por tanto, para la fecha de la

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insubsistencia correspondía a la hoy accionante acreditar que la decisión estuvo
motivada por su condición de madre lactante. La sentencia de tutela de primera
instancia acogió esa comprensión y precisó que ello no significaba desconocer la
subsistencia de la protección reforzada, sino reconocer que, superado el término
presuntivo, era necesario demostrar que la desvinculación obedeció a su condición
de madre lactante.

36. A partir de lo anterior, no se advierte el desconocimiento del precedente
constitucional alegado por la accionante. Las Sentencias SU-070 de 2013 y SU-075
de 2018 reconocen que la protección reforzada frente a la maternidad se proyecta
a las diferentes modalidades de vinculación laboral y que tiene como finalidad evitar
decisiones de retiro motivadas por el embarazo o la lactancia. De hecho, SU-070
contempla expresamente reglas para mujeres vinculadas en provisionalidad,
mientras que SU-075 reitera que el fuero de maternidad comprende la lactancia y
que la desaparición de la presunción no elimina la protección.

37. En ese contexto, la decisión del Tribunal no puede entenderse como la
afirmación de que, una vez vencidos los 3 primeros meses posteriores al parto, la
administración quedaba habilitada para desvincular libremente a la trabajadora por
su condición de lactante. Por el contrario, su razonamiento consistió en sostener
que, al no operar ya la presunción, debía acreditarse el vínculo causal entre la
maternidad y la insubsistencia, y que tal circunstancia no había sido demostrada
frente al material probatorio obrante en el expediente. Esa conclusión, aun cuando
pueda ser objeto de debate desde la perspectiva del proceso ordinario, no
desconoce por sí misma las reglas de decisión de los precedentes constitucionales
invocados.

38. Ahora bien, tampoco encuentra la Sala configurado el defecto fáctico. La
Resolución No. 002 de 2018 no se sustentó en una afirmación genérica acerca de
la inconveniencia de la permanencia de la accionante, sino que consignó una serie
de situaciones concretas relacionadas con el desempeño de sus funciones, tales
como la existencia de 2734 memoriales sin anexar, más de 200 solicitudes de
desarchivo pendientes, aproximadamente 400 procesos sin radicar, demoras en las
notificaciones, errores en la remisión de expedientes y retrasos en la expedición de
copias, entre otras circunstancias. Asimismo, el acto hizo referencia a
requerimientos previos, planes de mejoramiento y medidas de apoyo y
descongestión adoptadas en el despacho.

39. El Tribunal tomó en consideración esos elementos y concluyó que los
problemas de desempeño no aparecieron con ocasión del embarazo o de la
lactancia, sino que correspondían a situaciones que venían siendo advertidas con
anterioridad y frente a las cuales se habían implementado medidas de
mejoramiento. También destacó que la prueba documental y testimonial daba
cuenta de los requerimientos efectuados a la funcionaria y de la reasignación de
algunas funciones para apoyar su labor.

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40. Es cierto que la accionante puso de presente otros elementos que, en su
criterio, permitían construir una hipótesis de discriminación, particularmente la
comunicación del embarazo, las múltiples incapacidades, la atención psicológica
por estrés laboral y, especialmente, la circunstancia de que la insubsistencia hubiera
sido comunicada el mismo día en que debía reintegrarse luego de su licencia de
maternidad. Tales circunstancias constituyen elementos contextuales que podían
ser considerados relevantes y que, de hecho, fueron planteados en el proceso.

41. Sin embargo, la sola existencia de esos elementos no permite concluir, en
sede de tutela, que el Tribunal hubiese incurrido en una valoración arbitraria o
caprichosa. La autoridad judicial accionada examinó la prueba relacionada con los
incumplimientos, los requerimientos efectuados y las medidas de descongestión, y
confrontó esos elementos con la tesis de la accionante. En relación con los
testimonios de Estefanía Marín Hernández, Sandra Liliana Delgado Pérez y Julián
Cadavid Jaramillo, explicó que no les atribuía entidad suficiente para demostrar que
la verdadera motivación del acto hubiera sido la enemistad con la juez o con los
compañeros del despacho, porque, a su juicio, las declaraciones se basaban en
apreciaciones acerca de aquello que los testigos consideraban que había motivado
la decisión.

42. La circunstancia de que la accionante proponga una lectura distinta del
material probatorio, particularmente a partir de los testimonios rendidos en el
proceso y de elementos contextuales como su embarazo, las incapacidades
médicas, la licencia de maternidad y la coincidencia temporal entre su
reincorporación al servicio y la declaratoria de insubsistencia, no permite concluir
que el Tribunal hubiera incurrido en un defecto fáctico. La autoridad judicial
accionada examinó tales circunstancias dentro del conjunto de pruebas obrantes en
el expediente y las confrontó con los elementos documentales y testimoniales que
daban cuenta de los incumplimientos funcionales atribuidos a la demandante, los
requerimientos previos realizados por el despacho y las medidas adoptadas para
atender la situación de congestión que motivó la decisión administrativa
cuestionada.

43. Así, aunque la accionante discrepa de las inferencias efectuadas por el juez
natural y considera que los indicios referidos conducían a una conclusión distinta, lo
cierto es que la providencia cuestionada expuso razones objetivas y verificables
para sustentar su decisión y descartó que la declaratoria de insubsistencia hubiera
obedecido a una finalidad discriminatoria. En esas condiciones, la controversia
planteada se sitúa en el ámbito de la valoración probatoria propia del proceso
ordinario y no evidencia una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente
irrazonable que habilite la intervención excepcional del juez de tutela. Por
consiguiente, esta Subsección, al igual que el juez constitucional de primera
instancia, concluye que no se configura el defecto fáctico alegado.

44. La misma conclusión se impone respecto de la alegada perspectiva de
género. Este enfoque no puede reducirse a la exclusión de expresiones
estereotipadas, pues exige que el juez atienda al contexto en el que se produce la

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controversia y adopte las medidas necesarias para evitar que las relaciones de
desigualdad invisibilicen actos discriminatorios. Sin embargo, su aplicación tampoco
releva a la parte interesada de aportar elementos que permitan establecer, en el
caso concreto, que la actuación cuestionada estuvo motivada por razones
discriminatorias. Conforme lo señaló la sentencia de primera instancia al examinar
la Sentencia T-016 de 2022, la perspectiva de género obliga a resolver sin
reproducir estereotipos ni invisibilizar situaciones de violencia contra la mujer, pero
no desplaza la autonomía del juez natural para valorar el material probatorio
conforme a las reglas de la sana crítica.

45. Ahora bien, la aplicación de la perspectiva de género no supone que toda
decisión desfavorable a una mujer embarazada o lactante resulte por ese solo
hecho, incompatible con la Constitución. De esta forma, se debe verificar si la
autoridad judicial identificó las circunstancias de vulnerabilidad alegadas, examinó
los indicios de posible discriminación asociados al embarazo o la maternidad, valoró
el contexto en el que ocurrieron los hechos y ofreció una explicación razonada
acerca de por qué tales elementos no desvirtuaban las razones objetivas invocadas
para la adopción de la decisión cuestionada. En ese sentido, el enfoque de género
exige un análisis reforzado de las circunstancias del caso, mas no impone una
conclusión determinada ni sustituye el deber del juez de valorar integralmente el
material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica.

46. En el presente asunto, no se advierte que el Tribunal hubiera desconocido
el contexto de maternidad de la accionante. Por el contrario, examinó su estado de
embarazo, las incapacidades, los requerimientos laborales, la prueba testimonial y
la motivación del acto administrativo, y concluyó que los elementos reunidos no
permitían establecer que la insubsistencia hubiera obedecido a su condición de
madre gestante o lactante. En esas condiciones, la discrepancia de la actora con la
inferencia efectuada por el juez natural no demuestra, un desconocimiento del
enfoque de género ni una lesión de sus garantías fundamentales.

47. Tampoco se configura el defecto sustantivo derivado de la falta de
aplicación de la Ley 1010 de 2006. Aunque la accionante alegó en el proceso
ordinario la existencia de acoso laboral, el Tribunal estudió ese planteamiento y
concluyó que los testimonios allegados no permitían demostrar que la verdadera
finalidad del acto hubiese sido la persecución o la enemistad alegada. Así las cosas,
la circunstancia de que la autoridad judicial no hubiera acogido la tesis propuesta
por la demandante no equivale a la omisión de resolverla ni implica que hubiera
decidido con fundamento en una disposición inaplicable o contraria al ordenamiento.

48. Una consideración similar procede frente a la Sentencia T-169 de 2025.
Esta providencia reafirma que la protección derivada de la maternidad y la lactancia
se proyecta incluso respecto de servidoras públicas vinculadas en cargos de libre
nombramiento y remoción y que la administración no puede desvincularlas por
razón de su condición de lactantes. No obstante, la referida decisión resolvió hechos
ocurridos bajo el régimen introducido por la Ley 2306 de 2023 y, por ello, no puede
trasladarse mecánicamente al supuesto de 2018. Su valor para este asunto radica

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en reafirmar la naturaleza constitucional de la protección, mas no en establecer una
regla retrospectiva que permita concluir que la sentencia del Tribunal desconoció un
precedente directamente aplicable al momento de los hechos.

49. Finalmente, no se advierte vulneración constitucional en la condena en
costas. El Tribunal sustentó esa determinación en los artículos 188 del CPACA, 365
y 366 del CGP y en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. En consecuencia, la
discrepancia de la accionante frente a dicha decisión corresponde a una discusión
propia de la interpretación y aplicación de normas procesales por parte del juez
natural. Bajo ese entendido, la Sala no encuentra que la providencia cuestionada
se hubiera fundado en una norma inexistente, derogada o manifiestamente
inaplicable al caso concreto, ni que hubiera efectuado una interpretación
abiertamente irrazonable o incompatible con los mandatos constitucionales. Por
consiguiente, no se configura el defecto sustantivo alegado que justifique la
intervención excepcional del juez constitucional.

50. En suma, la Sala encuentra que la accionante sí estaba cobijada por la
protección especial derivada de su condición de madre lactante; sin embargo, ello
no permitía presumir indefinidamente que su desvinculación obedecía a esa
circunstancia. Superado el período en el que, conforme al régimen jurisprudencial
aplicado al caso, operaba la presunción de discriminación, correspondía acreditar
el nexo causal entre la maternidad o la lactancia y la decisión de retiro. El Tribunal
Administrativo de Antioquia examinó el material probatorio disponible, encontró una
motivación objetiva asociada al desempeño de las funciones y no halló acreditado
que la decisión estuviera determinada por la condición de madre lactante. Aunque
algunos aspectos de esa valoración podrían ser objeto de discusión en el proceso
ordinario, no se advierte que la providencia haya incurrido en una irregularidad de
carácter ostensible, flagrante y determinante que habilite al juez constitucional para
sustituir el juicio efectuado por el juez natural.

51. En consecuencia, no se configuran los defectos fáctico, sustantivo ni de
desconocimiento del precedente alegados, ni una afectación autónoma derivada de
la ausencia de perspectiva de género, razón por la cual se confirmará la decisión de
primera instancia que negó el amparo solicitado.

Conclusión

52. La Sala confirmará la Sentencia de 1 de junio de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Yesly Nataly Marín Hernández.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

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III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 1 de junio de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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