Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03336-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03336-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03336-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Cuatro (04) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03336-00
Demandantes: Ana Liria Quintero de Ojeda y otros
Demandado: Subsección A – Sección Tercera – Consejo de Estado
Temas: Tutela contra providencia judicial. reparación de los perjuicios
causados a un grupo. Aspersión con glifosato. Cultivos lícitos.
Reconocimiento de lucro cesante. Flexibilización probatoria.
Decisión: Declara improcedencia respecto al defecto sustantivo, niega
solicitud de amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Ana Liria Quintero de Ojeda y otros1
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 30 de abril de 2026, la parte actora, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, así como del principio de reparación integral, los cuales estimó vulnerados
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del
proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo No. 52001-23-33-000-
2016-00553-01.
2. A título de amparo, solicitó que se modificara la Sentencia de 24 de octubre
de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
específicamente en lo relacionado con la negativa de reconocer el valor
1 Ana Liria Quintero de Ojeda, Ana Lucía Ojeda Flóres, Alexander Valdez Vargas, Ángel Miro Muñoz, Arlenys
Díaz Torres, Arcenio Díaz Torres, Blanca Olfa Montenegro Mena, Beatriz Madroñero Araujo, Bersani Muñoz,
Ceferina Rodríguez Saavedra, Cipriano Rodríguez Meléndez, Elsy Esmir Muñoz Díaz, Elina Díaz Grajales, Elvia
Leonila Riascos de Quintero, Erney Ramírez Meza, Farul Yanine Meléndez Rodríguez, Fredisnando Quintero,
Gladis Quintero Pantoja, Griselda Torres Pérez, Hidairo Quintero Pantoja, Ilma Díaz Torres, Isaura Huila Valdez,
José Arnelio Meléndez Benavides, Leidy Yoana Meléndez Rodríguez, Luis Hernando Montenegro Galíndez,
Luis Roger Cabrera Meléndez, Luber Meléndez Meléndez, Luz Ayda Torres Meza, Manuel Jesús Adrada
Matazea, Marcionilla Araujo Solarte, María Ascención Concepción Meza Valdés, María Angelita Díaz Gómez,
María Bertil Cabrera Quintero, María del Carmen Rodríguez Díaz, Maximino Rodríguez Díaz, María Dina
Solarte, Margoth Rodríguez Díaz, Melquisedec Solarte Ramírez, Nuria Díaz Torres, Nubier Yasmin Ojeda
Quintero, Oliberto Cabrera Quintero, Olmedo Meza Cadena, Olivia Rodríguez Díaz, Pedro Díaz Torres, Ramiro
Valdez, Raúl Meza, Raimur Meléndez Quintero, Reinerio Urresti Adrada, Ruber Quintero Pantoja, Rubiela
Solarte Muñoz, Sandra Rosbir Montenegro Galíndez, Segunda Gloria García Rodríguez, Tránsito Díaz Torres,
Ubermey Solarte, Yamileth Meléndez Rodríguez, Yecmi Rojas Meza, Yoleidy Meza Muñoz y Yimy Arley
Pascuaza Cabrera.
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Demandantes: Ana Liria Quintero de Ojeda y otros
correspondiente al lucro cesante respecto de todos y cada uno de los cultivos de
propiedad de los hoy accionantes, los cuales resultaron afectados por la aspersión
aérea con glifosato realizada el 6 de octubre de 2014 por aeronaves de la Policía
Nacional.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que, el 5 de octubre de 2016, radicó demanda de reparación de los perjuicios
causados a un grupo contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
con el propósito de obtener la indemnización de los daños ocasionados por la
aspersión aérea «indiscriminada» con glifosato realizada el 6 de octubre de 2014
sobre las zonas en las que tenían diferentes cultivos de uso lícito, los cuales
resultaron afectados.
4. El 14 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Nariño accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda2, tras considerar acreditado el daño,
toda vez que los elementos de juicio allegados permitían establecer que la pérdida
total de los cultivos lícitos de los demandantes fue consecuencia de la aspersión
con glifosato. Señaló que durante las visitas oculares practicadas a los predios no
se encontró indicio alguno de cultivos ilícitos y que tampoco se demostró que las
afectaciones obedecieran a enfermedades fitosanitarias.
5. Manifestó que, inconforme con la decisión anterior, interpuso recurso de
apelación, por cuanto estimó que el Tribunal incurrió en un yerro al no valorar
integralmente las pruebas obrantes en el proceso relacionadas con la legitimación
en la causa por activa de los 9 integrantes del grupo a quienes se les negó la
indemnización. Sostuvo que la legitimación material por activa no derivaba de la
posesión o titularidad del predio, sino de la propiedad sobre los cultivos afectados3.
6. El 24 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado modificó la providencia de 14 de mayo de 2019, en la medida
en que únicamente resultaba procedente reconocer una indemnización por daño
emergente equivalente a 251,20 SMLMV4, teniendo en cuenta que existía evidencia
en el expediente de que 53 de los 61 demandantes eran propietarios de los cultivos
y que estos se perdieron junto con todos los costos que implicaba mantenerlos en
buenas condiciones. Precisó que no procedía el reconocimiento del lucro cesante,
debido a que no existía prueba que permitiera concluir con certeza que los actores
venderían los frutos de los cultivos y que acceder a dicho perjuicio implicaría una
doble compensación, toda vez que las inversiones realizadas por un agricultor en la
2 Reconoció el pago de perjuicios por daño emergente y lucro cesante a favor de 49 personas, por la suma total
de $6.112’144.388.
3 La Policía Nacional también interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en los
siguientes términos: «Aseguró que no existía nexo causal entre el daño y su actuar comoquiera que las
operaciones de aspersiones aéreas se llevaron a cabo a más de 200 metros de cara a las coordenadas de los
predios de los integrantes del grupo actor, por manera que no pudieron causar los daños invocados. Criticó el
valor probatorio otorgado al dictamen pericial pues carecía de fundamento científico, por cuanto la ingeniera
agrónoma que lo presentó no realizó de manera directa ningún examen técnico en los predios, sino que lo
realizó bajo las anotaciones realizadas por la UMATA, unas tablas de consulta general y el dicho de los actores.»
4 Monto que corresponde a la suma de todas las indemnizaciones individuales.
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Demandantes: Ana Liria Quintero de Ojeda y otros
siembra son recuperadas mediante la venta de las cosechas. Por ello, consideró
que reconocer una suma por lo invertido y otra por lo que eventualmente habría sido
vendido no correspondía a la realidad económica.
7. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, toda vez que descalificó el dictamen
pericial presentado por la ingeniera agrónoma, no valoró integralmente el resto del
material probatorio allegado a la demanda y no aplicó criterios de flexibilidad
probatoria, rompiendo así el deber de valoración integral de la prueba. Señaló que
no agotó las posibilidades probatorias disponibles, pese a estar acreditada la
actividad productiva agrícola y la ocurrencia del daño, omitiendo acudir a inferencias
razonables o medios indirectos de prueba.
8. Manifestó que también incurrió en un defecto sustantivo al afirmar que el
reconocimiento concurrente del daño emergente y del lucro cesante generaba una
doble indemnización, bajo el entendido de que las inversiones realizadas por el
agricultor se recuperaban mediante la venta de las cosechas, premisa que era
jurídicamente equivocada pues desconocía la naturaleza autónoma y
complementaria de tales categorías indemnizatorias. Sostuvo que el daño
emergente correspondía a los costos y gastos asumidos para la siembra,
mantenimiento y sostenimiento de los cultivos, mientras que el lucro cesante
representaba las ganancias dejadas de percibir como consecuencia de su pérdida,
por lo que negar este último concepto implicaba limitar el derecho de los
demandantes a obtener una reparación integral y desconocer la finalidad económica
propia de la actividad agrícola.
9. Adujo que la autoridad judicial accionada desconoció que los cultivos
afectados constituían una actividad productiva orientada a la obtención de utilidades
y no únicamente a la recuperación de la inversión realizada. Afirmó que la decisión
redujo la indemnización a una mera restitución de costos, sin reconocer la
expectativa legítima de obtener un rendimiento económico derivado de los cultivos
destruidos, circunstancia que afectaba especialmente a los accionantes en su
condición de campesinos, cuya subsistencia dependía de los ingresos generados
por dicha actividad.
10. Por otra parte, alegó que incurrió en un desconocimiento del precedente, al
apartarse injustificadamente de los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-272 de 2021 y SU-060 de 2021. Indicó que
dichas providencias reconocieron la posibilidad de acreditar el lucro cesante
mediante indicios, testimonios y otros medios indirectos de prueba cuando se trata
de actividades económicas desarrolladas en contextos de informalidad.
11. Sostuvo que la decisión cuestionada impuso un estándar probatorio
incompatible con la realidad del trabajo agrícola campesino, al exigir soportes
formales de ingresos y rentabilidad que desconocían las condiciones propias del
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sector rural. Afirmó que la autoridad judicial trasladó indebidamente a los
demandantes las consecuencias derivadas de la informalidad estructural de la
actividad agrícola y desconoció las reglas jurisprudenciales sobre reparación
integral en favor de personas que desarrollan actividades productivas no
formalizadas.
Intervenciones5
12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado estimó que
la acción constitucional debía declararse improcedente o, en subsidio, negarse de
fondo, toda vez que el hecho de que la parte actora no compartiera las conclusiones
relacionadas con la indemnización de perjuicios no constituía, por sí mismo, una
vulneración de los derechos fundamentales invocados. Sostuvo que la decisión
adoptada fue resultado de la aplicación de la normativa y la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la materia, razón por la cual la solicitud de amparo carecía
de vocación de prosperidad.
13. Manifestó que la flexibilización del estándar probatorio no autorizaba al juez
a sustituir la carga de la prueba de las partes, sino únicamente a redistribuirla
conforme a la teoría de la carga dinámica, una vez acreditado un hecho base,
supuesto que no se configuró en el caso concreto. Indicó que acudió
excepcionalmente a la equidad y fijó parámetros objetivos para reconocer la
indemnización, ante el riesgo de dejar sin reparación el daño demostrado.
14. Afirmó que las pruebas señaladas por los tutelantes sí fueron valoradas,
asunto distinto era que no resultaran suficientes para acreditar la procedencia del
lucro cesante, ni siquiera para fijar la cuantía del daño emergente. Precisó que el
fundamento determinante de la negativa frente al reconocimiento del perjuicio
alegado por los actores no radicó en la falta de cuantificación, sino en la
improcedencia misma de su reconocimiento. Concluyó que los argumentos
expuestos para sustentar los presuntos defectos carecían de validez.
15. La Policía Nacional solicitó que se negaran las pretensiones de la parte
actora, ante la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se
configuraba un perjuicio irremediable ni una amenaza inminente e injustificada que
habilitara la procedencia excepcional del amparo como mecanismo para obtener el
reconocimiento de las pretensiones reclamadas, máxime cuando el asunto ya había
sido debatido a través de los mecanismos ordinarios de protección jurisdiccional,
los cuales resultaban idóneos para resolver la controversia planteada.
16. Afirmó que, para establecer la existencia de un perjuicio irremediable, debía
verificarse la concurrencia de los elementos necesarios para su configuración, tales
como la inminencia, que exigía la adopción de medidas urgentes; la urgencia que
enfrentaba el titular del derecho para evitar la consumación del perjuicio; y la
5 Mediante Auto de 5 de mayo de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, se vinculó a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
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gravedad de los hechos, de manera que se evidenciara la necesidad de la tutela
como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales.
17. Manifestó que la reclamación del lucro cesante resultaba improcedente
debido a la ausencia de pruebas técnicas y objetivas que demostraran la existencia
de una ganancia cierta, especialmente porque los accionantes incumplieron con la
carga probatoria al sustentar sus pretensiones en meras expectativas y no en una
actividad productiva plenamente acreditada, circunstancia que impedía al juzgador
efectuar una cuantificación seria del perjuicio solicitado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
18. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
19. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, así como
el principio de reparación integral de la parte actora al proferir la Sentencia de 24 de
octubre de 2025, mediante la cual modificó la decisión de primera instancia con el
propósito de reconocer únicamente una indemnización por concepto de daño
emergente y negar el reconocimiento del lucro cesante reclamado por los
demandantes.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
20. En lo que respecta al supuesto defecto sustantivo, la Sala declarará su
improcedencia por falta de relevancia constitucional, pues se advierte que el
planteamiento formulado por la parte accionante no satisface las cargas
argumentativas mínimas exigidas para activar el control constitucional de una
providencia judicial.
21. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la configuración
del defecto sustantivo exige identificar de manera clara la norma jurídica
presuntamente desconocida por la autoridad judicial y demostrar que la decisión
cuestionada se fundamentó en una norma evidentemente inaplicable al caso, en
una disposición inexistente, derogada o declarada inexequible, o que el operador
judicial realizó una interpretación abiertamente irrazonable, arbitraria o incompatible
con la Constitución. No basta, por tanto, con manifestar desacuerdo frente a la
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interpretación adoptada por el juez natural o proponer una lectura alternativa del
ordenamiento jurídico, pues la acción de tutela no constituye una instancia adicional
destinada a dirimir controversias hermenéuticas ordinarias.
22. Bajo ese entendido, observa la Sala que los accionantes sostienen que la
providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo al considerar que el
reconocimiento concurrente del daño emergente y del lucro cesante conduciría a
una doble indemnización. Sin embargo, el desarrollo argumentativo de dicho cargo
no está encaminado a demostrar la configuración de alguna de las hipótesis
excepcionalmente reconocidas por la jurisprudencia constitucional para estructurar
un defecto sustantivo, sino únicamente a exponer las razones por las cuales la parte
actora considera jurídicamente desacertada la conclusión alcanzada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
23. En particular, la demanda no identifica la disposición normativa que habría
sido aplicada indebidamente, inaplicada o interpretada de forma ostensiblemente
irrazonable por la autoridad judicial accionada. Por el contrario, la argumentación se
limita a defender su comprensión de las categorías de daño emergente y lucro
cesante, insistiendo en que ambas tienen naturaleza autónoma y complementaria y
que, por tal razón, debían ser reconocidas conjuntamente.
24. De esta manera, el reproche formulado no plantea una controversia
constitucional relacionada con la existencia de una actuación judicial arbitraria, sino
una discrepancia interpretativa respecto del alcance de determinadas instituciones
propias del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y de los criterios
empleados por el juez natural para determinar la procedencia de los perjuicios
reclamados. Se trata, en consecuencia, de un debate de legalidad que corresponde
al ámbito de autonomía funcional del juez de la causa y que, por sí mismo, no
habilita la intervención excepcional del juez de tutela.
25. Lo anterior adquiere especial relevancia si se considera que la providencia
cuestionada fue proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la
materia objeto de discusión. En estos eventos, la jurisprudencia ha precisado que
la carga argumentativa del accionante debe ser particularmente rigurosa 6, pues no
resulta suficiente afirmar que existe una interpretación jurídica más convincente o
más favorable a sus intereses, sino que corresponde demostrar, con un nivel
reforzado de argumentación, que la decisión judicial cuestionada desbordó los
márgenes razonables de interpretación del ordenamiento jurídico y se tradujo en
una auténtica vulneración de derechos fundamentales.
26. Así las cosas, como quiera que la parte actora no estructuró un cargo
constitucionalmente relevante encaminado a evidenciar la configuración de un
verdadero defecto sustantivo, sino que formuló una simple inconformidad frente a la
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022. Expediente T-8.497.337, M.P. Natalia Ángel Cabo, 16
de junio de 2022.
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interpretación jurídica acogida por la autoridad judicial accionada, la Sala concluye
que dicho reproche no supera el requisito de relevancia constitucional y, por ende,
resulta improcedente su estudio de fondo.
27. Ahora bien, respecto de los defectos fácticos y desconocimiento del
precedente, la acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedibilidad, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, así como del principio de reparación integral, no se trata de una discusión
de raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos planteados
en el trámite ordinario y, en todo caso, los reparos (defecto fáctico, y
desconocimiento del precedente) fueron dirigidos concretamente contra la decisión
que resolvió el recurso de apelación dentro del proceso de reparación de los
perjuicios causados a un grupo; (2) se encuentra satisfecha la legitimación en la
causa por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la
calidad de demandantes en el trámite y, por el otro, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado profirió la decisión que se cuestiona; (3) se
encuentra acreditada la exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron
todos los mecanismos judiciales que tenía para procurar la defensa de sus
derechos; (4) la acción de tutela se presentó el 30 de abril de 2026, es decir, dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la Sentencia de 24 de octubre de
20257; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.
28. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se estudiará el fondo de
la controversia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto
29. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:
30. En primer lugar, la parte actora sostuvo que la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, al descalificar el dictamen pericial elaborado por la ingeniera agrónoma,
omitir la valoración integral del restante material probatorio obrante en el expediente
y exigir un estándar probatorio incompatible con las condiciones propias de la
actividad agrícola desarrollada por los demandantes. Asimismo, señaló que la
autoridad judicial accionada desconoció la actividad productiva presuntamente
acreditada dentro del proceso y dejó de acudir a inferencias razonables o medios
indirectos de prueba que permitieran reconocer el lucro cesante reclamado.
7 Notificada mediante mensaje de datos enviado el 11 de noviembre de 2025.
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31. No obstante, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la
autoridad judicial sí efectuó un análisis expreso del material probatorio allegado al
proceso y, particularmente, del dictamen pericial que sirvió de fundamento para
sustentar las pretensiones indemnizatorias de los accionantes. En efecto, explicó
que dicho medio de convicción no ofrecía suficientes garantías de verificabilidad, en
tanto los soportes técnicos utilizados para realizar los cálculos no fueron aportados
al expediente, las fuentes de información empleadas no podían ser corroboradas,
algunos de los enlaces bibliográficos citados se encontraban inactivos y no existía
claridad sobre la metodología utilizada para determinar los costos de producción ni
los ciclos productivos de los cultivos afectados.
32. Del mismo modo, la Sala observa que la autoridad judicial no desconoció la
existencia de los cultivos, su afectación como consecuencia de la aspersión aérea
con glifosato ni la condición de propietarios de quienes acreditaron tal calidad dentro
del proceso. Por el contrario, la sentencia cuestionada reconoció la existencia del
daño antijurídico y concluyó que este debía ser indemnizado, razón por la cual
accedió al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente.
33. Incluso, ante las falencias advertidas en el dictamen pericial, la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no optó por negar toda reparación
económica, sino que acudió a criterios de equidad, reparación integral y justicia
restaurativa para fijar una indemnización que permitiera compensar los perjuicios
efectivamente acreditados dentro del proceso. Lo anterior evidencia que la decisión
no estuvo fundada en la ausencia absoluta de prueba ni en la negación de la
condición de agricultores de los demandantes, sino en una valoración razonada
acerca de la suficiencia y confiabilidad de los elementos de convicción aportados
para demostrar la cuantía de los perjuicios reclamados.
34. Por otra parte, la parte actora alegó que se desconocieron precedentes
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias SU-060 de 2021 y SU-272 de
2021.
35. Tampoco comparte la Sala el argumento según el cual la autoridad judicial
accionada desconoció las reglas jurisprudenciales sobre flexibilización probatoria
aplicables a contextos de informalidad. Si bien la jurisprudencia constitucional ha
reconocido la necesidad de adecuar los estándares de valoración probatoria a las
particularidades de determinadas actividades económicas o contextos de
vulnerabilidad, ello no releva al demandante de aportar elementos de juicio que
permitan establecer razonablemente la existencia y cuantificación del perjuicio
reclamado. En el presente asunto, la Subsección A no negó la indemnización por la
informalidad de la actividad agrícola desarrollada por los accionantes, sino por
considerar insuficientes los elementos técnicos aportados para sustentar la
cuantificación del lucro cesante pretendido.
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36. Sobre la primera de las providencias mencionadas, se observa que la Corte
Constitucional estudió una acción de tutela promovida contra una sentencia
proferida dentro de un proceso de reparación directa relacionado con una presunta
ejecución extrajudicial. En dicha oportunidad, la Corte reiteró la necesidad de
flexibilizar los estándares probatorios y otorgar especial relevancia a la prueba
indiciaria cuando se trata de acreditar graves violaciones a los derechos humanos,
atendiendo las dificultades que suelen presentarse para obtener prueba directa
sobre este tipo de hechos.
37. Por su parte, en la Sentencia SU-272 de 2021, la Corte Constitucional
examinó una providencia judicial que negó el reconocimiento del lucro cesante
reclamado por los familiares de una víctima de ejecución extrajudicial, pese a la
existencia de diversos elementos de convicción que permitían inferir el desarrollo
de actividades económicas informales por parte del fallecido. En ese contexto,
concluyó que la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial accionada
había desconocido la realidad laboral acreditada en el expediente.
38. Sin embargo, ninguna de las anteriores decisiones resolvió un problema
jurídico semejante al que es objeto de análisis en el presente asunto. En efecto,
mientras los precedentes invocados estuvieron relacionados con la acreditación de
la responsabilidad estatal por graves violaciones a los derechos humanos y con la
demostración de actividades económicas informales desarrolladas por víctimas de
ejecuciones extrajudiciales, en el caso bajo estudio la responsabilidad de la entidad
demandada, la existencia del daño y la afectación de los cultivos fueron
expresamente reconocidas por las autoridades judiciales.
39. Así las cosas, la controversia examinada no se centró en establecer si
existió o no una actividad productiva por parte de los demandantes, ni en determinar
la responsabilidad estatal por los hechos dañosos, sino en valorar la suficiencia de
los elementos probatorios aportados para acreditar y cuantificar el lucro cesante
reclamado. Por tal razón, la Sala concluye que no existe identidad fáctica ni jurídica
entre los asuntos resueltos en las sentencias SU-060 de 2021 y SU-272 de 2021 y
el caso objeto de estudio, circunstancia que impide predicar la configuración de un
desconocimiento del precedente.
Conclusión
40. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el cargo formulado por
presunto defecto sustantivo, por no superar el requisito de relevancia constitucional.
De igual manera, negará la solicitud de amparo al no encontrarse que la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado hubiera vulnerado los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, así como del principio de reparación integral invocados por la parte actora,
al proferir la Sentencia de 24 de octubre de 2025 dentro del proceso de reparación
de los perjuicios causados a un grupo.
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Demandantes: Ana Liria Quintero de Ojeda y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
III. FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Ana
Liria Quintero de Ojeda y otros, en relación con el cargo formulado por presunto
defecto sustantivo, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDA. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Ana
Liria Quintero de Ojeda y otros.
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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