Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03338-00
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03338-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03338-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03338-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
FRENTE A LA PROVIDENCIA CUESTIONADA. LA PARTE ACTORA
PRETENDE REABRIR UN DEBATE DEBIDAMENTE ZANJADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
1
En adelante el Tribunal.
2
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Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados
por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 24 de marzo
de 2026 dentro del medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el
número único de radicación 2025-00424-01.
I.2.- Hechos
Indicó que promovió medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos contra el
MUNICIPIO DE GUARNE (ANTIOQUIA) - SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN, con el fin de obtener el acatamiento de lo dispuesto
en la Ley 1228 de 16 de julio de 2008, referente a la prohibición,
respeto y conservación de las zonas de retiro de las vías terciarias,
en este caso, respecto de la vereda Chaparral - sector de Colorado,
y ordenar el retiro definitivo de los bolardos, tubos metálicos o
pivotes unidos con cadenas, instalados al frente y antes del portón
de ingreso al predio de su propiedad número M.I. 020-1303,
identificado con predial nacional número
053180001000000130020000000000.
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Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
Adujo que al proceso le fue asignado el número único de radicación
2025-00424-00 y correspondió por reparto al JUZGADO TREINTA
Y DOS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN2
que, en sentencia de 5 de febrero de 2026, declaró su improcedencia
al considerar que la situación planteada ya había sido objeto de
debate en el proceso verbal adelantado ante la Inspección Primera
de Policía del mencionado ente territorial3, que mediante Resolución
núm. 76 de 4 de abril de 2025 concluyó que no existía afectación
alguna, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.
Manifestó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, que fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
sentencia de 24 de marzo de 2026 confirmó la decisión del a quo.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada ignoró que
no acudió al proceso policivo para recuperar el espacio público sino
para obtener el retiro de las barreras que obstaculizan la movilidad
y/o el acceso su finca, perturbando su posesión, por lo que su
pretensión en esa oportunidad era el cumplimiento de lo establecido
2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante Inspección de Policía.
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Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
en la Ley 1801 de 29 de julio de 20164, y no lo de lo previsto en la
Ley 1228 de 2008, la cual fue el objeto del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos en controversia.
Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, pues interpretó de forma errada los hechos del asunto y
confundió un proceso por perturbación a la posesión, con uno de
ocupación de espacio público.
Alegó que la Resolución núm. 76 de 2025 no es un acto
administrativo, como erradamente lo apreció el TRIBUNAL, por lo
que no puede ser objeto de control por parte de la jurisdicción
contenciosa administrativa y debe ser considerada como una decisión
judicial.
Aseveró que el único medio de control que tiene a su disposición para
hacer cumplir una normativa es el de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos.
4
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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Adujo que también se incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional, en la medida en que pasó por alto la
sentencia T-425 de 2024, proferida por la Corte Constitucional,
respecto a la naturaleza jurisdiccional que tienen las decisiones de
inspectores de policía en materia de posesión.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] se ordene al Tribunal Administrativo Antioquia emitir otra
sentencia de reemplazo de la Sentencia Nro. 32 de 2026 del 24
de marzo hogaño, atendiendo todos los rituales normativos,
jurisprudenciales y teniendo en cuenta todo el acervo probatorio
en especial a lo que se refiere a que no existe otro medio idóneo
para hacer cumplir la Ley 1228 de 2008 […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que los cuestionamientos del actor se
dirigen a controvertir la interpretación jurídica efectuada en la
sentencia acusada, además, no plantea un problema de relevancia
constitucional, si no que pretende reabrir un debate ya decidido, lo
que desconoce el carácter subsidiario y excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial.
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Sumado a ello, destacó que se acreditó que el actor acudió al proceso
verbal abreviado ante la Inspección de Policía, dentro del cual se
practicaron pruebas técnicas que permitieron concluir que el área en
discusión correspondía a un bien de naturaleza privada, decisión que
quedó plasmada en la Resolución núm. 76 de 2025, por lo que no
resulta cierto que aquel careciera de mecanismos idóneos, pues
acudió al trámite policivo competente, no agotó los recursos
procedentes contra la decisión allí adoptada y, además, contaba con
los medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Alegó que contrario a lo afirmado por el actor, la Resolución núm. 76
de 2025 constituye un acto administrativo, por cuanto fue expedida
en ejercicio de funciones de policía administrativa orientada a la
protección del espacio público.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el link contentivo del
expediente digital en controversia.
I.6.2.- El MUNICIPIO adujo que la solicitud de amparo resulta
improcedente ante la existencia de otros mecanismos judiciales
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idóneos para ventilar el asunto, como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se le
garantice al actor sus derechos individuales que pretende proteger.
De otra parte, sostuvo que lo pretendido por el accionante es usar la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario,
por lo que solicitó que se declare su improcedencia.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
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fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 24 de marzo de 2026,
proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos identificado con el número único de radicación 2025-
00424-01.
Los disensos del actor radican en que la autoridad judicial accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, toda vez que, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente,
comoquiera que interpretó de forma errada los hechos del asunto y
confundió un proceso por perturbación a la posesión, con uno de
ocupación de espacio público; además, que pasó por alto la sentencia
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T-425 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, respecto a la
naturaleza jurisdiccional que tienen las decisiones de inspectores de
policía en materia de posesión.
A juicio del actor, la Resolución núm. 76 de 2025 no es un acto
administrativo, como erradamente lo apreció el TRIBUNAL, por lo
que no puede ser objeto de control por parte de la jurisdicción
contenciosa administrativa y debe ser considerada como una decisión
judicial, de tal forma que el medio de control de cumplimiento es el
único mecanismo idóneo para la defensa de sus derechos.
Así las cosas, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales
invocados e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
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económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por el señor
HERRERA HURTADO es que se realice un nuevo análisis del asunto
puesto a consideración del juez natural, como si este mecanismo
constitucional se tratara de una instancia adicional al medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de
actos administrativos cuestionado.
Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos
deprecados, son los mismos que fueron puestos a consideración
dentro del mencionado medio de control, tanto en la demanda como
en el recurso de apelación, de tal forma que lo pretendido es crear
una instancia adicional trayendo reparos que ya fueron
suficientemente debatidos por los jueces naturales del litigio.
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En efecto, la discusión se deriva sobre el presunto incumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6 y 9 de la Ley 1228 de 2008,
en relación con las zonas de retiro vial, específicamente, si existe un
deber claro, expreso y exigible a cargo del MUNICIPIO de adelantar
las actuaciones necesarias para el retiro o demolición de los bolardos,
tubos metálicos o pivotes instalados frente al predio del actor,
inconformidades estas que precisamente fueron expuestas y
analizadas por el TRIBUNAL dentro del proceso ordinario
cuestionado, de la siguiente manera:
“[…] En efecto, no se evidencia la alegada confusión entre la ley
1228 de 2008 y la ley 1801 de 2016, pues el a quo interpretó y
aplicó de manera armónica dichas disposiciones frente a las
particularidades del caso.
En relación con la ley 1228 de 2008, si bien el artículo 9 impone
a los alcaldes el deber de proteger las zonas de retiro vial y
adelantar acciones para prevenir la ocupación o lograr la
restitución cuando fueren invadidas, lo cierto es que dicho deber
no opera de manera automática, sino que presupone la previa
determinación de la naturaleza pública del bien y la verificación
de una ocupación indebida, aspectos que requieren valoración
técnica y fáctica por parte de la autoridad competente.
Por su parte, los comportamientos que afectan la integridad del
espacio público, aunque no constituyen propiamente procesos
de restitución de bienes de uso público, están regulados en la
ley 1801 de 2016 (artículo 140). Esta ley asigna de manera
expresa la competencia a los inspectores de policía para conocer
de tales asuntos, particularmente a través del procedimiento
verbal abreviado previsto en su artículo 223. En cuanto a la
mencionada competencia de los inspectores de policía, el
artículo 206 de la misma norma establece lo siguiente (se
transcribe textualmente, como aparece en la citada norma):
[…]
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En el caso concreto, se encuentra acreditado que el accionante
acudió a dicho mecanismo, el cual fue tramitado por la
Inspección Primera de Policía del municipio de Guarne
(Antioquia), bajo radicado 01-2024-208, con ocasión de la
presunta afectación al espacio público derivada de la instalación
de elementos que, según su dicho, obstaculizaban la movilidad
en una vía terciaria.
Dentro de dicho trámite se practicaron pruebas, entre ellas una
inspección ocular y técnica con apoyo de dependencias
municipales, a partir de las cuales se concluyó que el área en
discusión hace parte de un predio de naturaleza privada,
identificado con matrícula inmobiliaria 020-1303, conclusión que
fue acogida en la resolución 76 de 2025 expedida por la
autoridad policiva, en ejercicio de funciones administrativas
orientadas a determinar la eventual configuración de un
comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio
público, y no en el marco de un juicio de policía.
En este contexto, la Sala advierte que dicha decisión constituye
un acto administrativo que se encuentra amparado por la
presunción de legalidad, la cual solo puede ser desvirtuada a
través de los mecanismos ordinarios de control previstos en el
ordenamiento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en la ley
1437 de 2011.
Ahora bien, aunque el accionante sostiene que el mecanismo
policivo ya fue agotado, la Sala precisa que la acción de
cumplimiento no fue instituida para sustituir los procedimientos
administrativos ni para forzar la adopción de decisiones que
impliquen valoración probatoria o interpretación de situaciones
fácticas propias de las autoridades competentes.
[…]
En ese sentido, la acción de cumplimiento no constituye el
escenario idóneo para cuestionar la legalidad, la motivación o las
conclusiones de un acto administrativo, ni para reabrir debates
ya surtidos en actuaciones administrativas debidamente
tramitadas, ni para ordenar su revocatoria […]”.
De los apartes transcritos, se extrae que la autoridad judicial
accionada al realizar el estudio del asunto logró identificar que el
actor ya había presentado su inconformidad ante la Inspección de
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Policía, escenario en el que se practicaron pruebas a partir de las
cuales se concluyó que el área en discusión hacía parte de un predio
de naturaleza privada, lo cual fue recogido mediante la Resolución
núm. 76 de 2025, expedida por la autoridad policiva en ejercicio de
sus funciones administrativas.
De tal forma, destacó que tal decisión constituía un acto
administrativo, el cual solo podía ser desvirtuado a través de los
mecanismos de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, mecanismo judicial idóneo para resolver los
planteamientos allí propuestos, lo que hacía improcedente el medio
de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o
de actos administrativos.
Sumado a ello, aseveró que no existía confusión entre lo dispuesto
en las leyes 1228 de 2008 y 1801 de 2016, pues el JUZGADO hizo
una interpretación armónica en la que encontró que si bien la primera
obliga a proteger las zonas de retiro vial, esto no ocurre
automáticamente, ya que inicialmente hay que comprobar si el
espacio es público y si está siendo ocupado indebidamente. Además,
los problemas que afectan el espacio público están regulados por la
segunda normativa y deben ser atendidos por los inspectores de
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policía mediante un procedimiento breve, siendo estos los
competentes para resolver tales asuntos.
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la presente acción
de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional del medio de control de cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
En efecto, como quedó visto, la divergencia surge porque el
TRIBUNAL realizó un análisis indebido del asunto, específicamente
frente a lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008, aspecto que deriva de
la interpretación hecha por esta y gira en torno a la inconformidad
con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue
resuelta de manera motivada y en extenso.
Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la
providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a la normativa y la
jurisprudencia dispuesta para el asunto, de conformidad con las
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particularidades fácticas del mismo.
Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí
dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió
el asunto sometido a su consideración.
Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente judicial tampoco cumple con la carga
argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte
actora se limitó a mencionar que se desconoció una sentencia de la
Corte Constitucional, sin precisar la relación fáctica y jurídica que
pudiese existir entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso
ordinario cuestionado.
Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa
del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta
Sala16 ha indicado:
“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
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de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada
por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en
el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a
la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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