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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03338-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03338-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03338-00 Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03338-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-03338-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO

TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL
FRENTE A LA PROVIDENCIA CUESTIONADA. LA PARTE ACTORA
PRETENDE REABRIR UN DEBATE DEBIDAMENTE ZANJADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

1
En adelante el Tribunal.

2

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Actor: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados

por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 24 de marzo

de 2026 dentro del medio de control de cumplimiento de normas con

fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el

número único de radicación 2025-00424-01.

I.2.- Hechos

Indicó que promovió medio de control de cumplimiento de normas

con fuerza material de ley o de actos administrativos contra el

MUNICIPIO DE GUARNE (ANTIOQUIA) - SECRETARÍA DE

PLANEACIÓN, con el fin de obtener el acatamiento de lo dispuesto

en la Ley 1228 de 16 de julio de 2008, referente a la prohibición,

respeto y conservación de las zonas de retiro de las vías terciarias,

en este caso, respecto de la vereda Chaparral - sector de Colorado,

y ordenar el retiro definitivo de los bolardos, tubos metálicos o

pivotes unidos con cadenas, instalados al frente y antes del portón

de ingreso al predio de su propiedad número M.I. 020-1303,

identificado con predial nacional número

053180001000000130020000000000.

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Adujo que al proceso le fue asignado el número único de radicación

2025-00424-00 y correspondió por reparto al JUZGADO TREINTA

Y DOS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN2

que, en sentencia de 5 de febrero de 2026, declaró su improcedencia

al considerar que la situación planteada ya había sido objeto de

debate en el proceso verbal adelantado ante la Inspección Primera

de Policía del mencionado ente territorial3, que mediante Resolución

núm. 76 de 4 de abril de 2025 concluyó que no existía afectación

alguna, decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno.

Manifestó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, que fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante

sentencia de 24 de marzo de 2026 confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada ignoró que

no acudió al proceso policivo para recuperar el espacio público sino

para obtener el retiro de las barreras que obstaculizan la movilidad

y/o el acceso su finca, perturbando su posesión, por lo que su

pretensión en esa oportunidad era el cumplimiento de lo establecido

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante Inspección de Policía.

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en la Ley 1801 de 29 de julio de 20164, y no lo de lo previsto en la

Ley 1228 de 2008, la cual fue el objeto del medio de control de

cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos

administrativos en controversia.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

fáctico, pues interpretó de forma errada los hechos del asunto y

confundió un proceso por perturbación a la posesión, con uno de

ocupación de espacio público.

Alegó que la Resolución núm. 76 de 2025 no es un acto

administrativo, como erradamente lo apreció el TRIBUNAL, por lo

que no puede ser objeto de control por parte de la jurisdicción

contenciosa administrativa y debe ser considerada como una decisión

judicial.

Aseveró que el único medio de control que tiene a su disposición para

hacer cumplir una normativa es el de cumplimiento de normas con

fuerza material de ley o de actos administrativos.

4
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Adujo que también se incurrió en desconocimiento del

precedente constitucional, en la medida en que pasó por alto la

sentencia T-425 de 2024, proferida por la Corte Constitucional,

respecto a la naturaleza jurisdiccional que tienen las decisiones de

inspectores de policía en materia de posesión.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] se ordene al Tribunal Administrativo Antioquia emitir otra
sentencia de reemplazo de la Sentencia Nro. 32 de 2026 del 24
de marzo hogaño, atendiendo todos los rituales normativos,
jurisprudenciales y teniendo en cuenta todo el acervo probatorio
en especial a lo que se refiere a que no existe otro medio idóneo
para hacer cumplir la Ley 1228 de 2008 […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que los cuestionamientos del actor se

dirigen a controvertir la interpretación jurídica efectuada en la

sentencia acusada, además, no plantea un problema de relevancia

constitucional, si no que pretende reabrir un debate ya decidido, lo

que desconoce el carácter subsidiario y excepcional de la acción de

tutela contra providencia judicial.

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Sumado a ello, destacó que se acreditó que el actor acudió al proceso

verbal abreviado ante la Inspección de Policía, dentro del cual se

practicaron pruebas técnicas que permitieron concluir que el área en

discusión correspondía a un bien de naturaleza privada, decisión que

quedó plasmada en la Resolución núm. 76 de 2025, por lo que no

resulta cierto que aquel careciera de mecanismos idóneos, pues

acudió al trámite policivo competente, no agotó los recursos

procedentes contra la decisión allí adoptada y, además, contaba con

los medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Alegó que contrario a lo afirmado por el actor, la Resolución núm. 76

de 2025 constituye un acto administrativo, por cuanto fue expedida

en ejercicio de funciones de policía administrativa orientada a la

protección del espacio público.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO se limitó a remitir el link contentivo del

expediente digital en controversia.

I.6.2.- El MUNICIPIO adujo que la solicitud de amparo resulta

improcedente ante la existencia de otros mecanismos judiciales

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idóneos para ventilar el asunto, como lo es el medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se le

garantice al actor sus derechos individuales que pretende proteger.

De otra parte, sostuvo que lo pretendido por el accionante es usar la

acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario,

por lo que solicitó que se declare su improcedencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos

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fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 24 de marzo de 2026,

proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de

cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos

administrativos identificado con el número único de radicación 2025-

00424-01.

Los disensos del actor radican en que la autoridad judicial accionada

vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a

la administración de justicia, toda vez que, a su juicio, incurrió en los

defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente,

comoquiera que interpretó de forma errada los hechos del asunto y

confundió un proceso por perturbación a la posesión, con uno de

ocupación de espacio público; además, que pasó por alto la sentencia

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T-425 de 2024, proferida por la Corte Constitucional, respecto a la

naturaleza jurisdiccional que tienen las decisiones de inspectores de

policía en materia de posesión.

A juicio del actor, la Resolución núm. 76 de 2025 no es un acto

administrativo, como erradamente lo apreció el TRIBUNAL, por lo

que no puede ser objeto de control por parte de la jurisdicción

contenciosa administrativa y debe ser considerada como una decisión

judicial, de tal forma que el medio de control de cumplimiento es el

único mecanismo idóneo para la defensa de sus derechos.

Así las cosas, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales

invocados e incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del

precedente.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

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según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

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económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por el señor

HERRERA HURTADO es que se realice un nuevo análisis del asunto

puesto a consideración del juez natural, como si este mecanismo

constitucional se tratara de una instancia adicional al medio de

control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de

actos administrativos cuestionado.

Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte

actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos

deprecados, son los mismos que fueron puestos a consideración

dentro del mencionado medio de control, tanto en la demanda como

en el recurso de apelación, de tal forma que lo pretendido es crear

una instancia adicional trayendo reparos que ya fueron

suficientemente debatidos por los jueces naturales del litigio.

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En efecto, la discusión se deriva sobre el presunto incumplimiento de

lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 6 y 9 de la Ley 1228 de 2008,

en relación con las zonas de retiro vial, específicamente, si existe un

deber claro, expreso y exigible a cargo del MUNICIPIO de adelantar

las actuaciones necesarias para el retiro o demolición de los bolardos,

tubos metálicos o pivotes instalados frente al predio del actor,

inconformidades estas que precisamente fueron expuestas y

analizadas por el TRIBUNAL dentro del proceso ordinario

cuestionado, de la siguiente manera:

“[…] En efecto, no se evidencia la alegada confusión entre la ley
1228 de 2008 y la ley 1801 de 2016, pues el a quo interpretó y
aplicó de manera armónica dichas disposiciones frente a las
particularidades del caso.

En relación con la ley 1228 de 2008, si bien el artículo 9 impone
a los alcaldes el deber de proteger las zonas de retiro vial y
adelantar acciones para prevenir la ocupación o lograr la
restitución cuando fueren invadidas, lo cierto es que dicho deber
no opera de manera automática, sino que presupone la previa
determinación de la naturaleza pública del bien y la verificación
de una ocupación indebida, aspectos que requieren valoración
técnica y fáctica por parte de la autoridad competente.

Por su parte, los comportamientos que afectan la integridad del
espacio público, aunque no constituyen propiamente procesos
de restitución de bienes de uso público, están regulados en la
ley 1801 de 2016 (artículo 140). Esta ley asigna de manera
expresa la competencia a los inspectores de policía para conocer
de tales asuntos, particularmente a través del procedimiento
verbal abreviado previsto en su artículo 223. En cuanto a la
mencionada competencia de los inspectores de policía, el
artículo 206 de la misma norma establece lo siguiente (se
transcribe textualmente, como aparece en la citada norma):

[…]

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En el caso concreto, se encuentra acreditado que el accionante
acudió a dicho mecanismo, el cual fue tramitado por la
Inspección Primera de Policía del municipio de Guarne
(Antioquia), bajo radicado 01-2024-208, con ocasión de la
presunta afectación al espacio público derivada de la instalación
de elementos que, según su dicho, obstaculizaban la movilidad
en una vía terciaria.

Dentro de dicho trámite se practicaron pruebas, entre ellas una
inspección ocular y técnica con apoyo de dependencias
municipales, a partir de las cuales se concluyó que el área en
discusión hace parte de un predio de naturaleza privada,
identificado con matrícula inmobiliaria 020-1303, conclusión que
fue acogida en la resolución 76 de 2025 expedida por la
autoridad policiva, en ejercicio de funciones administrativas
orientadas a determinar la eventual configuración de un
comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio
público, y no en el marco de un juicio de policía.

En este contexto, la Sala advierte que dicha decisión constituye
un acto administrativo que se encuentra amparado por la
presunción de legalidad, la cual solo puede ser desvirtuada a
través de los mecanismos ordinarios de control previstos en el
ordenamiento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en la ley
1437 de 2011.

Ahora bien, aunque el accionante sostiene que el mecanismo
policivo ya fue agotado, la Sala precisa que la acción de
cumplimiento no fue instituida para sustituir los procedimientos
administrativos ni para forzar la adopción de decisiones que
impliquen valoración probatoria o interpretación de situaciones
fácticas propias de las autoridades competentes.

[…]

En ese sentido, la acción de cumplimiento no constituye el
escenario idóneo para cuestionar la legalidad, la motivación o las
conclusiones de un acto administrativo, ni para reabrir debates
ya surtidos en actuaciones administrativas debidamente
tramitadas, ni para ordenar su revocatoria […]”.

De los apartes transcritos, se extrae que la autoridad judicial

accionada al realizar el estudio del asunto logró identificar que el

actor ya había presentado su inconformidad ante la Inspección de

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Policía, escenario en el que se practicaron pruebas a partir de las

cuales se concluyó que el área en discusión hacía parte de un predio

de naturaleza privada, lo cual fue recogido mediante la Resolución

núm. 76 de 2025, expedida por la autoridad policiva en ejercicio de

sus funciones administrativas.

De tal forma, destacó que tal decisión constituía un acto

administrativo, el cual solo podía ser desvirtuado a través de los

mecanismos de control ante la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, mecanismo judicial idóneo para resolver los

planteamientos allí propuestos, lo que hacía improcedente el medio

de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o

de actos administrativos.

Sumado a ello, aseveró que no existía confusión entre lo dispuesto

en las leyes 1228 de 2008 y 1801 de 2016, pues el JUZGADO hizo

una interpretación armónica en la que encontró que si bien la primera

obliga a proteger las zonas de retiro vial, esto no ocurre

automáticamente, ya que inicialmente hay que comprobar si el

espacio es público y si está siendo ocupado indebidamente. Además,

los problemas que afectan el espacio público están regulados por la

segunda normativa y deben ser atendidos por los inspectores de

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policía mediante un procedimiento breve, siendo estos los

competentes para resolver tales asuntos.

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que la presente acción

de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora

es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional del medio de control de cumplimiento de

normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.

En efecto, como quedó visto, la divergencia surge porque el

TRIBUNAL realizó un análisis indebido del asunto, específicamente

frente a lo dispuesto en la Ley 1228 de 2008, aspecto que deriva de

la interpretación hecha por esta y gira en torno a la inconformidad

con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, la cual fue

resuelta de manera motivada y en extenso.

Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado a la normativa y la

jurisprudencia dispuesta para el asunto, de conformidad con las

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particularidades fácticas del mismo.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la

decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió

el asunto sometido a su consideración.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto por

desconocimiento del precedente judicial tampoco cumple con la carga

argumentativa que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte

actora se limitó a mencionar que se desconoció una sentencia de la

Corte Constitucional, sin precisar la relación fáctica y jurídica que

pudiese existir entre lo allí resuelto y su caso ventilado en el proceso

ordinario cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa

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de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

carecer del requisito general de la relevancia constitucional, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente

sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de mayo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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