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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03338-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03338-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 14 de mayo de 2026 dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto - Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-03338-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03338-01
Accionante: YOVANNY DE JESÚS HERRERA HURTADO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de cumplimiento.
Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Yovanny de Jesús Herrera Hurtado, quien actúa a través
de apoderado judicial, contra la sentencia de 14 de mayo de 2026 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de abril de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Conforme a lo anterior y con el debido respeto solicito que se tutelen los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, establecidos
en el artículo 29 y 229 de la C.P. y se ordene al Tribunal Administrativo Antioquia emitir
otra sentencia de remplazo de la Sentencia Nro. 32 de 2026 del 24 de marzo hogaño,
atendiendo todos los rituales normativos, jurisprudenciales y teniendo en cuenta todo el
acervo probatorio en especial a lo que se refiere a que no existe otro medio idóneo para
hacer cumplir la Ley 1228 de 2008”.

2. Hechos1

El accionante relató que reside en la vereda Chaparral, sector El Colorado, zona
rural del municipio de Guarne (Antioquia), donde existe una vía veredal que de
conformidad con lo previsto en la Ley 1228 de 2008, corresponde a una vía terciaria
cuya administración se encuentra a cargo de ese ente territorial.

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Los hechos enunciados fueron tomados del escrito de tutela y de la acción de cumplimiento.
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Accionante: Yovanny de Jesús Herrera Hurtado

Expuso que un particular instaló parales o tubos metálicos unidos con una cadena
en la zona de retiro adyacente a la referida vía, específicamente en la entrada de
un predio identificado con matrícula inmobiliaria no. 020-1303 y número predial
nacional 053180001000000130020000000000. Afirmó que dichos elementos se
ubicaron a escasos centímetros de la vía terciaria, circunstancia que, a su juicio,
implicó la ocupación o privatización de un espacio de uso público en contravía de
las disposiciones previstas en la Ley 1228 de 2008.

Señaló que con fundamento en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 constituyó en
renuencia al municipio de Guarne para que diera cumplimiento a las obligaciones
previstas en la Ley 1228 de 2008, al considerar que la instalación de tubería,
bolardos o pivotes unidos con cadenas metálicas en la franja o zona de retiro de la
vía terciaria se encontraba prohibida por dicha normativa.

Indicó que mediante oficio R2025015604 de 20 de agosto de 2025, el municipio de
Guarne le solicitó suministrar la identificación del presunto responsable de la
ocupación con el propósito de iniciar una querella policiva. No obstante, precisó que
al dar respuesta a dicho requerimiento aclaró que no pretendía promover una
actuación policiva en los términos de la Ley 1801 de 2016 ni formular una petición,
sino constituir en renuencia a la administración municipal para que cumpliera las
obligaciones legales que, en su criterio, le correspondían.

En virtud de lo anterior, manifestó que promovió acción de cumplimiento contra el
municipio de Guarne – Secretaria de Planeación Municipal, con el propósito de que
se ordenara a dicha autoridad dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1228 de
2008 en lo referente a la prohibición, respeto y conservación de las zonas de retiro
de las vías terciarias de la vereda Chaparral, sector El Colorado y adelantar las
actuaciones necesarias para retirar los bolardos, tubos metálicos y pivotes unidos
con cadenas metálicas instalados al frente del portón de ingreso del predio
identificado con matrícula inmobiliaria no. 020-1303.

Refirió que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Dos
Administrativo del Circuito de Medellín2, que mediante decisión de 5 de febrero de
2026 declaró improcedente la acción de cumplimiento presentada por el accionante,
al considerar que la controversia no versaba sobre el incumplimiento abstracto de
una obligación legal por parte de la administración, sino sobre una presunta
ocupación del espacio público por un particular, asunto cuya resolución
correspondía a las autoridades de policía de conformidad con la Ley 1801 de 2016.
En ese sentido, señaló que el ordenamiento jurídico preveía un mecanismo judicial
y administrativo específico para atender dicha controversia, circunstancia que hacía
improcedente la acción de cumplimiento, conforme al artículo 9 de la Ley 393 de
1997.

Asimismo, destacó que la ocupación alegada ya había sido objeto de un proceso
verbal abreviado adelantado ante la Inspección Primera de Policía de Guarne,
autoridad que concluyó que el terreno en discusión correspondía a un bien privado
y negó las pretensiones formuladas. Añadió que el accionante no interpuso los
recursos procedentes contra esa decisión y que, en caso de considerar la existencia
de una nueva perturbación, debía acudir nuevamente a las autoridades
competentes, y no a la acción de cumplimiento. Finalmente, el despacho concluyó

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que el accionante no acreditó la existencia de un perjuicio grave e inminente que
justificara la procedencia excepcional de la acción, razón por la cual declaró
improcedente el mecanismo constitucional solicitado.

Manifestó que frente a la anterior determinación presentó impugnación, al
considerar que el juez incurrió en un error de apreciación de los hechos y de
motivación, pues la controversia se circunscribía al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley 1228 de 2008 sobre las zonas de retiro de las
vías terciarias, y no a un asunto regulado exclusivamente por la Ley 1801 de 2016.
Asimismo, afirmó que el mecanismo policivo ya había sido agotado mediante el
proceso verbal abreviado adelantado ante la Inspección Primera de Policía de
Guarne, el cual concluyó con la expedición de la Resolución no. 76 de 2025. Señaló
que, aunque no interpuso recursos contra dicha decisión, ello no impedía exigir al
municipio el cumplimiento de la Ley 1228 de 2008, máxime cuando la autoridad
policiva consideró que el área objeto de controversia correspondía a un bien
privado, pese a que, en su criterio, hacía parte de la franja de retiro de la vía.

De igual forma, sostuvo que una vez agotado el procedimiento policivo no existía
otro mecanismo judicial idóneo para obtener el cumplimiento de la citada ley, por lo
que la acción de cumplimiento constituía el medio procedente para exigir que el
municipio protegiera las zonas de retiro de las vías. Agregó que la actuación de la
administración permitió la ocupación del espacio público y desconoció la prevalencia
del interés general, así como la jurisprudencia constitucional relativa a la protección
de las vías públicas y la libertad de locomoción.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia por sentencia de 24 de marzo
de 2026 decidió confirmar la decisión de 5 de febrero de 2026 proferida por el
Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín que declaró
improcedente la acción de cumplimiento, al concluir que el juez de primera instancia
valoró adecuadamente los hechos y aplicó de forma correcta las Leyes 1228 de
2008 y 1801 de 2016. En ese sentido, precisó que aunque la primera impone a los
alcaldes el deber de proteger las zonas de retiro vial, el ejercicio de esa competencia
exigía determinar previamente la naturaleza jurídica del bien y verificar la existencia
de una ocupación indebida, aspectos que correspondían a la autoridad competente.

Asimismo, destacó que la controversia ya había sido resuelta por la Inspección
Primera de Policía de Guarne, la cual mediante la Resolución no. 76 de 2025,
concluyó que el área en discusión hacía parte de un predio privado. Señaló que
dicha decisión constituía un acto administrativo amparado por la presunción de
legalidad y que el accionante no interpuso los recursos procedentes para
controvertirla. En ese contexto, la autoridad judicial sostuvo que la acción de
cumplimiento no podía utilizarse para cuestionar la legalidad de un acto
administrativo ni para sustituir los mecanismos ordinarios de control. En
consecuencia, concluyó que no se acreditó el incumplimiento de un deber claro,
expreso y exigible a cargo del municipio, sino una controversia sobre la naturaleza
jurídica del bien y la presunta afectación del espacio público, razón por la cual
confirmó la decisión que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció que el
proceso policivo promovido no tuvo como finalidad la recuperación del espacio
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público, sino el retiro de los obstáculos que en su criterio afectaban la movilidad y el
acceso a su predio, así como el ejercicio de su posesión. En ese sentido, afirmó que
dicho trámite se fundamentó en las disposiciones de la Ley 1801 de 2016, mientras
que la acción de cumplimiento estuvo dirigida a exigir la observancia de los deberes
previstos en la Ley 1228 de 2008.

Asimismo, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico
al interpretar de manera equivocada los hechos del caso, pues equiparó un proceso
relacionado con la perturbación a la posesión con una controversia sobre ocupación
del espacio público. De igual forma, afirmó que la Resolución no. 76 de 2025 no
constituía un acto administrativo, sino una decisión de naturaleza jurisdiccional,
razón por la cual en su criterio no podía ser objeto de control ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo. Con fundamento en ello, sostuvo que la acción de
cumplimiento constituía el único mecanismo judicial idóneo para exigir la
observancia de la Ley 1228 de 2008.

Manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
constitucional contenido en la Sentencia T-425 de 2024, al omitir que las
decisiones adoptadas por los inspectores de policía en asuntos relacionados con la
posesión tienen naturaleza jurisdiccional.

Finalmente, precisó que “también establece el Honorable Tribunal Constitucional
que en los procesos policivos civiles relacionados con la posesión, la tenencia o las
servidumbres, las autoridades administrativas, Inspectores de Policía, actúan como
Jueces y las decisiones que adopten son de carácter jurisdiccional. Según la Corte,
esta naturaleza jurisdiccional implica que dichas decisiones deben cumplir con los
estándares de imparcialidad, autonomía e independencia propios de la
administración de justicia. Adicionalmente, estas providencias no son revisables por
la jurisdicción contencioso administrativa, dado que no son actos administrativos,
sino decisiones judiciales que resuelven conflictos entre particulares”.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

El magistrado sustanciador rindió informe en el que solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, al considerar que la providencia cuestionada confirmó la decisión
de primera instancia porque la controversia no versaba sobre el incumplimiento de
un deber imperativo a cargo del municipio de Guarne, sino sobre la naturaleza
jurídica del bien y la eventual afectación del espacio público, asuntos que requerían
valoración técnica y probatoria y que ya habían sido resueltos por la autoridad
competente.

Sostuvo que la acción de cumplimiento no constituía el mecanismo idóneo para
controvertir la legalidad de la Resolución no. 76 de 2025 ni para sustituir los
procedimientos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico. Agregó que
dicha resolución correspondía a un acto administrativo expedido en ejercicio de
funciones de policía administrativa, razón por la cual se encontraba amparada por
la presunción de legalidad y podía ser controvertida mediante los recursos
administrativos y los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativa.

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Asimismo, indicó que la acción de tutela no cumplía los requisitos excepcionales de
procedencia contra providencias judiciales, pues el accionante únicamente expresó
su desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada por el Tribunal sin acreditar
la configuración de alguno de los defectos que justifican la intervención del juez
constitucional. En consecuencia, afirmó que la tutela pretendía convertir este
mecanismo en una instancia adicional para reabrir un debate ya decidido mediante
una providencia debidamente motivada, por lo que solicitó negar el amparo
invocado.

4.2 El Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín remitió el
link digital de la acción de cumplimiento no. 05001-33-33-0032-2025-00424-00.
4.3. Respuesta del municipio de Guarne

El secretario de Planeación y Desarrollo del municipio rindió informe en el que
solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al considerar que no se configuró
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados. Sostuvo que el
accionante contaba con otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir la
decisión cuestionada, en particular el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el cual permitía solicitar medidas cautelares, por lo que no se satisfacía
el requisito de subsidiariedad propio de la acción de tutela.

Asimismo, afirmó que el amparo pretendía convertir la tutela en una tercera
instancia para reabrir el debate decidido por la jurisdicción competente, sin que el
accionante acreditara la configuración de alguno de los defectos excepcionales que
habilitan la procedencia de la tutela contra providencias judiciales ni la existencia de
un perjuicio irremediable.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 14 de mayo de
2026, declaró improcedente la acción de tutela y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del
requisito general de la relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

Precisó que la acción de tutela no cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional, al considerar que el accionante pretendía que el juez de tutela
efectuara un nuevo análisis de la controversia resuelta dentro de la acción de
cumplimiento con el propósito de reabrir un debate que ya había sido decidido por
los jueces naturales, lo que desnaturalizaba el carácter subsidiario y excepcional
del amparo constitucional.

Señaló que los argumentos expuestos en la tutela coincidían con los planteados
tanto en la demanda de cumplimiento como en el recurso de apelación, relacionados
con el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1228 de 2008
respecto de la protección de las zonas de retiro vial y el retiro de los obstáculos
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instalados frente al predio del accionante. No obstante, destacó que dichas
inconformidades fueron objeto de un análisis amplio y motivado por parte de la
autoridad judicial accionada.

En ese sentido, resaltó que el Tribunal accionado explicó que no existía confusión
entre las Leyes 1228 de 2008 y 1801 de 2016, pues ambas fueron interpretadas de
manera armónica. Precisó que la protección de las zonas de retiro vial exigía
establecer previamente la naturaleza jurídica del bien y verificar la existencia de una
ocupación indebida, aspectos cuya definición correspondía a las autoridades
competentes. Asimismo, indicó que el accionante ya había acudido al procedimiento
policivo dentro del cual la Inspección Primera de Policía de Guarne con fundamento
en las pruebas practicadas concluyó que el área objeto de discusión hacía parte de
un bien privado, decisión contenida en la Resolución no. 76 de 2025, la cual fue
considerada un acto administrativo susceptible de control por los mecanismos
ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la providencia cuestionada se
encontraba debidamente motivada, respondía a una interpretación razonable de las
normas aplicables y no evidenciaba arbitrariedad ni capricho judicial. Agregó que la
discrepancia del accionante obedecía únicamente a su inconformidad con el criterio
jurídico adoptado por el juez natural, circunstancia que no habilitaba la intervención
del juez constitucional. Finalmente, señaló que el actor tampoco cumplió con la
carga argumentativa necesaria para demostrar el desconocimiento del precedente
constitucional invocado, razón por la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Yovanny de Jesús Herrera Hurtado impugnó la sentencia de primera instancia y
solicitó que se revoque, al considerar que el objeto del proceso consistía en obtener
el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1228 de 2008 respecto de
la protección de las zonas de retiro de una vía terciaria del municipio de Guarne y
el retiro de los obstáculos instalados en dicha franja, por lo que la controversia no
podía reducirse a un asunto regulado exclusivamente por la Ley 1801 de 2016.

Afirmó que la primera instancia confundió el alcance de ambas normas al concluir
que la controversia debía resolverse mediante el procedimiento policivo, pese a que
dicho mecanismo ya había sido agotado ante la Inspección Primera de Policía de
Guarne, la cual mediante la Resolución no. 76 de 2025 negó las pretensiones al
considerar que el área correspondía a un bien privado. Señaló que, aunque no
interpuso recursos contra esa decisión, ello no eximía al municipio de cumplir las
obligaciones impuestas por la Ley 1228 de 2008, pues a su juicio la autoridad
policiva desconoció el carácter público de la franja de retiro vial.

Asimismo, sostuvo que una vez agotado el procedimiento policivo, no existía otro
mecanismo judicial idóneo para obtener el cumplimiento de la citada ley, por lo que
la acción de cumplimiento constituía el único medio disponible para exigir la
protección de las zonas de retiro y del espacio público. Agregó que exigirle acudir
nuevamente a las autoridades de policía implicaba imponerle una carga
desproporcionada y un exceso ritual manifiesto, pues ello suponía obligarlo a
promover un trámite que ya había sido resuelto desfavorablemente.
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Por último, reiteró que la actuación del municipio desconocía la prevalencia del
interés general, la protección del espacio público y la libertad de locomoción, por lo
que solicitó revocar la decisión impugnada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 14 de mayo de 2026 de la Sección Primera del Consejo
de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito
de relevancia constitucional, y si debe acceder al amparo constitucional en los
términos propuestos por la parte actora.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de

3
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
5
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Yovanny de Jesús Herrera Hurtado, quien actúa a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con la pretensión de que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Antioquia con las decisión de 24 de marzo de 2026, mediante la cual se confirmó
la decisión de 5 de febrero de 2026 proferida por el Juzgado Treinta y Dos
Administrativo del Circuito de Medellín que declaró improcedente la acción de
cumplimiento no. 05001-33-33-0032-2025-00424-01.

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Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 14 de mayo de
2026, declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el requisito
general de relevancia constitucional, bajo el argumento de que la parte actora
pretende con la acción de tutela someter el asunto a un nuevo análisis que ya fue
resuelto de manera válida y suficiente por el juez natural de la causa. Asimismo,
precisó que la discrepancia del accionante obedecía únicamente a un desacuerdo
con la valoración probatoria y la interpretación realizada en el proceso ordinario,
circunstancia que no habilitaba la intervención del juez constitucional. Y concluyó
que el actor tampoco cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar
el desconocimiento del precedente constitucional invocado.

El accionante impugnó la decisión al señalar que el juez de primera instancia
interpretó de manera equivocada el alcance de las Leyes 1228 de 2008 y 1801 de
2016, pues la controversia no versaba sobre un procedimiento policivo, sino sobre
el cumplimiento de las obligaciones legales del municipio de Guarne relacionadas
con la protección de las zonas de retiro de una vía terciaria y el retiro de los
obstáculos allí instalados. Asimismo, afirmó que el mecanismo policivo ya había sido
agotado mediante la Resolución no. 76 de 2025, por lo que la acción de
cumplimiento constituía el único medio judicial idóneo para exigir la observancia de
la Ley 1228 de 2008 sin que la ausencia de recursos contra esa decisión eximiera
al municipio de cumplir los deberes que le imponía dicha normativa. Para terminar,
sostuvo que exigirle acudir nuevamente a las autoridades de policía configuraba
una carga desproporcionada y un exceso ritual manifiesto, pues implicaba reiterar
un trámite previamente agotado, además de desconocer la protección del espacio
público, la prevalencia del interés general y la libertad de locomoción.

Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora afirmó que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico al interpretar de manera equivocada los
hechos del caso, pues confundió el proceso policivo promovido para obtener el retiro
de los obstáculos que en su criterio afectaban la movilidad, el acceso a su predio y
el ejercicio de su posesión con una controversia relacionada con la ocupación del
espacio público. Asimismo, sostuvo que la Resolución no. 76 de 2025 no constituía
un acto administrativo sino una decisión de naturaleza jurisdiccional, razón por la
cual no podía ser objeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y, en consecuencia, la acción de cumplimiento constituía el único
mecanismo judicial idóneo para exigir la observancia de la Ley 1228 de 2008. Por
último, alegó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente
constitucional fijado en la Sentencia T-425 de 2024, al omitir que las decisiones
adoptadas por los inspectores de policía en asuntos relacionados con la posesión
tienen naturaleza jurisdiccional.

De conformidad con lo anterior y de la revisión de los argumentos expuestos en la
solicitud de tutela, la Sala advierte que coinciden con los propuestos dentro del
proceso de la acción de cumplimiento, particularmente en la impugnación
presentada contra la sentencia de primera instancia, como pasa a explicarse:

El Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín mediante sentencia
del 5 de febrero de 2026 declaró improcedente la acción de cumplimiento, al concluir
que la controversia no se refería al incumplimiento de un mandato claro, expreso y
exigible contenido en la Ley 1228 de 2008, sino a un conflicto relacionado con la
presunta ocupación del espacio público y la determinación de la naturaleza jurídica
del terreno donde se encontraban instalados los obstáculos, aspectos que requerían
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valoración probatoria y técnica y cuya competencia correspondía a las autoridades
de policía, conforme a la Ley 1801 de 2016. En consecuencia, concluyó que existía
un mecanismo específico para atender dicha controversia, lo que hacía
improcedente la acción de cumplimiento de conformidad con el artículo 9 de la Ley
393 de 1997.

Asimismo, la autoridad judicial advirtió que el accionante ya había promovido un
proceso verbal abreviado ante la Inspección Primera de Policía de Guarne, en el
cual luego de practicarse las pruebas correspondientes, se determinó que el área
objeto de controversia hacía parte de un bien de naturaleza privada y por ello se
negaron las pretensiones mediante la Resolución no. 76 de 2025. Destacó que
dicha decisión no fue recurrida por el interesado y precisó que, si estimaba que
persistía una nueva afectación o consideraba ilegal la determinación adoptada,
debía acudir a los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico y
no a la acción de cumplimiento. Finalmente, concluyó que el actor no acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional
del mecanismo constitucional, por lo que declaró improcedente la solicitud de
amparo.

Contra la anterior determinación, el señor Yovanny de Jesús Herrera Hurtado
presentó impugnación, bajo los siguientes argumentos:
“El despacho judicial de primera instancia, con el debido respeto, yerra en su apreciación
y en la motivación del fallo confutado, toda vez que lo que se pretende es justamente el
cumplimiento de una norma con fuerza material de ley, esto es la Ley 1228 de 2008
respecto de los retiros de las vías, en este caso en una vía terciaria o veredal del
Municipio de Guarne – Antioquia.

El A quo está confundiendo la Ley 1801 de 2016 con la Ley 1228 de 2008 y dice que el
actor que pretende el cumplimiento no debe solicitar el cumplimiento de una norma sino
acudir a una querella policiva ya que según el despacho: “… debe tenerse en cuenta que
la ocupación alegada corresponde a una situación fáctica concreta, cuya verificación,
valoración probatoria y eventual desalojo requiere el ejercicio de competencias
administrativas y policivas, las cuales no pueden ser sustituidas por el juez constitucional
mediante la Acción de Cumplimiento, considerando que esta vía no es la idónea para
dirimir controversias sobre la ocupación de espacios públicos o restitución de bienes de
uso público, como en este caso lo alega el actor, invasión de la vía por parte de un
particular, ello cuando existe controversia sobre si debe disponerse o no, el retiro de
objetos colocados en frente del bien inmueble antes descrito y ubicado en la vía veredal
Chaparral sector El Colorado, pues como se ha dicho no es la acción de cumplimiento la
acción idónea para ello pues existen otros mecanismos mediante los cuales se puede
solicitar dicho cumplimiento.

En el plenario existe plena prueba que ya ese mecanismo idóneo y especifico que aduce
el despacho que es acudir ante las autoridades policivas para hacer retirar los objetos
colocados en la vía pública de la vereda Chaparral Sector el Colorado, ya fue agotado y
es el proceso policivo que se tramitó ante la Inspección Primera de Guarne – Antioquia,
bajo el radicado 01-2024-208 y en el que hubo decisión a través de la Resolución 076
del año 2025.

(…)

Contra esa resolución no se interpuso recurso alguno. Empero dicha omisión no es óbice
para que el Municipio de Guarne no haga imperar y cumplir la ley 1228 de 2008 y más
teniendo en cuenta que en el artículo primero de la citada Resolución se había
“adjudicado de hecho” la zona de retito de la vía veredal al querellado en el proceso
policivo, es decir que establece que el retiro de la vía es un bien privado contrariando la

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Ley 1228 ibidem. Ese solo hecho es reprochable y haría que el mismo municipio revoque
por lesividad esa decisión de marras.

El mecanismo idóneo y especifico ya fue agotado, ya se interpuso la acción policiva y
dicha autoridad lo que hizo fue establecer que el predio donde se instalaron los
obstáculos y el bolardo eran propiedad privada saltándose lo establecido en la tan trillada
Ley 1228 de 2008 respecto de las fajas o zonas de retiro tal y como se adujo desde la
entronización de la demanda.

Ya el accionante acudió al medio o mecanismo especifico al que hace referencia la
primera instancia. Ese mecanismo se agotó, ya la autoridad policiva se pronunció
negando la protección deprecada, antes, por el contrario, requirió al accionante para que
adecuara su ingreso a su
propiedad.

Cuando el despacho de primera instancia manifiesta que la jurisprudencia constitucional
es reiterativa que la acción de cumplimiento no procede cuando existe otro medio o
mecanismo específico para resolver el conflicto, hace referencia justamente a acudir y
hacer efectivo ese mecanismo ante la autoridad competente, el cual en el sub judice ya
fue agotado y denegado el cumplimiento de las normas y el cuidado del espacio público
y la protección de los retiros de la vía terciaria mentada.

Tal y como obra en el plenario ese proceso policivo ordinario ya se agotó. Ante el Juez
Municipal de la localidad no se puede acudir porque no hay acción judicial ni procesal
que permita que un municipio sea convocado a un proceso judicial diferente a las
establecidas en la Ley 1437 de 2011 y el único medio que queda es la presente acción”.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 24 de marzo
de 2026 confirmó la decisión, al considerar que:

“En el caso concreto, se encuentra acreditado que el accionante acudió a dicho
mecanismo, el cual fue tramitado por la Inspección Primera de Policía del municipio de
Guarne (Antioquia), bajo radicado 01-2024-20820, con ocasión de la presunta afectación
al espacio público derivada de la instalación de elementos que, según su dicho,
obstaculizaban la movilidad en una vía terciaria.

Dentro de dicho trámite se practicaron pruebas, entre ellas una inspección ocular y
técnica con apoyo de dependencias municipales, a partir de las cuales se concluyó que
el área en discusión hace parte de un predio de naturaleza privada, identificado con
matrícula inmobiliaria 020-130321, conclusión que fue acogida en la resolución 76 de
2025 expedida por la autoridad policiva, en ejercicio de funciones administrativas
orientadas a determinar la eventual configuración de un comportamiento contrario al
cuidado e integridad del espacio público, y no en el marco de un juicio de policía.

En este contexto, la Sala advierte que dicha decisión constituye un acto administrativo
que se encuentra amparado por la presunción de legalidad, la cual solo puede ser
desvirtuada a través de los mecanismos ordinarios de control previstos en el
ordenamiento jurídico, de conformidad con lo dispuesto en la ley 1437 de 2011.

Ahora bien, aunque el accionante sostiene que el mecanismo policivo ya fue agotado, la
Sala precisa que la acción de cumplimiento no fue instituida para sustituir los
procedimientos administrativos ni para forzar la adopción de decisiones que impliquen
valoración probatoria o interpretación de situaciones fácticas propias de las autoridades
competentes.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha reiterado que las decisiones adoptadas por
las autoridades de policía en desarrollo de sus funciones constituyen actos
administrativos, de manera que su control debe ejercerse a través de los recursos en
sede administrativa y de los medios de control ante la jurisdicción contencioso
administrativa, o de manera excepcional mediante la acción de tutela cuando se
acrediten vulneraciones a derechos fundamentales.
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En ese sentido, la acción de cumplimiento no constituye el escenario idóneo para
cuestionar la legalidad, la motivación o las conclusiones de un acto administrativo, ni
para reabrir debates ya surtidos en actuaciones administrativas debidamente tramitadas,
ni para ordenar su revocatoria.

(…)

En el presente asunto, no se advierte el incumplimiento de un deber imperativo en
cabeza del municipio de Guarne (Antioquia), sino una controversia relacionada con la
determinación de la naturaleza jurídica del bien y la eventual afectación del espacio
público, aspectos que exigen valoración probatoria y técnica, y que ya fueron objeto de
pronunciamiento por la autoridad competente.

En consecuencia, acceder a las pretensiones del accionante implicaría desplazar a la
autoridad legalmente competente y desconocer el carácter subsidiario y residual de la
acción de cumplimiento, convirtiéndola en un mecanismo alternativo para controvertir
decisiones administrativas.

Finalmente, tampoco se configura un exceso ritual manifiesto, en tanto el ordenamiento
jurídico prevé mecanismos ordinarios idóneos para controvertir la actuación
administrativa cuestionada, sin que se evidencie una restricción desproporcionada en el
acceso a la administración de justicia”.

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el asunto carece de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir el debate ya planteado dentro de la acción de cumplimiento
promovida contra el municipio de Guarne. En efecto, los reproches formulados se
circunscribieron a inconformidades relacionadas con la interpretación y aplicación
de las Leyes 1228 de 2008 y 1801 de 2016, así como con la naturaleza jurídica de
la Resolución no. 76 de 2025 expedida por la Inspección Primera de Policía de
Guarne y la determinación de la naturaleza pública o privada del terreno objeto de
controversia. Tales cuestionamientos fueron analizados y resueltos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia al confirmar la sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Dos Administrativo del Circuito de Medellín, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de cumplimiento promovida por el señor Yovanny de Jesús
Herrera Hurtado.

Así las cosas, la Sala resalta que, si bien la parte actora afirmó que se configuraron
los defectos fáctico y el desconocimiento del precedente judicial, además de
sostener que la Resolución no. 76 de 2025 tenía naturaleza jurisdiccional y que la
acción de cumplimiento constituía el único mecanismo idóneo para exigir el
cumplimiento de la Ley 1228 de 2008, lo cierto es que las autoridades judiciales
accionadas resolvieron de manera expresa y razonada cada uno de esos
planteamientos con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente
y en las normas aplicables al caso concreto. En efecto, el Tribunal analizó el alcance
de las Leyes 1228 de 2008 y 1801 de 2016, examinó el trámite adelantado ante la
Inspección Primera de Policía de Guarne y valoró las actuaciones surtidas dentro
del proceso verbal abreviado, en el que, luego de practicarse las pruebas
correspondientes, se concluyó que el área objeto de controversia hacía parte de un
bien de naturaleza privada, decisión adoptada mediante la Resolución no. 76 de
2025.

En ese contexto, la autoridad judicial accionada concluyó que la controversia no
versaba sobre el incumplimiento de un deber imperativo a cargo del municipio de
Guarne susceptible de exigirse mediante acción de cumplimiento, sino sobre la
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determinación de la naturaleza jurídica del bien y la eventual afectación del espacio
público, aspectos que requerían valoración probatoria y técnica y que ya habían
sido resueltos por la autoridad competente. Asimismo, precisó que la Resolución
no. 76 de 2025 constituía un acto administrativo expedido en ejercicio de funciones
de policía administrativa, amparado por la presunción de legalidad y susceptible de
control mediante los recursos administrativos y los medios de control previstos en
la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, señaló que la acción de cumplimiento no podía
utilizarse para sustituir los procedimientos administrativos, reabrir debates ya
decididos ni controvertir la legalidad de dicha decisión, razón por la cual el
accionante disponía de mecanismos judiciales ordinarios idóneos para hacer valer
sus inconformidades.

En consecuencia, la Sala advierte que la vulneración que el accionante pretende
alegar por la vía constitucional no se enmarca en una verdadera afectación de
derechos fundamentales atribuible a la providencia judicial cuestionada, sino en su
inconformidad con la interpretación jurídica y la valoración probatoria efectuadas por
los jueces naturales dentro de la acción de cumplimiento, así como con las
conclusiones alcanzadas respecto de la naturaleza jurídica del terreno y de la
Resolución no. 76 de 2025, aspectos que escapan a la órbita de competencia del
juez de tutela cuando se cuestionan providencias judiciales.

En ese orden de ideas, se evidencia que existen similitudes en los reproches que
se desarrollaron en el curso del proceso ordinario y los argumentos que se plantean
en el escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 20197, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”8 (Negrilla de la Sala).
9
En la sentencia SU-215 de 2022 , recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que
“la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los derechos
efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
10
A su vez, en sentencia SU-451 de 2024 , la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

7
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
9
M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
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Accionante: Yovanny de Jesús Herrera Hurtado

Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en este caso, a la
manera de una tercera instancia, toda vez que insiste en el mismo debate propuesto
ante el juez natural.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 14 de mayo de 2026,
mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela por incumplir el requisito general de relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 14 de mayo de 2026 dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto - Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Ausente con permiso) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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