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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03341-00

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03341-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de este fallo. 2. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Larson José Navarro Navas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-03341-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

2 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-03341-00
Demandante LARSON JOSÉ NAVARRO NAVAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y
especiales de procedibilidad. Defecto sustantivo, desconocimiento
del precedente judicial y violación directa a la Constitución. Medio
de control de reparación directa. Anulación del registro civil de
nacimiento y cancelación de la cédula de ciudadanía.
Reconocimiento y liquidación de perjuicios.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Larson José Navarro Navas, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de abril de 20261 el señor Larson José Navarro Navas promovió acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al reconocimiento de la personalidad
jurídica, a la nacionalidad, al estado civil y a la reparación integral, con la sentencia
del 12 de marzo de 2026, proferida en el proceso de reparación directa 1001-33-36-
033-2023-00106-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«PRIMERA: Amparar los derechos fundamentales de EL ACCIONANTE al debido proceso, a
la igualdad, a la dignidad humana, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
nacionalidad, al estado civil y a la reparación integral en sentido constitucional.
SEGUNDA: Dejar sin efecto LA SEGUNDA SENTENCIA.
TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva
decisión en el caso de EL ACCIONANTE, en la que no trate la anulación del registro civil y la
cancelación de la cédula como una afectación leve, menor, meramente administrativa o de
baja intensidad, sino que analice expresamente su gravedad a la luz de la jurisprudencia
constitucional sobre personalidad jurídica, nacionalidad, estado civil, dignidad humana e
igualdad.

1
Samai, índice 2.
2
Página 10 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-03341-00
Demandante: Larson José Navarro Navas

CUARTA: Ordenar que la nueva providencia confronte de manera expresa la línea
constitucional contenida, entre otras, en las sentencias de la Corte Constitucional T-183 de
2023, T-419 de 2023 y SU-380 de 2021, así como en la Sentencia de Unificación del 28 de
Agosto de 2014 emitida por el Consejo de Estado en el expediente distinguido con el
RADICADO 05001-23-25-000-1999-01063 01(32988), explicando: (i) cuál es la regla
constitucional aplicable; (ii) por qué el caso se asemeja o se diferencia de esa línea; (iii) si
decide apartarse de ella, cuáles son las razones de especial fuerza constitucional que justifican
el apartamiento; (iv) por qué la solución adoptada no reduce sino que garantiza de manera
suficiente la protección de los derechos fundamentales comprometidos; (v) La aplicación o no
al caso de EL ACCIONANTE, de la protección a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos.
QUINTA: Ordenar que la nueva sentencia realice control de convencionalidad a partir de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente sus artículos 1.1, 3, 5, 8,
20, 24 y 25, y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre nacionalidad, personalidad
jurídica, igualdad, protección judicial e identidad documental, en particular los casos Ivcher
Bronstein vs. Perú y Niñas Yean y Bósico vs. República Dominicana.
SEXTA: Disponer que la nueva sentencia se abstenga de centrar el análisis en una discusión
puramente económica y estudie el problema desde su dimensión constitucional y
convencional: la. pérdida temporal del soporte documental de identidad, nacionalidad y estado
civil como exclusión de la vida civil y afectación grave del reconocimiento jurídico de la
persona.
SÉPTIMA. Ordenar que, al valorar la reparación, EL TRIBUNAL distinga entre el daño moral
y la afectación a derechos convencionalmente protegidos, y adopte las medidas que
correspondan en función de la gravedad de los daños causados a EL ACCIONANTE respecto
de ambos conceptos.
OCTAVA. Adoptar las demás órdenes que el juez constitucional considere necesarias para
restablecer los derechos fundamentales vulnerados y asegurar que la decisión judicial de
reemplazo respete el precedente constitucional, el bloque de constitucionalidad, la igualdad,
la dignidad humana y la prohibición de regresión en la protección de derechos
fundamentales».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Larson Navarro Navas nació el 21 de enero de 1996 en Maracay
(Venezuela). Posteriormente, adquirió la nacionalidad colombiana conforme a
lo dispuesto en el artículo 96 numeral 1, literal b) de la Constitución Política3.
Como consecuencia de lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil
(en adelante RNEC) expidió el registro civil de nacimiento número 55376771 y
la correspondiente cédula de ciudadanía.
2.2. La RNEC en Resolución 7300 de 2021, estableció un procedimiento conjunto
de anulación de registros civiles de nacimiento y cancelación de cédulas de
ciudadanía con ocasión a lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto 1260 de
19704.

3
«ARTICULO 96. NACIONALIDAD COLOMBIANA <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2002. El nuevo
texto es el siguiente:> Son nacionales colombianos:
1. Por nacimiento: […]
b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio
colombiano o registraren en una oficina consular de la República.[…]»
4
«ARTICULO 104. INSCRIPCIONES NULAS. Desde el punto de vista formal son nulas las inscripciones:
1. Cuando el funcionario actúe fuera de los límites territoriales de su competencia.
2. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobación al texto de la inscripción.
3. Cuando no aparezca la fecha y el lugar de la autorización o la denominación legal del funcionario.
4. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos o
éstos.
5. Cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación
de ésta.»
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03341-00
Demandante: Larson José Navarro Navas

2.3. En aplicación del anterior procedimiento, la RNEC emitió Resolución 14564
del 25 de noviembre de 2021, mediante la cual anuló el registro civil de
nacimiento del demandante y canceló su cédula de ciudadanía aduciendo
falsa identidad.

2.4. El accionante promovió acción de tutela contra la RNEC y, como consecuencia
del proceso constitucional la entidad revocó parcialmente la decisión, mediante
la Resolución 7975 del 30 de marzo de 2022, en aplicación de la figura de la
revocatoria directa, por las causales 1 y 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de
2011.

2.5. Con ocasión a lo anterior el señor Larson José Navarro Navas promovió medio
de control de reparación directa contra la RNEC, en la que pretendía la
reparación del daño moral derivado de la anulación de su registro civil y de la
cancelación de su cédula de ciudadanía.

2.6. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 33
Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 26 de agosto de
2024, negó las pretensiones de la demanda.

Consideró que la RNEC adelantó un procedimiento administrativo reglado y
fue esa misma entidad la que posteriormente revocó la decisión administrativa,
por lo que no persistió el efecto lesivo ni se probó una afectación definitiva de
los derechos civiles del actor. Respecto del reconocimiento del perjuicio moral
pretendido, el juez precisó que no se acreditó que alguna de las notas
periodísticas hiciera referencia particular al aquí accionante ni se acreditó un
perjuicio directo como pérdida de oportunidades laborales, imposición de
sanciones, expulsión u otras. En suma, consideró que no se acreditó un daño
real y cierto.

2.7. El señor Navarro Navas apeló la decisión.

2.8. En sentencia del 12 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión del juez a quo
y, en su lugar, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la
RNEC por el daño antijurídico causado al señor Larson Navarro Navas.

Como consecuencia de lo anterior, se condenó a la entidad demandada a
pagar a favor del demandante la suma de 10 SMLMV por concepto de perjuicio
moral, tasación que se hizo en aplicación del arbitrio iuris. Frente al
reconocimiento de esta categoría de perjuicio, el tribunal indicó que, en estos
eventos, el daño moral se presume debido a que la actuación administrativa
afectó un derecho personalísimo.

La providencia registró salvamento parcial de voto del magistrado Juan Carlos
Garzón Martínez, quien consideró que la sala mayoritaria confundió los
conceptos de daño antijurídico y perjuicio y ello la llevó a reconocer una
indemnización que no estaba acreditada. En el salvamento se dijo: «si bien este
magistrado comparte que se encuentra acreditado el daño antijurídico 3 causado al
demandante, (afectación temporal e injustificada a su derecho a la nacionalidad y ciudadanía),
no es menos cierto que al caso concreto no se aportó prueba alguna (…) que dé cuenta de la
materialización de verdaderos perjuicios morales al actor.» En ese contexto, concluyó
que el daño que se indemnizó en la sentencia no es cierto, sino simplemente
eventual dado que no se acreditó su causación.
3

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Demandante: Larson José Navarro Navas

3. Fundamentos de la acción

El señor Larson José Navarro Navas argumentó que la acción de tutela supera los
requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales. Así pues,
expuso que el caso propuesto tiene relevancia constitucional porque guarda relación
con el alcance de derechos fundamentales como la personalidad jurídica, la
nacionalidad, el estado civil, la dignidad, la igualdad, el debido proceso y la
reparación integral en clave constitucional.

Dijo que la sentencia acusada, más que definir un juicio de responsabilidad,
estableció «qué tan grave es para una persona ser privada del soporte documental con el que
acredita su existencia civil.». Así, destacó que lo que se cuestiona es una regla adoptada
en la sentencia que es incompatible con la constitución: «la idea de que la anulación del
registro civil y la cancelación de la cédula pueden ser tratadas como afectación leve sin una
justificación constitucional reforzada.»

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora reprocha que el tribunal reconoció la
existencia de una afectación derivada de la anulación del registro civil y la
cancelación de la cédula, pero lo consideró como una afectación de baja intensidad
y tasó el perjuicio como si se tratara de una lesión de baja intensidad. Considera
que esta aproximación desconoce que el daño alegado no se traduce en una simple
molestia administrativa, sino en una afectación grave al atributo de la personalidad,
dado que impide al afectado acreditar su identidad, nacionalidad, estado civil y el
ejercicio de sus derechos.

Agregó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo por
incongruencia, pues, aunque en la parte considerativa se reconoció la gravedad de
la afectación, liquidó el perjuicio moral como si se tratara de una afectación menor.
Esta alegada contradicción, a juicio del actor, afecta la congruencia de la sentencia,
dado que «el Tribunal habría admitido la entidad constitucional del daño, pero lo reparó con
parámetros propios de lesiones leves o daños psicológicos».

De otra parte, expuso que la providencia acusada desconoció el precedente de
unificación del Consejo de Estado sobre la reparación de daños a bienes o derechos
constitucional y convencionalmente protegidos y el de la Corte Constitucional
contenido en las sentencias T-375 de 2021, T-421 de 2017, T-183 de 2023 y T-419
de 2023, relativos a la importancia del registro civil y de la cédula de ciudadanía
como instrumentos para el reconocimiento y ejercicio de la personalidad jurídica, la
nacionalidad, el estado civil, entre otros. A ese respecto, el actor indicó que el daño
antijurídico afectó dos categorías de perjuicios que debieron reconocerse: el moral
y la afectación autónoma a derechos constitucionales y convencionales.

El actor advirtió que la privación temporal de la cédula de ciudadanía se equipara
con una «muerte civil», debido a que deja a la persona en una situación de
incertidumbre frente al Estado y a terceros al impedirle el ejercicio de facultades y
derechos como la celebración de actos jurídicos, el acceso a servicios, el desarrollo
de una profesión u oficio, el ejercicio de derechos políticos, entre otros.

También se alegó la concreción del defecto por violación directa a la
Constitución, pues a juicio del actor, el tribunal desconoció el bloque de
constitucionalidad y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, al minimizar la gravedad del daño que se le causó.

4

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Demandante: Larson José Navarro Navas

Afirmó que la autoridad judicial no confrontó sus argumentos con la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos humanos ni explicó por qué otorgó una
reparación de baja intensidad frente a una afectación que comprometió la
personalidad jurídica, la nacionalidad, el acceso a la justicia y la dignidad del actor.
Asimismo, estimó desconocido el principio de igualdad, porque el tribunal se apartó
injustificadamente del precedente constitucional sobre casos semejantes-

Con fundamento en lo expuesto, la parte actora insiste en que el reconocimiento y
liquidación de perjuicios fueron insuficientes, pues no guardaron correspondencia
con la magnitud de la afectación derivada de la anulación del registro civil de
nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía. En su criterio, la decisión
desconoció los verdaderos efectos de la lesión padecida y redujo injustificadamente
la gravedad del daño antijurídico alegado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 7 de mayo de 2026, el despacho ponente admitió la acción de
tutela presentada por el señor Larson José Navarro Navas, a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A. Además, vinculó, como terceros con interés a
la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado 33
Administrativo del Circuito de Bogotá, dada su calidad de sujetos procesales
en el medio de control de reparación directa 11001-33-36-033-2023-00106-00.
Finalmente, se requirió a los jueces de instancia del proceso analizado que
permitan el acceso al expediente electrónico a través de Samai y se reconoció
al apoderado de la parte demandante.

4.2. El Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá, por conducto de la
titular del despacho, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela debido a que no se concretó una vulneración de derechos
fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional; que ese
despacho no ha vulnerado los derechos invocados por el actor, por el contrario,
en el curso del proceso respetó las garantías del debido proceso de las partes.

4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, por conducto de la ponente de la decisión, solicitó que se
nieguen las pretensiones de la tutela debido a que la sentencia acusada no
incurrió en defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial
ni violación directa a la Constitución.

En primer lugar, advirtió que no es cierto que la sentencia acusada hubiera
minimizado la afectación sufrida por el actor. Indicó que, por el contrario, esa
Sala revocó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda al tener
por acreditado el daño antijurídico imputable a la RNEC, consistente en la
privación temporal del reconocimiento documental de la ciudadanía del
demandante, por esa razón en la sentencia se declaró la responsabilidad de
la demandada y se reconoció una indemnización por perjuicios morales.

Aclaró que reconoció que el daño que padeció el actor conlleva una afectación
jurídica relevante, pero ello no implica, per se, el reconocimiento de una
indemnización adicional autónoma por afectación a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos; máxime cuando no se cuenta con soporte

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probatorio concreto que demuestre una lesión independiente y no
comprendida dentro del daño moral indemnizado. La magistrada indicó que la
sentencia no incurrió en contradicción interna, sino que la liquidación del
perjuicio es consecuencia de lo evidenciado por el tribunal, relativo a que
«afectación tuvo una duración limitada, inferior a cuatro meses, y que dentro del expediente
no se acreditó que, durante ese lapso, el demandante hubiera padecido consecuencias
adicionales, específicas y diferenciables».

En ese contexto, en el informe se indicó que el reconocimiento del perjuicio
moral no obedeció a un entendimiento reducido de la afectación, sino a la
valoración probatoria del caso particular. Explicó que reconoció y tasó el
perjuicio moral, dada la angustia, incertidumbre y zozobra que causó al actor
la anulación y cancelación de los documentos que acreditaban su nacionalidad
y ciudadanía. Sin embargo, no se hizo reconocimiento adicional en otra
categoría autónoma de perjuicios porque el demandante no lo acreditó.

También descartó la concreción del defecto sustantivo por la tasación del
perjuicio moral debido a que estima razonable que ante la ausencia de una
regla para indemnizar el daño moral derivado de la anulación temporal del
registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía, era
razonable acudir al arbitrio judicial con apoyo en criterios analógicos de
reparación de daños morales en casos de lesiones.

Destacó que la tasación del perjuicio en 10 SMLMV no fue arbitraria, sino que
correspondió a la valoración razonable de la intensidad del daño acreditado,
de la duración de la medida administrativa, su posterior revocatoria y de la
ausencia de una prueba sobre daños adicionales. Establecido lo anterior,
enfatizó en que el juez no está obligado a asignar el tope de indemnización en
todos los eventos relacionados con derechos relevantes, pues la liquidación
del perjuicio, generalmente, está determinado por las pruebas del proceso.

Finalmente, sostuvo que la sentencia tampoco desconoció el precedente
invocado por el actor, dado que, aunque reconocen la importancia del registro
civil de nacimiento y cédula de ciudadanía en el ejercicio de ciertos derechos
fundamentales, de ellas no deriva una regla para la tasación de los perjuicios
que respalde la pretensión del actor.

4.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto del jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela y se desvincule a esa entidad del proceso constitucional, debido a que
la real pretensión del actor es reabrir el debate jurídico y fáctico que fue
clausurado por los jueces competentes. Consideró que la solicitud de amparo
contraría la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, así como
el principio de cosa juzgada. En todo caso, destacó que el registro civil de
nacimiento del actor se encuentra en estado «válido» y el NIUP está vigente,
según se corroboró a través de consulta en el Archivo Nacional de
Identificación.

La entidad también se pronunció frente al defecto de desconocimiento del
precedente judicial. Indicó que, si bien existen sentencias previas emitidas por
ese tribunal con ocasión a la responsabilidad de la RNEC por irregularidades
en registros civiles y cédulas de ciudadanía, lo cierto es que algunas
providencias han sido denegatorias de las pretensiones de la demanda y otras

6

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son disímiles en cuanto al monto reconocido por concepto de perjuicios. De
acuerdo con lo anterior, advirtió que no hay una línea pacífica que haya sido
desconocida por la accionada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si la acción promovida por el señor Navarro Navas cumple con los
requisitos generales de procedibilidad.

5
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7

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En caso de que se supere el anterior examen, se determinará si la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la
Constitución al proferir la sentencia del 12 de marzo de 2026, en la cual condenó a
la RNEC a pagarle al señor Larson José Navarro Navas la suma de 10 SMLMV, por
concepto de perjuicio moral.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

La acción de tutela interpuesta cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, dado que: (i) la parte demandante agotó los recursos ordinarios para
procurar la defensa de sus derechos en el curso del proceso de reparación directa
y, de otro lado, los cargos de la acción de tutela no se acompasan con las causales
de procedencia de los recursos extraordinarios; (ii) la acción de amparo se promovió
en un plazo razonable considerando que la sentencia que se discute data del 12 de
marzo de 2026; (iii) se identificaron razonablemente los hechos que generaron la
vulneración y los derechos afectados; y (iv) no se trata de una tutela contra
sentencia de tutela.

Respecto del (v) requisito de relevancia constitucional, conviene agregar que los
argumentos de disenso se dirigen a las consideraciones jurídicas y fácticas
expuestas en la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión que había
denegado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la responsabilidad
de la RNEC. De manera que, ahora, se discuten algunos fundamentos jurídicos de
la sentencia de segunda instancia y, especialmente, el reconocimiento y tasación
de perjuicios. En ese orden, la acción de tutela no se toma como una instancia
adicional dado que el debate que se presentó en la apelación es diferente al que se
expone ahora en sede de tutela. Asimismo, el asunto propuesto no se cierne sobre
una discusión de índole estrictamente legal o económico, sino que guarda relación
con la alegada vulneración de los derechos fundamentales del actor.

5. Análisis de los defectos invocados por el actor: sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa a la Constitución

5.1. El defecto sustantivo es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación
de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico para decidir un caso
concreto, que debe analizarse por el juez de tutela si tiene una incidencia
directa en la decisión y lesiona derechos fundamentales.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce
cuando: (i) la providencia carece por completo de fundamento jurídico, por
ejemplo, si toma una decisión con base en normas inexistentes o
inconstitucionales7; (ii) la norma aplicada requería una interpretación
sistemática con otras normas, pero el juez soslayó su estudio 8; (iii) la norma
que se empleó es constitucional, pero inaplicable al caso concreto 9; (iv) la
providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión10; (v) la interpretación de la norma aplicada, desconoce sentencias
con efectos erga omnes11; (vi) la normas no son interpretadas con enfoque
constitucional12; (vii) el precedente judicial fue desconocido sin ofrecer
explicación razonable13; y (viii) el juez de la causa se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una norma que desconoce de manera
8

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flagrante y evidente la Constitución Política, siempre que se solicite la
aplicación de esta figura por algunas de las partes14.

5.2. En el escrito de tutela, el accionante planteó que la sentencia del 12 de marzo
de 2026 incurrió en defecto sustantivo por la incongruencia que subsiste entre
la parte considerativa de la sentencia y la decisión finalmente adoptó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Reprochó que, aunque el tribunal accionado «hizo un juicioso análisis de las
afectaciones que produjo en EL ACCIONANTE la decisión de LA REGISTRADURÍA de anular
su registro civil de nacimiento y cancelar su cédula de ciudadanía», lo cierto es que, al
momento de establecer el monto de reparación, adoptó una decisión que el
actor estima incompatible con los argumentos previamente expuestos, pues
no reconoció el real y grave impacto del daño que se le causó.

En palabras de la parte actora, el tribunal accionado «califica la afectación como
grave, pero le otorga un tratamiento jurídico propio de un daño de mucha menor entidad, lo
que implica que la gravedad reconocida en la motivación, no se proyecte en el alcance de la
protección otorgada, generando una ruptura entre lo afirmado y lo decidido, o, lo que conlleva
a la conclusión de que, para EL TRIBUNAL, a pesar de haber sostenido que las afectaciones
ocasionadas a mi mandante, tuvieron carácter grave, las reparó como leves».

Además, el tutelante estimó que el monto reconocido como indemnización por
el daño padecido, hizo que se redujera el contenido de un derecho a un
problema apenas administrativo. Este entendimiento, según indica, desconoce
el precedente constitucional que ha calificado como una lesión grave la
afectación a la personalidad jurídica derivada de la anulación del registro civil
de nacimiento o de la cancelación de la cédula de ciudadanía.

5.3. Al respecto, la Sala destaca que si bien la parte actora alega que la sentencia
presenta incongruencia entre la parte considerativa y la decisión que
finalmente se adoptó, tal cargo, no se corresponde con el contenido de la
providencia acusada.

Por el contrario, en los considerandos de la sentencia, se observa que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró acreditado el daño
antijurídico y su imputación a la RNEC, por la anulación del registro civil de
nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía del señor Navarro. A
partir de ese presupuesto, pasó a la etapa de reconocimiento y tasación de los
perjuicios, de la que concluyó motivadamente que la RNEC debía pagar al
demandante la suma de 10 SMLMV.

Estas determinaciones quedaron reflejadas en la parte resolutiva de la
sentencia, así:
«PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2024 por el Juzgado Treinta
y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, conforme lo expuesto.
SEGUNDO: DECLARAR ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE a la
Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil por el daño antijurídico causado al
demandante Larson José Navarro.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil a pagar, a favor
de la parte demandante, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

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CUARTO: Negar las demás pretensiones.»

Establecido lo anterior, esta Sala advierte que el argumento del actor no
corresponde en sentido estricto, a un asunto de congruencia interna de la
sentencia susceptible de ser analizado, eventualmente, mediante el recurso
extraordinario de revisión. Por el contrario, refleja un desacuerdo con la
liquidación del perjuicio moral efectuada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, circunstancia que no se enmarca en el defecto sustantivo por
incongruencia alegado.

5.4. Respecto del argumento relativo a que el tribunal subestimó la intensidad y
gravedad del daño al reconocer únicamente la categoría de perjuicio moral y
tazarlo en 10 SMLMV, esta Sala estima que tal conclusión constituye una
apreciación subjetiva del actor, producto de la expectativa que pudo tener
frente al monto que considera debió reconocerse a su favor, pero tampoco
encuentra confirmación en el contenido de la sentencia acusada. Por el
contrario, se observa que el tribunal, basado en el análisis del precedente
constitucional e interamericano8, reconoció la importancia de la afectación que
padeció el actor y, con fundamento en ello, emitió la condena a la RNEC.

Ahora bien, es cierto que al momento de tasar los perjuicios, el tribunal acudió
al arbitrio judicial y tomó en consideración las particularidades del caso, entre
ellas, la temporalidad de la afectación, la naturaleza de los derechos afectados
y la analogía con el precedente contencioso del Consejo de Estado sobre
liquidación de perjuicios; aduciendo, ante la falta de prueba de alguna
afectación en particular, que en el caso concreto el perjuicio moral se podía
presumir, dada la zozobra que se infiere sufre una persona en esa situación y
los tasó en 10 SMLMV.

Se transcriben los apartes relevantes de la providencia cuestionada,
relacionados con la gravedad e intensidad de la afectación padecida por el
accionante:
«106. Así las cosas, la Sala concluye que el daño antijurídico se encuentra acreditado, en
cuanto se verificó una afectación temporal, cierta y relevante del derecho a la identificación y
a la ciudadanía del demandante, interés jurídico que el actor no estaba en la obligación de

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Frente a la intensidad de la afectación derivada de la privación del derecho a la seguridad jurídica, el tribunal citó las
siguientes providencias en la sentencia acusada:
«136. (…) Precisamente, en la Sentencia proferida en el Caso Petro Urrego vs. Colombia, dicha Corte Internacional
reconoció que el daño inmaterial abarca aquellas afectaciones que, aun cuando no poseen una traducción económica
directa, inciden de manera sustancial en dimensiones esenciales de la persona, al aludir expresamente a las “afectaciones
al buen nombre, a la honra y a su tranquilidad”» y;
«139. El actor también citó la sentencia del 6 de febrero de 2021 proferida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, dentro del Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, la cual desarrolló un entendimiento amplio del daño inmaterial,
precisando que este tipo de afectación comprende las consecuencias extrapatrimoniales derivadas de la vulneración de
derechos humanos, particularmente aquellas que inciden sobre atributos esenciales de la personalidad jurídica del
individuo. En dicho precedente, el Tribunal Internacional examinó una situación en la cual el Estado privó arbitrariamente
al señor Ivcher de su nacionalidad, circunstancia que, por su propia naturaleza, trascendía el plano estrictamente formal
para proyectarse sobre dimensiones sustanciales de la identidad, la reputación y la estabilidad personal del afectado. (…)
Esta construcción jurisprudencial resulta particularmente relevante, pues evidencia que el daño extrapatrimonial no se
limita al sufrimiento subjetivo, sino que abarca toda alteración significativa en los atributos jurídicos y sociales de la
persona.»
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soportar. La lesión no radica exclusivamente en la expedición del acto administrativo, sino en
la alteración sustancial de la situación jurídica del individuo, quien fue colocado
transitoriamente en un escenario de restricción incompatible con la plenitud de sus atributos
de personalidad jurídica.
107. Ahora bien, la Sala observa que, si bien con la demanda no se acreditaron de manera
específica los perjuicios concretos alegados, tal como lo advirtió el a quo, no por ello
desaparece la configuración del daño antijurídico.
En efecto, la sola privación de la nacionalidad comporta una afectación directa a la esfera
jurídica del individuo, por cuanto la nacionalidad, constituye el vínculo jurídico y político que
integra a la persona en la comunidad y condiciona el goce y ejercicio de sus derechos y
deberes.
(…)134. Esta afectación encuadra dentro de la noción de daño moral reconocida por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2014,
en cuanto comprende sentimientos de zozobra, angustia, desasosiego, inseguridad y temor
generados por la incertidumbre sobre su identidad jurídica, su pertenencia al Estado
colombiano y el cuestionamiento social implícito en la cancelación de documentos de
identificación.
135. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el perjuicio moral padecido por el señor
Larson José Navarro, pues la actuación de la administración provocó una afectación cierta,
personal y a su confianza legítima en la institucionalidad pública. Tal daño se deriva de la
gravedad del hecho lesivo y de la perturbación generada en la esfera íntima y social del actor,
sin que sea exigible prueba directa adicional dada la naturaleza inmaterial del bien jurídico
comprometido.
137. En efecto, la cancelación de la cédula de ciudadanía y la anulación del registro civil de
nacimiento no constituyen simples incidencias administrativas, sino actuaciones con la
virtualidad de impactar directamente la identidad jurídica del ciudadano, su reconocimiento
estatal y su posicionamiento social. Una decisión de esta naturaleza proyecta inevitablemente
efectos sobre el buen nombre, la reputación y la estabilidad personal del administrado, en la
medida en que introduce una duda institucional acerca de su identidad y nacionalidad,
categorías que integran el núcleo de los atributos de la personalidad.
138. Así, la lesión antijurídica derivada de la actuación administrativa no puede ser apreciada
exclusivamente desde sus consecuencias materiales, pues la incertidumbre generada en
torno a la identidad del actor, la afectación a su credibilidad social y la perturbación de su
tranquilidad personal configuran, conforme a la doctrina de la Corte Interamericana, un daño
de índole inmaterial susceptible de reparación.» (Énfasis de la Sala)

Respecto al razonamiento que precedió a la tasación del daño moral, en la
sentencia acusada se lee:
«143. Entonces, acreditada la existencia del daño antijurídico, la imputación a la
administración y la afectación moral directa del señor Larson José Navarro, la Sala procederá
a cuantificar dicho perjuicio atendiendo a los principios de reparación integral, proporcionalidad
y equidad; en efecto, tratándose de perjuicios inmateriales y ante la ausencia de criterios
uniformes aplicables a situaciones como la analizada, corresponde acudir al arbitrio iuris con
el fin de fijar una compensación razonable y acorde con las particularidades del caso.
144. La afectación aquí examinada corresponde a la restricción de atributos esenciales de la
personalidad jurídica, tales como la identidad, la ciudadanía y el reconocimiento institucional
del individuo frente al Estado. En tal sentido, la intensidad del daño no puede medirse
exclusivamente a partir de un criterio temporal, pues la cancelación de los instrumentos de
identificación compromete de manera directa dimensiones personales, sociales y simbólicas
de la persona que trascienden una valoración meramente cuantitativa.
145. Por lo anterior, la Sala acude al arbitrio iuris para la tasación del perjuicio moral y fija la
indemnización en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el efecto, debe
resaltarse que en el presente caso el daño moral se presume, en la medida en que la
actuación administrativa afectó un derecho personalísimo, como lo es la identidad jurídica y la
ciudadanía del demandante, atributos esenciales de la personalidad que se encuentran
íntimamente ligados a la dignidad humana y al reconocimiento del individuo frente al Estado.
En ese sentido, se recuerda que cuando la lesión recae sobre bienes jurídicos de carácter

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personal o derechos fundamentales, la afectación moral no requiere una acreditación
probatoria específica, pues se deriva naturalmente de la entidad misma del hecho lesivo.
146. En consecuencia, acreditada la privación temporal de los instrumentos que materializan
la identidad y ciudadanía del actor, resulta razonable inferir la existencia de sentimientos de
angustia, zozobra, inseguridad e incertidumbre derivados de la alteración de su vínculo jurídico
con el Estado. Bajo esa perspectiva, la cuantía indemnizatoria se fija tomando como referencia
el parámetro base utilizado de manera reiterada por la jurisprudencia contencioso-
administrativa para la reparación del daño moral, particularmente en eventos en los cuales se
afectan bienes jurídicos de naturaleza personal —como ocurre, por ejemplo, en casos de
lesiones corporales o psicológicas—. Así, partiendo de dicho referente indemnizatorio general
y atendiendo la naturaleza del derecho comprometido, la Sala estima que la suma equivalente
a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes resulta razonable, proporcional y
adecuada para reparar la afectación moral sufrida por el actor.» (Énfasis de la Sala)

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que no es de recibo la afirmación
de la parte actora, según la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció la gravedad de la afectación sufrida por el actor, por el contrario,
expuso argumentación tendiente a evidenciarla, apoyada en el precedente
constitucional e interamericano; por lo que se insiste, la acusación en el escrito
de tutela no se corresponde con el contenido de la sentencia.

5.5. Asunto diferente es la tasación de los perjuicios, pues el tribunal de segunda
instancia indicó, contrario a lo indicado por a quo, que la falta de acreditación
de perjuicios en particular no era óbice para desconocer que la actuación de
la Administración afectó al demandante, e incluso consideró que era posible
presumir la concreción del perjuicio moral ante la incertidumbre y zozobra que
le causó el solo hecho de la anulación de su registro civil de nacimiento y la
cancelación de su cédula de ciudadanía.

Ahora en cuanto a la tasación en particular, en la sentencia acusada quedaron
expuestas las razones en las que el tribunal justificó la suma de 10 SMLMV,
sin que el solo desacuerdo del actor con esa cantidad evidencie un error en
aquella por haber incurrido en arbitrariedad o capricho. La Sala observa que
en la tasación del perjuicio no solo se consideró la gravedad de la vulneración
ius fundamental, sino las particularidades del caso, la ausencia de pruebas
relacionadas con afectaciones adicionales derivadas del hecho de la
administración y la tasación erigida en la equidad, arbitrio judicial y aplicación
analógica del precedente

La argumentación expuesta por el accionante no da cuenta de un escenario
de vulneración de derechos fundamentales sino de la tasación de perjuicios
que se fundamentó, según se indicó expresamente en la providencia acusada,
en el arbitrio judicial orientado por los criterios de equidad y proporcionalidad,
en un caso en el que no se acreditó una afectación particular adicional al hecho
dañoso de la administración.

Así las cosas, esta Sala se permite destacar que la liquidación de los perjuicios
es un asunto propio de la competencia del juez natural de la causa, máxime
en los eventos, como el que nos ocupa, en los que este se presume y ante la
inexistencia de un parámetro objetivo, debe ser fijado en ejercicio del arbitrio
judicial. En ese contexto, se trata de un caso donde cobra especial relevancia
la excepcionalidad de la acción de tutela con fundamento en los principios de
autonomía e independencia judicial, sin que sea admisible que el juez de tutela
se involucre para imponer un determinado monto que se ajuste a las
expectativas del demandante.
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5.6. Establecido lo anterior, se insiste, el actor no expuso una carga argumentativa
que evidencie un error por arbitrariedad o capricho atribuible al tribunal
accionado en lo atinente al reconocimiento y tasación de los perjuicios. Sus
argumentos, más bien, evidencian un desacuerdo subjetivo con el monto
reconocido porque en su consideración, la gravedad del daño que se le causó
debía indemnizarse con una suma mayor.

5.7. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, el actor relacionó los
apartes de varias sentencias de la Corte Constitucional de las que destacó el
desarrollo que allí se hizo sobre el impacto que causa al afectado la anulación
del registro civil de nacimiento y la cancelación de la cédula de ciudadanía. En
el siguiente cuadro se relacionan las providencias invocadas y los apartes
citados:

SENTENCIA EXTRACTO

«(…) negarle la validez al registro civil de nacimiento de una persona por
un error imputable a la administración constituía una vulneración a su
Sentencia T-375 de
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, en la medida en que
2021
ello implicaba la negación de varios atributos de su personalidad como el
nombre y la filiación.»
«En síntesis, este Tribunal ha señalado de manera reiterada que el
derecho a la personalidad jurídica no solo comprende la posibilidad que
tienen los individuos de ingresar al tráfico jurídico, sino que también incluye
todas las características individuales asociadas a su condición de persona.
Sentencia T-421 de
En tal virtud, el registro civil se convierte en el instrumento necesario para
2017
concretar dicho derecho, y conlleva el reconocimiento de unas
características y atributos propios de la persona, entre las cuales están su
nacionalidad, filiación y nombre, además de otras que resultan necesarias
para el ejercicio de diferentes derechos.»
«El derecho a la personalidad jurídica se erige como un axioma
fundamental que reconoce la idoneidad que tiene la persona natural para
ser titular de una serie de derechos y obligaciones. Así mismo, es la
posibilidad que tiene todo ser humano de ostentar ciertos atributos que
constituyen su esencia y comprende las características propias de la
persona (resaltado y subrayado nuestro) »
Sentencia T-183 de
2023 Frente a esta sentencia, en el escrito de tutela, en particular se indicó:
«La importancia de esa sentencia para el presente caso no depende de
que los hechos sean idénticos en cada detalle, que lo son. Depende de la
regla constitucional que fija: la cancelación de la cédula y la anulación del
registro civil no son asuntos menores, porque afectan la capacidad de una
persona para acreditar su pertenencia al orden jurídico y ejercer derechos.
La Corte Constitucional no describió ese fenómeno como una
incomodidad, sino como una afectación capaz de producir consecuencias»
«44. Derecho a la personalidad jurídica. Este derecho fundamental
reconoce la existencia jurídica de una persona dentro del Estado y
constituye el requisito esencial para materializar otros derechos, atributos
y garantías que se desprenden de la Constitución. Por su parte, el derecho
a la nacionalidad es un atributo de la personalidad y un derecho
fundamental autónomo que reconoce una relación natural y jurídica entre
una persona y un Estado, a partir de la cual el individuo adquiere derechos
Sentencia T-419 de y responsabilidades inherentes a la pertenencia a una comunidad política,
2023 en tanto el Estado le brinda protección en su territorio. En cuanto al estado
civil, se tiene que es también un atributo de la personalidad y un derecho
fundamental autónomo. Este permite a las personas demostrar su
existencia y filiación. De allí la importancia de (i) el registro civil de
nacimiento como el documento que da cuenta de la existencia e
identificación de una persona, y (ii) de la cédula como el medio de
acreditación de la ciudadanía de las personas, necesario para ejercer
derechos políticos y contraer obligaciones civiles.»

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De acuerdo con las providencias de tutela citadas, el demandante destacó que
de ellas «surge una regla constitucional clara: la anulación del registro civil y la
cancelación de la cédula de ciudadanía no son hechos neutros ni trámites administrativos
de baja intensidad, tal como ciertamente lo reconoce EL TRIBUNAL en la ratio decidendi
de LA SEGUNDA SENTENCIA. Son decisiones con capacidad de fracturar el
reconocimiento jurídico de la persona».

La Sala advierte que el desarrollo de este cargo no se corresponde con el
contenido de la sentencia acusada. En dicha providencia, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sí reconoció la relevancia de los derechos
comprometidos y la intensidad de la afectación derivada de la actuación de la
Administración. Por ello, los apartes de las sentencias de tutela citadas, lejos
de controvertir la decisión cuestionada, armonizan con el contenido de la
sentencia del 12 de marzo de 2026.

En efecto, la sentencia T-375 de 2021 fue referida en el pie de página 6 de la
providencia, en relación con el alcance del derecho a la personalidad jurídica.

A su vez, la sentencia T-183 de 2023 fue mencionada expresamente por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al establecer la intensidad del daño
en estos eventos, en los siguientes términos:
«101. Resulta ilustrativo el desarrollo jurisprudencial efectuado por la Corte Constitucional en
la Sentencia T-183 de 2023, providencia en la cual se reiteró que el registro civil de nacimiento
y la cédula de ciudadanía no constituyen meros documentos administrativos, sino auténticos
instrumentos de concreción del derecho a la personalidad jurídica, en la medida en que
permiten al individuo ser reconocido como sujeto de derechos y obligaciones dentro del
ordenamiento jurídico. Desde esa perspectiva, la identificación no se agota en una dimensión
meramente registral, sino que proyecta efectos sustanciales sobre el ejercicio de libertades
civiles, políticas y sociales.»

De otro lado, tampoco se expuso una carga argumentativa que explique con
suficiencia en qué consistió la vulneración o por qué el juicio de razonamiento
del juez frente a la intensidad del daño padecido desconoció las sentencias
citadas. Máxime cuando en ellas, no se fijan parámetros para liquidar estos
perjuicios ni se hace referencia específica a ese tópico.

En suma, se tiene que el actor no expuso una argumentación tendiente a
evidenciar la identidad fáctica y jurídica entre el asunto en concreto y las
sentencias de tutela antes relacionadas. En todo caso, se observa que en
todas ellas aparece como accionado la RNEC y se discute el proceso
administrativo de anulación del registro civil de nacimiento y cancelación de la
cédula de ciudadanía. Mientras que, en el caso particular, lo que se cuestiona
es una sentencia emitida en el proceso judicial en el que se discute la
responsabilidad de la RNEC por los perjuicios derivados de este acto
administrativo.

Aunque no hay plena identidad fáctica, no desconoce esta Sala que las
providencias son pertinentes para establecer el alcance de los derechos
discutidos, análisis que ya hizo la autoridad judicial accionada, como se
evidenció en los apartes transcritos de la providencia cuestionada.

Entonces, se tiene que el defecto no fue debidamente fundamentado en los
términos exigidos por el precedente constitucional. Y, en todo caso, el

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contenido de las sentencias en cuanto al alcance de los derechos
fundamentales se armoniza con el desarrollo de los derechos en la providencia
acusada, tanto así, que incluso, algunas de estas sentencias fueron
expresamente citadas en la parte considerativa. Por ello, esta Sala concluye
que el cargo por desconocimiento del precedente judicial tampoco cumple con
el presupuesto de relevancia constitucional por insuficiente carga
argumentativa.

5.8. De otra parte, el actor alegó que el tribunal accionado no se pronunció frente
al reconocimiento de la categoría de perjuicios relativo a la «la protección de
bienes constitucionalmente protegidos».

De la lectura del acápite de peticiones de condena, se observa que el
demandante solicitó, de manera principal, la indemnización del perjuicio
padecido en 70 SMLMV y que se adoptaran medidas de satisfacción para
reparar la vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra.

Estas peticiones de condena fueron analizadas por el tribunal accionado, quien
reconoció el perjuicio moral, que tasó en 10 SMLMV con fundamento en los
argumentos ya expuestos en este fallo, y negó el reconocimiento de las
medidas de satisfacción por considerar que la condena ya reconocida
restauraba con suficiencia el equilibrio patrimonial y el reconocimiento
simbólico del menoscabo moral y social sufrido, sin que este justificada una
erogación adicional, pues podría constituirse en una doble reparación.

En efecto, aun aceptando que la reclamación por daño al buen nombre y a la
honra pudiera subsumirse en la categoría de afectación a bienes constitucional
y convencionalmente protegidos, la reparación pretendida se concretó en
medidas de satisfacción, las cuales fueron expresamente analizadas y
negadas por el juez contencioso.

En ese contexto, la fundamentación del cargo no evidencia una omisión
decisoria con relevancia constitucional, sino una discrepancia con la manera
en que el tribunal interpretó y resolvió

5.9. La Sala también descarta la prosperidad del cargo por violación directa a la
Constitución ya que se sustentó en el desconocimiento del precedente
constitucional y convencional y la presunta tasación arbitraria de los perjuicios
reconocidos, asuntos que ya fueron objeto de pronunciamiento en los acápites
precedentes.

Basta agregar que en la sentencia acusada sí se mencionaron algunas
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos9 que
desarrollaron criterios orientativos relacionados con un entendimiento amplio
del daño inmaterial, así como el impacto que ciertas afectaciones generan en
diferentes dimensiones de la vida de una persona.

Justamente tales criterios sirvieron al tribunal como fundamento para declarar
la responsabilidad de la RNEC en el caso particular y para reconocer los
perjuicios.

9 En el párrafo 139 de la sentencia acusada, se hizo referencia al caso Ivcher Bronstein vs. Perú y, en el párrafo 136 de la
providencia, se mencionó el caso Petro Urrego vs. Colombia.
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5.10. Finalmente, la Sala niega la solicitud de desvinculación presentada por la
RNEC, debido a que fue integrada como tercera con interés en este proceso,
dada su calidad de entidad demandada en el medio de control de reparación
directa analizado y, en esa medida, es claro el interés que le asiste en esta
causa. Por lo que su vinculación se mantiene en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de este fallo.

2. NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Larson
José Navarro Navas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

3. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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